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Selección de jueces nacionales lleva cinco años de fracasos y denuncias amenazan al concurso actual

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La alerta surgió en abril de 2024. A la cuenta de correo electrónico de la Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura (CJ) llegó un mensaje anónimo con una denuncia que apuntaba a un grupo de funcionarios del organismo.

Según ese mensaje, estas personas solicitaban dinero a cambio de favorecer a postulantes del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que está en pleno desarrollo y debería culminar en octubre de 2024.

La información fue puesta en manos de Álvaro Román, quien ese momento era el presidente del CJ. Román, por su parte, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que empezó una investigación previa por presunta concusión.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la concusión se configura cuando un servidor público solicita o recibe dinero para realizar actos relacionados con sus funciones. Las penas van de siete a 12 años de cárcel.

Tres exfuncionarios y dos funcionarios, en la mira
El 25 de julio de 2024, la FGE allanó inmuebles en Pichincha, Santo Domingo y Azuay. Los agentes buscan indicios para armar el caso por concusión, pero los resultados aún son reservados.

Lo que se conoce es que los investigados son cinco. Tres de estos ya fueron desvinculados de la Judicatura  y otros dos siguen en sus cargos.

Solanda Goyes, vocal del CJ, explicó que el cuarto sospechoso no ha sido separado, ya que tiene una condición de vulnerabilidad que lo impide. Mientras que el quinto se mantuvo en su posición por decisión de Román.

En su cuenta de X, Román -que recientemente fue reemplazado en el cargo por Mario Godoy- felicitó la investigación de la Fiscalía. Recalcó que su gestión fue transparente, pero confirmó que no todos los involucrados fueron destituidos.

Aunque la identidad de los cinco involucrados todavía no se ha revelado, PRIMICIAS conoció de manera extraoficial que uno de ellos fue Jefe de la Escuela de la Función Judicial, hasta junio de 2024.

Su firma aparece en varios documentos oficiales de la Judicatura relacionados con el concurso. Por ejemplo, fue quien revisó los procedimientos para seleccionar a los expertos y para el desarrollo de la fase de impugnación del concurso.

Corte Nacional: 35 postulantes quedaron fuera del concurso, entre ellos tres jueces actuales
¿Concurso en riesgo?
Esta denuncia de presunta corrupción pone en dudas sobre el concurso para seleccionar jueces de la CNJ. Sin embargo, desde la Judicatura no creen que sea una razón para suspender o anular el proceso.

Actualmente, existen 70 aspirantes en carrera para la Corte Nacional de Justicia. Y restan la prueba escrita (que se rendirá el sábado 27 de julio de 2024), la prueba práctica y la fase de impugnación ciudadana y control social.

Goyes explica que sería difícil que el concurso tenga irregularidades, porque existieron varias fases, controles y filtros. Por ejemplo, menciona que existen 88 expertos -provenientes de la academia y del derecho en libre ejercicio- que han participado en varias etapas.

Por esta razón, la Vocal considera que el concurso debe continuar. Pero recomienda que se fortalezca aún más la vigilancia social del proceso y la transparencia, publicando de manera íntegra los expedientes de todos los postulantes en cada etapa.

Sin embargo, está postura de la Judicatura no garantiza la continuidad del concurso. Tres aspirantes a jueces nacionales interpusieron una acción de protección, con la que piden que se deje sin efecto las pruebas de confianza y ellos vuelvan al proceso. Además, pidieron que mientras se resuelve esa acción, como medida cautelar, se suspenda el concurso.

Tres personajes mencionados en casos Norero, Terán y Glas quieren ser jueces nacionales
Además, la denuncia por corrupción no es la única amenaza para la continuidad del concurso. Al interior del CJ también se ve con preocupación el número de postulantes que han avanzado hasta la etapa de oposición, ya que esto podría restar el nivel competencia.

Inicialmente, hubo 266 abogados inscritos, pero solo el 26% pudo rebasar las etapas de méritos y las pruebas de confianza. Hay un promedio de 35% de postulantes que se elimina en cada fase, por lo que existe el temor de que a la designación no lleguen los suficientes.

Según las bases del concurso, existen 10 vacantes para jueces nacionales y 15 para conjueces.

Cinco años de inestabilidad en la Corte Nacional
El concurso para la Corte Nacional de Justicia busca poner fin a un lustro de inestabilidad en el máximo organismo de justicia ordinaria. Desde 2019, esta institución ha tenido problemas para conformarse.

15/10/2019

26 jueces destituidos
La inestabilidad empezó en octubre de 2019. El Consejo de la Judicatura de la época evaluó a los magistrados de la CNJ y destituyó a 16 jueces y 10 conjueces. En su lugar nombró a conjueces temporales.

03/02/2021

Designación insuficiente
En 2021, la Judicatura realizó el concurso para nombrar a los 16 jueces y 10 conjueces faltantes. Sin embargo -al igual que ahora- los postulantes se fueron quedando en las fases. Finalmente, solo se pudo nombrar a nueve jueces y dos conjueces.

18/01/2024

Concurso fallido
El proyecto para el nuevo concurso empezó en septiembre de 2021. Mientras avanzaba hubo tres presidentes de la Judicatura: María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo y Wilman Terán. Pero, en enero de 2024 se declaró nulo debido a las sospechas de corrupción.

21/03/2024

Nuevo intento
Ya con Álvaro Román al frente del Consejo de la Judicatura, en marzo de 2024 empezó el nuevo concurso para jueces de la CNJ, que debe concluir en octubre. El proceso está en marcha, pero una vez más hay una denuncia de corrupción, un cambio en la Presidencia del CJ y una acción constitucional para suspenderlo. Fuente: Primicias

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Cascabel, la mayor mina en la historia de Ecuador, se explotará con respaldo de inversión china

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La minera australiana Solgold, a cargo del proyecto minero Cascabel (en la parroquia Lita, en el cantón imbabureño de Ibarra), que arrancará a inicios de mayo de 2025 con un proceso de producción temprana, finiquitó la venta de una parte de sus acciones a la china Jiangxi Copper Company Limited.

Cascabel es el proyecto insignia de SolGold. Se trata de un yacimiento de pórfido de cobre y oro de clase mundial. Su concesión, de 50 kilómetros cuadrados, se extenderá por 33 años. Se prevé inversiones por USD 4.200 millones y en su etapa de operación, SolGold estima que se generarían más de 1.000 plazas de empleo.

Según dio a conocer la compañía, el 26 de marzo de 2025 se cumplieron las condiciones para la transacción con la que SolGold Canada Inc. vende 157.141.000 acciones ordinarias de SolGold, a un precio de USD 0,115 por acción a Jiangxi Copper (Hong Kong) Investment Company Limited, una filial 100% de propiedad de la china Jiangxi Copper Company Limited.

Hasta antes de esta transacción, Jiangxi Cooper posía 208.616.587 acciones ordinarias de SolGold, lo que representaba el 6,95% del capital social emitido de la compañía. Ahora posee 365.757.587 acciones ordinarias, lo que representa el 12,19% del capital social emitido de la compañía.

Otro detalle de la transacción explica que hasta marzo de 2027, Jiangxi podrá proporcionar a SolGold servicios de consultoría técnica, según sea necesario, previo acuerdo mutuo, en relación con el proyecto Cascabel. Por este apoyo, la china no cobrará a la australiana, salvo acuerdo entre las partes, ninguno de los costos asociados con esta cooperación técnica.

A decir del director Ejecutivo de SolGold, Dan Vujcic, «la inversión fortalece nuestro balance y nos permite evaluar oportunidades interesantes para impulsar la producción en Cascabel (…). El aporte técnico de Jiangxi Copper Company, a su cargo, también contribuirá significativamente en términos de ahorro y agilizará las evaluaciones de Cascabel».

Desde su fundación en 1979, y gracias al crecimiento económico de China, Jiangxi Copper se ha convertido en el mayor productor de cátodos de cobre de ese país.

Con sede en Nanchang, el conglomerado chino ha diversificado su negocio desde la explotación de minerales polimetálicos, como cobre, oro, plata, tierras raras, plomo y zinc, hasta el apoyo comercial, financiero, logístico y técnico. Ha establecido bases mineras en China, Perú, Albania y Afganistán. Fuente: Primicias

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Noboa le dice ‘no’ al servicio militar voluntario: vetó ley apoyada por 122 asambleístas

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Una propuesta que parecía tener luz verde terminó estrellándose contra el escritorio del presidente Daniel Noboa. A pesar de haber sido aprobada por una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional —122 votos a favor—, el proyecto de Ley de Servicio Militar Voluntario, Reservas e Identificación Militar fue vetado en su totalidad por el Ejecutivo el 18 de marzo de 2025.

El presidente alegó que la normativa impulsada por el legislador Pedro Velasco es inconveniente de fondo y forma. Entre los argumentos presentados por el Gobierno, se destaca que el proyecto no establece con claridad cuáles serían los derechos, deberes, obligaciones y limitaciones de quienes ingresen al servicio cívico militar voluntario o pasen a las reservas.

“El texto deja vacíos jurídicos que podrían vulnerar el derecho a la defensa de los ciudadanos”, advirtió el Ejecutivo. Según el veto, no se puede sancionar a una persona sin que esta conozca las reglas del juego ni sin posibilidad de defenderse adecuadamente.

Pero los problemas no terminan ahí. Otro punto crítico señalado por Noboa es que la ley no explica de dónde saldrá el dinero para financiarla. Aunque la Asamblea planteaba que los beneficios se cubrirían con el presupuesto del Ministerio de Defensa, el presidente fue enfático: no se puede imponer una nueva carga económica sin definir claramente la fuente de financiamiento.

“Crear una obligación financiera sin respaldo afecta la ejecución del presupuesto del Estado”, sostuvo el Gobierno.

Así, el Ejecutivo pone freno a una ley que pretendía reestructurar el sistema de servicio militar voluntario, pero que —según Noboa— nació con fallas que podían costarle caro al país.

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Hijo de alias ‘JR’ fue sentenciado a 13 años por lavado de activos junto a otros cinco miembros de su círculo familiar

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El hijo de alias ‘JR’ o ‘Junior‘ fue uno de los seis sentenciados por lavado de activos en el caso conocido como ‘Blanqueo JR’, que involucra al círculo familiar de Junior Roldán Paredes, excabecilla de “Los Choneros” y fundador de la banda criminal “Las Águilas”, fallecido el 6 de mayo de 2023.

Azhael Alexander Roldán fue condenado a 13 años de prisión por su participación en esta red de lavado de activos, de acuerdo con la resolución emitida este lunes 21 de abril por el Tribunal Penal, tras instalarse la audiencia de juicio en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal también dictó la misma pena privativa de libertad para los otros cuatro implicados, entre ellos Jael B. M., Ana. R. A., Marcelo R. A. y Douglas D. Z.

Movimientos millonarios

Los seis sentenciados formarían parte del entorno familiar de alias ‘JR’ y habrían colaborado en el movimiento ilícito de fondos.

Los movimientos económicos injustificados se habrían registrado entre los años 2020 y 2024:

Según la investigación, los involucrados habrían adquirido bienes muebles e inmuebles y constituido personas jurídicas.

Además, se detectó que un alto porcentaje del dinero (50%) de sus cuentas en el sistema financiero nacional, corresponde a depósitos en efectivo, cuya procedencia sería de actividades ilícitas como tráfico de drogas, sicariato y asesinato, ejecutadas por grupos de delincuencia organizada liderados en su momento por alias «JR».

De acuerdo a los Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), también habrían creado una empresa para dar aparente licitud a sus operaciones financieras.

Leidi Tatiana R. H. (exesposa de alias “JR”) habría ingresado 1’823.069,92 dólares al sistema financiero nacional y lavado dinero mediante la empresa VICMARENT S.A.S.

Liseth Carolina H. L. habría ingresado 4’603.409,7 dólares.

Azhael Alexander R. T. (hijo de alias “JR”) habría ingresado 741.548,01 dólares.

Jael Amira B. M. habría participado como administradora de los activos de origen ilícito.

Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A. y Eduard Douglas D. Z. habrían sido beneficiarios y depositantes de grandes cantidades de dinero, usadas en la compra de bienes con pagos en efectivo de origen desconocido. Fuente: Vistazo

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