En medio de una crisis de seguridad interna, en los últimos años la minería ilegal de oro en Ecuador se extendió a toda la cuenca del Napo. El río Jatunyaku, conocido por su caudal favorable para hacer rafting, se ha llenado de charcos de agua contaminadas con combustible, aceite y otros químicos que usan las enormes retroexcavadoras en las orillas.

En la confluencia de los ríos Jatunyaku y Anzu, que forman el río Napo, se encuentra la zona del Yutzupino, otro enclave de la minería ilegal desde finales de 2021. La extracción ilegal ha alcanzado ahora la provincia de Orellana, en la zona de Punino.

Las imágenes del sobrevuelo de un dron realizadas para esta investigación confirman la catástrofe. Un funcionario judicial –que solicitó proteger su identidad por seguridad– confirmó que los mineros ilegales han logrado ingresar al área protegida del Parque Nacional Llanganates.

En este territorio, como sucede con el sur de Ecuador, las fuentes judiciales y policiales de la zona confirman que detrás del negocio ilegal del oro está también el crimen organizado vinculado al narcotráfico, debido a la facilidad del oro para el lavado de activos.

Las versiones coinciden en que Los Lobos –una de las bandas criminales más violentas y vinculadas al narco– brinda seguridad y provee de armas a los mineros ilegales de la cuenca del Napo. Esta banda opera otras 20 minas al sur del país, en el cantón Camilo Ponce Enríquez.

Los vínculos de esta actividad con el narcotráfico quedaron expuestos al revelarse los detalles del caso Metástasis. Esta investigación de la Fiscalía de Ecuador reveló los nexos del narcotraficante Leandro Norero con jueces, políticos, policías, militares y empresarios de este país.

En una de las conversaciones que forman parte del expediente fiscal –y a las que OjoPúblico y Vistazo tuvieron acceso– se muestra cómo Norero pretendía lavar más de 40 lingotes de oro que se hallaron en su poder durante la intervención policial. Norero era financista de la banda criminal Los Lobos.

“Le envío el contrato de la persona que está dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de ese oro”, le advierte su abogado en uno de los chats, en alusión a que con los papeles formales de la explotación de ese empresario minero se iba a blanquear el oro ilegal. “Tiene registros de haber extraído durante los últimos seis años, 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro”, se lee en el chat.

En un Consejo de Seguridad realizado en la provincia de Napo, liderado por la gobernadora, Carmen Masabanda, y con la participación de representantes de la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y otras instituciones, se analizó el impacto del estado de excepción impuesto en la zona para enfrentar la minería ilegal.

En ese encuentro, el delegado de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (entidad que fiscaliza el tema minero), reconoció que el fracaso de los operativos sigue siendo lo que él llamo la fuga de información al momento de intervenir campamentos ilegales.

Precisamente, un proceso judicial involucra a Andrés Bernardo Vergara Espinosa, exdirector de Control, Seguimiento y Fiscalización Técnica e Intervención a la Minería Ilegal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables. En 2022, la Fiscalía, como parte de un operativo contra la minería ilegal, en el río Napo detuvo a seis implicados, entre ellos a Vergara Espinosa, que fue sentenciado a 16 meses de prisión por delincuencia organizada, aunque la causa está en apelación. Según el expediente, revisado por Vistazo y OjoPúblico.

Según la documentación a la que tuvimos acceso, Vergara alertaba a los mineros ilegales sobre los operativos que realizaban con la Policía y Fuerzas Armadas, con el objetivo de que resguarden u oculten las retroexcavadoras. De acuerdo a las interceptaciones telefónicas, los mineros ilegales llamaban al exfuncionario con el alias de El duro. Incluso los involucrados habían constituido una empresa con el fin obtener concesiones y contratos mineros.

Napo es la cuarta provincia de Ecuador que presenta más denuncias por minería ilegal, después de Imbabura, El Oro y Zamora Chinchipe. De las más de 2.000 denuncias que se han realizado entre 2023 y, lo que va del año, 206 se concentran en Napo, según información de Fiscalía, a la que accedimos para esta investigación.

En Ecuador el único proceso judicial por exportaciones ilegales de oro fue el caso Clearprocess – Spartan, de 2016. En ese momento, la Fiscalía informó que una parte de las exportaciones de estas dos empresas hacia los Estados Unidos fueron fraudulentas. Cuatro personas fueron sentenciadas a cuatro años de prisión por delito de lavado de activos, pero la decisión judicial fue apelada y luego los declararon inocentes. La Fiscalía recibió asistencia penal de EE.UU.

El coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera, señala que la minería ilegal “tiene la capacidad de controlar el territorio, adquiere plantas, taladros de precisión y retroexcavadoras para llevar a cabo sus actividades”. Y para asegurar que todo esto funcione hacen alianzas con actores políticos, funcionarios públicos, organizaciones criminales locales e internacionales. Fuente: Vistazo