Opinión
¿Opera una mafia en Ecuador?

Santiago Basabe
A partir de las investigaciones propiciadas por la Fiscalía, la respuesta a dicha pregunta parece una obviedad: sí, desde luego que sí. Sin embargo, esas certezas absolutas no son parte del conocimiento científico que, por el contrario, ante cualquier hecho aparentemente evidente plantea la duda. Veamos.
Uno de los conceptos más clásicos sobre lo que es la mafia proviene de Diego Gambetta a través de su estudio en Sicilia. Allí señala Gambetta que la mafia es una empresa económica que ofrece protección privada. Ante la ausencia relativa del aparato estatal como proveeedor natural de seguridad, aparece un grupo organizado, con estructura de mando interna, códigos de lealtad y eficacia en las actividades a las que se compromete. Dicha forma de operar de la mafia le dota de confianza, aquélla que las instancias públicas han perdido de a poco.
De lo que se sabe, acá hay delincuencia de distinto calibre, pero no bajo los rasgos definitorios de lo que constituiría un grupo mafioso.
Por un lado, no parece existir una estructura organizacional claramente definida, con funciones o roles específicos, permanencia de sus miembros y reglas informales para premiar o castigar los diferentes comportamientos de sus integrantes. Las declaraciones de los aparentes desertores dan cuenta, por ejemplo, que no existen mecanismos sancionatorios claros dentro del grupo. Si así fuera, hallar a los que “cantan” las verdades sería una empresa más costosa.
Por otro lado, no se ha podido observar con claridad la estructura de mando mafiosa. Más bien, de lo que se conoce, hay muchos operadores que actúan de forma relativamente independiente aunque con relaciones entre sí a partir de las actividades que ofrecen. Estos operadores son esencialmente abogados pero con una característica importante: no se mantienen mucho tiempo dentro del círculo de influencia delincuencial. Por el contrario, su participación es limitada. Llegan, cometen sus fechorías por el espacio temporal que la coyuntura les ofrece y luego se van. No desaparece la organización pues hay muchos abogados a la espera de ocupar ese espacio. La mano de obra siempre está disponible. Por eso es que ahora quien está en la picota de las denuncias es el abogado A pero ayer fue B y mañana será C. Los nombres varían pero la actividad se mantiene inalterada.
Adicionalmente, de lo que el país conoce por diferentes medios, acá no hay oferta de protección privada, como decía Gambetta en su trabajo ya citado.
Lo que los abogados y su entorno de asistentes y recaderos ofrecen a la delincuencia organizada (de la que no necesariamente son parte) es orientar las decisiones judiciales a cambio de recursos económicos o de infundir miedo. Sobre esto último, no hay que dejar de lado la posibilidad de que muchos jueces estén fallando a favor de delincuentes contumaces por temor y no porque hayan recibido prebendas de cualquier tipo.
Nuevamente, el objetivo de la mafia, al menos a la luz del concepto de Gambetta, parece no estar presente en el caso ecuatoriano. En ese aspecto, quizás lo que acá ocurre podría acercarse más bien a otras definiciones de mafia, como las ofrecidas por Santyino y La Fiura o Arlachi, que proponen que estas organizaciones se caracterizan por la búsqueda de acumulación de capital. Sin embargo, aún en ese caso, dichos autores también señalan que la mafia se configura con actores que son parte permanente de la organización.
Con lo dicho, en Ecuador lo que aparentemente opera es una oferta ilegal de servicios judiciales, tanto para delincuentes contumaces como para “ciudadanos de bien” que están dispuestos a pagar a los abogados del momento. No importan los nombres de los “juristas” que actúan como intermediarios. Eso es secundario. Lo que sí se mantiene estable es la maquinaria en la que se procesan los hechos delictivos y allí están, indudablemente, jueces y fiscales.
Por tanto, si bien no hay redes permanentes de abogados que ofrecen el servicio citado, existe un conjunto de corruptos que son parte del sector justicia que llegan a acuerdos específicos con los profesionales del Derecho que están mejor posicionados en un momento dado, esencialmente en función de la correlación de fuerzas políticas. De allí que, mientras no se genere una reforma integral al Poder Judicial, los males que ahora están en boca de todos permanenecerán en el tiempo aunque con nombres distintos. El problema de fondo, por tanto, no está en los abogados que ahora están envueltos en los escándalos de corrupción sino en la estructura bajo la que opera el sistema de justicia.
Además, en la política es dónde falta hurgar con mayor detenimiento, pues allí parecen estar los que controlan la provisión ilícita de servicios judiciales. Si bien sus alfiles de momento pueden llegar a pagar ciertos costos cuando la coyuntura les resulta adversa (jueces, fiscales, abogados y recaderos), ellos se mantienen invisibles ante el escrutinio ciudadano.
No quiero decir que ahora mismo no existan delitos execrables que perseguir y delincuentes de diferente traje a los que sancionar. Simplemente señalo que Ecuador no parece asumir la forma de una mafia organizada bajo los parámetros ofrecidos por los estudios realizados. Este punto no es menor ni debería generar interes puramente académico ya que puede ser un insumo clave para eventuales reformas en materia penal o de seguridad.
Si no conocemos cómo funciona la maquinaria que provee servicios judiciales ilícitos, difícilmente podremos identificar los factores que explicarían su presencia. Fuente: Primicias
Noticias Zamora
El Zarza: Entre la protección de la naturaleza y los secretos ocultos

Por Arturo Vargas Benavides
En 1976 un grupo de moradores del barrio San Francisco como la familia Vargas Celi, hoy perteneciente a la parroquia Pachicutza, del Cantón el Pangui, se reunieron para planificar un viaje de exploración a las tierras altas ubicadas al sur de la parroquia Los Encuentros hoy conocida como El Jardín del Condor y el Zarza. Este viaje de exploración en la selva virgen, sirvió para fijar una zona donde se llevarían a cabo el amparo de unas fincas para los expedicionarios. Entre 1976 y 1978 se consolidó el proceso de colonización y amparo de estas tierras montañosas y húmedas, actualmente ubicadas a pocos kilómetros del poblado del Jardín del Cóndor, en las riberas del río negro. Luego de vencer muchas dificultades en los trabajos de trazados y delimitación de los predios que se fueron asignando a cada uno de los moradores, se fue configurando un asentamiento de fincarios, denominado en ese entonces «San Francisco del río negro». En los primeros años se llevó a cabo grandes y dificultosos trabajos de desbroce encaminados a la siembra de pastos para ganado. En el primer quinquenio de la década de 1980 se llevaron a cabo los trabajos de construcción de la vía Los Encuentros- Río Blanco generando gran expectativa y esperanzas entre los moradores de este nuevo asentamiento, que fue poco a poco poblado por diferentes colonos, cuyos pobladores mantienen su economía con la ganadería y minería artesanal en zonas aledañas al bosque y también dentro del área concesionada por grandes empresas que se dedican a la extracción de minerales.
La invasión de los bosques en este sector inició con la minería en el año 1981, periodo en que se inició la minería informal a gran escala en la parte baja y media del bosque. En la zona se realizan lavados de oro, al igual que en la cuenca alta de la quebrada La Danta y a orillas del Río Blanco en el barrio San Antonio del Cóndor. En la actualidad existe otro tipo de minería mejor conocida como minería fluvial ocasionando contaminación del suelo, aire y principales fuentes hídricas, con metales pesados como mercurio, arsénico, cianuro y plomo destruyendo el hábitat de cientos de especies que habitan este refugio de vida silvestre. La región del Zarza ha sido habitada ancestralmente por culturas indígenas como los Shuar del valle del Río Zamora. El Zarza más allá de los debates ecológicos y sociales, es también un lugar envuelto en misterios y leyendas. Las historias que circulan sobre la zona se han transmitido a lo largo del tiempo, alimentado el misterio y el temor en dicha zona. Siendo una de las leyendas más relatadas por sus moradores sobre un supuesto espíritu protector que habita en las profundidades del bosque de la cual puedo dar mi testimonio de haber sentido una presencia como una sensación de ser observado, cambios en la temperatura y sonidos inexplicables. Algunos moradores indican haber oído extraños ruidos en el bosque o presenciado luces inexplicables en la noche como el caso de un morador del barrio Jardín del Condor quien asegura haber sido supuestamente atacado por un Achiro que es una especie de pie grande, el relata que lo pudo matar y al dar aviso a la autoridad más cercana escondieron todo lo relacionado con el caso.
En otras leyendas, se habla de tesoros escondidos en la región, lo que ha traído a aventureros y exploradores durante generaciones. Por otro lado, sé que quienes intenten perturbar el equilibrio del Zarza, ya sea a través de la minería o actividades destructivas, enfrentan consecuencias misteriosas lo que aumenta el aura de misterio que rodea este enigmático lugar. Siendo el caso de un morador que se dirigía a realizar actividades de minería artesanal, menciona que presencio una especie de portal hacia una época mas remota donde pudo observar unas mujeres bailando en el aire hacia él, antes de perder el conocimiento. A fin de cuentas, la minería en el sector del Zarza es una actividad económica de gran relevancia, pero enfrenta serios desafíos relacionados con la sostenibilidad ambiental, las condiciones laborales y la falta de regulación adecuada. Es crucial que se busque un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales para que la minería pueda seguir siendo una fuente de bienestar para las comunidades locales sin comprometer el futuro del medio ambiente.
En definitiva, El Zarza sigue siendo un lugar lleno de secretos, desafíos y decisiones cruciales que determinaran su destino a futuro.
Noticias Zamora
El IV Eje Vial: Una deuda histórica con el sur del Ecuador

Por Alcibar Lupercio, periodista.
La reciente firma del contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la culminación del IV Eje Vial representa un avance significativo para la región sur del Ecuador. Se trata de un compromiso largamente esperado por los habitantes de Zamora Chinchipe y Loja, quienes han padecido el aislamiento y la falta de conectividad con el resto del país y con el norte del Perú. Sin embargo, este anuncio, aunque alentador, es solo el primer paso en un proceso que exige celeridad y transparencia.
Este eje vial, de aproximadamente 153 kilómetros, no es un simple proyecto de infraestructura, sino un derecho alcanzado tras la firma del Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú en 1998. Desde entonces, han pasado 27 años sin que se concrete su finalización, evidenciando la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos. Mientras en el lado peruano ya se cuenta con una vía de primer orden, en Ecuador los trabajos han avanzado con lentitud desesperante, quedando el tramo Bellavista-Zumba-La Balsa en condiciones deplorables.
El gobierno de Daniel Noboa ha tomado una decisión acertada al gestionar el financiamiento con el BID por 150 millones de dólares. No obstante, la ejecución de la obra depende ahora del desembolso de estos recursos por parte del Ministerio de Finanzas y su posterior transferencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para los procesos de contratación. En este punto, la vigilancia ciudadana será clave para evitar dilaciones burocráticas y garantizar que el proyecto no quede, una vez más, en el olvido.
Es imperativo que esta obra no se convierta en una promesa electoral más. La población del sur del país, especialmente de los cantones de Palanda y Chinchipe, ha sido testigo de décadas de postergaciones y discursos vacíos. La falta de esta infraestructura no solo limita el desarrollo económico local, sino que también excluye a los ciudadanos de frontera de oportunidades comerciales y productivas que benefician a otras regiones del país.
El Ecuador no puede seguir concentrando sus inversiones en las grandes ciudades mientras las provincias periféricas, como Zamora Chinchipe, quedan relegadas a un segundo plano. Resulta paradójico que esta provincia, hoy considerada la cuarta más importante en aporte económico al Estado debido a la explotación de recursos mineros en Tundayme y Los Encuentros, siga sin recibir la atención que merece en términos de infraestructura vial.
El reto ahora es que este financiamiento se traduzca en una obra concluida y operativa. Si el actual gobierno de Noboa o Luisa, logra finalmente concretar esta carretera, será un hito en la historia del país y en la memoria de los habitantes de esta región. No se trata de un favor ni de una concesión, sino del cumplimiento de una deuda histórica con el sur del Ecuador.
Como periodista en territorio, he sido testigo de las dificultades de movilidad en esta zona. Por ello, insto a la ciudadanía a mantenerse vigilante y exigir la ejecución efectiva de esta obra. Los pueblos del sur del Ecuador no pueden ni deben seguir esperando. La conectividad y el desarrollo no pueden seguir siendo privilegios de pocos.
Noticias Zamora
¿Hay libre acceso a la Universidad Pública?

La educación universitaria incide de forma trascendental en el desarrollo de la sociedad y tiene una tarea fundamental que es la generación de conocimiento nuevo, pertinente y que ayude a resolver los grandes problemas que enfrenta la humanidad, a más de formar profesionales con alta calidad humana y rigurosidad académica para servir a la sociedad. Para hacer efectivos estos postulados, los asambleístas constituyentes junto al pueblo ecuatoriano tuvieron la visión de consagrar en la Constitución del 2008, en su Art. 28 la gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel de educación superior.
Una de las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso Mendoza en 2021 y de Daniel Noboa Azín en 2023 fue garantizar el libre acceso a la Universidad pública a los bachilleres Ecuatorianos para que estudien la carrea de su preferencia. Sin embargo, lejos de cumplir su oferta de campaña, recortaron el presupuesto a las universidades públicas y escuelas politécnicas del país, poniendo en riesgo su estabilidad financiera y afectando la contratación de personal, la admisión de estudiantes y la operatividad de las 31 universidades públicas que existen en el país.
Los recortes del presupuesto a la Educación superior, van en sentido contrario de los ofrecimientos de garantizar el libre acceso a la Universidad pública a todos los bachilleres, ya que en el Ecuador se gradúan cada año aproximadamente 350.000 bachilleres y las Universidades sólo tiene capacidad para recibir al 29% de los bachilleres, es decir sólo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la Universidad. Para cumplirles la palabra a los bachilleres de garantizar el libre ingreso a la Universidad pública, se requiere incrementar el presupuesto para educación superior para construir nuevas Universidades, ampliar la infraestructura de las existentes y contratar más Docentes, con ello se lograría incrementar la oferta de cupos.
En el ecuador hay 31 universidades públicas, 14 están en la costa, 15 en la sierra y dos en la amazonia. La Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, establece en la DÉCIMA PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA…que en un plazo máximo de dos años, a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial (21 de mayo de 2018), realizará los trámites constitucionales y legales correspondientes, para la creación y funcionamiento de universidades públicas autónomas en cada una de las provincias amazónicas, priorizando la de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La decisión política de crear Universidades en estas provincias amazónicas, ayudaría muchísimo a su desarrollo, porque la academia es parte sustancial en el progreso de los pueblos; pero también ahorraría a los padres de familia los altos costos por concepto de alimentación, transporte y vivienda, cuando tenemos que enviar a nuestros hijos a otros lugares del País para que se profesionalicen.
Los bachilleres ecuatorianos siguen acariciando el sueño de poder ingresar a la Universidad pública para hacer realidad el sueño de profesionalizarse y posteriormente servir a su gente; para que ese sueño se haga realidad, nuestros gobernantes deben cumplir sus ofertas de campaña asignando el presupuesto necesario para que la educación superior incremente la oferta de cupos para la juventud de nuestro país. La palabra agua no es la que calma la sed, lo que calma la sed es el agua; los ofrecimientos (palabras) no incrementan los cupos para el ingreso a la educación superior, lo que resuelven el problema que 7 de cada 10 estudiantes no puedan estudiar en la Universidad es la decisión política de poner el “billete” suficiente y necesario para incrementar la oferta de cupos y garantizar el ingreso a la Universidad de nuestra juventud.
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