Nacionales
Graves denuncias de tortura y tratos inhumanos en cárceles de Ecuador bajo intervención militar
Las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas en las cárceles del Ecuador, tras la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador, ha sido un tema que se ha mantenido como un secreto a voces.
De acuerdo a familiares las personas privadas de libertad (PPL) y defensores de derechos humanos, desde que ingresaron los militares a los centros carcelarios, han sido múltiples las presuntas acciones que se han ejecutado en contra de los presos. Incluso, hablan del fallecimiento de un reo por inanición, condición que es provocada por la falta de alimentos.
El defensor del Pueblo (e), César Córdova, informó que la institución ha realizado 82 visitas a centros de rehabilitación en los meses de abril y mayo, constatando la existencia de agresiones contra los internos y condiciones inadecuadas de alimentación, donde en algunos casos solo se proporciona una ración al día, en lugar de las tres raciones diarias establecidas por normas internacionales.
Este incumplimiento, afirmó, podría considerarse una forma de tortura, lo cual ha llevado a la Defensoría a presentar más de 25 denuncias ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen posibles vulneraciones a los derechos humanos. Y es que, además, han recibido el reporte de 24 muertes y 155 torturas.
Desde golpes hasta agresiones sexuales
Billy Navarrete, director Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, reveló graves denuncias de tortura y tratos crueles hacia personas privadas de libertad en Ecuador, a causa de la intervención de las Fuerzas Armadas en diversos centros penitenciarios del país, incluida la Penitenciaría del Litoral, bajo el pretexto de un conflicto armado interno.
Según el último informe del Comité de Derechos Humanos (CDH), se han documentado múltiples casos de abuso y maltrato desde que las fuerzas militares tomaron el control de las prisiones. Entre los testimonios recopilados, se mencionan la restricción de acceso a agua potable y alimentos, decomiso de bienes personales, y falta de comunicación con familiares de los detenidos. Aún más alarmante son las prácticas de tortura que incluyen golpes, uso de gas pimienta, ahogamientos, y agresiones sexuales.
El CDH ha registrado la muerte de 680 personas en contextos de violencia en el sistema carcelario ecuatoriano desde 2018 hasta 2023. Y la última intervención militar ha sido criticada por violar los estándares del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, lo cual no justifica la tortura sistemática de los detenidos.
Las denuncias de tortura incluyen:
- Golpes con palos y cables metálicos.
- Restricción de alimentos por más de seis días.
- Uso de gas pimienta y ahogo en tanques de agua.
- Violaciones sexuales con objetos.
- Encierro prolongado en celdas sin acceso a servicios básicos.
Además, recogen que las familias de los reclusos también han sido víctimas de tratos crueles y degradantes, enfrentándose a la falta de información y restricciones para ingresar vituallas. La intervención militar, lejos de ser temporal y subsidiaria, ha desplazado por completo a las autoridades civiles encargadas de la administración penitenciaria.
En ese sentido, el CDH ha presentado demandas de habeas corpus para exponer estas prácticas de tortura y buscar la protección de los derechos de los detenidos. En audiencias judiciales, se han concedido medidas cautelares a favor de los reclusos de la Penitenciaría del Litoral, entre otros, ordenando a las Fuerzas Armadas respetar la ley.
Ante la situación en las cárceles de Ecuador, organizaciones de derechos humanos llaman a una revisión urgente de las políticas de intervención militar y a la adopción de medidas que garanticen la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad.
Orden judicial
Una jueza de Guayaquil falló a favor del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que había solicitado medidas cautelares para abordar el desabastecimiento de alimentos en nueve centros de privación de libertad en la provincia de Guayas.
En su resolución, la magistrada Isabel Jorgge ordenó la inmediata regularización de la provisión de alimentos en la Penitenciaría del Litoral, La Roca, la Cárcel Regional, la Cárcel de mujeres, los Centros de Adolescentes Infractores y otros reclusorios en el Puerto Principal y El Empalme.
Además, la jueza instruyó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) a facilitar el acceso de representantes de organismos de derechos humanos, a las prisiones para «constatar la provisión suficiente de alimentos» para los reos.
Asimismo, el SNAI deberá acelerar el proceso de contratación de una empresa encargada de suministrar comida a los más de 12.000 reclusos de los nueve centros mencionados. En la Penitenciaría del Litoral, también conocida como «la Peni», se encuentran más de 5.500 reclusos.
Un pedazo de sandía
En la cárcel de Cotopaxi, uno de los nueve centros afectados por la situación alimentario, el almuerzo de los reclusos se limitó a un pedazo de sandía y un pan. Esta situación se originó luego de que el SNAI cancelara el contrato con Lafattoria S.A., empresa proveedora de alimentos, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Desde mayo de 2024, Lafattoria S.A. dejó de suministrar alimentos en las cárceles de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Cotopaxi y Guayas. Además, se ha anunciado que en dos meses más se retirará de la cárcel de Manabí.
Ante la falta de provisiones, familiares de los presos, organizaciones sociales, bancos de alimentos y la iglesia, han entregado donaciones, aunque estas resultan insuficientes. El SNAI, por su parte, ha evitado responder a los pedidos de información.
Juan Pablo Albán, relator del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, criticó que familias de los detenidos, que recolectaron alimentos como aceite, lentejas y azúcar, se vieron obligadas a regresar con sus donaciones por una falta de organización y respuesta efectiva por parte del SNAI.
«El Estado, al privar de libertad a una persona, se convierte en garante de sus derechos, incluyendo alimentación, salud y seguridad», afirmó Albán,
Por tal motivo, hizo un llamado urgente al gobierno para desarrollar una política pública adecuada que garantice los derechos de los detenidos. Ya que la falta de alimentación adecuada puede constituir trato cruel e inhumano, lo que podría derivar en responsabilidades internacionales para el Estado ecuatoriano.
“La calidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a las personas que se encuentran en una situación de mayor desamparo”, concluyó Albán, citando a Nelson Mandela. Fuente: Ecuador en vivo
El Gobierno Nacional declarará toque de queda a escala nacional por el apagón de la noche del miércoles y madrugada del jueves, por el mantenimiento programado del sistema de interconexión eléctrica. Más de 70 mil uniformados se movilizarán a escala nacional.
Un muerto y varios heridos dejó una jornada violenta en Manta este fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de septiembre.
ATAQUES ARMADOS EN BARRIOS DE MANTA
De acuerdo con información preliminar, dos ataques armados ocurrieron cerca de las 16:00, uno en el barrio Santa Ana, de la parroquia Eloy Alfaro, y el otro en el barrio 8 de Enero, en Tarqui.
En el primer incidente una persona recibió varios disparos, en tanto que en el segundo, dos resultaron heridas. Todos fueron trasladados a centros hospitalarios.
Más tarde, a las 21:00, sicarios atacaron a tres personas que se movilizaban en un auto en el barrio El Palmar, matando a uno de los ocupantes e hiriendo a los otros dos.
En tanto que este domingo 15 de septiembre, en la parroquia Los Esteros, varios sujetos sin identificar dispararon a William Z, Cindy C., y su hija de 6 años. Se desconocen las causas del ataque a esta familia que fue trasladada a un centro hospitalario.
Pasadas las 17:00 se reportó otro incidente. En videos divulgados en redes sociales se observa un auto en llamas rodando por una calle, para estrellarse finalmente contra una vivienda de un barrio de Manta.
SALDO DE MUERTES VIOLENTAS EN MANTA
A 214 ascienden las muertes violentas registradas durante 2024 en el distrito de Manta, junto con los cantones de Jaramijó y Montecristi.
En el marco de la guerra contra el narcoterrorismo, el Gobierno nacional destinó para 2024 un presupuesto de 3 mil 700 millones de dólares, recursos divididos entre la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI), el ECU 911, entre otras instituciones.
Hasta la segunda semana de septiembre de 2024 el Gabinete Sectorial de Seguridad ha devengado 2 mil 170 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El destino específico de este presupuesto se desconoce ya que es un tema de seguridad nacional, de acuerdo con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Ecuador se convirtió en 2023 el país de Latinoamérica que ocupa el primer lugar de homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016. Este incremento se atribuye al auge de la violencia de los grupos criminales dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal
Lorena (nombre protegido) llegó a tener cuatro tarjetas de crédito que se convirtieron en una verdadera «bola de nieve» de la que aún no logra salir.
Llegó a endeudarse tanto al punto de que aceptaba la emisión de un plástico para poder sacar avances y pagar las deudas de las otras tarjetas. No quiere que nadie viva lo que ella pasó y, por eso, accede a contar su historia.
Lorena accedió a su primera tarjeta de crédito cuanto tuvo 20 años, pero nunca la usó, pero la tenía «por si acaso en algún momento la llegara a necesitar».
Pero muchos años después, en 2018, ella entró a trabajar y como parte de los beneficios de su empresa le entregaron dos tarjetas de crédito.
Empezó a usar esas dos tarjetas de crédito regularmente. En ese entonces, Lorena trabajaba en un área donde podía hacer horas extras y nocturnas, por lo que dice que sus ingresos le alcanzaban para cubrir el pago de las cuotas de las tarjetas.
La pandemia golpeó sus finanzas familiares
Pero, con la pandemia, su entonces esposo se quedó sin trabajo y de repente Lorena tuvo que hacerse cargo de todos los gastos de la casa y de su hija.
Como su esposo tenía deudas, Lorena terminó asumiendo esos pagos, incluso usó sus utilidades para cubrir la deuda. En 2022, Lorena finalmente se separó de su esposo.
Lorena dice que desde entonces tuvo que afrontar casi todos los gastos del hogar. «A veces, el papá de mi hija me daba dinero, a veces no». Pese a eso, hasta ese momento, todavía podía asumir, aunque con las justas, los pagos.
Gastos no previstos complican su situación financiera
Pero su situación financiera se complicó por algunos gastos que no tenía previstos. Por ejemplo, tuvo que hospitalizar varias veces a su hija por problemas de salud y «yo mismo me comencé a enfermar mucho, me imagino por el estrés».
Y, en esos mismos meses, decidió estudiar una maestría, pues cada día sentía más presión en el trabajo para que actualice sus conocimientos. «Pensé que era importante hacer la maestría para mantener mi empleo».
Un segundo golpe a sus finanzas llegó en 2023. «Me movieron a otra área en mi trabajo, donde no podía hacer horas extras. Ya no tenía los mismos ingresos de antes».
Entonces le llamaron de otro banco para ofrecerle una tarjeta, que ella aceptó para hacer frente a alguna emergencia.
Avances tras avances
«Pero terminé haciendo avances para pagar las otras tarjetas. Yo pienso que ahí se descontroló todo. Hice avances con la nueva tarjeta e incluso con la primera tarjeta que no había usado hasta ese momento».
En enero de 2024, ya no tenía cupo en ninguna tarjeta ni ingresos suficientes para pagar. «Todo se había convertido en una bola de nieve. Ya no podía más».
«Todo se convirtió en una bola de nieve. Hacía avance, tras avance para cubrir las otras tarjetas hasta que ya no tenía cupo».
Una de las instituciones financieras que le emitió esa tarjeta ya le advirtió con iniciar procesos legales para el cobro de la deuda. Entonces, Lorena pidió prestado dinero a su papá para pagar y cerrar una tarjeta a la que debía USD 7.100.
Otro banco unificó las deudas de dos tarjetas, dando un salto de USD 8.000. Una parte pagó con las utilidades para poder refinanciar la deuda, que finalmente quedó en USD 6.000 a un plazo de 60 meses (cinco años).
Y en la cuarta tarjeta tiene una deuda acumulada de unos USD 6.000 en cada una.
Para pagar esas obligaciones, Lorena puso a la venta su auto. «Mi carro lo compré en USD 21.000, pero solo me dan USD 14.000», dice con pesar.
Una experiencia que no repetirá
Tras esta experiencia, Lorena dice que cerrará sus tarjetas y solo se quedará con una, que usará solo si su hija se enferma y debe llevarla al hospital.
Cree que el problema de fondo es que las personas no reciben educación financiera, y, por eso, ahora trata de inculcarle esto a su hija desde pequeña. «Ahora siempre le explico nuestra situación financiera, le digo en qué podemos gastar y en qué no, qué es lo que le puedo dar y qué no», dice Lorena.
«Una persona con tantas deudas se acaba emocionalmente». Lorena, una cliente sobre endeudada. «Como madre soltera me guardo todo lo que siento, porque tengo una hija y no puedo mostrarme débil, pero uno se enferma física y emocionalmente», añade.
La experta en finanzas personales, Bertha Romero, dice que las tarjetas de crédito son una buena herramienta para hacer pagos de forma flexible y segura, y tener una línea de crédito.
Sin embargo, si se da un mal uso puede ser un arma de doble fijo que lleva al endeudamiento. Lo primero que debe hacer una persona es poner en blanco y negro sus ingresos y gastos del mes y ver si tiene espacio para usar su tarjeta o no, y si no lo tiene, no endeudarse.
¿Cómo saberlo? Una persona puede comprometer al pago de deudas hasta el 40% de sus ingresos. Es decir, si gana USD 1.000 no debería endeudarse o pagar una cuota superior a USD 400 al mes.
Otra señal de alerta es cuando una persona ya solo puede pagar el mínimo. Eso quiere decir que sus finanzas están deterioradas y pronto las deudas se convertirán en una bola de nieve, explica Romero.
Finalmente, antes de aceptar una tarjeta de crédito, es mirar el cupo de la tarjeta y preguntarse para qué se necesita una línea de crédito tan alto.
Tener tres o cuatro tarjetas puede hacer complicado el manejo, porque cada tarjeta tiene su corte de pago.
En Ecuador existían 1,9 millones de tarjetahabientes hasta junio de 2023, según el estudio ABC de las tarjetas de crédito publicado por la Asociación de Bancos Privados de Ecuador y el buró de crédito Aval. Fuente: Primicias
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