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94 niños y adolescentes fueron asesinados en 10 meses en Ecuador

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Fernando Medina (I)

Apenas tenía 5 años cuando el pequeño Dorian recibió un disparo en la cabeza. Sucedió hace 10 días, en la Cooperativa Voluntad de Dios de Guayaquil. Su familia hasta ahora no entiende cómo los dos sicarios dispararon sin contemplación al niño, que estaba en compañía de su tía y de una prima de 7 años. Ellas también recibieron disparos pero se recuperan de las heridas del atentado.

La Policía aún rastrea a los sospechosos que huyeron en una motocicleta. Lo único que se ha confirmado es que el ataque estaba direccionado a la tía del menor y que el móvil sería la venta de estupefacientes.

La disputa de bandas delictivas por los territorios este año se ha cobrado la vida de más de 600 personas en Guayas. A escala nacional ya suman más de 1 300 muertes violentas.

La violencia de las calles no solo involucra a personas ligadas a organizaciones criminales. Los reportes oficiales indican que, entre enero y octubre de este 2021, han perdido la vida 94 niñosadolescentes jóvenes en el país.

La cifra parcial está próxima a superar los 98 que se registraron en todo el año 2020 y en 2019 hubo otros 100. Esto sin tener en cuenta a los niños que han resultado víctimas colaterales de violencia en noviembre, cuando se produjo un repunte de casos en ciudades como Guayaquil.

A inicios de noviembre pasado, una adolescente de 15 años falleció tras recibir un disparo en el cuello. Su familia manifestó que la bala la alcanzó cuando caminaba por el bloque 10 de Bastión Popular, norte del Puerto Principal. La joven fue víctima de una balacera entre bandas delictivas.

En las estadísticas está también el caso de un pequeño de 2 años. Él falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Dos sicarios, que iban en una moto, dispararon al padre del menor el pasado 7 de noviembre. Los informes policiales señalaron que los desconocidos descargaron cuatro disparos sobre el padre del pequeño, quien iba manejando un vehículo por Mucho Lote, en el norte de Guayaquil.

La noche del jueves 23 de diciembre, antes de la celebración de la Nochebuena, un ataque de sicarios en moto a un grupo de personas que se encontraban en un inmueble dejó como saldo a un niño asesinado y a tres menores heridas.

El hecho se produjo también en Bastión Popular, la víctima tenía 13 años. En la vivienda a la que iba dirigida el ataque los agentes decomisaron droga y la madre de las menores heridas registra antecedentes por tenencia de sustancias, informó la Policía.

Una de las muertes de menores que más conmocionó al país fue la ocurrida en octubre pasado. Sebastián Obando tenía 11 años cuando falleció dentro de una heladería del sur de Guayaquil. Él fue impactado por una bala cuando se producía un robo al local en el que estaba junto a su padre.

El crimen del pequeño provocó que el presidente Guillermo Lasso emitiera un estado excepción para reforzar los controles en las calles. Militares y policías se adentraron a zonas populares como Bastión Popular, Isla Trinitaria, Pascuales o Durán.

Los padres de familia han comenzado a prohibir la salida de sus hijos a parques o canchas, porque en lo que va del año se han registrado al menos 17 balaceras en estas zonas.

De hecho, la mayoría de víctimas inocentes tienen entre 10 y 19 años. Los datos de la Policía también confirman que el 61% de todos los niños, adolescentes y jóvenes fallecieron por heridas de armas de fuego. El 39% murió por armas blancas u otras.

Guayas es la provincia más afectada, con 33 casos; le siguen Esmeraldas y Los Ríos con nueve, Pichincha con ocho y El Oro con siete.

Los crímenes de menores niños han sido rechazados por organismos de derechos humanos. El Comité Permanente de Guayaquil ha hecho un llamado al Gobierno que frene las muertes violentas. Han advertido que cada vez los crímenes son más atroces y con alto grado de violencia.

Uno de estos casos fue el asesinato de una menor de 2 años golpeada y degollada junto a su familia, en marzo pasado, en el Guasmo Sur. La Policía detalló que el crimen fue ordenado por una banda criminal que se dedica a la venta de estupefacientes. (I) Fuente: El Comercio

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Fiscal Diana Salazar puede seguir en funciones de forma prorrogada hasta que se nombre a su sucesor

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Un pronunciamiento jurídico emitido por la Procuraduría General del Estado (PGE), el 26 de febrero de 2025, es la base jurídica para la prorrogación de funciones de la fiscal Diana Salazar. La funcionaria puede seguir en el cargo de manera indefinida, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) nombre a su reemplazo.

«La Fiscal General del Estado en su calidad de servidora de la Función Judicial nombrada para un determinado período, puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada», se lee en el pronunciamiento de la PGE, al absolver una consulta realizada por la propia Salazar.

Según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el período del Fiscal General del Estado es de seis años. Es decir, el 8 de abril de 2025 Salazar debería dejar la entidad. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha avanzado en nombrar a su reemplazo.

Por tal motivo, y ante el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General, Salazar podría continuar en el cargo hasta que ese concurso se concrete. La decisión final depende de ella. Por el momento, la Fiscal General no se ha pronunciado sobre su decisión de continuar o no en ese puesto.

El retaso en el CPCCS
Con el nombramiento de Fiscal General pendiente, el CPCCS lidia con sus propios problemas. En enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a Eduardo Franco, Augusto Verduga y Yadira Saltos, exvocales correístas del CPCCS.

Dos de esos lugares fueron asumidos por Piedad Cuarán y Gonzalo Albán. Sin embargo, la séptima vocalía todavía está en disputa entre David Rosero y Oscar Ayerve. La Asamblea Nacional debe definir quién se posesiona y para esto elevó una consulta a la Procuraduría.

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó a PRIMICIAS que mientras no se solucione ese problema, el concurso para seleccionar Fiscal no avanzará, ya que al tener un Consejo incompleto se podría configurar algún tipo de nulidad posterior. Fuente: Primicias

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¿Qué pasa con los bienes de alias ‘Fito’, estimados en más de 23 millones de dólares?

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Su nombre volvió a ser noticia, por cuenta del anuncio de la justicia estadounidense, según el cual José Adolfo Macías Villamar, ‘Fito’, es requerido por cargos internacionales de drogas y de tráfico de armas. El líder de Los Choneros vive en la clandestinidad desde enero de 2024, cuando escapó de la cárcel. ¿Qué pasa con sus bienes, estimados en más de 23 millones de dólares?

‘Fito’ tiene mente fría y calculadora, según un perfilamiento criminal realizado cuando estaba en prisión. Él habría mantenido dos figuras clave a cargo de sus finanzas, según informes de inteligencia financiera.

Su esposa, Mariela Peñarrieta, es profesional en enfermería y enfrentó un proceso judicial por el delito de supuesto lavado de activos. El proceso, iniciado en 2020, identificaba en sus cuentas depósitos superiores a dos millones de dólares entre 2013 y 2019, además de dos empresas y siete inmuebles sin justificación. A fines de ese año, un fallo judicial declaró la inocencia de todos los implicados en esa investigación. Tanto en 2014 como en 2017, ella concursó para ocupar el puesto de enfermera 3, en el Hospital General de Manta.

La enfermera fue ratificada como gerente de una empresa dedicada a la elaboración de hielo purificado para consumo humano, helados de fruta, o bebidas saborizadas, con sede en Manta. El nombramiento quedó registrado en la Superintendencia de Compañías a mediados de mayo de 2024. Cuatro meses antes, a mediados de enero de 2024, la esposa de ‘Fito’, sus hijos y dos acompañantes fueron retenidos y expulsados de Argentina. Habían intentado fijar su residencia en el sector Country del Golfo, en las afueras de Córdoba.
$!Alias 'Fito' tiene cuidando sus finanzas a dos figuras clave.

Un proceso judicial en marcha

Hay una segunda figura clave, a quien investigaciones vinculan con las finanzas de ‘Fito’. Fue detenida a multas de mayo de 2024, en el contexto de la operación Gran Fénix 29. En este operativo, 30 supuestos miembros de Los Choneros Fatales que operaban en El Empalme fueron vinculados con el posible delito de delincuencia organizada.

En el grupo se encuentra Verónica Briones, de 31 años. Según el acta de la audiencia de formulación de cargos, esta facción tiene como líder a ‘Mongolo’. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, el grupo habría cometido delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, sicariatos, secuestros y extorsiones, según el expediente judicial. La teoría fiscal se basa en 15 eventos de violencia registrados en ese período.

El rol de Briones en la estructura se habría relacionado con la recepción de transferencias económicas por parte de la persona encargada de las finanzas del grupo, también vinculada al proceso, según el expediente. En la investigación, quien ordenaba los pagos se identificaba con el nombre de ‘Cristal’.

La defensa de Briones insistió en su inocencia e intentó apelar la medida de prisión preventiva. En su argumento, el único elemento que la vincula es haber vendido cemento a una persona que está vinculada al entramado. Su actividad, según su abogado defensor, se relaciona con la venta de insumos de ferretería.

En registros abiertos de la Superintendencia de Compañías, Briones aparece como gerente general de una empresa dedicada a la comercialización de productos de ferretería, tanto en el hogar como en la industria. Su nombramiento está registrado en 2022. Además, consta como socia: aportó un capital de siete mil dólares para la constitución de la compañía, que aparece registrada como proveedora de bienes y servicios al Estado.

Briones es odontóloga de profesión. En 2019 concursó para una vacante en el área de su especialidad en el sector público.

El proceso judicial derivado de la operación Gran Fénix 29 ha tenido retrasos. La audiencia de juicio ha sido permanentemente dilatada, por las defensas de los más de 30 vinculados. Expertos consultados señalan que sería una estrategia para lograr la caducidad de la prisión preventiva, que se ejecutaría al cumplirse un año del operativo en mayo.

$!Alias 'Fito' junto a Claudia Garzón, excomisionada de pacificación de las cárceles.

Los cargos contra ‘Fito’

Macías Villamar es requerido por la justicia estadounidense por cargos de internacionales de drogas y de tráfico de armas.

Los cargos fueron anunciados por el Fiscal de los Estados Unidos para el distrito Este de Nueva York, John Durham; el administrador de la oficina de la DEA, Derek Maltz; y otras autoridades responsables de la política de seguridad en este país.

“El acusado fue un despiadado líder y prolífico traficante de drogas para una organización criminal violenta”, señala el documento que sustenta la acusación. Él dirigió la red de Los Choneros, responsable de crímenes y de tráfico de armas y drogas.

Según la acusación formal, entre 2020 y 2025, Fito controló las rutas de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Centro y Norteamérica. La actividad ilegal se realizó en asocio con el cartel mexicano de Sinaloa.

Una investigación especial, realizada por la policía ecuatoriana, que rastreó los bienes del círculo cercano de ‘Fito’ detectó recursos en manos de testaferros, relacionados con la creación de empresas de fachada, en ámbitos tan diversos como el transporte, la venta de material de construcción, la compra de inmuebles, vehículos y la operación de negocios varios.

El origen de los fondos sería ilícito, según esa línea investigativa, la cual establece que proviene del narcotráfico, microtráfico, sicariato y cobro de extorsiones.

Según el requerimiento de la justicia estadounidense, si se prueba la culpabilidad de Fito él podría enfrentar una sentencia mínima de 10 años. La máxima pena sería prisión de por vida. El perfilamiento criminal de ‘Fito’, realizado mientras se encontraba privado de la libertad, establece que no reconocía haber cometido delitos.

El siete de febrero de 2024, el departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que había sancionado a ‘Fito’ y al grupo narcodelictivo Los Choneros. Esta medida sanciona a los bienes en ese país, o que estén en posesión de personas de esa nacionalidad.

Tras la fuga de ‘Fito’, el bloque de seguridad ha realizado al menos dos allanamientos a casas ubicadas en zonas exclusivas de Manta, y que estarían relacionadas con esa estructura. En julio de 2024 se identificaron seis viviendas, cuyo valor se estimó en un millón de dólares, cada una. Fuente: Vistazo

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Erik Prince: «Quiero hacer retroceder al narco para que haya paz y prosperidad aquí»

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Erik Prince ya se encuentra en Ecuador y las autoridades del Gobierno dieron detalles del trabajo del exmilitar en el país. En entrevista a Radio Centro, el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo mencionó que Prince trabajará en uno de los tres niveles de conducción de Defensa Nacional que tiene la nación.

Estos niveles son:

  • Político estratégico
  • Político operacional y
  • Táctico Operacional: Esta será el área donde Erik Prince dará capacitaciones y asesoría al Bloque de Seguridad integrado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

“Hay que tener claro que las decisiones de nivel estratégico político son soberanas del Ecuador las toma el Gobierno del Ecuador”, dijo Loffredo.

El exmilitar se pronunció sobre el trabajo que hará en el país. “Me importa ayudar a Ecuador a estabilizarse y quiero hacer retroceder al narco para que haya paz y prosperidad aquí”, dijo.

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