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Comité Cívico de Palanda rechaza traslado de ambulancia y exige soluciones efectivas para la atención de emergencias

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Palanda, Zamora Chinchipe.- En un medio radial de Palanda, un grupo de ciudadanos que emprendieron la defensa del derecho fundamental a la salud y ante la preocupante falta de capacidad de respuesta en emergencias médicas que afecta a los cantones de Palanda y Chinchipe, el Comité Cívico del Cantón Palanda expresa su rotundo rechazo a la intención de trasladar la ambulancia IVECO Alfa 22 al cantón vecino. Esta medida, impulsada por la directora Distrital de Salud, Magíster Beatriz Morales Cosíos, carece de fundamento técnico y contraviene lo expresado en el Memorando Nro. MSP-CZ72025-4100-M, emitido por el propio Coordinador Zonal de Salud, Manuel José Procel González, en el que se reconoce que dicho vehículo no es apto para las condiciones viales actuales entre Palanda y Chinchipe.

El Comité Cívico de Palanda ha resuelto lo siguiente:

Rechazo categórico al traslado de la ambulancia asignada hace menos de un año al Subcentro de Salud de Palanda, ya que su presencia es esencial para la atención de emergencias en la localidad.

Denuncia pública sobre las declaraciones de la directora Distrital de Salud, quien ha minimizado la necesidad urgente de contar con ambulancias suficientes en Palanda, desconociendo la realidad de constantes emergencias en este sector. La insuficiencia de unidades ha obligado incluso al Cuerpo de Bomberos a emplear sus propios vehículos en casos críticos.

Exigencia de una gestión eficiente y equitativa en el fortalecimiento de las capacidades de salud en ambos cantones. En lugar de despojar a una comunidad de un recurso esencial, se debe trabajar en soluciones estructurales, como la dotación de ambulancias adicionales, personal médico suficiente, insumos y equipamiento adecuado.

Alerta y declaratoria de resistencia ciudadana en caso de que no se atiendan estas exigencias. La ciudadanía se ampara en el Artículo 98 de la Constitución de la República, que faculta el derecho a la resistencia frente a decisiones que vulneren derechos fundamentales. Asimismo, se responsabiliza a la Directora Distrital de Salud por cualquier daño que pudiera sufrir la ambulancia en caso de ejecutarse su traslado.

Exigimos una pronta y pública respuesta del Coordinador Zonal de Salud, Manuel José Procel González, ante este justo reclamo ciudadano. La vida y la salud de nuestros habitantes no pueden verse comprometidas por decisiones arbitrarias e inconsultas.

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Paulo Ortega exhorta a una decisión consciente y comprometida con la estabilidad del país

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En el espacio de entrevistas del Diario El Amazónico, se contó con la participación de Paulo Ortega, reconocido líder político de la provincia de Zamora Chinchipe, quien se refirió con firmeza y claridad a la coyuntura política actual del Ecuador, haciendo un llamado al electorado a ejercer su voto con responsabilidad, análisis y compromiso con el futuro del país.

Durante la entrevista, Ortega inició con un efusivo saludo a su querida provincia, y recalcó que este es un momento determinante para la historia democrática del país, en el que los ciudadanos deben optar por la opción que represente no solo los intereses de una localidad o de un grupo político, sino el bienestar colectivo del Ecuador. “Es una época difícil para tomar una decisión adecuada, pero debemos ser elocuentes y justos con la realidad del país”, expresó.

El entrevistado analizó el escenario electoral actual, señalando que la indecisión ciudadana es evidente en distintos sectores, especialmente entre quienes optaron por el voto nulo o se abstuvieron en la primera vuelta electoral. Ortega recalcó que estos días previa a las elecciones son cruciales para que dichos votantes definan su postura en base a la búsqueda de estabilidad y soluciones reales.

Asimismo, el líder político fue enfático al expresar su posición ideológica, declarando su afinidad con los principios de la izquierda ecuatoriana. En este marco, saludó la definición política clara por parte de líderes como Leonidas Iza, dirigente del movimiento indígena, y expresó que “los actores políticos que nos identificamos con la izquierda debemos ser frontales y coherentes. No vamos a apoyar a la derecha”. Agregó que “la solución, bien llevada, ha estado históricamente en los gobiernos progresistas, que dejaron obras, servicios y respuestas a los sectores históricamente excluidos”.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la referencia al Cuarto Eje Vial, obra emblemática para el desarrollo del sur de la provincia. Ortega rememoró las dificultades vividas por los habitantes del sur de Zamora Chinchipe antes de su construcción, cuando las vías eran intransitables durante la época lluviosa, dificultando la movilidad, la educación y el comercio. Destacó que esta megaobra fue posible gracias a una decisión política firme durante el gobierno de Rafael Correa, y lamentó que su continuidad haya sido postergada por decisiones burocráticas, criterios discriminatorios por parte de funcionarios de niveles medios, y la falta de voluntad en gobiernos posteriores.

“Los que caminamos esa vía, los que vivimos la historia, sabemos lo que significó poder avanzar en el Cuarto Eje Vial. Antes, llegar a Zumba era una travesía de días. Hoy, aunque falte por completar, tenemos una realidad diferente”, relató Ortega, visiblemente conmovido por las experiencias vividas en su juventud y como emprendedor.

En la parte final de su intervención, el político expresó su escepticismo respecto a nuevos anuncios sobre la continuación de esta obra, señalando que, sin contratos firmados ni respaldo presupuestario real, los ofrecimientos no dejan de ser promesas vacías. Recordó que ya en gobiernos anteriores, como el de Lucio Gutiérrez, se desviaron fondos destinados a esta obra, pese a existir financiamiento del Fondo Binacional.

Finalmente, Ortega hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto de manera informada y coherente, alejados de la indiferencia o la manipulación. “No podemos ser invisibles ante la realidad. Es momento de actuar con conciencia histórica y política”, concluyó.

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“GAD Municipal de Zamora bajo fuego: entrega de implementos vencidos desata protesta de trabajadores y cuestionamientos a la gestión del Alcalde”

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En horas de la mañana de este miércoles, un grupo de trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Zamora, encabezados por representantes del área de Servicio Municipal de, Estacionamiento y Tarifado de Zamora (SMET), manifestaron públicamente su descontento ante la entrega de prendas de protección personal realizada el día anterior por parte de la institución.

Las declaraciones recogidas evidencian no solo una insatisfacción generalizada respecto a la calidad de los insumos entregados, sino también una preocupación legítima por el cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas por la normativa ecuatoriana.

Entrega tardía y calidad deficiente
Según informó el trabajador Estalín Cuenca, vocero espontáneo de este grupo de colaboradores, la entrega se llevó a cabo el miércoles 9 de abril a las 14:00 horas en el canchón municipal. En su testimonio, Cuenca indicó que las prendas distribuidas —entre las que se incluyen pantalones, chalecos, camisas, buzos y calzado— no cumplen con los estándares mínimos de calidad ni con las características adecuadas para las labores que desempeñan diariamente los funcionarios municipales en las calles de la ciudad.

“Nos han dado un pantalón, un chaleco, un buzo, un par de zapatos y unas camisas. Le invito a usted, señor periodista, que toque ese calzado: es punta de acerada, no es funcional para nuestro trabajo en calle”, expresó Cuenca. Además, criticó que las tallas fueron asignadas sin consideración del físico de los trabajadores, lo que ha derivado en casos donde las prendas no se ajustan adecuadamente a los usuarios, incluso impidiendo su uso en jornadas laborales.

Incumplimiento normativo
El trabajador subrayó que esta entrega no corresponde a la dotación de 2025, sino que se trata de una deuda acumulada desde el año 2023.

De acuerdo con la legislación laboral vigente en Ecuador, las instituciones públicas deben entregar dotaciones de prendas de protección a sus trabajadores cada año, en el mes de febrero, tal como lo estipula el Código de Trabajo y las normativas de seguridad laboral.

“La ley es clara: cada febrero deben entregarnos nuestras prendas de protección. No solo es un tema de derechos laborales, es una cuestión de dignidad y seguridad.”

Asimismo, Cuenca enfatizó que esta no es una demanda aislada del área de SMET. La inconformidad se extiende también a otras dependencias, como la Unidad de Control Interno (UCI) y al cuerpo de Policía Municipal. Según explicó, muchos trabajadores de estas unidades también han expresado su malestar por la baja calidad de los implementos y la falta de condiciones apropiadas para desempeñar sus funciones.

Reacciones institucionales y próximas acciones
Según lo manifestado por Cuenca, algunos concejales del cantón se han mostrado comprensivos ante la situación y han reconocido la validez de los reclamos. No obstante, hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Alcalde o de los responsables del área de Talento Humano o de Seguridad y Salud Ocupacional.

Como medida inmediata, los trabajadores han anunciado que procederán a la devolución formal de las prendas a través de un oficio dirigido a las autoridades municipales. El argumento central es que no pueden aceptar insumos que no cumplen con los requisitos técnicos para su utilización ni les brindan protección real en su entorno de trabajo.

“¿De qué nos sirve llevar a casa prendas que no podemos usar, que no nos protegen y que no dignifican nuestro trabajo?”, cuestionó Cuenca.

Llamado a las autoridades
Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado al señor Alcalde del cantón Zamora y a las autoridades correspondientes para que se tomen correctivos inmediatos y se garantice el respeto a los derechos laborales de quienes, día a día, cumplen funciones esenciales para el mantenimiento, control y orden de la ciudad.

“Pedimos que se nos dote de implementos adecuados, conforme lo dicta la ley y lo exige el respeto mínimo a nuestra labor. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo lo que nos corresponde”, concluyó Cuenca.

La ciudadanía zamorana espera una pronta respuesta por parte del GAD Municipal y una solución que permita a los trabajadores desempeñar sus funciones con seguridad, dignidad y equipamiento adecuado.

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ARCOM intensifica acciones de control frente a la problemática minera en Zamora Chinchipe

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La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCOM), a través de su director provincial, Ángel González Estrella, dio a conocer en Zumbi el pasado lunes en TvMás Encuentros  las acciones adoptadas por la institución frente a los impactos de la actividad minera en la provincia de Zamora Chinchipe, particularmente en el cantón Centinela del Cóndor y en la cuenca del río Zamora.

A raíz de los graves acontecimientos ocurridos en Zumbi, cabecera cantonal de Centinela del Cóndor, donde una inundación causó severos daños en la localidad, ARCOM inició un proceso técnico y administrativo en contra de la Concesión Minera “Los Tenistas”, que culminará con la suspensión y archivo definitivo de la misma, tras el pronunciamiento oficial del Ministerio de Energía y Minas.

“Desde el primer momento hemos actuado. Se han emitido los informes técnicos correspondientes y, ante el incumplimiento, se han tomado las medidas sancionatorias previstas en la normativa vigente, que incluyen desde multas económicas hasta el cierre definitivo de la concesión”, puntualizó González.

Falta de cooperación por parte del titular minero

El titular de la concesión ha mostrado una actitud evasiva, sin presentarse ante las autoridades ni asumir responsabilidad alguna, dejando en manos del operador minero la gestión ante los organismos de control. “Lamentablemente, no hemos tenido acercamiento con el titular. Es el operador quien ha estado dando la cara en este proceso”, añadió.

Controles e inspecciones en territorio
ARCOM ejecuta un plan de inspecciones técnicas, tanto programadas como inopinadas (sin pensarlo), en todas las concesiones mineras legalmente registradas en la provincia, haciendo énfasis en la verificación de acciones de mitigación y remediación ambiental, que deben ejecutarse paralelamente a las labores extractivas. González reconoció que, en múltiples casos, estas medidas no se están cumpliendo.

La situación se torna aún más crítica al considerar la magnitud del territorio y la alta concentración de concesiones: Zamora Chinchipe es la provincia con el mayor número de concesiones mineras a nivel nacional, superando las mil solo en los segmentos de minería artesanal y pequeña minería. Además, existen varias concesiones de minería a gran escala.

Minería ilegal: un desafío estructural
Según ARCOM, el 99,9% de las actividades extractivas que se desarrollan desde el puente del río Zamora hasta el cantón El Pangui son ilegales. Esta minería informal y clandestina no solo genera daños ambientales irreversibles, sino que también representa un riesgo para la seguridad de los funcionarios y técnicos de las instituciones encargadas del control.

“La minería ilegal tiene sus propias redes. Nos persiguen en motos, nos tienen vigilados, y hasta nuestros vehículos están identificados. En las inspecciones nos trasladan en vehículos blindados sin saber nuestros destinos exactos, por razones de seguridad”, denunció el director provincial.

Asimismo, indicó que muchos operativos de control son ejecutados directamente por las Fuerzas Armadas en coordinación con el Ministerio del Ambiente (MATE), sin intervención directa de ARCOM, aunque con su respaldo técnico y logístico.

Remediación ambiental: responsabilidad pendiente
Frente a los impactos ocasionados por la actividad minera irresponsable, especialmente en áreas como el río Zamora, González fue enfático en señalar que los planes de remediación no deben recaer sobre las autoridades locales ni sobre la ciudadanía, sino sobre los titulares de las concesiones.

“No se puede permitir que los gobiernos locales o la población terminen asumiendo los costos de la remediación ambiental. Es el titular minero quien debe responder por los daños”, manifestó.

Compromiso institucional
Desde su rol como autoridad técnica, ARCOM continuará priorizando el combate a la minería ilegal y el fortalecimiento del control a las concesiones vigentes. González reiteró que el trabajo se realiza en el marco de la ley, y que la institución cumple con emitir los informes y remitirlos al ente rector, que es el Ministerio de Energía y Minas, el cual tiene la competencia de emitir las resoluciones sancionatorias y de archivo.

“Yo no puedo concebir que se haya entregado una concesión que incluya el ancho completo del río. Aquí hay responsabilidades compartidas, tanto de las instituciones como de la ciudadanía. Todos somos responsables cuando permitimos que esto ocurra”, concluyó.

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