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Así era el complejo modus operandi de lavado de activos liderado por un funcionario de la UAFE

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En una compleja trama de corrupción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Édgar Francisco J. T., Roberto Carlos Z. C. y Diego Iván J. T. (funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), por su presunta participación en un sofisticado esquema de lavado de activos.

Utilizando empresas fachada para simular remesas de dinero, el grupo habría operado desde 2016, moviendo millones de dólares provenientes de Venezuela, Colombia y Perú.

Modus Operandi

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado relató que esta investigación inició hace seis meses, luego de recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) con reportes de actividades inusuales e injustificadas. Dicho informe da cuenta de que existiría un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván J. T., que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.

El funcionario habría ocupado altos cargos en esta entidad, incluso llegó a ser Director de la UAFE. Con base en este informe, la Fiscalía procedió a pedir autorizaciones para realizar vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas con la colaboración de la Unidad Policial UNDECOF.

Este grupo familiar habría operado desde 2016, a través de la simulación de empresas de remesas de dinero (empresas Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA.), de la cual el hoy procesado Edgar Francisco J. T. es accionista del 99 % de las acciones, y la empresa CAMBIOSCORP S.A., cuya creación se presume estaba destinada a disimular la procedencia de dinero ilícito.

Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los hoy procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.

Cada uno de los hoy procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados. Las interceptaciones de llamadas revelan cómo habrían operado los hoy procesados. También se detalla que mantienen investigaciones por delitos de estafa, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, captación ilegal de dinero, entre otros delitos.

La Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal sobre la base de 52 elementos, entre ellos algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde del 15 de julio del año en curso en coordinación con la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional y otros elementos recabados durante los seis meses de investigación previa, como:

-Reporte de operaciones inusuales ROI 202

-32 mil euros en efectivo

-Análisis de la documentación

-Parte policial

-Informe pormenorizado de las actividades de los procesados

-Informe de seguimientos y vigilancias

-Órdenes judiciales autorizando las diligencias

-Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas,

-Versiones,

-Más de 20 reportes telefónicos,

-Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados,

-Informes ejecutivos sobre los procesados,

-Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.,

-Informe de varias alertas inusuales, entre otras.

Un Juez Anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados Édgar Francisco J. T. y Diego Iván J. T., mientras que para Roberto Carlos Z. C. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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Nacionales

Nayib Bukele informa que lancha ecuatoriana cargada con más de una tonelada y media de cocaína fue interceptada en altamar

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La Fuerza Naval de El Salvador incautó más de 1.500 kilogramos de cocaína en las aguas del océano Pacífico y detuvo a dos embarcaciones, según informó este jueves el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El mandatario indicó en X que la incautación se realizó a 1.704 kilómetros de la bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, ubicado entre los departamentos de San Vicente y La Paz.

«Se interceptó una embarcación ecuatoriana que transportaba 1.551 kilos de cocaína, valorados en 28.7 millones de dólares», publicó Bukele, sin precisar la cantidad de personas detenidas en esta lancha.

$!Punto en el que fueron interceptadas las dos embarcaciones.

Agregó que, una hora y media después, «se detectó una segunda embarcación, tripulada por tres ciudadanos mexicanos, quienes iban a recibir el cargamento, estos también fueron interceptados y serán puestos a disposición de los tribunales para que respondan por sus crímenes».

Hasta inicios de agosto, al menos 10 toneladas de diferentes tipos de droga habían sido incautadas en El Salvador durante 2024, según reveló el titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino.

Señaló que 9,6 toneladas de estas drogas han sido decomisadas en aguas del Pacífico salvadoreño.

El ministro de la Defensa añadió que desde 2019 a la fecha han sido incautadas un total de 42,2 toneladas de diferentes tipos de droga valoradas en más de 973 millones de dólares.

Un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) señala que el narcotráfico en Centroamérica y el Caribe contribuye a aumentar el ya muy elevado nivel de violencia en la región por la pugna entre los grupos criminales.

El Salvador es parte de una lista del Gobierno de Estados Unidos de mayor producción y tránsito de narcóticos, dada a conocer el año pasado, junto a países como Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

El presidente de Estados Unidos envía cada año al Congreso este listado para determinar el presupuesto dedicado a combatir el narcotráfico. Fuente: Vistazo

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Fuerzas Armadas Ejecutan Operativo Contra la Minería Ilegal en Tiwintza

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Tiwintza, 16 de octubre de 2024 – En una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas del Ecuador y otras instituciones del Estado, se llevó a cabo una intervención militar en la comunidad de Yapapas, cantón Tiwintza, con el objetivo de combatir la minería ilegal que afecta a la región. Esta acción responde al compromiso del Estado en la protección de los recursos naturales y en la lucha contra actividades ilícitas que ponen en riesgo el equilibrio ambiental.

Durante el operativo, se incautaron los siguientes equipos y materiales utilizados en la minería ilegal:

  • 03 excavadoras
  • 02 motores fuera de borda
  • 01 embarcación de metal
  • 440 galones de combustible tipo diésel
  • 04 bombas de succión
  • 02 clasificadoras tipo Z
  • 01 bomba de agua
  • 140 metros de manguera

Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes, garantizando así que las acciones judiciales procedan conforme a la normativa vigente.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador reiteran su compromiso con la defensa de los recursos naturales y la soberanía del Estado, trabajando de manera permanente en las áreas estratégicas a nivel nacional. Estas operaciones son parte de los esfuerzos continuos para asegurar el uso responsable y sostenible de los recursos del país, además de salvaguardar el bienestar de las comunidades afectadas por la minería ilegal.

Con este tipo de intervenciones, el Ecuador reafirma su determinación en la protección de sus ecosistemas y en la promoción de un desarrollo económico que sea compatible con el respeto al medio ambiente.

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Destituyen a 25 servidores judiciales por implicación en tramas de corrupción Plaga, Purga y Metástasis

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El Consejo de la Judicatura informó que 25 servidores judiciales, investigados por su implicación en las tramas de corrupción Plaga, Purga y Metástasis, han sido destituidos de sus cargos.

La institución señaló, este miércoles 16 de octubre, que la medida se enmarca en su compromiso con la transparencia y la sanción de aquellos que han incurrido en actos irregulares durante sus funciones.

En cumplimiento del debido proceso, los 25 funcionarios destituidos, incluyendo jueces, fiscales y secretarios judiciales, están relacionados con los casos mencionados. La distribución de las destituciones por caso es la siguiente: Plaga con 9, Purga con 8 y Metástasis con 8.

El desglose de los servidores destituidos es el siguiente:

  • Jueces: 17
  • Presidente de Corte Provincial: 1
  • Fiscales: 3
  • Secretarios judiciales: 4

Estas destituciones se han dado en cinco provincias del país, siendo Guayas la más afectada:

  • Guayas: 13
  • Santo Domingo de los Tsáchilas: 7
  • Manabí: 2
  • El Oro: 2
  • Cotopaxi: 1

Caso Metástasis: 30 llamados a juicio

Un juez llamó este lunes 7 de octubre a juicio a 30 de 37 acusados de participar en el caso ‘Metástasis‘, una gran trama de corrupción del crimen organizado dentro del aparato judicial, policial y carcelario.

Fiscalía informó que la investigación de este caso inició a raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi.

La red estaba conformada por jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios y abogados.

En el caso Plaga se descubrió una estructura dedicada a captar a personas privadas de libertad sentenciadas o con prisión preventiva –por asesinato, tráfico de drogas, violación, entre otros– para ofrecerles recuperar su libertad –de forma ilegítima– mediante acciones constitucionales.

Por estos “favores”, se ofrecían a cambio de altas sumas de dinero que, a su vez, eran negociados con jueces y secretarios judiciales, con el fin de obtener sorteos directos en dichas acciones constitucionales, y cuyas resoluciones habrían derivado en la libertad de los procesados.

En el caso Purga, a decir de Fiscalía los vinculados serían parte de una estructura delictiva que contaba con una cúpula y colaboradores que cumplían sus roles desde varias esferas, con la finalidad de corromper el sistema de justicia de la provincia de Guayas.

El Consejo de la Judicatura también ha indicado que continuará investigando a otros servidores judiciales vinculados a estos casos, reiterando «su política de cero tolerancia» a la corrupción en la Función Judicial. Fuente: Vistazo

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