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Nacionales

Jorge Glas consigue un octavo diferimiento del llamado a juicio por la corrupción en la reconstrucción de Manabí

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La investigación es por peculado y apunta a nueve personas. La Fiscalía intenta demostrar el mal manejo de los fondos públicos asignados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016.

En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la fiscal Diana Salazar presentará el dictamen de acusación del caso. Y, con base en los indicios recopilados en la instrucción fiscal, el juez Julio Inga resolverá cuantos de los nueve procesados irán a juicio.

Dentro de la lista de investigados sobresalen los nombre de Jorge Glas, exvicepresidente de la República, Walter Solís, exministro de Obras Públicas, y Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción.

La instalación de esta audiencia ha sido reiteradamente accidentada por las defensas, desde mayo de 2024. Para el 3 de diciembre de 2024, Inga había convocado al octavo intento de inicio de esta diligencia.

Sin embargo, esta vez, nuevamente hubo inconvenientes. Ni Glas ni su abogada, Vanessa Pullas, se presentaron a la audiencia, que había sido convocada para realizarse de manera presencial. Glas está preso en la Cárcel de Máxima Seguridad La Roca, en Guayaquil, desde abril de 2024.

En la víspera de instalación, la tarde del 2 de diciembre, Glas presentó un escrito solicitando un nuevo diferimiento, ya que su abogada estaría internada en una casa de salud privada de Santo Domingo de los Tsáchilas para lo que presentó un certificado médico asociado a una insuficiencia renal.

La fiscal Salazar se opuso al diferimiento. Hizo notar que el certificado presentado por Glas es una copia simple, no procede de una entidad de salud pública ni está avalado. Por lo que consideró que se trata de una nueva maniobra de dilación.

Por esta razón, Salazar solicitó que la defensa de Glas sea asumida por Diego Jaya, abogado de la Defensoría Pública. Esta petición fue respaldada por la Procuraduría y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), como acusadores particulares.

Ante esta situación, Inga indicó que el certificado médico emitido por un ente privado no cumple con la normativa y no es suficiente para ejecutar un nuevo diferimiento. Por lo que acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso que Jaya represente al exvicepresidente.

Sin embargo, Jaya contestó que no estaba preparado para asumir la defensa de Glas y pidió un tiempo prudencial para prepararse y empaparse del caso. De esta manera, Inga resolvió un octavo diferimiento de la audiencia y la convocó para el 11 de diciembre de 2024, a las 08:00. Fuente: Primicias

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La fiscal general Diana Salazar da a luz a Victoria, su segunda hija; el alumbramiento fue en Argentina

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha dado a luz a «Victoria», su segunda hija, en Buenos Aires, Argentina.

La pequeña, a quien ha nombrado Julia Victoria, nació en el Sanatorio Otamendi, aunque hasta el momento no se ha confirmado la fecha exacta del alumbramiento.

Este viernes 27 de diciembre, se han difundido imágenes y videos del nacimiento de la hija de la fiscal, quien hace tan solo una semana defendió su privacidad y seguridad ante las presiones del correísmo.

El pasado 19 de diciembre, Salazar respondió a un pedido de información realizado por la asambleísta correísta Pamela Aguirre, quien solicitó detalles sobre la ubicación estado de la fiscal.

Ante este hecho, Salazar expresó: «Esa información es interesante para las estructuras criminales que quieren acabar con mi vida y la de mi familia», haciendo alusión al riesgo al que está expuesta debido a su trabajo.

El embarazo de Salazar, que fue revelado públicamente en mayo de 2024, fue de alto riesgo, lo que motivó a la fiscal a compartir con el país su estado de salud y el apoyo recibido de su familia.

«Hoy debo comunicarles que nuestra familia crece, que pronto seremos cuatro y que eso es motivo de profunda alegría para mí y para quienes nos quieren», expresó en ese entonces.

Diana Salazar, quien ha sido incluida en la lista de Time de las 100 personas más influyentes de 2024, continúa al frente del combate contra la corrupción y el crimen organizado en el país.

En su lucha por la justicia, ha reiterado que «la justicia no se arrodilla» y ha pedido respeto por sus derechos fundamentales y los de su familia. Fuente: Vistazo

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Junta Metropolitana emite medidas de protección a favor de la vicepresidenta Verónica Abad

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La Junta Metropolitana de Protección de los Derechos de las Mujeres dictó medidas de protección a favor de la vicepresidenta Verónica Abad, prohibiendo al presidente Daniel Noboa realizar acciones intimidatorias, amenazas o coacción en su contra. Además, se emitió una boleta de auxilio para prevenir cualquier vulneración de sus derechos.

Estas disposiciones fueron emitidas horas antes de que Abad debía viajar a Ankara este viernes 27 de diciembre de 2024. No obstante, la vicepresidenta aún no ha confirmado si cumplirá con la orden, que fue determinada en el Decreto Ejecutivo 490, firmado por Noboa. Este decreto, conocido el mismo día que Abad fue restitución en su cargo, dispone que ella asuma como consejera temporal en la Embajada de Ankara.

Abad se encontraba en Cuenca celebrando la Navidad, y sus abogados han señalado que la Ley Orgánica de Servicio Exterior permite un plazo de hasta 30 días hábiles para el traslado tras ser notificada sobre un viaje oficial.

Además, este viernes 27 de diciembre, se llevará a cabo una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral, en la que se presentarán pruebas y alegatos sobre un caso de presunta violencia política de género, con la exconsejera Diana Jácome como una de las participantes.

La Junta Metropolitana de Protección de los Derechos de las Mujeres, dependencia del Municipio de Quito, se encarga de dictar medidas administrativas para proteger a personas vulnerables ante situaciones de violencia y vulneración de derechos, incluyendo mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores

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Fiscalía abre investigación contra Mario Godoy tras denuncia de jueza

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La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, luego de que la jueza Nubia Vera lo acusara de presionarla para negar una acción de protección a la vicepresidenta Verónica Abad.

Según Vera, también habrían participado otros dos funcionarios, quienes incluso le habrían entregado un pendrive con la sentencia que debía emitir.

La investigación previa tiene como objetivo determinar si existe un presunto delito. De encontrarse indicios suficientes, se formularán cargos; caso contrario, el caso será archivado.

Este jueves, Mario Godoy presentó una denuncia en la Fiscalía y una querella por calumnias contra la jueza Vera. Según él, las declaraciones de la jueza son infundadas y dañan su imagen.

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