Nacionales
Narcoguerrilleros y Los Choneros libran una sangrienta guerra por las redes de la minería ilegal en Orellana
La primera alerta llegó en mayo de 2023. Orellana, una provincia amazónica que había sido de las más seguras de Ecuador, registró 15 asesinatos en un mes. A partir de esa fecha, las cifras no volvieron a la normalidad y la violencia se ha apropiado de esa jurisdicción.
Las cifras son extremadamente preocupantes. En los últimos 129 meses, entre enero de 2014 y septiembre de 2024, en Orellana se cometieron 271 muertes violentas. Pero, el 52% (142) de esos crímenes sucedió entre mayo de 2023 y septiembre de 2024, es decir, en 17 meses.
Antes de esta crisis de seguridad, en Orellana había, en promedio, un asesinato cada mes. Ahora, en cambio, hay ocho víctimas mensualmente. El incremento es del 600%.
Pese a la reducción nacional, ocho provincias ecuatorianas registran más muertes violentas
La minería ilegal seduce al crimen
En el centro del brote de violencia en Orellana está la minería ilegal. Específicamente, en el río Punino, que se ubica en el límite entre las provincias de Napo y Orellana.
Pese a que los focos de minería ilegal a lo largo de la Amazonía han sido una constante, esta práctica fue reportada por primera vez en el Punino, en febrero de 2022, por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
Y desde esa fecha, hasta la actualidad, la minería ilegal ha avanzado de tal manera que, recientemente, el MAAP informó que este delito ya ha afectado a 1.500 hectáreas de bosques selváticos que rodean al río Punino.
Esta economía ilegal llamó la atención de las bandas criminales ecuatorianas. Específicamente de Los Choneros. A partir de 2021, luego de la pandemia del Covid-19, esta organización criminal empezó a desarrollar facciones en Orellana (El Coca) y La Joya de Los Sachas, en Orellana. Y en Sushufindi, en Sucumbíos.
Orellana y La Joya de Los Sachas son, justamente, los cantones en donde más ha recrudecido la violencia en los últimos 17 meses.
El objetivo de Los Choneros era acaparar las redes relacionadas con la minería ilegal. Por ejemplo, manejan el tráfico de combustibles, que son necesarios para la operación de la maquinaria que ingresa al río para extraer el material aurífero.
Inteligencia militar calcula que, ahora, existen cinco líneas criminales que ofrecen combustible a los mineros ilegales. Cada una tendría una ganancia de unos USD 300.000 cada 15 días, por la comercialización de unos 110 galones diarios.
Pese a que es prohibido, en El Coca y en la Joya de Los Sachas es común ver a ciudadanos llevar canecas y galones a las gasolineras para comprar combustible. ‘Es para el generador’, respondió uno de los compradores a PRIMICIAS, aunque el vendedor aseguró que era para la minería.
Además, Los Choneros ofrecieron ‘servicios de seguridad’ a los mineros ilegales: es decir, los extorsionaron a cambio de que puedan seguir extrayendo el oro.
La guerra por el oro
Entre 2021 y 2023, la minería en Orellana creció en aparente ‘paz’. Pero después llegaron los problemas. Para tener un mayor control, Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, envió a Orellana a alias ‘Topo’.
Sin embargo, esto generó un cisma en esta organización. La facción de El Coca quedó bajo el mando de ‘Topo’; mientras que Los Choneros de La Joya de Los Sachas y los de Shushufindi se aliaron con alias ‘Camilo’, otro cabecilla que operaba desde la Cárcel de Sucumbíos.
Así empezó un enfrentamiento que empezó a dejar una serie de muertes y las primeras masacres en ambos cantones orellanenses, desde mediados hasta finales de 2023.
Pero todo empeoró. Los mineros ilegales tenían que pagar ‘vacunas’ a ambas facciones de Los Choneros. Por lo que, cansados de esta situación, se desplazaron a Lumbaqui, en Sucumbíos, y contactaron a los Comandos de la Frontera (CDF) para pedir ayuda.
Esta es una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mantiene el control en Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia, asesinando a cualquier miembro de bandas ecuatorianas que intente expandirse en esa jurisdicción.
Los CDF aceptaron dar seguridad a los mineros ilegales a cambio de una parte del negocio y de dirigir su propia línea de abastecimiento de combustible. Entonces, alias ‘Araña’, cabecilla de los Comandos, envió a ‘Cejas’, su segundo al mando, a La Joya de Los Sachas para que comandara esa guerra.
‘Cejas’ fue detenido en abril de 2024 y acusado de ser el responsable de varias masacres en ese sector. Ahora, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional buscan a un nuevo emisario de ‘Araña’, ya que los asesinatos no han cedido tras esa captura.
Las rutas del lavado
Reportes de los agentes de inteligencia policial y militar a los que PRIMICIAS tuvo acceso reportan que los CDF aceptaron inmiscuirse en la minería ilegal como una forma de dinamizar su negocio y lavar su dinero del narcotráfico, que es su principal actividad.
«Tienen mucho dinero, pero no pueden gastarlo», reveló un agente militar. Además, el oficial agregó que, ahora, los narcoguerrilleros toman parte del dinero del narcotráfico y «lo ponen a trabajar» en actividades de minería ilegal.
Posteriormente, a diferencia de otros yacimientos de minería ilegal de Ecuador desde los que se envían los minerales a la provincia de El Oro, en este caso están enviando el oro hacia Colombia, donde lo venden y empiezan a ingresar efectivo al sistema económico legal.
Pero, además, esta narcoguerrilla toma otra parte de las ganancias y la invierte en sistemas de criptomonedas en Europa y Estados Unidos. Así evitan que el dinero ilegal sea rastreado.
Finalmente, la más reciente forma de lavar este dinero de la minería ilegal y el narcotráfico que han identificado las autoridades es a través del contrabando de cigarrillos que vienen de China y Pakistán y luego son vendidos en las calles de Quito, Guayaquil y demás ciudades ecuatorianas. Fuente: Primicias
Nacionales
La ‘batalla’ por la comida de los presos desata una nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral
El monopolio de la comida y la reventa extorsiva de alimentos sería la causa principal de la masacre que sacudió la Penitenciaría del Litoral, en el norte de Guayaquil, según testimonios de familiares y la confirmación de fuentes policiales en el sitio.
El pabellón 3, escenario de una nueva matanza, la madrugada de este 12 de noviembre de 2024, alberga a miembros de al menos cuatro bandas criminales, lo que la ha convertido en el epicentro de tensiones crecientes debido a la monopolización de alimentos.
Se trata de un pabellón tradicionalmente dominado por la banda Los Águilas -brazo armado de Los Choneros-, en la que ahora guardan prisión miembros de al menos cuatro grupos criminales.
Mafia-18, Los Duendes y una pandilla en la que identifican como cabecilla a un alias ‘Freddy’ están entre los ocupantes del pabellón 3.
Los violentos enfrentamientos a bala y cuchillo dejaron un saldo preliminar de 15 muertos y 14 heridos en la madrugada, según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
La falta de acceso equitativo a los alimentos había agravado la ya de por sí frágil convivencia entre los internos.
“Los privados de libertad de las alas de abajo del pabellón, al parecer, querían venderles la comida a los de arriba y por eso se originó el amotinamiento”, le explicó a PRIMICIAS una representante del Comité de Familiares por una Vida Digna en las Cárceles.
Otra mujer sostuvo que los reclusos de las alas 3 y 4 están entre los más afectados. Se trata de miembros de Los Duendes y Mafia-18. Algunos privados de libertad habían advertido 48 horas antes, a través de mensajes a sus familias, que se avecinaba una matanza, refirió.
Reclusos mezclados en crisis de alimentos
Desde la militarización de los centros penitenciarios en enero de 2024, las autoridades decidieron eliminar los pabellones exclusivos de un solo grupo delictivo, lo que dio paso a espacios compartidos por diversas facciones.
Todo en medio de una crisis de provisión de alimentos que inició el 1 de junio de 2024, cuando la empresa contratada suspendió el servicio por falta de pagos, lo que de forma progresiva agravó el estado de salud de los reclusos, explicaron organismos como la Defensoría del Pueblo.
Las familias apostadas este martes afuera de la Penitenciaría -a la espera de la identificación de los fallecidos- ponen en entredicho el nuevo servicio de provisión de alimentos y, sobre todo, la «pésima» calidad de un economato en el que depositan dinero para que los reclusos lo consuman en la cárcel.
La mezcla de internos de distintas agrupaciones criminales en un solo pabellón, incluyendo los pabellones 10, 8, 3 y 7, respondería, según las familias, a la necesidad de frenar la propagación de enfermedades como la tuberculosis y la sarna, y de ubicar a nuevos reclusos.
Tras la matanza se suspendieron las visitas en la Penitenciaría, la mañana de este martes.
Una abogada que debía visitar a un preso del pabellón 3 informó que en la vecina Cárcel Regional, donde están las cocinas y se preparan los alimentos para el complejo carcelario del norte de Guayaquil, se garantiza la distribución adecuada de la comida, lo que “no está ocurriendo en la Penitenciaría”, refirió.
El control militar en entredicho
Tras la militarización de las cárceles, el 9 de enero de 2024, las Fuerzas Armadas organizaron una visita para la prensa con el fin de mostrar la forma cómo se estaba garantizando la alimentación ordenada en los pabellones de la Penitenciaría del Litoral.
También señalaron que la extorsión entre privados de libertad se había acabado, lo que en su momento refrendaron los propios presos.
Pero tras 10 meses, esos dos factores surgen como presunta mecha de una violenta balacera que se extendió por dos horas, la madrugada de este martes (a partir de las 03:45) y dejó incluso dos cuerpos descuartizados.
La Armada del Ecuador tiene a cargo el control del complejo de cinco cárceles, con más de 700 efectivos por turno que acampan en el lugar.
Tras la primera masacre carcelaria de 2024, los uniformados del Bloque de Seguridad hallaron a reclusos hasta en los techos del pabellón, se incautaron incluso granadas y siete armas de fuego.
La Fiscalía informó a media mañana que formulará cargos contra nueve privados de libertad por su presunta participación en los asesinatos.
Media hora después del anuncio en X (antes Twitter), la Policía sacó en un bus a una docena de jóvenes que, desde la ventanilla del automotor, saludaron a familiares apostados en los exteriores de la cárcel, trasladados como presuntos testigos y responsables de la masacre. Fuente: Primicias
La XXIX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará este jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2024 en Cuenca, será histórica por el bajo número de líderes que asistirán.
De los 24 presidentes convocados, solo seis han confirmado su presencia, lo que marca un récord de ausencias desde el inicio de estos encuentros en 1991.
Los confirmados incluyen al rey de España, Felipe VI; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
Además, se esperan la llegada de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de República Dominicana, Luis Abinader; y el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot.
A pesar de las expectativas, numerosos mandatarios no asistirán, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, quien había sido inicialmente confirmado, pero finalmente decidió no viajar.
Tampoco estarán los presidentes de Brasil, Lula Da Silva; de Bolivia, Luis Arce; de Chile, Gabriel Boric; de México, Claudia Sheinbaum; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Nicaragua, Daniel Ortega; de El Salvador, Nayib Bukele; de Perú, Dina Boluarte; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Honduras, Xiomara Castro; y de Uruguay, Luis Lacalle Pou.
Estas ausencias han generado controversia, especialmente después del asalto a la Embajada de México en Quito en abril, que llevó a varios países a romper relaciones con Ecuador, incluyendo México, Nicaragua y Venezuela.
Además, la Cumbre se ve afectada por la reciente crisis en Venezuela, con la participación continua de este país sin su presidente desde 2007.
El rey Felipe VI de España será el único representante de su país, ya que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no asistirá debido a las graves inundaciones en Valencia.
Las ausencias se suman a las complicaciones políticas y sociales de varios países, como la situación en Cuba con los apagones, las tensiones políticas en Bolivia, y la participación de Bukele en otros foros internacionales.
El evento está siendo considerado como una oportunidad histórica para discutir temas clave en Iberoamérica, pero con una representación mucho menor de lo habitual.
Nacionales
Nuevos disturbios en la Penitenciaría del Litoral: se reportan detonaciones y posible saldo de fallecidos
Desde la madrugada de este martes 12 de noviembre de 2024, se registraron graves incidentes en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Testigos reportaron detonaciones dentro del recinto, presuntamente ocasionadas por enfrentamientos entre personas privadas de libertad (ppl).
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó la existencia de disturbios y anunció que se ampliarán detalles en los próximos minutos.
Según información preliminar, uno de los pabellones afectados sería el número 3, y de forma extraoficial, se habla de posibles heridos y fallecidos.
En el lugar, se ha desplegado varias ambulancias del Ministerio de Salud y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, para atender la situación.
Las cárceles de Ecuador han sido uno de los focos de la crisis de violencia que azota a Ecuador desde finales de 2020. Más de 500 presos fueron asesinados entre 2021 y 2023, la mayoría en una serie de masacres carcelarias a causa de enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado.
Estatus de atención prioritaria
Este nuevo episodio de violencia carcelaria ocurre en un contexto de cambios propuestos en la Constitución. El presidente Daniel Noboa presentó el pasado 6 de noviembre un proyecto para reformar los artículos 35 y 51 de la Carta Magna. Esta iniciativa, que pasará primero por la Corte Constitucional y luego por la Asamblea Nacional, busca excluir a las personas privadas de libertad de la lista de grupos de atención prioritaria.
Actualmente, el artículo 35 de la Constitución garantiza atención prioritaria a adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Fuente: Vistazo
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