Nacionales
El lío judicial contra dos mineras que operan sin licencia ambiental en La Maná será observado por la Corte Constitucional

Un enredo administrativo que ha permitido operar a dos mineras sin licencia en La Maná y con un posible impacto a la naturaleza, se convirtió un lío judicial que ha escalado hasta la Corte Constitucional. Esta instancia deberá determinar si el fallo de tres jueces de la Corte Superior a favor de reanudar las actividades mineras se dio en apego a la norma o cometieron una falta por error inexcusable, lo que les podría costar sus cargos.
Mientras tanto, las empresas siguen extrayendo oro. La defensa de Comiagne y La Mana Rome Gold asegura que las denuncias son una campaña premeditada en su contra, ya que cumplen con todas las reparaciones ambientales. Reconocen que operan sin licencia ambiental, pero culpan al Ministerio de Ambiente de no entregársela.
En la misma zona donde operan las mineras Comiagne y La Mana Rome Gold, también está asentada la embotelladora de agua Splendor, de la empresa Acquad’or que, ante lo que considera daños ambientales producidos por la actividad minera, presentó una acción de protección. Para ello argumentó los mismos informes de las entidades estatales que han determinado: “se hace de manera artesanal sin medidas de prevención y cuidado del recurso hídrico”; “existe una piscina presuntamente de sedimentación, sin ningún manejo ambiental”; “los parámetros de aluminio, sólidos suspendidos y hierro se encuentran sobre norma, por lo que se deberá solicitar a la DZ3 inicio de proceso administrativo”; “una vez realizada las inspecciones técnicas a las concesiones Ximena 1 se pudo verificar que los incumplimientos continúan y a pesar de que las mismas se encuentran suspendidas siguen realizando actividades mineras”.
En una primera instancia, en julio pasado, un tribunal anticorrupción, conformado por los jueces Carlos Serrano, Gabriela Lara y Christian Fierro, aceptó la acción de protección y ordenó el cese de actividades mineras, dispuso a los entes de control hacer una inspección y determinar la afectación ambiental. Además, pidió que se informe si hay investigaciones previas en Fiscalía por delitos ambientales, entre otras medidas. “En el caso que nos ocupa ha quedado probado el daño ambiental, la falta de licencia ambiental y la omisión de las entidades demandadas”, sentenció el tribunal.

Esto llevó a Acquad’or a interponer una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y una queja en el Consejo de la Judicatura contra los tres jueces de segunda instancia, para que se inicie un proceso disciplinario por posible error inexcusable. El motivo: Acquad’or denuncia que los jueces no dieron cuenta de la omisión cometida por los entes de control al no evidenciar los daños ambientales ya que se estaría contaminando el agua de los ríos y sin licencia ambiental. Además, argumenta que llama la atención que el tribunal avocó conocimiento de la causa el jueves 26 de septiembre y, el martes 1 de octubre, tras haber revisado más de 700 páginas del expediente, emitieron su decisión en favor de las mineras. En decir, “en dos días laborables”, cuando en estos casos los jueces suelen tardar semanas o meses en llegar a una resolución.
JUECES PODRÍAN IR A CONTROL DISCIPLINARIO
El pasado 10 de noviembre, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha ofició al presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, la solicitud de declaratoria jurisdiccional en este caso. Eso quiere decir que un juez constitucional deberá analizar la causa: si no encuentra inconsistencias, archivará el caso, pero si las encuentra, emitirá un informe que se denomina “declaratoria jurisdiccional previa”. Esa es la manera en la que se controlan las acciones puntuales de los jueces.
Luego, ese informe deberá llegar al Consejo de la Judicatura para iniciar un sumario administrativo y emitir la sanción correspondiente. Un juez incurre en error inexcusable si (en una sentencia) hace una interpretación jurídica grave, mañosa o grosera, que no admite disculpa. Por lo tanto, la sanción es la destitución, explica la vocal de la Judicatura Solanda Goyes. Sin embargo, si la Judicatura resuelve que la falla no es tan grave, puede aplicar una sanción de suspensión por un mes sin sueldo. Pero, si en el análisis identifican que la decisión causó daños irreparables a las partes involucradas, a terceros o daños a la credibilidad del sistema de justicia, la única salida es la destitución.
De todos modos, Goyes dice que en el proceso de sumario administrativo los jueces observados tienen derecho a contradecir y argumentar sus descargos. Esta alianza pidió una entrevista con los jueces Lady Ávila, Diana Fernández y Leonardo Barriga, que fallaron a favor de las mineras, para conocer su posición en el caso. Pero, a través del departamento de Comunicación de la Corte de Pichincha, respondieron que “no pueden pronunciarse sobre las resoluciones”.
LA DEFENSA DE LAS MINERAS
¿Cómo han podido operar Comiagne y La Mana Rome Gold por más de una década sin licencia ambiental en una zona de recarga hídrica? Tomás Alvear, abogado defensor de las empresas mineras, dice que todo esto es una campaña de desprestigio patrocinada por la empresa Acquad’or que solo responde a intereses económicos y no a una preocupación por el medio ambiente.
Alvear explica que en el proceso judicial se demostró que las empresas cumplieron con cada una de las sanciones emitidas por las diferentes entidades de control, dando cumplimiento a las reparaciones ambientales solicitadas. “Como todo proceso humano, la minería genera pasivos ambientales, que se han subsanado, sino no podríamos operar. No hay estudios que determinen la contaminación del agua”, dice Alvear.
Sobre la licencia ambiental que debe emitir el Ministerio de Ambiente afirma que cada dos años hacen la solicitud al Ministerio de Ambiente, pero que no han recibido respuesta al trámite en los seis meses que prevé la ley, lo que da cuenta de un “silencio administrativo”, que se interpreta como un visto bueno ya que no hay objeciones para la operación minera. “No es una omisión del titular minero, sino del Ministerio de Ambiente que no da trámite”, afirma el jurista, y añade que esto acarrea la destitución de los funcionarios que lo deben realizar.

Este medio también pidió una entrevista con un vocero de Ambiente, para conocer los motivos por los cuales no se ha emitido la licencia ambiental por más de una década, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería, dice que sí hay la figura de silencio administrativo si el trámite no se resuelve en seis meses, pero eso simplemente aprobaría un estudio de impacto ambiental que es un requisito, pero no emitirá la licencia que es un proceso posterior. “Todos estamos conscientes de las demoras e ineficacias del Estado, pero la licencia ambiental es el permiso más importante. Hay empresas que esperan hasta 18 meses porque quieren hacer un trabajo legítimo”.
¿Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA?
La Corte Constitucional deberá resolver este caso por dos vías. El primero será dar trámite a una acción de protección extraordinaria que presentó Acquad’or para revisar la sentencia del tribunal de Corte Provincial de Pichincha y la segunda será el informe de error inexcusable contra los mismos jueces.
Según Miguel Molina, abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de Universidad Internacional (UIDE), el principal problema de la sentencia, más allá de que llama la atención que solo tomó dos días laborables en emitir su decisión, es que los jueces no tomaron en cuenta los derechos de la naturaleza, y consideraron suficientes los argumentos de los entes de control, cuando ha quedado demostrado que, pese a los informes y sanciones, el daño ambiental y los incumpliendo se siguen prolongando. Lo que considera una inobservancia a los derechos constitucionales.
“Es obligación del Estado velar por los derechos de la naturaleza y no puede lavarse las manos. Las instituciones del Estado deben ser las primeras interesadas en sancionar y no lo ha hecho. Sentimos que es trabajo de la academia involucrarse en esto”, dice Molina, quien el 9 de diciembre presentó un Amicus Curie dentro de esta causa. Este término que se traduce como amigo de la corte, para aportar datos e ideas que puedan ayudar a tomar la decisión a los jueces constitucionales.

Con este criterio coincide Ramiro Ávila, expresidente de Corte Constitucional: “La Corte ha emitido amplia jurisprudencia respecto a los derechos de la naturaleza: está el caso de Los Cedros, que habla del principio de precaución frente los posibles daños que podría afectar una actividad minera, por ejemplo, y el caso Río Monjas que trata sobre el cuidado de los ríos”. Efectivamente, estos argumentos no fueron considerados por los jueces, aunque el caso Los Cedros sí fue considerado por el tribunal anticorrupción que falló a favor de cesar las actividades de Comiagne y La Mana Rome Gold en primera instancia.
Según los constitucionalistas, las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, y se podría considerar una vulneración si los jueces no aplicaron esta jurisprudencia, por desconocimiento u otra razón.
No obstante, para el abogado de las mineras los tres jueces consideraron todos los derechos, incluidos los de naturaleza. Hace énfasis en que la justicia constitucional no debe resolver cuestiones que ya resolvieron los entes de control como el Ministerio de Ambiente, aunque todavía no emita la licencia ambiental. Además, dice que no hay nada raro en el tiempo que el tribunal dictaminó la ressolución, pues lo que se busca es la celeridad.
¿En qué terminará? La acción de protección la deberá resolver Karla Andrade, magistrada de la Corte Constitucional. Y lo más seguro, dice Miguel Molina, es que ella misma tendrá que pronunciarse sobre el error inexcusable, ya que se trata del mismo tema. El caso se resolverá en los próximos meses.
¿CONTROL DE POLÉMICAS SENTENCIAS?
Hay dos niveles en la evaluación del sistema judicial que no tiene un mecanismo para examinar la calidad de las sentencias de una manera sistemática. Por el momento puede actuar de oficio en casos puntuales porque un juez se demora mucho en emitir una sentencia, por ejemplo. Pero cuando hay casos para revisar la actuación sobre las decisiones de un juez hace falta una demanda o queja para proceder con el proceso disciplinario de error inexcusable u otras causales que, previamente debe ser declarado por los tribunales superiores.
La vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, explica que el control disciplinario es un nivel. Y el otro nivel es la evaluación de jueces, que tiene que hacerse por ley cada tres años, pero que no se ha hecho y hacen falta reformas para una evaluación oportuna. En ese contexto, Goyes ha propuesto la evaluación de tres pilares. Primero, la productividad para analizar cuántas sentencias emite en determinado periodo. Segundo la calidad de las decisiones, para lo cual debe tomarse una muestra, pues los jueces dictan entre 300 y 500 sentencias cada año, y no se pueden analizar todas. Y tercero la probidad, que implica que la Contraloría y otras instituciones del Estado proporcionen información sobre el patrimonio y otras consideraciones de los servidores judiciales.
Pero para esto también hace falta la aprobación de una reforma que está en manos de la Asamblea. “Entonces nadie mide la calidad de los fallos ni si están sustentados, hasta que la Asamblea apruebe la reforma. Esto hace que evita la rendición de cuentas sobre los pronunciamientos o sentencias”, comenta un juez que prefiere que no aparezca su nombre. Esto impide tener una radiografía del sistema judicial y separar a los jueces que tengan un desempeño deficiente.
Nacionales
Ministerio del Gobierno alerta sobre ataques terroristas y manifestaciones violentas contra Daniel Noboa

El Ministerio del Gobierno alertó sobre la posible gestación de un magnicidio, ataques terroristas y calentamientos de calles mediante manifestaciones violentas. Esta cartera de Estado publicó un comunicado sobre «La venganza de los malos perdedores», en base a información de inteligencia.
El Ministerio, liderado por José De La Gasca, indicó que condena y repudia enérgicamente cualquier intento de atentar contra la vida del presidente Daniel Noboa Azín, autoridades del Estado y funcionarios públicos. «Es deplorable que estructuras criminales, en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas, pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror», señala la cartera de Estado.
El Ministerio de Gobierno señaló que el Estado está en alerta máxima y que se han activado todos los protocolos de seguridad. Además, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia están trabajando de forma articulada para neutralizar cualquier amenaza.
Esta alerta se hace pública a cinco días de que ganó Daniel Noboa Azín en las elecciones presidenciales y estará en el Palacio de Carondelet hasta 2029. Fuente: Vistazo
Nacionales
¿Quién es la vicepresidenta electa María José Pinto? La empresaria textil que dio el salto a la política

María José Pinto González Artigas nació en 1986. Era, hasta hace más de un año, ejecutiva de Empresas Pinto, aunque todavía es accionista con un capital de casi dos millones de dólares, según la Superintendencia de Compañías. Ahora es la vicepresidenta electa que asumirá funciones el 24 de mayo junto a Daniel Noboa, tras su victoria en segunda vuelta.
Pinto inició en política a finales de 2023, cuando el presidente Daniel Noboa la designó como titular de la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. En el 2024 dejó su cargo para dedicarse a la campaña y acompañar a Noboa en su recorridos, como el rostro social con las mujeres y los niños.
Hasta hace unos nadie habría imaginado que ella incursionaría en política a pesar de que su padre, Mauricio Pinto, heredero y gerente de Empresas Pinto, fue ministro de Industrias, ministro de Economía, representante ante de la Junta Monetaria y hasta presidente de la Consejo Nacional de Modernización del Estado, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén.

De los textiles a la política social
María José Pinto terminó el colegio y se fue a estudiar alta costura en París. Sus profesores y familiares, sobre todo su papá, la veían estudiando una ingeniería para que ella continuara el legado empresarial, pero inicialmente ella tomó otro rumbo. Trabajó en una casa de modas en Ámstedam y Dubai.
Finalmente, regresó a Ecuador a sus 24 años para laborar en la empresa familiar. Empezó en cargos medios y cuatro años después ocupó la gerencia de Innovación y otros puestos empresariales que dejó para trabajar en el gobierno de Daniel Noboa.
Entre sus estudios académicos, Pinto González cursó el Master of Business Administration en el INCAE, de Costa Rica, y varios diplomados en el IDE Business School, uno de ellos el de Mujeres en Gobierno Corporativo. Justamente una de sus ambiciones ha sido la participación de las mujeres en la alta gerencia empresarial. Por eso es cofundadora y miembro de Mujeres por Ecuador, organización desde la cual se promueven estrategias para este fin. Y tiene una posición en la Asociación de Industriales Textiles de Ecuador.
Como empresaria hizo ayuda social en comunidades indígenas con proyectos para niños y mujeres, motivo por el cual Noboa la designó a la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y, en julio de 2024, la eligió como binomio presidencial. Ella sería el rostro de la labor social. Aunque acompañó al presidente candidato Daniel Noboa en los recorridos de campaña, su imagen no trascendió mucho.

No obstante, ahora que el binomio de ADN ganó la Presidencia en esta segunda vuelta, Pinto está tomando un papel protagónico con mensajes de unidad. Tres días después de la victoria publicó un video en sus redes sociales en el que hizo un llamado a bajar el tono de la confrontación, “para los que votaron y no votaron por nosotros”, decía.
Un día más tarde emitió otro video con el siguiente mensaje:
Aún no se conoce exactamente qué papel cumplirá Pinto en la gestión de Noboa que empieza el próximo 24 de mayo. El presidente tiene la atribución de encargar lo que él considere deben hacer su vicepresidenta. Guillermo Lasso, por ejemplo, encargo a su vice, Alfredo Borrero, el sector de la Salud. Daniel Noboa, designó a su primera vicepresidenta, Verónica Abad, como embajadora en Israel, algo que fue interpretado más como un exilio.
Las coincidencias de Pinto con Noboa
Esta vez, Daniel Noboa tuvo la oportunidad de escoger a su binomio. En la elección pasada los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Mover, con los que hizo alianza para lanzarse por primera vez, le impusieron a Verónica Abad. Ahora con partido propio, ADN, escogió a su amiga y funcionaria.
Varias cosas los unen. Los dos son menores de 40 años y herederos empresariales de compañías que tienen décadas: Empresas Pinto y Grupo Noboa. Las dos familias y empresas vivieron problemas en el gobierno de Rafael Correa.
Al grupo Noboa le incautaron la hacienda bananera La Clementina, por deudas tributarias con el SRI, para entregársela a sus trabajadores. Paralelamente, la empresa de textiles Pinto trasladaba una de sus plantas hacía Perú, ya que su personal estaba manejado por otra compañía y el gobierno eliminó la tercerización. A Mauricio Pinto, padre de la ahora vicepresidenta electa, el Ministerio de Trabajo le impuso una multa de más de 400 mil dólares, por no recontratar a los trabajadores de la planta que había trasladado a Perú. Incluso hubo una insólita orden de prisión en su contra, que luego fue retirada. Pero la llaga quedó latente.
Las familias de ambos han aspirado y ocupado el poder político. Álvaro Noboa, papá de Daniel, fue presidente de la Junta Monetaria en el gobierno de Abdalá Bucaram y cinco veces candidato a la presidencia. El padre de María José, Mauricio Pinto, ocupó varios cargos en el gobierno de Sixto Durán Ballén.
Pero hay más coincidencias y pasado en común, Mauricio Pinto fue asesor de Luis Noboa, abuelo de Daniel, en sus empresas.
Noboa y Pinto, los dos jóvenes empresarios que unió la política, comandarán el país hasta el 2029. Fuente: Vistazo
Nacionales
¿Se acerca el declive del correísmo? De la hegemonía política a perder tres elecciones presidenciales

Todos los analistas políticos coinciden en que Rafael Correa es el motivo por el cual el correísmo siempre queda finalista para disputar la Presidencia, pero en el balotaje no logra llegar a Carondelet por culpa de la incontinencia verbal del mismo Correa y todo lo que implica su figura.
Hoy, el movimiento atraviesa una crisis quizá más profunda que las anteriores: no solo perdieron la tercera elección consecutiva, en la que su candidata prácticamente no sumó votos entre la primera y segunda vuelta, sino que se están exponiendo marcadas divisiones internas.
La misma noche del domingo 13 de abril, Luisa González y Rafael Correa no reconocieron el triunfo de Daniel Noboa, mientras parte de las figuras más destacadas del correísmo, los alcaldes Aquiles Alvarez y Pabel Muñoz, y las prefectas Marcela Aguiñaga y Paola Pabón, se aprestaban para colaborar con el presidente reelecto.
Quizá es el inicio de una reconfiguración del correísmo. La última baja fue Mónica Salazar, asambleísta reelecta por la provincia de Los Ríos, que anunció su separación de movimiento, sobre todo, por diferencias con Luisa González, según dijo.

¿Se desarma el correísmo tras el triunfo de Noboa?
El movimiento surgió en 2006 con el membrete de Alianza PAÍS: un discurso progresista para acabar con la “partidocracia”, que al poco tiempo se convirtió en un régimen autoritario ajeno a la crítica. Correa mejoró los indicadores sociales, beneficiado por la bonanza petrolera y la deuda con China, pero no cambió la matriz productiva. Desde el 2015, la economía empezó a retroceder y el crecimiento de la burocracia que impulsó la Revolución Ciudadana ya no podía sostenerse con bajos precios del petróleo. Empezaron a hablar de inversión privada extranjera, de vender el Banco del Pacífico o de concesionar hidroeléctricas, pero no les resultó.
En 2015 el mismo Correa propuso cambiar su Constitución de Montecristi que, aparentemente iba a durar 300 años, para introducir una reforma que permitiera la reelección indefinida. No obstante, en 2017 no se lanzó y puso a Lenín Moreno, quien lo “traicionó”.
Muchos dijeron que ese sería el final del correísmo. Quedó fraccionado, perdió militantes, pero no murió. Moreno terminó quedándose con el membrete de Alianza PAÍS, que luego acabó sepultado; los correístas, por su parte, inscribieron el movimiento Revolución Ciudadana.
Con el pasar del tiempo el correísmo perdió el lugar hegemónico que logró entre 2007 y 2017, pero luego de eso se convirtió en la oposición que dirime la coyuntura. A Moreno apenas lo dejaron terminar su mandato. A Guillermo Lasso lo arrinconaron hasta que decretó la muerte cruzada y con Noboa se han declarado la “guerra». La derrota de esta elección presidencial es un golpe, pero no su final.

“Ya han dicho muchas veces que es el fin del correísmo y vemos cómo tienen las principales alcaldías y prefecturas. Han estado en todas las elecciones disputando la Presidencia. Hay que entender que la única organización política sólida, con bases y con afán de permanencia es el correísmo”, dice Mauricio Alarcón, analista y director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
La Izquierda Democrática, que era uno de los partidos con bases y que funcionaban de manera estructurada, ahora prácticamente está borrada del mapa, y el Partido Social Cristiano apenas logró poner cuatro asambleístas en estas elecciones. “El resto de organizaciones han nacido al calor del ‘anticorreísmo’, como CREO con Guillermo Lasso. Pero son partidos personalistas que no logran trascender. ¿Dónde están?”, cuestiona Alarcón. El mismo camino tuvo Construye, que usó la figura de Fernando Villavicencio y ahora está casi extinto.
En esto coincide el analista político César Febres Cordero: “Toda mi vida escuché que decían que el PSC ya estaba muerto y ahí sobrevive. El correísmo es un movimiento joven. Correa ha sido su primer caudillo y se quedará por más tiempo”. Pero sí considera que la Revolución Ciudadana tiene una crisis, de la cual es culpable su propio caudillo.
“El correísmo siempre ha tenido al interno una confrontación entre las tendencias más conservadoras y más progresistas o entre los ambientalistas y desarrollistas. Pero eso no importaba porque Correa zanjaba las diferencias. Con Correa lejos esto se vuelve cada vez más evidente y se van a ver más fisuras tras la amplia victoria de Noboa”, acota Febres Cordero.
Las causas de la crisis del correísmo
El hecho de que nuevos movimientos emerjan y vivan del discurso anticorreísta da cuenta que está vigente y lejos de desaparecer. La última elección mostró que hay un 44 por ciento de la población que confía en ese proyecto político, mientras que el 56 por ciento desconfía de él.
Por eso, la victoria del presidente reelecto, «más que un respaldo a Noboa, fue un rechazo al regreso de la Revolución Ciudadana. La narrativa sobre el narcotráfico, la dolarización en peligro y los vínculos con Venezuela fueron eficaces para generar temor», dice la politóloga Selene López.
En este sentido, López considera que no se trató de una campaña de propuestas, sino de relatos para explotar los errores ajenos. Al correísmo le tocará replantear su narrativa y buscar la manera de que sus candidatos no vivan a la sombra del caudillo, y que ganen o pierdan los votos, no por la figura de Correa, sino por el liderzgo de cada uno.
De momento, los analistas dicen que la fractura que evidencia la cúpula correísta con Pabel Muñoz y el resto de autoridades seccionales, por el reconocimiento del triunfo de Noboa se puede leer de dos maneras.
La primera, que alcaldes y prefectos necesitan una buena relación con el Presidente porque dependen de los recursos asignados por el Estado central. Y lo segundo, podría ser una presión de estos líderes a la cúpula del correísmo para cambiar de estrategias y ampliar su base de votación. Quizás buscar alianzas más amplias, a las que el correísmo siempre ha sido esquivo porque hizo de la confrontación su bandera.
La elección demostró que Luisa González apenas creció unos 160 mil votos entre la primera y segunda vuelta, mientras que Noboa ganó 1,3 millones de votos adicionales. Eso quiere decir, al menos en teoría, que la alianza con Leonidas Iza y Pachakutik no le sumó nada. Mucho menos la alianza con Jan Topic en los últimos días de campaña.

Según el análisis de Javier Rodríguez, PhD en Sociología, en Cotopaxi, por ejemplo, donde Iza alcanzó parte importante de su votación, Luisa creció un 37 por ciento en la segunda vuelta, pero Noboa creció un 68 por ciento . En Pichincha, González creció solo 4 puntos porcentuales, mientras que Noboa obtuvo 32 incrementando su votación en un 32 por ciento. Pero en provincias como Santo Domingo, El Oro y Guayas, el correísmo incluso decreció. Es decir, votos que obtuvieron en primera vuelta, en el balotaje se fueron a Noboa.
Rodríguez dice que todavía es muy pronto para sacar conjeturas y que los resultados a nivel cantonal y parroquial permitirán ver con mejor precisión dónde está estancándose el correísmo y por qué Noboa creció tanto, más allá de las hipótesis que ya se han esgrimido.
Lo cierto es que el correísmo tendrá que replantear su estrategia, porque parece que su discurso ya no está actualizado con las demandas de las nuevas generaciones. Les pasa a todos los partidos politicos. Y mientras no haya movimientos estructurados y con base electoral, el correísmo seguirá siendo la mayor fuerza política. El tiempo dirá si Daniel Noboa y ADN le arrebatan ese puesto. Fuente: Vistazo
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