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Nacionales

Fiscalía procesa por prevaricato a juez que liberó a alias «Momo»

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El juez Francisco Morales, presidente de la Corte de Justicia del Guayas, dictaminó arresto domiciliario contra Jorge Enrique A., juez de Garantías Penales, quien es investigado por el presunto delito de prevaricato.

El magistrado fue aprehendido la tarde del miércoles 23 de enero, tras allanamientos ejecutados por la Policía Nacional en el Centro de Rehabilitación Social Guayas No. 4, el Complejo Judicial Norte Albán Borja y en el domicilio del procesado.

Según informó la Fiscalía, el magistrado habría concedido un beneficio a una persona privada de libertad, a través supuestas violaciones a las leyes y procedimientos establecidos.

El mecanismo habría sido conceder un indulto expedido por el expresidente Guillermo Lasso, conforme al Decreto 265 del 22 de diciembre de 2021, en favor de Bryan Vicente A., alias «Momo», sentenciado por delincuencia organizada e investigado por otros delitos.

La medida fue concedida en condiciones irregulares, según la entidad de justicia, debido a que el procedimiento solo aplicaba para personas con sentencia ejecutoriada y la de alias «Momo» estaba pendiente de apelación. Además este beneficio excluía a personas que hayan sido condenadas por delincuencia organizada.

En los allanamientos se incautaron  ocho teléfonos móviles, cuatro computadoras portátiles, ocho USB, un disco duro, una tablet, USD 5.910 en efectivo, joyas, una bitácora de registros y otros documentos vinculados a la investigación.

El juez Morales dictaminó el arresto domiciliario con resguardo policial, debido a que el juez procesado es una persona de la tercera edad.

Cabe señalar que el Decreto 265 fue derogado junto a otros cuatro decretos relacionados a indultos a personas privadas de libertad por el presidente Daniel Noboa, el 22 de enero de 2025.

Fuente: El Telégrafo

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Nacionales

Lucio Gutiérrez propone regreso del servicio militar obligatorio y cadena perpetua para corruptos

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Lucio Gutiérrez, candidato a asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica, propuso el regreso de la premilitar y el servicio militar obligatorio como una medida para fortalecer los valores en los adolescentes y prevenir su reclutamiento por parte de grupos delictivos organizados. Así lo afirmó este viernes 31 de enero de 2025, durante una entrevista en el programa 24 Horas de Teleamazonas.

Durante la conversación, Gutiérrez destacó su intención de reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), impulsando penas más severas. Entre sus propuestas, mencionó la cadena perpetua para políticos corruptos, jueces y fiscales deshonestos, así como para sicarios, violadores y femicidas.

El aspirante a la Asamblea también planteó una reforma al sistema penitenciario, en la que los reclusos deban cubrir sus propios gastos de alimentación y recibir formación en un oficio que les permita reinsertarse en la sociedad al recuperar su libertad.

En cuanto a la estructura política, Gutiérrez aboga por reducir el número de asambleístas a la mitad y limitar la cantidad de organizaciones políticas a seis u ocho. Asegura que su objetivo es mejorar la calidad de la representación política y evitar la corrupción en cargos públicos.

Finalmente, el candidato expresó su compromiso con la transformación económica del país. Propone convertir a Ecuador en un centro financiero y tecnológico, facilitando el acceso a créditos rápidos y de bajo costo para los ciudadanos.

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Jorge Glas enfrenta otro revés judicial tras negativa de apelación

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La Corte Provincial del Guayas desestimó la apelación presentada por el exvicepresidente Jorge Glas, quien buscaba revertir la decisión de la jueza Marcela Ortega. Ortega había inadmitido su acción de protección contra el presidente Daniel Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld, tras la negativa del Gobierno de concederle un salvoconducto para salir del país con asilo en México.

La acción de protección fue interpuesta luego de que Ecuador negara la solicitud de salvoconducto presentada por México en agosto de 2023. Sin embargo, Ortega argumentó que no tenía competencia territorial para tramitar el caso, ya que la afectación alegada por Glas ocurrió en Quito, donde estaba asilado, y no en Guayaquil.

Los abogados de Glas apelaron la decisión de Ortega, alegando que el Gobierno vulneró sus derechos constitucionales al negarle el salvoconducto. Sostuvieron que el presidente Noboa, como responsable de la política exterior, omitió emitir la autorización correspondiente, afectando la situación legal de Glas en Ecuador.

El tribunal, integrado por los jueces Ricardo Ramos, Carmen Vásquez y Leonardo Rosillo, resolvió por unanimidad rechazar la apelación. En su análisis, destacaron que la Corte Constitucional ha establecido que una acción de protección solo puede ser tramitada fuera del domicilio del accionante en casos excepcionales, como cuando están en riesgo derechos fundamentales como la vida, la educación o el trabajo. Determinaron que este no era el caso, por lo que ratificaron el fallo de Ortega.

Situación legal y restricciones internacionales

Con esta resolución, se confirma que la supuesta vulneración de derechos de Glas ocurrió en Quito, y no en Guayaquil, lo que refuerza la negativa del salvoconducto. Glas continúa recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, cumpliendo una pena unificada de ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos. Además, enfrenta una orden de prisión preventiva dentro del caso Reconstrucción de Manabí, donde es investigado por presunto peculado junto a otras ocho personas.

A nivel internacional, el Departamento de Estado de EE.UU. prohibió en octubre de 2024 el ingreso de Glas y del expresidente Rafael Correa a su territorio, argumentando su implicación en casos de corrupción. La medida también afecta a sus familiares directos.

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Medios y ciudadanos deberán acatar prohibición de encuestas electorales desde este viernes

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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 282 del Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recuerda a la ciudadanía y a los medios de comunicación, incluidos los digitales, que la difusión de encuestas y pronósticos electorales relacionados con las Elecciones Generales 2025 solo podrá realizarse hasta las 23h59 del jueves 30 de enero.

A partir de esa fecha, queda prohibida la publicación de cualquier resultado de encuestas que proyecten tendencias sobre el proceso electoral, con el objetivo de garantizar la equidad y transparencia en la jornada democrática.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

El CNE advierte que el incumplimiento de esta disposición constituye una infracción sujeta a las siguientes sanciones:

  • Suspensión de la publicidad del medio infractor.
  • Multas económicas, que oscilan entre 25 y 255 salarios básicos unificados.
  • Suspensión del medio de comunicación hasta por seis meses, en caso de reincidencia.

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA ELECTORAL

El Consejo Nacional Electoral reafirma su compromiso con la organización de procesos electorales técnicos, equitativos, inclusivos, transparentes y con certeza jurídica, garantizando así el respeto a la voluntad popular y la consolidación de la democracia en el país.

Para más información sobre la normativa electoral vigente, la ciudadanía puede consultar los canales oficiales del CNE.

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