Nacionales
Expediente El Rodeo: Jueces al banquillo por rebajas y extorsiones
Una red que extorsionaba presos para liberarlos fue desmantelada en 2019; cuatro jueces de Manabí fueron investigados por este entramado. Las evidencias inculpaban a dos de ellos, pero solo uno fue sentenciado a seis años de prisión con cuatro implicados más; todos están libres. El otro juzgador fue exculpado porque el fiscal no lo acusó, en medio de duros cuestionamientos a su decisión.
Omar Orellana aún era juez de garantías penitenciarias cuando se descubrió que también integraba una red que extorsionaba a reclusos en las cárceles El Rodeo y Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí. Otros tres jueces fueron investigados por posibles vínculos con esta organización: Banny Molina, Jhandry Sabando y Javier López.
Esta trama, que se conoce como el caso “El Rodeo”, quedó al descubierto a mediados de 2019, por una delación: la pareja de un preso llamado Carlos Mejía, alias Nariz Virada, denunció al grupo de extorsionadores ante la policía porque no cumplieron sus ofertas de excarcelarlo, ya que los jueces estaban despachando otras solicitudes pactadas previamente. Ella había pagado por adelantado 500 dólares al agente penitenciario Eker García y al abogado Marcos Acosta, que acordaba con los juzgadores las liberaciones.
El esquema delictivo se comprobó con escuchas telefónicas y mensajes de texto entre los integrantes de la red, así como por decenas de versiones de los implicados y reportes penitenciarios. El caso fue impulsado por la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura (CJ), que intervino como acusador particular.
Según la investigación fiscal, entre 2015 y 2019 esta red facilitó la excarcelación de unos 90 detenidos por delitos graves, en su mayoría por narcotráfico. Los reclusos obtuvieron privilegios que les permitieron salir en libertad, a pesar de no cumplir con todos los requisitos legales. En otros casos eran obligados a pagar las coimas, pese a que sí reunían las condiciones para su liberación.
Para apurar las liberaciones, los integrantes de la red abordaban a los presos que con ayuda de sus familiares pagaban sobornos que oscilaban entre los 500 y tres mil dólares. Los desembolsos se hacían después de la medianoche. Aprovechando la penumbra del cementerio de Portoviejo, los parientes pagaban a los intermediarios dinero en efectivo y botellas de whisky. Para no despertar sospechas, en otras ocasiones dejaban sobres sellados con dinero debajo de las puertas en las casas de los funcionarios. Cuando estaban más apremiados, los encuentros se realizaban en los parqueaderos de los presidios.
Durante la primera etapa de la investigación, los abogados del CJ y la fiscal Claudia Romero coincidieron en que los principales responsables eran los jueces Orellana y Molina, que fueron procesados cuatro meses después del inicio formal del caso, junto a los jueces Sabando y López. Este último, además, está envuelto en otro juicio por prevaricato: fue sentenciado a tres años de prisión por reducir la condena de 25 a 13 años a varios policías condenados por asesinato, que luego fueron liberados. López pidió la suspensión condicional de la pena, que deberá ser resuelta por la Corte Superior las próximas semanas.
Debido al fuero especial de los cuatro jueces, la causa subió de un juzgado inferior a la Corte. Fue así como el fiscal provincial Alberto Santillán se puso al frente de la investigación.
Cuando se celebró la audiencia de juzgamiento, en noviembre de 2020, Santillán no llamó a declarar a varios testigos, incluidos funcionarios penitenciarios, que en la primera etapa de la investigación habían contado cómo operaba la red y sus conexiones. Algunos de ellos dieron sus versiones por pedido de la anterior fiscal.
Durante sus alegatos finales, Santillán acusó a cinco de los procesados: el juez Orellana, los funcionarios penitenciarios Eker García, Einsten García, Rodrigo Menéndez y el abogado Marcos Acosta. Para ellos pidió la pena de 13 años por asociación ilícita y concusión. Luego de cinco días de audiencia, la Corte Provincial deliberó y los condenó a seis años de prisión.
Sin embargo, durante sus alegatos, Santillán se abstuvo de acusar al juez Banny Molina, aunque existían suficientes pruebas en su contra, según denunciaron las juzgadoras Gina Mora y Carmita García, que por mayoría dictaron la sentencia, con la oposición y voto salvado del tercer juez de la Corte.
Cuando la Fiscalía no acusa a un implicado, los jueces no pueden pronunciarse; quedan atados de manos. No obstante, al anunciar su fallo, en diciembre de 2020, las magistradas Mora y García dejaron sentada su preocupación indicando que el fiscal no actuó con objetividad.
“A nuestro criterio, y una vez que procedió a la valoración de la prueba sobre las demás personas procesadas, existían elementos inculpatorios suficientes que justificarían la participación de Banny Molina en los hechos investigados”, destacaron en la sentencia. No obstante –agregaron–, Santillán retiró los cargos, “imposibilitando a este tribunal analizar la prueba inculpatoria que fue anunciada por la Fiscalía”. Tras describir las contradicciones de Santillán, las juezas pidieron al CJ que investigara su actuación.
El CJ no respondió el pedido que se hizo para esta investigación periodística, con el fin de conocer si a Santillán se le abrió un expediente disciplinario o recibió alguna sanción. Asimismo, se requirió la versión del Fiscal para conocer por qué no acusó a Molina. Envió su respuesta a través de la Dirección de Comunicación de la Fiscalía. En ella advirtió que no podía pronunciarse porque el caso se encontraba en fase de apelación ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Actualmente, Santillán es candidato para ocupar un cargo como Juez Nacional Anticorrupción.
Por su parte, Molina fue reintegrado a su cargo de juez de garantías penales en Portoviejo, en diciembre de 2020, luego de permanecer suspendido nueve meses, desde el 6 de marzo cuando fue enjuiciado.
Él forma parte de una camada de abogados jóvenes que se hicieron jueces durante el gobierno de Rafael Correa, quien, en 2011, llamó a una consulta popular para que se le permitiera “meter la mano en la justicia”. Así empezó una reforma del sistema judicial que implicó el nombramiento de más de mil nuevos jueces y cientos de fiscales. Sus designaciones y posteriores actuaciones fueron cuestionados por organismos nacionales e internacionales debido a su falta de independencia, sobre todo en los casos en los cuales litigaba el gobierno. Eso profundizó la politización de la justicia ecuatoriana.
Banny Molina hoy tiene 33 años. Llegó a la judicatura a los 25 años. Fue nombrado juez pocos meses después de haberse graduado como abogado en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. En su descargo, durante el juicio, declaró que las autoridades de la Judicatura desataron una persecución mediática y policial, forzando pruebas y manipulando evidencias para perjudicarlo. Aseguró que los hechos denunciados por testigos y corroborados por 20 pruebas documentales nunca sucedieron. “O es que acaso que los funcionarios manabitas no tienen derecho a una vida social, a reunirse a llamar a un familiar y amigo”, dijo refiriéndose a las evidencias de las conversaciones que tuvo con otros procesados.
Molina también dijo que no firmó ninguna de las carpetas que dieron paso a la liberación de varios presos, lo cual fue responsabilidad de otros jueces. “Nunca recibí un solo centavo, ningún pago”, destacó.
Hoy, además, este juez de garantías oriundo de Portoviejo, la capital de Manabí, enfrenta otro proceso penal por prevaricato (fallar contra una ley expresa). El caso se remonta a 2018, cuando recibió un pedido de beneficios, interpuesto por Susana Molina Aray, sentenciada a dos años de prisión por abuso de fondos públicos.
Cuando era directora de Recursos Humanos en el municipio de Tosagua, en Esmeraldas, ella formó parte de una red de corrupción que recibió pagos desde cuentas del Banco Central por 218 mil dólares, entre 2008 y 2010. El caso involucró al alcalde y seis autoridades más.
Banny Molina aceptó el recurso de Susana Molina en 2018. Decidió que cumpliera la condena en su domicilio, por motivos de salud, aunque no había probado que sufría una enfermedad catastrófica. El juez no tenía competencia para disponer que la procesada no cumpliera su condena en prisión, según un informe del CJ.
La denuncia por un supuesto delito de prevaricato contra Banny Molina fue presentada por la jueza Carmen García, quien se percató de las irregularidades cuando el juicio por la corrupción en la Alcaldía de Tosagua llegó a su despacho para la ejecución de la pena. García es una de las juezas que dictó la sentencia del caso El Rodeo.
En el llamado a juicio, Molina fue absuelto provisionalmente en abril pasado. Los jueces de la Corte Provincial estimaron que no infringió ley alguna. La Fiscalía y el CJ apelaron la decisión, pero el Tribunal que conocerá la apelación todavía no se integra.
Actualmente ninguno de los sentenciados por asociación ilícita en las cárceles de Manabí está detenido. Recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Deben presentarse periódicamente a la Corte de Manabí y tienen prohibición de salir del país.
Para esta investigación periodística se trató de ubicar al exjuez Orellana a sus números de referencia, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.
El jueves 16 de junio de 2022 también se contactó a Molina a su celular y se le pidió una entrevista, a la cual accedió. Sin embargo, al siguiente día no respondió las llamadas. Las dos siguientes semanas se le volvió a pedir su pronunciamiento y tampoco contestó.
(I) Vistazo
Un estudio de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) reveló que 1,2 millones de ecuatorianos tienen la intención de dejar el país.
La encuesta, realizada en 13 ciudades entre marzo y abril de 2024, analizó las dinámicas migratorias de la población ecuatoriana y de extranjeros residentes.
El informe destaca que la mayoría de quienes desean migrar tienen entre 18 y 39 años. Un 20 % de jóvenes bachilleres de entre 18 y 29 años, equivalente a 370.000 personas, manifestó su interés por salir del país. En este grupo, las mujeres lideran las intenciones de emigrar.
Aunque el 73 % de los potenciales migrantes tiene empleo, un 36,7 % considera que sus trabajos son precarios, con ingresos inferiores al salario básico de USD 460 o sin estabilidad laboral.
Estados Unidos es el destino preferido, elegido por el 52,8 % de los encuestados, lo que representa a cerca de medio millón de personas. Le siguen España (18,3 %), Alemania, Francia e Italia (8,3 %), otros países sudamericanos (8,3 %) y Canadá (6,1 %).
El 64 % busca mejores oportunidades laborales, mientras que otros desean reunirse con sus familias, acceder a estudios, mejorar su calidad de vida o escapar de la inseguridad y la violencia.
Además de la búsqueda de empleo, el informe señala que la violencia y la falta de seguridad en Ecuador son factores clave para quienes desean emigrar.
Los encuestados temen enfrentar mayores desafíos relacionados con la crisis económica y la falta de empleo si no logran salir del país.
Nacionales
Daniel Noboa cumple un año en el poder: ¿Cuáles son los aciertos y fracasos de su administración?
Incertidumbre, desesperanza e improvisación son las palabras más frecuentes que utilizan analistas políticos para describir al Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien cumple un año liderando el Ecuador. Ha sido un tiempo en el que la crisis energética colapsó y problemas como la inseguridad siguen palpables. Como aspectos positivos, los expertos destacan la intervención militar en las cárceles y la continuidad de la política en turismo.
Noboa asumió el poder el pasado 23 de noviembre del 2023, luego de ganar las elecciones anticipadas que se produjeron tras la declaración de la muerte cruzada por parte de Guillermo Lasso. Noboa, quien inició su carrera política como asambleísta, se lanzó a una campaña por Carondelet con bajos puntos de aceptación en las encuestas, pero su destacada participación en el debate y su interacción en redes sociales lo ayudó a subir de manera vertiginosa.
El joven empresario triunfó con el 51.83% de los votos frente a la candidata correísta Luisa González, que se quedó con un 48.17% en la segunda vuelta. Tanto en la campaña como en sus primeros meses al frente de la Presidencia, Noboa se presentó como un político que promovía la unidad y no se encasillaba en ningún extremo: ni en los anti ni en los ísmos.
“Hoy tenemos un presidente diferente, totalmente anticorreísta, ha radicalizado su puesta en escena. De hecho, dijo que puede ser el peor enemigo”, recuerda la consultora política, Grace Jiménez.
Actualmente, el mandatario mantiene disputas con Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, Jan Topic y la empresa de su familia Telconet, entre otros personajes. Un capítulo aparente es la pelea con la vicepresidenta Verónica Abad, a quien envió como Embajadora a Israel y Turquía; aunque luego el Ministerio del Trabajo la despojó de su puesto con una sanción de 150 días.
En cuanto a seguridad, Noboa mostró una nueva forma de contener el avance de los grupos criminales cuando declaró conflicto armado interno y pasó a llamar a las bandas delictivas como terroristas. Así mismo, los militares intervinieron las cárceles del país. Estas medidas se tomaron después del asalto en vivo a la cadena TC Televisión, lo cual causó consternación nacional.
Teniendo en cuenta este panorama, Noboa también impulsó una consulta popular con 11 preguntas, en su mayoría relacionadas a la lucha contra el crimen. Finalmente, ganó en nueve de sus propuestas y perdió en el trabajo por horas y arbitraje internacional.
Asimismo, aumentó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12% a 15% y eliminó parte del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, algo que en Gobiernos pasados era casi impensable, puesto que estas medidas habían provocado paros nacionales por parte de los colectivos sociales e indígenas.
Por otro lado, la economía del país sigue inestable sobre todo por la crisis energética que deja pérdidas de 12 millones de dólares por cada hora sin luz, según gremios empresariales. Noboa ha dicho que los apagones terminarán en diciembre, pero nuevamente hay incertidumbre sobre esa promesa.
Esta falta de certeza, entre otros aspectos, han hecho que la popularidad del presidente baje notablemente. Una reciente encuesta de la empresa Comunicaliza muestra que el jefe de Estado ha caído seis puntos en la intención del voto, pero sigue en primer lugar con 27,5%, seguido de la correísta Luisa González con el 26,7%.
Con este panorama, tres analistas políticos evalúan los aspectos positivos y negativos del año de Gobierno de Daniel Noboa.
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ACIERTOS
1. Militarización en cárceles y calles: los expertos coinciden en que se mantiene un relativo control en los reclusorios del país, aunque hace una semana hubo un nuevo brote de violencia en la Penitenciaría del Litoral, que dejó al menos 17 reos asesinados.
“Muchos dirán que hay denuncias sobre violaciones y maltratos en materia de Derechos Humanos, pero al menos hay una diferencia con respecto a años pasados, cuando veíamos matanzas voraces. Las decisiones que se han tomado han surtido algún tipo de efecto”, comenta Caroline Ávila, catedrática y doctora en comunicación.
Por su parte, el politólogo Santiago Basabe menciona que hay una mayor presencia policial y militar en áreas conflictivas, “lo cual no necesariamente implica que el riesgo y el delito se hayan reducido, pero sí es positivo y quizás eso explique por qué el gobierno mantiene una popularidad alta, a pesar de todas las dificultades”.
2. Turismo: teniendo en cuenta las múltiples críticas que ha recibido esta cartera de Estado, la analista Caroline Ávila destaca se han impulsado acciones positivas como refrescar la marca país y posicionarla a nivel internacional en eventos como la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2024, en la que Ecuador ganó como mejor stand para mostrar los atractivos para visitar el país.
De igual manera, la Cumbre Iberoamericana realizada en Cuenca fue un fracaso a nivel político por la ausencia de presidentes latinoamericanos, “pero la ciudad se benefició con el movimiento turístico”, apunta Ávila.
3. Gestión financiera: en mayo pasado, el directorio del FMI aprobó para Ecuador un programa de crédito a 48 meses, con un monto total de 4.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones fueron desembolsados de inmediato. Además, el gobierno ecuatoriano evalúa un nuevo crédito de resiliencia.
“Teniendo en cuenta los riesgos que implica tener un acuerdo con el FMI, esta gestión ha hecho que tengamos algo de liquidez y se ha podido pagar a los GAD o las deudas históricas que tenía el IESS con Solca”, resalta Caroline Ávila.
“Esta forma de comunicación poco conocida está alejada de la realidad de la gente, pero de alguna forma entretienen, logra ser tendencia a pesar de que no solventa los problemas del país”, apunta la analista Grace Jiménez.
Lea también: Cifra de niños rescatados en calles de Ecuador se duplica: víctimas de explotación y alquiler
DESACIERTOS
1. Inseguridad: a inicios de noviembre, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que la tasa de homicidios se ha reducido en un 17,6% en comparación con el año pasado. Sin embargo, otros delitos siguen en aumento. De acuerdo a un reporte de Ecuavisa, hasta septiembre de este año, se contabilizan 2.108 secuestros y 10.781 extorsiones en todo el país.
Asimismo, los continuos estados de excepción no han detenido el avance de los grupos criminales. Por ejemplo, en Durán solo en el mes de septiembre se contabilizaron alrededor de 71 personas acribilladas. Este cantón guayasense sigue siendo el más violento del país.
Las intervenciones focalizadas del bloque de seguridad también han sido de alguna manera contraproducentes, puesto que los terroristas han empezado a desplazarse a otras ciudades más tranquilas como Quito, según explicó el experto en seguridad, Mario Pazmiño, a Vistazo en octubre pasado.
Así mismo, los analistas critican que, por el momento, las preguntas de la Consulta Popular, que le costó al Estado unos 60 millones de dólares, no han tenido un efecto significativo en la lucha contra el crimen organizado.
2. Relaciones Internacionales: este tema parece se una de las mayores debilidades del Gobierno de Noboa. Inició en enero de este año desatando la furia del Kremlin, cuando anunció que intercambiará con Estados Unidos “chatarra” de origen ruso, por armamento de última generación.
Luego, vino la intervención a la Embajada de México en Quito, lo cual causó el rechazo de casi todos los países del mundo. Mientras en junio, Noboa lanzó polémicas declaraciones contra varios presidentes de la región como Gustavo Petro al que llamó “snob izquierdista” en entrevista con The New Yorker.
Esta debilidad también se evidenció en la Cumbre Iberoamericana en Cuenca, ya que ningún presidente de la región llegó a la cita. Esto teniendo en cuenta que en días previos, el Ministerio del Trabajo sancionó a la vicepresidenta Verónica Abad, lo cual encendió alarmas de organismos internacionales sobre el riesgo de la democracia en el país.
3. Retroceso en materia de derechos: la catedrática Caroline Ávila menciona que en este año evidencia “una capacidad de persecución y atropellamiento de herramientas legales” por parte del presidente. Por ejemplo, al sumario administrativo que se le impuso a la vicepresidenta con tal de que no asuma la Presidencia.
Asimismo, en el control en las cárceles, la experta recuerda que “hay reportes de violaciones a los derechos de los privados de la libertad” y el Gobierno en vez de establecer una ruta de verdadero control, “se ha enfocado en ideas demagógicas”.
4. Empleo joven: Si bien el Gobierno recientemente impulsó el programa ‘Jóvenes en acción’ para que unos 80.000 jóvenes accedan a un trabajo de tres meses y asegura haber entregado más de 100 mil becas; todavía hay chicos que prefieren salir del Ecuador en busca de mejores oportunidades.
La Encuesta de Intenciones y Dinámicas Migratorias en Ecuador, realizada por la OIM, estima que 1,2 millones de ecuatorianos tiene la intención de migrar al extranjero. De esta estimación, el 57,3% son hombres, en su mayoría con nivel de instrucción secundario (bachillerato). Así también, se destaca que cerca 370.000 jóvenes de entre 18 y 29 años quieren migrar al exterior.
5. Falta de gestión pública: El analista político Santiago Basabe evidencia falta de gestión pública en todos los sectores, especialmente en el tema energético y social.
“Creo que es un gobierno relativamente intrascendente con pocas ejecutorias de fondo, con algunos chispazos en la política económica, pensando en los subsidios y el aumento del IVA; pero en términos generales es más bien un gobierno discreto”, describe el experto.
6. Crisis energética: la consultora política Grace Jiménez recuerda que todos los problemas que tiene Noboa son heredados, “pero él tiene la responsabilidad de gestionar las crisis”, lo cual no ha ocurrido de manera eficiente en el tema energético.
“No se reaccionó a tiempo y tampoco se planteó un plan de acciones urgentes a mediano y largo plazo”, apunta Jiménez. Y es que Noboa empezó su mandato en medio de apagones y desde el 2023 se venía alertando de las condiciones climáticas que afectarían al país.
Sin embargo, a inicios del 2024 hubo una primera ronda de apagones, causados según el presidente por el ocultamiento de información por parte de la entonces ministra Andrea Arrobo. Luego, se dijo que no habría cortes de luz, pero desde septiembre han vuelto los apagones de hasta 14 horas. Fuente: Vistazo
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que se presentan lluvias intensas con tormentas al norte de la Amazonía (Orellana, Sucumbíos y Napo) y la cordillera oriental, que inciden en menor medida en la Sierra. Continuarán en las próximas horas.
«Es posible que las lluvias se intensifiquen nuevamente desde horas de la tarde y noche», señala el reporte. Según el mapa satelital que publicó la entidad, las precipitaciones se reportan cerca de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Entre el 18 y 22 de noviembre, se prevén precipitaciones de variable intensidad con tormentas en estribación de cordillera de la Amazonía, norte de la Sierra y zonas puntuales del centro y sur de la región, acotó el Inamhi.
No se reportan lluvias cerca las hidroeléctricas Sopladora y Mazar, ubicadas entre las provincias de Cañar, Azuay Morona Santiago.
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