Connect with us

Opinión

Minería y legalización ¿solución o nuevo problema en Zamora Chinchipe?

Publicado

on

La provincia de Zamora Chinchipe, situada al sureste de Ecuador, conocida como la tierra de aves y cascadas por su gran biodiversidad y recursos minerales. Sin embargo, en los últimos años, la minería ilegal se ha convertido en un problema alarmante que amenaza no solo el medio ambiente, sino también las comunidades locales y el Estado constitucional de Derechos y Justicia. Este fenómeno exige un análisis profundo de sus causas, consecuencias y posibles soluciones.
El académico Ramiro Ávila, experto en Derechos Humanos y medio ambiente, advierte que “la legalización de la minería artesanal no puede ser un fin en sí mismo, sino una herramienta que permita garantizar los derechos de la naturaleza, las comunidades y la sostenibilidad. De lo contrario, corremos el riesgo de institucionalizar la destrucción”.

La minería ilegal en Zamora Chinchipe se ha expandido debido a la falta de control estatal, la demanda creciente de minerales preciosos como el oro y las oportunidades económicas limitadas en la región. Estas actividades extractivas, realizadas sin autorización ni regulación, generan impactos negativos que van desde la deforestación y contaminación de ríos hasta conflictos sociales.

Uno de los principales problemas es el uso de mercurio y otros químicos tóxicos en los procesos de extracción, lo que afecta gravemente la calidad de agua y pone en peligro la salud de las comunidades y la fauna local.

La minería ilegal en Zamora Chinchipe tiene múltiples repercusiones que afectan tanto a las comunidades locales como al entorno natural. En el ámbito ambiental, la destrucción de bosques y ecosistemas únicos compromete la biodiversidad y altera los ciclos naturales de los ríos. La contaminación por metales pesados, como el mercurio, tiene efectos a largo plazo en el suelo y el agua, dificultando la regeneración de estos ecosistemas.

En el plano social, muchas comunidades campesinas e indígenas se ven obligadas a abandonar sus tierras debido a la presión de mineros ilegales. Esto provoca una pérdida de tradiciones y modos de vida, además de generar conflictos entre los diferentes actores involucrados. Por otro lado, aunque genera ingresos para algunos, la minería ilegal perpetúa la economía informal, sin aportar recursos al Estado mediante impuestos o regalías, privando así a la provincia de fondos necesarios para el desarrollo sostenible.

En Ecuador, la minería está regulada por la Ley de  Minería y la Constitución de la Republica del Ecuador del año 2008, que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. No obstante, la aplicación de estas normas ha sido insuficiente en Zamora Chinchipe. La falta de recursos y coordinación entre instituciones ha permitido que la minería ilegal prospere en muchas áreas.

El Estado ha implementado operativos para erradicar estas actividades, pero su eficacia ha sido limitada. Además, las sanciones penales contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) a menudo no disuaden a los infractores debido a la rentabilidad de la minería ilegal. Estas debilidades estructurales demandan una estrategia más integral para enfrentar el problema.

Una de las estrategias que ha generado debate es la legalización de la minería artesanal y de pequeña escala como una forma de mitigar los impactos de la minería ilegal. Esta medida busca integrar a los mineros en el sistema formal, garantizando el cumplimiento de normativas ambientales y laborales.

La legalización podría ofrecer diversos beneficios. En primer lugar, al operar dentro de un sistema legal, los mineros estarían obligados a adoptar prácticas más sostenibles, reduciendo la contaminación y el daño ecológico. Además, integrar a los mineros al sistema formal permitiría la recaudación de impuestos y regalías, generando recursos para la inversión pública en la región. Por último, esta medida podría disminuir los conflictos sociales y brindar acceso a programas de capacitación y asistencia técnica.

Sin embargo, la legalización de la minería debe garantizar que no se convierta en una puerta abierta para actividades nocivas y que el Estado disponga de los recursos necesarios para supervisar y regular eficazmente el sector. Además, se requiere un enfoque participativo que incluya a las comunidades locales en la toma de decisiones.         
Es importante analizar el problema de manera integral, es necesario implementar alternativas que promuevan un desarrollo sostenible. Primero, el fortalecimiento institucional es clave. Dotar a las instituciones locales de recursos suficientes para monitorear y controlar la minería en la región podría mejorar la eficacia del Estado en la lucha contra la minería ilegal.

Segundo, invertir en proyectos de desarrollo sostenible, como el ecoturismo y la agricultura orgánica, podría ofrecer fuentes de ingresos legales y sostenibles para las comunidades. Estas alternativas económicas no solo diversificarían la economía local, sino que también preservarían el medio ambiente.

Tercero, las campañas educativas son importantes para ayudar a las comunidades a comprender los riesgos de la minería ilegal y promover una cultura de respeto hacia el medio ambiente. Finalmente, la cooperación internacional es fundamental, ya que la minería ilegal es un problema transnacional.

La minería ilegal en Zamora Chinchipe es un problema que requiere soluciones integrales y sostenibles. La legalización de la minería artesanal, junto con la promoción de alternativas económicas y el fortalecimiento de las instituciones, puede ser parte de la solución. Solo mediante la colaboración entre el Estado, las comunidades y el sector privado se podrá mitigar este problema y garantizar un futuro en el que la riqueza mineral de la región no se convierta en su mayor maldición.

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Zamora

Minería sin control: silencio cómplice y riesgo inminente para la infraestructura pública de Zamora Chinchipe

Publicado

on

Me dirijo con profundo respeto, pero también con absoluta firmeza, a todas las autoridades de la provincia de Zamora Chinchipe: presidentes y vocales de juntas parroquiales, concejales, alcaldes, Prefectura, Gobernación, MAATE, ARCOM, y a los representantes legislativos que tienen el deber de actuar más allá del discurso.

Hoy, la minería mal ejecutada no solo erosiona el suelo: está socavando la confianza ciudadana y destruyendo la infraestructura vial que con esfuerzo ha levantado el Estado. Casos como el de la vía rural que conecta el Puente del Amor en Yantzaza con La Floresta, Playas de Cuye y Zumbi, en Centinela del Cóndor, no pueden seguir ignorándose. En La Floresta, por ejemplo, ya se ha perdido un tramo de aproximadamente 80 metros de la mesa vial, y todo apunta a la actividad minera irresponsable desarrollada en las orillas del río.

Debo ser claro: no estamos en contra de la minería, reconocemos que dinamiza la economía y genera empleo. Pero no puede permitirse que, bajo ese argumento, se justifique la destrucción de caminos, puentes y obras que han sido financiadas con recursos públicos. Lo responsable es promover una minería técnica, legal, regulada y respetuosa de la vida comunitaria y del entorno.

Es preocupante la inacción de muchas autoridades. El silencio frente a esta problemática —incluido el de la Prefectura que debe velar por lo que le corresponde defender, también el de los legisladores— resulta inaceptable. No basta con aparecer en movilizaciones donde los ciudadanos con justo derecho reclaman y ustedes dan sus pronunciamientos en redes sociales. Se requiere acción coordinada y sostenida: campañas de concientización para los mineros, capacitaciones técnicas, normativas claras y un seguimiento riguroso a los impactos que se generan.

La lista de puentes que está en riesgo es larga: el viaducto sobre el río Zamora que da acceso a Zumbi, el puente de Panguintza camino a La Hueca, el de Chamico, los tramos en riesgo en la vía asfaltada entre La Saquea y Guadalupe, sector de Cartagena, La Saquea – Guaguayme Bajo… Estos puntos críticos no pueden esperar más.

Nos estamos jugando el futuro de nuestros nietos. Lo que hoy no se protege, mañana costará millones o será irrecuperable. El Estado no puede continuar asumiendo los costos de los daños provocados por prácticas irresponsables. Si no hay una respuesta inmediata, muchos nos preguntaremos: ¿acaso el silencio y la inacción tienen un cálculo político?

Hago un llamado, tanto a las autoridades como a los mineros, para que actuemos con visión de futuro, responsabilidad ética y compromiso con el bienestar colectivo. La ciudadanía ya no tolera la complicidad pasiva ni las promesas vacías.

La minería puede ser compatible con el desarrollo, pero solo si se ejecuta con responsabilidad y justicia ambiental y social. Señoras y señores autoridades: el silencio también es una forma de ser cómplices. La historia juzgará nuestra indiferencia.

Por Alcibar Lupercio

Continuar Leyendo

Noticias Zamora

¡Maestros, luminarias de esperanza para generaciones enteras!

Publicado

on

Por  Mario Paz, Mgs.

Ser docente en el Ecuador ha sido, una vocación llena de sacrificios y desafíos. La historia del magisterio ecuatoriano ha estado marcado por una constante lucha por el reconocimiento de su labor y la mejora de sus condiciones económicas. Desde 1944, año clave en la institucionalización de derechos laborales para los Docentes, hasta el presente 2025, se ha evidenciado una evolución significativa en los salarios y jubilaciones del sector educativo. Este artículo realiza un recorrido histórico por las principales reformas, políticas y momentos clave que han influido en el progreso de las remuneraciones y beneficios sociales de los Maestros ecuatorianos. Comprender este proceso no sólo permite identificar a los Gobernantes que han tenido la voluntad política de invertir en el sistema educativo y valorar los avances alcanzados, sino también reflexionar sobre los desafíos pendientes en la valorización del trabajo Docente. En este artículo, quiero compartir, desde la mirada de un docente, cómo estas políticas transformaron nuestra realidad y por qué es importante mantener vivo el compromiso con una educación que también cuide a quienes la hacen posible. Porque hablar de educación no es solo hablar de estudiantes, infraestructura y currículo, sino también de quienes, día a día, entregan su vida a formar generaciones.

HISTORIAL DE LOS SALARIOS DE LOS DOCENTES:

En noviembre de 1944, fue promulgada la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional y se mantuvo vigente en el Ecuador por más de sesenta años, fue modificada totalmente en el 2011, con la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).  Entre 1944 y 2000, los Docentes enfrentaron desafíos significativos en cuanto a sus condiciones salariales y de vida. Las crisis económicas de las décadas de 1970, 1980 y 1990 tuvieron un impacto negativo en los salarios y el bienestar social de los Profesores, sus condiciones salariales fueron precarias, algunos laboraban por la modalidad de horas clase (hora trabajada hora pagada), sin derecho a seguridad social y con salarios insignificantes, que obligaba a los dueños de los almacenes, las tiendas y  farmacias a exhibir letreros que decían: “prohibido el crédito al magisterio”, a este nivel de humillación fueron sometidos los Docentes de aquella época.

Durante el período comprendido entre 2000 y 2006, con una economía dolarizada, los salarios de los docentes eran relativamente bajos, debido a la situación económica del país,  fluctuaban según la categoría del docente entre  290,97 dólares y .  375,40 dólares,  durante este período los salarios se mantuvieron relativamente estancados, reflejando la falta de inversión en el sector educativo. Los sueldos no se pagaban puntualmente y existían continuas paralizaciones del servicio educativo. El abandono a la educación por parte del estado, dio como resultado que en el 2006 la UNESCO determinó que el Ecuador era una de los 3 últimos países en Latinoamérica en calidad educativa. A raíz de ese diagnóstico se  implementó el plan decenal de educación 2006–2015 (aprobado en consulta popular el 26 de noviembre de 2006) y  la aplicación de un  nuevo modelo de gestión.

Durante los diez años del gobierno del presidente Rafael Correa (2007-2017), se aprobó la nueva Constitución, se implementó la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y con ello los salarios de los docentes en Ecuador experimentaron incrementos significativos, sustentados en la 7ma política del plan decenal de educación: “Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida”.

Entre 2007-2011: se implementaron incrementos salariales progresivos para los docentes por el monto de 55 dólares y para 2011, el salario de un maestro ascendió a 640 dólares, representando un aumento del 70% en comparación con 2006.

Desde 2012, el salario promedio de los docentes ha mostrado un incremento constante. Por ejemplo, en 2013, el salario promedio era de aproximadamente $1005,76 USD, y para 2016, este promedio había aumentado a $1142,94 USD2. En el 2008, el 1,27% de los docentes ganaban un salario mayor a la canasta básica, mientras que en el 2016 el 88,25% de los docentes gana un salario mayor a la canasta básica. La canasta básica familiar del mes de febrero del año 2017 fue de 708.52 dólares. En enero de 2016, mediante reforme a la LOEI de 25 de agosto pasaron de 530 a ganar 817 dólares, mientras que los profesores sin título de tercer nivel aumentaron su salario de 430 a 675 dólares. Estos incrementos reflejan los esfuerzos realizados durante el gobierno de Rafael Correa para mejorar las condiciones salariales de los docentes en Ecuador.

El 9 de marzo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) con 126 votos a favor y 8 abstenciones. Con esta ley, el piso de dicha escala salarial de los Docentes (categoría J) era el equivalente a 2,5 salarios básicos unificados del trabajador y  el resto de categorías desde la “I” hasta la “A”, debían ser calculadas con las escalas remunerativas del servicio público (resolución no. mrl-2012-0021 de fecha 27-01-2012). Sin embargo, El ex presidente Guillermo Lasso, emitió un veto total por inconstitucionalidad al proyecto de reformas a la LOEI en el componente de remuneraciones, por lo que, en agosto de 2021, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el incremento de salarios a los maestros. Adicionalmente el señor  Lasso, a través del presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la LOEI en el componente de jubilación, argumentando que la disposición sobre la jubilación especial de los docentes carecía de sustento financiero y actuarial. Por la mezquindad del señor Lasso, pese a que en campaña electoral (10 de abril de 2021) ofreció respaldar a los Docentes con la implementación de todas las reformas a la LOEI que fue publicada en el registro oficial el 19 de abril de 2021. Luego del espaldarazo del señor Lasso a los Docentes, los salarios actuales  quedaron establecidos así: categoría J, 733 dólares,  categoría I,  817 dólares, categoría H, 901 dólares, categoría G, 986 dólares, categoría F, 1086 dólares, categoría E, 1212 dólares, categoría D, 1412 dólares, categoría C, 1676 dólares, categoría B, 1760 dólares y categoría A, 2034 dólares.

HISTORIAL DEL INCENTIVO JUBILAR DE LOS DOCENTES (ART. 129 DE LA LOSEP)

En el año 1991 el reglamento general a la ley de carrera docente y escalafón del magisterio nacional en su art. 115  otorgaba por jubilación a los Docentes: condecoración al mérito educativo, bonificación económica equivalente  cinco sueldos básicos del magisterio y licencia con sueldo por sesenta días para trámites correspondientes

En el año 2006 el ex presidente de la república, Alfredo Palacio González, reforma al art. 115 del referido reglamento y se incrementa a 12.000 mil dólares la jubilación para los Docentes.

En los años 2008, 2009 y 2010 en el gobierno del ex presidente Rafael Correa delgado, se reforma el art. 115 y se establece un estímulo a la jubilación para los docentes según la edad y años de servicio en el magisterio, que se aproximaba a los 24.000 dólares.

A partir de la promulgación de la LOSEP el 3 de octubre de 2010 y la LOEI (abril del 2011) hasta la actualidad, los Docentes reciben por beneficio de jubilación cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados que equivale a 53.100 dólares, conforme lo establece el Art. 129 de la LOSEP y la novena disposición general de la LOEI.

HISTORIAL DE LOS SALARIOS QUE LOS DOCENTES JUBILADOS PERCIBÍAN EN EL IESS

Los docentes que se jubilaron antes de la implementación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en abril del 2011, recibían en el IESS sueldos que no superaban los 400 dólares mensuales, ya que el aporte del Docente al IESS era de la categoría en la que se encontraba. Con la aparición de la LOEI en abril del 2011 se establece  en la 8VA DISPOSICIÓN GENERAL LOEI, que el aporte del Docente al IESS será del 100% del sueldo (RMU) y con ello se mejora las pensiones jubilares, ya que según la ley del seguro social, los sueldos de los jubilados es el promedio de los 5 mejores años de aporte y actualmente superan los 1400 dólares.

En esta fecha especial que celebramos el día del Maestro ecuatoriano, rindo homenaje a quienes con vocación, entrega y pasión siembran conocimiento en las mentes y valores en los corazones. Gracias por no rendirse, por creer en el poder de la educación y por ser esas luminarias de esperanza para generaciones enteras. Su labor no siempre es fácil, pero su impacto es eterno. A todos los maestros de mi provincia y del país entero: ¡gracias por ser constructores de futuro, ejemplo de constancia y alma de nuestra educación!

Continuar Leyendo

Opinión

Análisis para la segunda vuelta electoral

Publicado

on

/ 08 de abril de 2025

Para orientar tu voto en las próximas elecciones presidenciales, hay que hablar sobre la realidad de ciertos acontecimientos últimos, sobre todo con lo que pasó con los chats encontrados por Fiscalía en el celular del exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, donde intercambian conversaciones para, mediante la famosa “LIGA AZUL” del partido de Luisa González, planificar la captación —y, a su conveniencia— de importantes órganos de control del Estado y de la Función Judicial.

Se debe mencionar también la permanente intención de Andrés Arauz y las declaraciones de la asambleísta Paola Cabezas, de RC5, de “dolarizar a la ecuatoriana”, lo que representaría una catástrofe económica para el país, con su consecuente y galopante inflación.

Sobre este tema, Patiño y Correa, en declaraciones recientes, dijeron que en el mundo financiero ya no hay confianza en el dólar y que ya no va a ser la principal moneda de la reserva internacional; declaraciones que, de ganar la candidata mencionada, subirían para Ecuador los puntos de país de riesgo financiero, alejando la inversión extranjera.

Otros rasgos negativos que afectan a la candidatura de González son que es una obediente discípula de Correa y defensora y aliada de los líderes de un disque socialismo del siglo XXI, pero hecho a la medida de sus personales intereses, como es de los dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua, para perpetuarse por años en el poder, usarlo para negociados con sobreprecios, enriquecimiento ilícito, para asociarse con bandas del narcotráfico y grupos fuera de la ley; encarcelar y practicar las desapariciones forzadas a sus opositores; anular y clausurar la prensa libre y los medios de comunicación; hacer caso omiso a los convenios internacionales y, usando falsas promesas de máximo bienestar, hacer más pobres a sus pueblos.

Por todo lo ya mencionado, la única y válida opción en las próximas elecciones es el candidato Daniel Noboa Azin, por su tenaz y permanente lucha contra un mal que no sólo aqueja al Ecuador: el narcoterrorismo; por hacer frente, primero, al fuerte estiaje del año anterior y, ahora, al fuerte invierno e inundaciones en todo el territorio; por su decidido apoyo a la educación de los jóvenes y fomento a sus proyectos de emprendimiento; por estabilizar la economía del país, dejada en soletas por los anteriores gobiernos; y por su sincero compromiso de lograr mejores días para todos los ecuatorianos.

No olvidemos que el 13 de abril es un día crucial para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Vota de forma consciente. Fuente: El Telégrafo 

Continuar Leyendo

Trending

Derechos reservados El Amazonico