La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCOM), a través de su director provincial, Ángel González Estrella, dio a conocer en Zumbi el pasado lunes en TvMás Encuentros  las acciones adoptadas por la institución frente a los impactos de la actividad minera en la provincia de Zamora Chinchipe, particularmente en el cantón Centinela del Cóndor y en la cuenca del río Zamora.

A raíz de los graves acontecimientos ocurridos en Zumbi, cabecera cantonal de Centinela del Cóndor, donde una inundación causó severos daños en la localidad, ARCOM inició un proceso técnico y administrativo en contra de la Concesión Minera “Los Tenistas”, que culminará con la suspensión y archivo definitivo de la misma, tras el pronunciamiento oficial del Ministerio de Energía y Minas.

“Desde el primer momento hemos actuado. Se han emitido los informes técnicos correspondientes y, ante el incumplimiento, se han tomado las medidas sancionatorias previstas en la normativa vigente, que incluyen desde multas económicas hasta el cierre definitivo de la concesión”, puntualizó González.

Falta de cooperación por parte del titular minero

El titular de la concesión ha mostrado una actitud evasiva, sin presentarse ante las autoridades ni asumir responsabilidad alguna, dejando en manos del operador minero la gestión ante los organismos de control. “Lamentablemente, no hemos tenido acercamiento con el titular. Es el operador quien ha estado dando la cara en este proceso”, añadió.

Controles e inspecciones en territorio
ARCOM ejecuta un plan de inspecciones técnicas, tanto programadas como inopinadas (sin pensarlo), en todas las concesiones mineras legalmente registradas en la provincia, haciendo énfasis en la verificación de acciones de mitigación y remediación ambiental, que deben ejecutarse paralelamente a las labores extractivas. González reconoció que, en múltiples casos, estas medidas no se están cumpliendo.

La situación se torna aún más crítica al considerar la magnitud del territorio y la alta concentración de concesiones: Zamora Chinchipe es la provincia con el mayor número de concesiones mineras a nivel nacional, superando las mil solo en los segmentos de minería artesanal y pequeña minería. Además, existen varias concesiones de minería a gran escala.

Minería ilegal: un desafío estructural
Según ARCOM, el 99,9% de las actividades extractivas que se desarrollan desde el puente del río Zamora hasta el cantón El Pangui son ilegales. Esta minería informal y clandestina no solo genera daños ambientales irreversibles, sino que también representa un riesgo para la seguridad de los funcionarios y técnicos de las instituciones encargadas del control.

“La minería ilegal tiene sus propias redes. Nos persiguen en motos, nos tienen vigilados, y hasta nuestros vehículos están identificados. En las inspecciones nos trasladan en vehículos blindados sin saber nuestros destinos exactos, por razones de seguridad”, denunció el director provincial.

Asimismo, indicó que muchos operativos de control son ejecutados directamente por las Fuerzas Armadas en coordinación con el Ministerio del Ambiente (MATE), sin intervención directa de ARCOM, aunque con su respaldo técnico y logístico.

Remediación ambiental: responsabilidad pendiente
Frente a los impactos ocasionados por la actividad minera irresponsable, especialmente en áreas como el río Zamora, González fue enfático en señalar que los planes de remediación no deben recaer sobre las autoridades locales ni sobre la ciudadanía, sino sobre los titulares de las concesiones.

“No se puede permitir que los gobiernos locales o la población terminen asumiendo los costos de la remediación ambiental. Es el titular minero quien debe responder por los daños”, manifestó.

Compromiso institucional
Desde su rol como autoridad técnica, ARCOM continuará priorizando el combate a la minería ilegal y el fortalecimiento del control a las concesiones vigentes. González reiteró que el trabajo se realiza en el marco de la ley, y que la institución cumple con emitir los informes y remitirlos al ente rector, que es el Ministerio de Energía y Minas, el cual tiene la competencia de emitir las resoluciones sancionatorias y de archivo.

“Yo no puedo concebir que se haya entregado una concesión que incluya el ancho completo del río. Aquí hay responsabilidades compartidas, tanto de las instituciones como de la ciudadanía. Todos somos responsables cuando permitimos que esto ocurra”, concluyó.

Por  Mario Paz, Mgs.

Ser docente en el Ecuador ha sido, una vocación llena de sacrificios y desafíos. La historia del magisterio ecuatoriano ha estado marcado por una constante lucha por el reconocimiento de su labor y la mejora de sus condiciones económicas. Desde 1944, año clave en la institucionalización de derechos laborales para los Docentes, hasta el presente 2025, se ha evidenciado una evolución significativa en los salarios y jubilaciones del sector educativo. Este artículo realiza un recorrido histórico por las principales reformas, políticas y momentos clave que han influido en el progreso de las remuneraciones y beneficios sociales de los Maestros ecuatorianos. Comprender este proceso no sólo permite identificar a los Gobernantes que han tenido la voluntad política de invertir en el sistema educativo y valorar los avances alcanzados, sino también reflexionar sobre los desafíos pendientes en la valorización del trabajo Docente. En este artículo, quiero compartir, desde la mirada de un docente, cómo estas políticas transformaron nuestra realidad y por qué es importante mantener vivo el compromiso con una educación que también cuide a quienes la hacen posible. Porque hablar de educación no es solo hablar de estudiantes, infraestructura y currículo, sino también de quienes, día a día, entregan su vida a formar generaciones.

HISTORIAL DE LOS SALARIOS DE LOS DOCENTES:

En noviembre de 1944, fue promulgada la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional y se mantuvo vigente en el Ecuador por más de sesenta años, fue modificada totalmente en el 2011, con la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).  Entre 1944 y 2000, los Docentes enfrentaron desafíos significativos en cuanto a sus condiciones salariales y de vida. Las crisis económicas de las décadas de 1970, 1980 y 1990 tuvieron un impacto negativo en los salarios y el bienestar social de los Profesores, sus condiciones salariales fueron precarias, algunos laboraban por la modalidad de horas clase (hora trabajada hora pagada), sin derecho a seguridad social y con salarios insignificantes, que obligaba a los dueños de los almacenes, las tiendas y  farmacias a exhibir letreros que decían: “prohibido el crédito al magisterio”, a este nivel de humillación fueron sometidos los Docentes de aquella época.

Durante el período comprendido entre 2000 y 2006, con una economía dolarizada, los salarios de los docentes eran relativamente bajos, debido a la situación económica del país,  fluctuaban según la categoría del docente entre  290,97 dólares y .  375,40 dólares,  durante este período los salarios se mantuvieron relativamente estancados, reflejando la falta de inversión en el sector educativo. Los sueldos no se pagaban puntualmente y existían continuas paralizaciones del servicio educativo. El abandono a la educación por parte del estado, dio como resultado que en el 2006 la UNESCO determinó que el Ecuador era una de los 3 últimos países en Latinoamérica en calidad educativa. A raíz de ese diagnóstico se  implementó el plan decenal de educación 2006–2015 (aprobado en consulta popular el 26 de noviembre de 2006) y  la aplicación de un  nuevo modelo de gestión.

Durante los diez años del gobierno del presidente Rafael Correa (2007-2017), se aprobó la nueva Constitución, se implementó la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y con ello los salarios de los docentes en Ecuador experimentaron incrementos significativos, sustentados en la 7ma política del plan decenal de educación: “Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida”.

Entre 2007-2011: se implementaron incrementos salariales progresivos para los docentes por el monto de 55 dólares y para 2011, el salario de un maestro ascendió a 640 dólares, representando un aumento del 70% en comparación con 2006.

Desde 2012, el salario promedio de los docentes ha mostrado un incremento constante. Por ejemplo, en 2013, el salario promedio era de aproximadamente $1005,76 USD, y para 2016, este promedio había aumentado a $1142,94 USD2. En el 2008, el 1,27% de los docentes ganaban un salario mayor a la canasta básica, mientras que en el 2016 el 88,25% de los docentes gana un salario mayor a la canasta básica. La canasta básica familiar del mes de febrero del año 2017 fue de 708.52 dólares. En enero de 2016, mediante reforme a la LOEI de 25 de agosto pasaron de 530 a ganar 817 dólares, mientras que los profesores sin título de tercer nivel aumentaron su salario de 430 a 675 dólares. Estos incrementos reflejan los esfuerzos realizados durante el gobierno de Rafael Correa para mejorar las condiciones salariales de los docentes en Ecuador.

El 9 de marzo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) con 126 votos a favor y 8 abstenciones. Con esta ley, el piso de dicha escala salarial de los Docentes (categoría J) era el equivalente a 2,5 salarios básicos unificados del trabajador y  el resto de categorías desde la “I” hasta la “A”, debían ser calculadas con las escalas remunerativas del servicio público (resolución no. mrl-2012-0021 de fecha 27-01-2012). Sin embargo, El ex presidente Guillermo Lasso, emitió un veto total por inconstitucionalidad al proyecto de reformas a la LOEI en el componente de remuneraciones, por lo que, en agosto de 2021, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el incremento de salarios a los maestros. Adicionalmente el señor  Lasso, a través del presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la LOEI en el componente de jubilación, argumentando que la disposición sobre la jubilación especial de los docentes carecía de sustento financiero y actuarial. Por la mezquindad del señor Lasso, pese a que en campaña electoral (10 de abril de 2021) ofreció respaldar a los Docentes con la implementación de todas las reformas a la LOEI que fue publicada en el registro oficial el 19 de abril de 2021. Luego del espaldarazo del señor Lasso a los Docentes, los salarios actuales  quedaron establecidos así: categoría J, 733 dólares,  categoría I,  817 dólares, categoría H, 901 dólares, categoría G, 986 dólares, categoría F, 1086 dólares, categoría E, 1212 dólares, categoría D, 1412 dólares, categoría C, 1676 dólares, categoría B, 1760 dólares y categoría A, 2034 dólares.

HISTORIAL DEL INCENTIVO JUBILAR DE LOS DOCENTES (ART. 129 DE LA LOSEP)

En el año 1991 el reglamento general a la ley de carrera docente y escalafón del magisterio nacional en su art. 115  otorgaba por jubilación a los Docentes: condecoración al mérito educativo, bonificación económica equivalente  cinco sueldos básicos del magisterio y licencia con sueldo por sesenta días para trámites correspondientes

En el año 2006 el ex presidente de la república, Alfredo Palacio González, reforma al art. 115 del referido reglamento y se incrementa a 12.000 mil dólares la jubilación para los Docentes.

En los años 2008, 2009 y 2010 en el gobierno del ex presidente Rafael Correa delgado, se reforma el art. 115 y se establece un estímulo a la jubilación para los docentes según la edad y años de servicio en el magisterio, que se aproximaba a los 24.000 dólares.

A partir de la promulgación de la LOSEP el 3 de octubre de 2010 y la LOEI (abril del 2011) hasta la actualidad, los Docentes reciben por beneficio de jubilación cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados que equivale a 53.100 dólares, conforme lo establece el Art. 129 de la LOSEP y la novena disposición general de la LOEI.

HISTORIAL DE LOS SALARIOS QUE LOS DOCENTES JUBILADOS PERCIBÍAN EN EL IESS

Los docentes que se jubilaron antes de la implementación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en abril del 2011, recibían en el IESS sueldos que no superaban los 400 dólares mensuales, ya que el aporte del Docente al IESS era de la categoría en la que se encontraba. Con la aparición de la LOEI en abril del 2011 se establece  en la 8VA DISPOSICIÓN GENERAL LOEI, que el aporte del Docente al IESS será del 100% del sueldo (RMU) y con ello se mejora las pensiones jubilares, ya que según la ley del seguro social, los sueldos de los jubilados es el promedio de los 5 mejores años de aporte y actualmente superan los 1400 dólares.

En esta fecha especial que celebramos el día del Maestro ecuatoriano, rindo homenaje a quienes con vocación, entrega y pasión siembran conocimiento en las mentes y valores en los corazones. Gracias por no rendirse, por creer en el poder de la educación y por ser esas luminarias de esperanza para generaciones enteras. Su labor no siempre es fácil, pero su impacto es eterno. A todos los maestros de mi provincia y del país entero: ¡gracias por ser constructores de futuro, ejemplo de constancia y alma de nuestra educación!

Con un firme compromiso por la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales y el respeto a la normativa ambiental vigente, este 9 de abril, la comunidad del barrio Playa La Florida del cantón Yantzaza protagonizó una significativa jornada de resistencia frente al intento de incursión de maquinaria para realizar actividades de minería ilegal en su territorio.

El levantamiento ciudadano se produjo tras la alerta de ingreso de maquinaria pesada a la zona, lo cual generó la inmediata reacción de los moradores, quienes, en conjunto con autoridades municipales, Policía Nacional y dirigentes barriales, se congregaron en el sector para impedir el avance de una actividad extractiva que consideran devastadora y no autorizada.

Robert, presidente del barrio La Florida, expresó su preocupación y rechazo ante la situación, destacando que “esta es una de las últimas zonas productivas que quedan en la provincia, y permitir la minería ilegal significaría arrasar con lo poco que aún se conserva». El dirigente enfatizó que la decisión fue tomada de manera unánime por los moradores del barrio, quienes, preocupados por las consecuencias ya visibles en cantones vecinos como Centinela del Cóndor, decidieron actuar con firmeza para evitar que este flagelo afecte a su comunidad.

A la voz ciudadana se sumó el respaldo institucional. Por delegación de la alcaldesa del cantón, María Lalangui, el Director de Gestión Ambiental y Producción del GAD Municipal de Yantzaza. Fausto Román, se hizo presente con su equipo técnico, confirmando que la zona en cuestión no cuenta con concesiones mineras legales y que, por tanto, cualquier actividad de extracción planificada constituía una infracción a la normativa ambiental y minera vigente.

“La municipalidad de Yantzaza no está en contra de la minería, pero sí se opone tajantemente a la minería ilegal, aquella que genera impactos irreversibles al ambiente y pone en riesgo a la población”, indicó Román. Asimismo, informó que se notificó a los propietarios de los terrenos y a los dueños de la maquinaria para que se retiren del sitio de manera inmediata, a fin de evitar conflictos y posibles sanciones legales.

Durante la jornada también intervino la concejala Raquel Naula, quien reiteró el compromiso de la alcaldesa y del Concejo Municipal de defender la vida, el agua y el territorio frente a toda amenaza ambiental. “El lema de nuestra alcaldesa ha sido claro desde el inicio de su gestión: no a la minería ilegal. Aquí estamos respaldando esa postura con acciones concretas, porque el río es vida y no minería”, expresó Naula.

Uno de los moradores, Polibio Armijos, agradeció la reacción oportuna de las autoridades y subrayó la unidad de las comunidades de Playa La Florida y sectores aledaños, quienes acudieron al llamado en defensa del territorio. “Nos estamos uniendo por el bien común, porque este daño no tiene vuelta atrás. Lo que está ocurriendo en otras zonas mineras no puede repetirse aquí”, señaló.

Por otro lado, se conoció que los propietarios del predio donde se pretendía realizar la actividad minera manifestaron que su intención era extraer material aurífero como una medida desesperada ante la crítica situación de salud de un familiar. No obstante, los funcionarios municipales reiteraron que ninguna actividad de esta naturaleza puede ejecutarse sin contar con los permisos correspondientes, incluso si se realiza en propiedades privadas.

Finalmente, la maquinaria fue retirada del lugar como resultado de la presión conjunta entre moradores, autoridades y fuerzas del orden, quienes se mantuvieron vigilantes hasta lograr el desalojo pacífico. Este hecho se convierte en un ejemplo para el cantón Yantzaza y provincia, que una vez más reafirma su postura firme y organizada frente a la minería ilegal.

Las autoridades locales hicieron un llamado a toda la ciudadanía yantzacense a mantenerse alerta, unida y participativa, y reiteraron que seguirán trabajando por el desarrollo sustentable del cantón, priorizando siempre el bienestar de las actuales y futuras generaciones.