A través del Decreto Ejecutivo N° 492, con fecha del jueves 2 de enero de 2025, el presidente Daniel Noboa designó como Vicepresidenta de la República a Sariha Moya, actual secretaria nacional de Planificación.

En el documento se explica que será hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que Verónica Abad se presente en la Embajada de Ecuador en la República de Türkiye.

José De la Gasca, ministro de Gobierno, también informó esta decisión en rueda de prensa que se llevó a cabo en Guayaquil.

En el Decreto también se detallan las funciones que ejecutará Sariha Moya. «… la función de la articulación y coordinación de las entidades rectoras del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, y demás entidades públicas, para fomentar la gestión eficiente y sostenible de los recursos públicos para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo; así como, liderar la coordinación y articulación interinstitucional para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Ecuador, y la relación con organismos internacionales afines».

Adicionalmente, se señala que tanto Verónica Abad y Sariha Moya y sus respectivas familias se mantendrán con seguridad a cargo de la Casa Militar Presidencial.

El 2024 cerró con más de 6.818 asesinatos, lo que representa una disminución del 18% en comparación con 2023, pero aún lo convierte en el segundo año más violento en la historia del Ecuador, según datos de la Policía Nacional.

A pesar de la disminución de homicidios, la violencia en el país sigue siendo una preocupación central para las autoridades.

Ante la ola de crímenes, el Gobierno declaró ocho estados de excepción y realizó allanamientos en las cárceles, donde se produjeron matanzas, como la de noviembre que dejó 17 presos fallecidos, a pesar de la presencia de control militar, recogió Ecuavisa. En total, se decomisaron 277 toneladas de cocaína, 70 más que en 2023.

Hechos violentos más relevantes en 2024:

• 9 de enero: Un grupo armado asaltó el canal TC Televisión, obligando a la estación a transmitir en directo la situación. Un operativo policial rápido concluyó el ataque, resultando en la captura de 13 miembros de Los Tiguerones. El presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno contra 22 grupos delictivos, calificándolos como terroristas.
• 13 de enero: 178 funcionarios públicos, secuestrados en siete cárceles del país, fueron liberados tras cuatro días. Esto marcó el inicio de la militarización del sistema penitenciario, y la fuga de alias Fito, líder de Los Choneros, fue confirmada.
• 5 de septiembre: Un dron con 40 libras de explosivos aterrizó sobre el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde se encontraban varios líderes de grupos criminales. La Policía logró detonar el artefacto de manera controlada.
• 12 de noviembre: La Penitenciaría del Litoral fue escenario de una masacre en la que 17 reos murieron, confirmando la falta de control efectivo en las cárceles.
• 1 de diciembre: En El Oro, 10 personas fueron asesinadas, de las cuales nueve eran colombianas.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, se destacó por su liderazgo en la lucha contra el crimen. A pesar de la presión política, salió victoriosa de un juicio planteado por el correísmo, que cuestionaba los resultados de su gestión, y continuó con el llamado Plan Fénix para enfrentar la violencia.

El cabecilla más buscado

José Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, se convirtió en el delincuente más peligroso del país. Luego de su fuga el 7 de enero, el Gobierno confirmó una serie de atentados en todo el país. Actualmente, es buscado internacionalmente por la Interpol.

A pesar de los esfuerzos, los 22 grupos terroristas siguen activos y el crimen organizado no ha sido desmantelado. El tráfico de drogas, secuestros y extorsiones continúan siendo una amenaza, y las cárceles permanecen fuera de control.

El reto para el 2025 será monumental, requiriendo una combinación de medidas policiales y militares, así como políticas sociales apoyadas por un alto presupuesto y acuerdos nacionales.

El costo de la Canasta Familiar Básica (CFB) en Ecuador registró un aumento moderado durante 2024. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el precio de este conjunto de 75 bienes y servicios esenciales pasó de USD 789,57 en enero a USD 804,79 en noviembre, lo que representa un incremento de USD 15,22 (1,93%).

A nivel regional, la tendencia fue más pronunciada en la Sierra, donde el costo de la CFB pasó de USD 805,83 en junio a USD 818,49 en noviembre, con un incremento de USD 12,66. En la región Costa, el aumento fue más moderado, con el valor subiendo de USD 785,67 a USD 791,08 en el mismo período, lo que reflejó un incremento de USD 5,41.

Melanie Enríquez Cárdenas, experta tributaria, explicó a Ecuavisa que los productos que componen la canasta no gravan IVA, pero los precios pueden fluctuar debido a factores como el costo del transporte y las variaciones en los precios de los combustibles. Sin embargo, los datos del INEC muestran que los ingresos del hogar promedio (USD 858,67) superan en un 6,69% el costo de la CFB, lo que podría ofrecer un respiro para las familias.

Con el aumento del salario básico a USD 470 para 2025, Enríquez subraya la importancia de garantizar buenas condiciones de producción y empleo, ya que estos factores impactarán directamente en la salud financiera de las familias. Además, mencionó que la estabilidad de los precios de la CFB beneficia a los cálculos tributarios, ya que la base imponible para el impuesto a la renta se ha incrementado de USD 11 800 a USD 12 400.

En octubre de 2024, el precio de la CFB alcanzó su punto más alto del año, con USD 805,04. En comparación, el costo más bajo se registró en enero con USD 789,57.

En noviembre de 2024, Quito lideró las ciudades con el costo más alto de la CFB, alcanzando USD 839,79, mientras que en el mismo mes de 2023, este precio fue de USD 819,37. Otras ciudades, como Cuenca y Manta, también registraron precios elevados, reflejando la variabilidad económica en distintas regiones.

El economista Óscar Lamiña destacó que los factores como la inflación, los impuestos y las condiciones climáticas extremas, como sequías o lluvias intensas, inciden en el precio de los productos. Estos fenómenos pueden afectar las cosechas y la oferta de productos, lo que inevitablemente genera aumentos en los costos.