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Fernando Villavicencio, el periodista que desafió a las mafias y pagó con su vida

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Era un miércoles 9 de agosto de 2023. El reloj marcaba las 18:20, hora a la que muchos ecuatorianos, regresaban a sus casas y sintonizaban la radio o, en sus hogares, encendían el televisor para ver los informativos. Y, aunque la crónica roja es el pan de cada día,  fueron sorprendidos con una trágica noticia: Fernando Villavicencio, candidato presidencial por los movimientos Construye y Gente Buena, fue asesinado con tres disparos en la cabeza, al salir del que se convirtió en su último mitin político, en la ciudad de Quito.

Nadie lo podía creer, pero, en cuestión de minutos, la mala noticia fue tendencia en las redes sociales y copó los titulares de la prensa nacional en internacional.

Su magnicidio, ocurrido apenas 11 días antes de las elecciones presidenciales, conmovió al mundo, ya que desde hace al menos dos décadas, el nombre de Fernando Villavicencio era reconocido por su valiente y frontal lucha contra la corrupción y, en la última década, contra el crimen organizado, el narcotráfico y su penetración en las esferas políticas.

Por ello, el asesinato de este adalid de la lucha anticorrupción, a quien le arrebataron la vida a los 59 años,  fue calificado como un crimen político y un golpe a la democracia, cuyo principal legado son las 260 investigaciones que llevó adelante como periodista y legislador.

Una de las investigaciones más importantes que realizó fue el llamado caso Sobornos, que destapó la millonaria trama de corrupción liderada por la constructora brasileña Odebrecht y que permitió la condena del expresidente Rafael Correa y de su exvicepresidente Jorge Glas. Correa huyó a Bélgica y tiene estatus de prófugo de la justicia y Glas está recluido en la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Por sus revelaciones, Villavicencio se ganó el cariño, el respeto y la gratitud de mucha gente, ganó varios concursos periodísticos, pero también sufrió la que él mismo denunciaba como  “la peor persecución que un periodista haya sufrido en este país”, en referencia al Gobierno de Rafael Correa, quien ejerció el poder de 2007 a 2017.

Pocos días antes de su asesinato, Villavicencio denunció irregularidades en los contratos con Schlumberger sobre el campo Auca, con posibles sobrecostos. Reveló que dicha empresa había cobrado $10.534 millones entre 2012 y 2022, mientras el Estado recibió $8.000 millones. Esas sospechas se intensificaron tras la publicación de videos en los que se cuestiona los costos de producción.



A pesar de amenazas e intentos para desacreditarlo, también expuso en 2022 vínculos entre el empresario Xavier Jordán Mendoza, el fallecido narcotraficante Leandro Norero Tigua, alias El patrón, y el exasambleista por el correísta movimiento Alianza País (ahora Revolución Ciudadana) Ronny Aleaga, quedando en evidencia la conexión del narcotráfico, la corrupción y parte de la política.

Muchas de las denuncias de Fernando Villavicencio sustentan la acción de la Fiscalía General del Estado, lo que ha permitido establecer que la narcopolítica también ha extendido sus tentáculos a la estructura de la justicia ecuatoriana, dando lugar a los llamados casos Metástasis, Purga, Plaga, Independencia Judicial, que involucran a decenas de políticos, jueces, ficales, empresarios e incluso funcionarios de las más altas esferas gubernamentales.

Esto explica que haya pagado con su vida el precio de sus denuncias. Las investigaciones sobre su asesinato han llegado a los autores materiales. Su familia, sus amigos y la sociedad exigen ahora llegar a los autores intelectuales, para que no sea este otro caso que se guarde en el baúl de la impunidad.

Fernando Villavicencio presidió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional entre 2021 y 2023; lideró 147 sesiones, tramitó 16 juicios políticos, recibió 462 comparecencias, investigó 34 casos de corrupción, presentó 13 denuncias y dos noticias criminis relacionadas con narcotráfico y corrupción. Además, sometió a debate 9 casos sobre irregularidades en contratos de obras y servicios.

También denunció el caso llamado León de Troya, vinculado a la mafia albanesa y a Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso. Aunque enfrentó acusaciones por omisión de denuncia y críticas por un informe que defendía al mandatario, Villavicencio se desmarcó de ese Gobierno.

Durante su tiempo en la Asamblea, Villavicencio se caracterizó por su rechazo al entorno político corrupto. Afirmó que, a pesar de las múltiples ofertas económicas y tentaciones que recibió desde círculos de poder para frenar sus investigaciones, se mantuvo firme en su integridad.

Cuando la Asamblea fue disuelta por Lasso, quien dictó la muerte cruzada, Villavicencio dejó su puesto de legislador con un patrimonio de$77,799, unos $8,000 más de lo que tenía al asumir el cargo en 2021. A pesar de su patrimonio, Villavicencio señalaba que aún no poseía una casa propia y seguía viviendo con su madre.

La primera gran investigación de Fernando Villavicencio en 2008 se centró en el caso Palo Azul, que involucra la explotación irregular de un campo petrolero en Ecuador. La denuncia sostiene que la cesión de derechos a Petrobrás y otras empresas violó la Ley de Hidrocarburos. Esta operación causó 2 millones de perjuicio al Estado.

PERJUICIO: 2 millones

SENTENCIADOS: A pesar de que la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de Washington Pesántez, identificó responsabilidades penales, el proceso fue archivado cuando Galo Chiriboga asumió la fiscalía general. Las investigaciones sobre presuntas irregularidades y acuerdos políticos siguen en curso en Brasil y Ecuador.

En el «Caso Petrochina», considerado el mayor escándalo de corrupción petrolera en Ecuador, Fernando Villavicencio y el legislador Pedro Velasco entregaron un informe a la Fiscalía General del Estado, en el que se documenta cómo en la presidencia de Rafael Correa se vendió 763,8 millones de barriles de crudo a Petrochina, a cambio de casi $10.000 millones en créditos.

PERJUICIO: $4.771 millones

SENTENCIADOS: Villavicencio solicitó que se formule cargos contra los responsables, cuyos nombres de personas y entidades implicadas incluyó en un informe. Hasta ahora, no hay sentencias relacionadas con el caso.

A principios de 2017, Fernando Villavicencio participó en una investigación crucial sobre los sobornos del caso Odebrecht en Ecuador. A través de los portales de investigación periodística Milhojas y La Fuente, investigó el regreso de Odebrecht al país en julio de 2010 y los acuerdos negociados durante el Gobierno de Rafael Correa. La investigación reveló que José Santos, exdirectivo de Odebrecht, admitió haber entregado $10 millones en coimas al excontralor del Estado Carlos Pólit, para desvanecer glosas y $16 millones al ya fallecido Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, a través de la empresa off shore Glory International.

PERJUICIO: $ 106 millones, aproximadamente

SENTENCIA: En octubre de 2019, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia confirmó la condena de seis años de prisión para Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otros cuatro involucrados en el caso.

PERJUICIO: $41 millones, aproximadamente

SENTENCIADOS: La Fiscalía investigó los presuntos aportes irregulares, en efectivo o mediante el cruce de facturas, que beneficiaron al movimiento político Revolución Ciudadana, comandado por el expresidente Rafael Correa. En abril de 2020, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a 18 implicados, incluidos Correa y su exvicepresidente Jorge Glas, a ocho años de prisión.

En 2019, el periodista destapó el caso al que llam{o INA Papers, sobre un presunto delito de cohecho ocurrido entre 2010 y 2018.

Involucrados: el expresidente Lenín Moreno Garcés a través de la empresa offshore INA Investment Corporation, presuntamente creada por su hermano en Panamá. Al momento son 40 los procesados en este caso. Ninguno sentenciado todavía.

Perjuicio:  $ 76 millones, aproximadamente

En 2015, el portal Plan V reveló que el costo de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, originalmente estimado en 187 millones de dólares en 2008, se disparó a más de 1.500 millones para 2017, generando un perjuicio de 793 millones de dólares.

PERJUCIO: $ 793 millones

SENTENCIADOS: Carlos Pareja Yanuzelli, exfuncionario implicado, fue condenado por cohecho, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y peculado, con la última condena relacionada con esta repotenciación. Jorge Vivar, propietario de JVSIM, también fue sentenciado por peculado. Diego Tapia y Alex Bravo fueron ratificados en su inocencia en este caso; Bravo cumple condenas por otros delitos de corrupción vinculados a Petroecuador.


Estas investigaciones son apenas un puñado de las 260 impulsadas por Fernando Villavicencio, que cimentan su legado periodístico y político. Su trabajo capcioso, desde el caso Palo Azul hasta los escándalos de la Refinería de Esmeraldas, han dejado una marca indeleble en el país, en su familia y, en particular, en el periodismo de investigación.

La línea de tiempo que presentamos a continuación, contienen un resumen de los eventos clave en el proceso de la investigación de su asesinato, que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. La controversia en torno a su muerte también se refleja en las palabras de un testigo protegido quien declaró: “Esa cabeza valía 200.000 dólares”. Eso ponen en evidencia la magnitud de su valentía y del riesgo tan elevado al que estuvo expuesto. (JR)

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Cascabel, la mayor mina en la historia de Ecuador, se explotará con respaldo de inversión china

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La minera australiana Solgold, a cargo del proyecto minero Cascabel (en la parroquia Lita, en el cantón imbabureño de Ibarra), que arrancará a inicios de mayo de 2025 con un proceso de producción temprana, finiquitó la venta de una parte de sus acciones a la china Jiangxi Copper Company Limited.

Cascabel es el proyecto insignia de SolGold. Se trata de un yacimiento de pórfido de cobre y oro de clase mundial. Su concesión, de 50 kilómetros cuadrados, se extenderá por 33 años. Se prevé inversiones por USD 4.200 millones y en su etapa de operación, SolGold estima que se generarían más de 1.000 plazas de empleo.

Según dio a conocer la compañía, el 26 de marzo de 2025 se cumplieron las condiciones para la transacción con la que SolGold Canada Inc. vende 157.141.000 acciones ordinarias de SolGold, a un precio de USD 0,115 por acción a Jiangxi Copper (Hong Kong) Investment Company Limited, una filial 100% de propiedad de la china Jiangxi Copper Company Limited.

Hasta antes de esta transacción, Jiangxi Cooper posía 208.616.587 acciones ordinarias de SolGold, lo que representaba el 6,95% del capital social emitido de la compañía. Ahora posee 365.757.587 acciones ordinarias, lo que representa el 12,19% del capital social emitido de la compañía.

Otro detalle de la transacción explica que hasta marzo de 2027, Jiangxi podrá proporcionar a SolGold servicios de consultoría técnica, según sea necesario, previo acuerdo mutuo, en relación con el proyecto Cascabel. Por este apoyo, la china no cobrará a la australiana, salvo acuerdo entre las partes, ninguno de los costos asociados con esta cooperación técnica.

A decir del director Ejecutivo de SolGold, Dan Vujcic, «la inversión fortalece nuestro balance y nos permite evaluar oportunidades interesantes para impulsar la producción en Cascabel (…). El aporte técnico de Jiangxi Copper Company, a su cargo, también contribuirá significativamente en términos de ahorro y agilizará las evaluaciones de Cascabel».

Desde su fundación en 1979, y gracias al crecimiento económico de China, Jiangxi Copper se ha convertido en el mayor productor de cátodos de cobre de ese país.

Con sede en Nanchang, el conglomerado chino ha diversificado su negocio desde la explotación de minerales polimetálicos, como cobre, oro, plata, tierras raras, plomo y zinc, hasta el apoyo comercial, financiero, logístico y técnico. Ha establecido bases mineras en China, Perú, Albania y Afganistán. Fuente: Primicias

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Noboa le dice ‘no’ al servicio militar voluntario: vetó ley apoyada por 122 asambleístas

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Una propuesta que parecía tener luz verde terminó estrellándose contra el escritorio del presidente Daniel Noboa. A pesar de haber sido aprobada por una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional —122 votos a favor—, el proyecto de Ley de Servicio Militar Voluntario, Reservas e Identificación Militar fue vetado en su totalidad por el Ejecutivo el 18 de marzo de 2025.

El presidente alegó que la normativa impulsada por el legislador Pedro Velasco es inconveniente de fondo y forma. Entre los argumentos presentados por el Gobierno, se destaca que el proyecto no establece con claridad cuáles serían los derechos, deberes, obligaciones y limitaciones de quienes ingresen al servicio cívico militar voluntario o pasen a las reservas.

“El texto deja vacíos jurídicos que podrían vulnerar el derecho a la defensa de los ciudadanos”, advirtió el Ejecutivo. Según el veto, no se puede sancionar a una persona sin que esta conozca las reglas del juego ni sin posibilidad de defenderse adecuadamente.

Pero los problemas no terminan ahí. Otro punto crítico señalado por Noboa es que la ley no explica de dónde saldrá el dinero para financiarla. Aunque la Asamblea planteaba que los beneficios se cubrirían con el presupuesto del Ministerio de Defensa, el presidente fue enfático: no se puede imponer una nueva carga económica sin definir claramente la fuente de financiamiento.

“Crear una obligación financiera sin respaldo afecta la ejecución del presupuesto del Estado”, sostuvo el Gobierno.

Así, el Ejecutivo pone freno a una ley que pretendía reestructurar el sistema de servicio militar voluntario, pero que —según Noboa— nació con fallas que podían costarle caro al país.

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Hijo de alias ‘JR’ fue sentenciado a 13 años por lavado de activos junto a otros cinco miembros de su círculo familiar

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El hijo de alias ‘JR’ o ‘Junior‘ fue uno de los seis sentenciados por lavado de activos en el caso conocido como ‘Blanqueo JR’, que involucra al círculo familiar de Junior Roldán Paredes, excabecilla de “Los Choneros” y fundador de la banda criminal “Las Águilas”, fallecido el 6 de mayo de 2023.

Azhael Alexander Roldán fue condenado a 13 años de prisión por su participación en esta red de lavado de activos, de acuerdo con la resolución emitida este lunes 21 de abril por el Tribunal Penal, tras instalarse la audiencia de juicio en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal también dictó la misma pena privativa de libertad para los otros cuatro implicados, entre ellos Jael B. M., Ana. R. A., Marcelo R. A. y Douglas D. Z.

Movimientos millonarios

Los seis sentenciados formarían parte del entorno familiar de alias ‘JR’ y habrían colaborado en el movimiento ilícito de fondos.

Los movimientos económicos injustificados se habrían registrado entre los años 2020 y 2024:

Según la investigación, los involucrados habrían adquirido bienes muebles e inmuebles y constituido personas jurídicas.

Además, se detectó que un alto porcentaje del dinero (50%) de sus cuentas en el sistema financiero nacional, corresponde a depósitos en efectivo, cuya procedencia sería de actividades ilícitas como tráfico de drogas, sicariato y asesinato, ejecutadas por grupos de delincuencia organizada liderados en su momento por alias «JR».

De acuerdo a los Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), también habrían creado una empresa para dar aparente licitud a sus operaciones financieras.

Leidi Tatiana R. H. (exesposa de alias “JR”) habría ingresado 1’823.069,92 dólares al sistema financiero nacional y lavado dinero mediante la empresa VICMARENT S.A.S.

Liseth Carolina H. L. habría ingresado 4’603.409,7 dólares.

Azhael Alexander R. T. (hijo de alias “JR”) habría ingresado 741.548,01 dólares.

Jael Amira B. M. habría participado como administradora de los activos de origen ilícito.

Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A. y Eduard Douglas D. Z. habrían sido beneficiarios y depositantes de grandes cantidades de dinero, usadas en la compra de bienes con pagos en efectivo de origen desconocido. Fuente: Vistazo

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