Dos firmas rusas a cargo de la parte electromecánica de este proyecto litigaron. En el primer caso, Inter RAO ganó un laudo arbitral por el cual debe recibir 45 millones de dólares del Estado. En el segundo, Tyazhmash logró un acuerdo de mediación que implicó un pago por supuestos gastos adicionales, al extenderse los trabajos. Todo esto, a un paso de terminar las obras: el avance es del 98%. Tras el acuerdo, se aceleró la terminación de la central Alluriquín, que debe empezar a producir desde este diciembre. En pleno funcionamiento, este componente aportará 204 MW. Y la central en su conjunto, 254 MW.

En el primer día se hizo la luz, según el Génesis. Un proyecto hidroeléctrico, cuya primera piedra se colocó en enero de 2008, empezará a producir a plena capacidad a partir de este diciembre. Pasaron 16 años, cuatro gobiernos, dos paros nacionales y una pandemia. Toachi Pilatón enfrentó 7 plagas. Además, las dos contratistas rusas de la obra, Inter RAO y Tyazhmash, litigaron. Las obligaciones de pagos adicionales, que derivan de ambos reclamos, superan los 60 millones de dólares.

El primer gran misterio es el costo final de la obra. En información entregada por CELEC en 2023, a esta alianza, se detallan mil millones de dólares. El desglose: 246 millones de recursos fiscales; 250 millones del BIESS; 52 millones del Eximbank de Rusia y 475 millones de recursos propios de CELEC. De ser así, es más del triple del monto previsto en 2003, cuando se impulsó el proyecto.

Sin embargo, según el fideicomiso Toachi Pilatón, constituido entre el BIESS y CELEC, el proyecto cuesta 588 millones de dólares.

El fideicomiso se constituyó en 2015, entre CELEC y el BIESS, que es el Banco del Instituto de la Seguridad Social. El BIESS aportó 250 millones de dólares para constituir el fideicomiso, con el 38,2% de participación. El CELEC, en contraparte, contribuyó con 403 millones, por lo que su participación es del 61,7%. El monto total de este fideicomiso es de 653,7 millones. Hasta inicios de este año 2024, el BIESS había recibido de CELEC 26 cuotas por un valor de 106 millones, correspondientes al capital. Y 160 millones, por concepto de interés. El BIESS aún debe recuperar 15 cuotas por un total de 143 millones. En febrero, CELEC transfirió un pago de 12,7 millones de dólares, para cubrir el pago correspondiente al período de mayo a noviembre de 2023.

La central hidroeléctrica se ubica entre tres provincias, Pichincha, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. Es un complejo que consta de dos componentes, Sarapullo y Alluriquín. Sarapullo tiene potencia para producir 50,4 Megavatios (MW) y empezó a producir desde marzo de 2023. La central Alluriquín, con 204,4 MW de potencia, arrancará su producción en forma gradual, a partir de este mes de diciembre. La obra tiene más del 98 por ciento de avance.

El inicio de generación es una buena noticia para el país, en medio de apagones de hasta 14 horas al día por la crisis energética.

Pero no todo es luz al final del túnel. En la puerta del horno casi se quema el pan: las dos empresas contratistas rusas litigaron contra el Estado ecuatoriano.

Todo arrancó con Inter RAO. El 25 de octubre de 2010, la entonces HidroToapi EP y la sociedad anónima Inter RAO suscribieron el contrato de ejecución de las “obras electro e hidromecánicas para la puesta en servicio de las unidades turbogeneradoras del proyecto Toachi Pilatón”. El valor, según documentos obtenidos por esta alianza, fue de 144,9 millones de dólares. El plazo de ejecución: 44 meses. Dentro de este proceso, Inter RAO adquiría los equipos a otra firma rusa, que era la fabricante, Tyazhmash.

Hubo problemas estructurales, como la detección de fallas geológicas que amenazaban la estabilidad de la casa de máquinas de Alluriquín. “Los frentes de las obras civiles en la mayor parte de los sitios no fueron entregados a Inter RAO por parte de CELEC, alcanzando un retraso de hasta 630 días”, explicaba desde Moscú el ingeniero Viacheslav Leonov, entrevistado en abril de 2017, por Vistazo sobre la razón de las demoras.

Para esa fecha, “todo el equipamiento principal y la mayor parte de los equipos auxiliares ya han sido suministrados al Ecuador”, decía el portavoz ruso. “La primera unidad de la central hidroeléctrica Sarapullo del proyecto Toachi – Pilatón, está prácticamente lista para las pruebas y puesta en marcha”. Según esta versión, al no ser entregados los frentes de obra civil era imposible continuar. Además, “Es necesario que se firmen con CELEC las adendas del contrato, sin las cuales la empresa Inter RAO no puede suministrar al Ecuador el resto de los equipos que ya han sido fabricados”.

El gobierno de la Revolución Ciudadana había ofrecido cambiar la matriz energética a un esquema limpio, y supuestamente seguro, con la construcción de ocho centrales hidroeléctricas. (No escuchó a quienes advertían sobre el peligro de anclar la generación a la apuesta hidroeléctrica, frente a la amenaza del cambio climático, por el riesgo de sequías o inundaciones).

El régimen quería inaugurar las mega obras en 2016, en plena campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2017.

El retraso en Toachi Pilatón se debía a problemas con el frente de obra civil, a cargo de China International Water & Electric Corp (CWE). Los imprevistos generaron retrasos. No se llegó a un acuerdo definitivo para la línea de financiamiento del Roseximbank. La razón de fondo fue la dificultad de establecer una fecha de finalización del proyecto, en virtud de los imprevistos. Entre octubre de 2015 y octubre de 2016 CELEC se retrasó en los pagos en 26 ocasiones, con deudas que sumaron 12,5 millones de dólares

En el enlace ciudadano 505, del 17 de diciembre de 2016, el entonces presidente Rafael Correa anunció que había ordenado terminar unilateralmente el contrato con los constructores, por incumplimiento. En esa cadena, Correa solamente se refirió a la fabricante rusa, sin alusión a la china. La central hidroeléctrica Toachi Pilatón debía estar lista en mayo de 2015. Para la fecha de su sabatina, el gobierno solamente había entregado tres de las ocho centrales ofrecidas al país.

“Determinamos tres obras donde vamos a terminar unilateralmente los contratos. La una: Toachi Pilatón. Está atrasada la hidroeléctrica. Me ofrecieron la primera central, son dos. La de Sarapullo para diciembre (de 2016). Esta es una empresa rusa: Inter RAO no ha cumplido el contrato: He ordenado terminar unilateralmente el contrato, compañeros”, explicaba Correa.

El gobierno de la Revolución Ciudadana había ofrecido cambiar la matriz energética a un esquema limpio, y supuestamente seguro, con la construcción de ocho centrales hidroeléctricas. (No escuchó a quienes advertían sobre el peligro de anclar la generación a la apuesta hidroeléctrica, frente a la amenaza del cambio climático, por el riesgo de sequías o inundaciones).

El régimen quería inaugurar las mega obras en 2016, en plena campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2017.

El retraso en Toachi Pilatón se debía a problemas con el frente de obra civil, a cargo de China International Water & Electric Corp (CWE). Los imprevistos generaron retrasos. No se llegó a un acuerdo definitivo para la línea de financiamiento del Roseximbank. La razón de fondo fue la dificultad de establecer una fecha de finalización del proyecto, en virtud de los imprevistos. Entre octubre de 2015 y octubre de 2016 CELEC se retrasó en los pagos en 26 ocasiones, con deudas que sumaron 12,5 millones de dólares

En el enlace ciudadano 505, del 17 de diciembre de 2016, el entonces presidente Rafael Correa anunció que había ordenado terminar unilateralmente el contrato con los constructores, por incumplimiento. En esa cadena, Correa solamente se refirió a la fabricante rusa, sin alusión a la china. La central hidroeléctrica Toachi Pilatón debía estar lista en mayo de 2015. Para la fecha de su sabatina, el gobierno solamente había entregado tres de las ocho centrales ofrecidas al país.

“Determinamos tres obras donde vamos a terminar unilateralmente los contratos. La una: Toachi Pilatón. Está atrasada la hidroeléctrica. Me ofrecieron la primera central, son dos. La de Sarapullo para diciembre (de 2016). Esta es una empresa rusa: Inter RAO no ha cumplido el contrato: He ordenado terminar unilateralmente el contrato, compañeros”, explicaba Correa.

Nadie esperaba las acusaciones públicas de Correa, dado que para fines de noviembre de 2016, ya se había logrado un acuerdo en los temas de controversia entre ambas partes. Entre el 20 y 21 de diciembre de ese año, cuatro días después de los anuncios del entonces mandatario, los representantes de la contratista rusa pidieron reunirse con las autoridades ecuatorianas.

El 22 de marzo de 2017, CELEC declaró la terminación unilateral, argumentando que la empresa rusa había incurrido en 6 incumplimientos. El litigio saltó en primera instancia a mediación. Y luego escaló a un arbitraje, en diciembre de 2018, con una pretensión de pago de 86 millones de dólares, que quedó establecida en 45 millones, según el pronunciamiento de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, donde se resolvió el abitraje.

El laudo arbitral dio la razón a la fabricante rusa, en mayo de 2023. La apelación del Estado ecuatoriano no halló eco: en marzo de 2024, se ratificó en su pronunciamiento que ordena el pago de 45 millones de dólares a favor de Inter RAO.

Esta alianza pidió un pronunciamiento al portavoz de la empresa rusa, pero no tuvo respuesta.

La obra estuvo paralizada entre marzo de 2017 y julio de 2019, según revelaron fuentes del CELEC.

En abril de 2017, el Ministerio de Energía recibió la propuesta de Tyazhmash, fabricante original de buena parte de los equipos electromecánicos, por 83 millones de dólares. A inicios de 2018, la misma empresa reportó que el valor actualizado con rubros adicionales ascendía a 112 millones.

En febrero de ese año, CELEC y Tyazhmash suscribieron el contrato para la finalización de las obras electromecánicas e hidromecánicas. El monto: 124 millones de dólares. Y el plazo, 29 meses.

La pandemia obligó a suspender los trabajos entre marzo y junio de 2020. El 19 de agosto de 2021, la contratista pidió una prórroga, que implicaba extender el plazo hasta diciembre de 2022. En septiembre de 2021, Vistazo visitó el proyecto y fue recibida por representantes de CELEC y Tyazhmash. Ambos coincidieron en que la central se había convertido en un monumento a la resiliencia, pues fue el único proyecto de esa magnitud que siguió en marcha a pesar de la pandemia de Covid-19.

“Personal técnico que venía desde Rusia y Alemania para el montaje de equipos no pudo llegar en el momento previsto según la planificación inicial. Algunos equipos electromecánicos y de transformación que viajaban desde Europa y Asia sufrieron demoras en los puertos de embarque, cerrados durante la emergencia. Una infraestructura en particular, que ahora se encuentra en la subestación de Alluriquín, venía desde la región china de Wuhan, donde se reportó el brote del coronavirus”. Esto publicó Vistazo en 2021, citando al entonces gerente de la unidad de negocios Hidrotoapi.

En esa visita, el gerente general de Tyazhmash, Azat Satikov, explicó que el primer gran desafío al asumir el contrato, en 2019, fue iniciar un proceso de revisión, análisis y recuperación porque gran parte de los equipos electromecánicos anteriormente suministrados fueron guardados en condiciones antitécnicas. Aclaró que algunos equipos permanecían guardados “bajo cielo”. Y remarcó la dificultad que supuso mantener el ritmo de obra durante la crisis sanitaria.

A fines de 2022 la contratista solicitó una nueva extensión, esta vez, hasta el 28 de marzo de 2024, el equivalente a 464 días adicionales. En agosto de 2023, requirió por tercera vez una prórroga.

La segunda ampliación del plazo contempló cuatro eventos: el retraso en la ejecución de obras civiles de nivelación de pisos en la casa de máquinas; el paro nacional de actividades; la variante omicrom de Covid-19 y el período invernal.

Desde inicios de mayo de 2023, Tyazhmash argumentó que un “desequilibrio económico” afectaba al contrato, en razón de gastos por mayor permanencia, por efecto de las ampliaciones de plazo.

La pretensión de la firma rusa fue el cobro adicional de 53,4 millones de dólares. Este valor fue calculado en función de varios rubros: 32,4 millones por costos operacionales (ya que la empresa estimó que cada día de operación tiene un valor de 38.500 dólares); 7,5 millones de dólares por la extensión de garantías técnicas en Sarapullo, y 13,5 millones por la extensión de garantías técnicas en Alluriquín.

En agosto de 2023, las partes optaron por un procedimiento de mediación en el organismo especializado de la Procuraduría General del Estado.

Entre los documentos que sustentan los pagos adicionales, invocados como extraordinarios por la contratista, se incluyen facturas por alimentos, con bebidas de moderación; arriendo de bodega y vivienda; exámenes médicos; una prima de seguro de vida; honorarios por asesoría tributaria; combustibles en Guayaquil; auditoría de estados financieros. La empresa rusa no se había pronunciado sobre este ítem, al ser consultada para esta reportería.

Sobre el contenido final y el monto acordado en mediación, ninguno de los actores quiso pronunciarse, aludiendo el carácter secreto de las negociaciones. Fuentes extraoficiales confirmaron que este mecanismo garantiza que Contraloría no audite el proceso.

Esta alianza conoció que el acuerdo económico supera los 20 millones de dólares, aunque el monto total es confidencial. El arreglo permitió al gobierno anunciar para diciembre el inicio de operaciones de una de las tres turbinas de la central Alluriquín. Esto representa 68 megavatios, MW, en medio de la crisis energética más grave de los últimos tiempos, con apagones de hasta 14 horas diarias.

La alianza requirió información a la empresa fabricante rusa, hasta el cierre de esta edición espera una respuesta.

Se encuentra en el límite de las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. Aprovecha el caudal de los ríos Pilatón y Toachi.

La potencia instalada es de 254,4 MW. La central Sarapullo, con 50,4 MW y la central Alluriquín, 204 MW. Sarapullo inició operaciones en marzo de 2023, Alluriquín está previsto para diciembre de 2024, y el inicio de las otras dos fases en forma escalonada y progresiva.

El esquema consiste en captar aguas del río Pilatón. Un túnel de conducción de aproximadamente cinco kilómetros llega hasta la casa de máquinas de Sarapullo. Aquí operan tres unidades. El agua turbinada pasa a la siguiente etapa en Alluriquín, donde la potencia instalada es de 204 MW. Toda la energía del proyecto sale hacia la subestación Alluriquín, la cual se integra con el sistema nacional interconectado.

La central se ubica en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. Fue diseñada para producir energía eléctrica en mayor cantidad entre los meses de enero y mayo, cuando las centrales de generación de la vertiente oriental (Coca Codo Sinclair, Paute y Agoyán) se encuentran en período de estiaje. En la actualidad, por los efectos del cambio climático los ciclos estacionales ya no se cumplen.

Corrió mucha agua bajo el puente desde que se vislumbró este proyecto hidroeléctrico, allá por 1965. En 2003, el proceso adquirió impulso, cuando la prefectura de Pichincha invitó a la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) para estudiar el proyecto y hacer una propuesta. Esta contempló un presupuesto total de 300 millones de dólares, de inversión privada, sin financiamiento del Estado. IMPSA obtuvo la concesión del entonces CONELEC para ejecutar el proyecto, pero ésta fue entregada a Hidrotoapi S.A., que ya tenía un acuerdo previo con Odebrecht. Esto obligó a IMPSA y Odebrecht a trabajar en conjunto.

En enero de 2008 el entonces presidente Rafael Correa puso la primera piedra. Solo un mes más tarde, IMPSA evidenció fallas en el diseño de las obras, similares a las que luego se evidenciarían en San Francisco. Odebrecht contrató a otro proveedor del equipamiento. Posteriormente, Odebrecht salió de escena y la obra civil quedó en manos de China International Water & Electric Corp (CWE), de China. Esta también salió, en medio de litigios con CELEC. Los trabajos continuaron con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Esta alianza pidió un pronunciamiento a CELEC, hasta el cierre de esta edición espera una respuesta.

* La investigación para este reportaje fue financiada como parte del proyecto concursable de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD, para investigar el impacto de los capitales corrosivos.

Luego de tres días de deliberación, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dará a conocer el dictamen referente al caso Metástasis, que aborda una trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por infiltración y sobornos del narcotráfico.

Entre los veintiún procesados que recibirán una sentencia este martes se encuentran el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez, y la excomisionada de Pacificación Carcelaria Claudia Garzón.

Después de concluir que los acusados tomaron parte en el delito de delincuencia organizada, la jueza que preside el ente judicial referido, Mercedes Caicedo, junto a otros magistrados, comenzó a definir el grado de culpabilidad que pesará sobre cada uno, lo cual configurará en gran medida su sentencia.

Luego de intervenir y presentar evidencia recabada en estos últimos meses, el Ministerio Público pidió una condena de nueve años y cuatro meses para el exjuez del Consejo de la Judicatura.

De igual manera, la Fiscalía ha asegurado que Garzón “aprovechó su designación como miembro de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación para recibir beneficios económicos provenientes del líder del grupo organizado”, a cambio de la consecución de comodidades para Norero durante su encarcelamiento.

En la diligencia fue referida como el «enlace» entre el narcotraficante y Ramírez, por lo que se consideró que sí participó en la trama de delincuencia organizada. Fuente: Vistazo