Nacionales
Ramiro García debe ser posesionado como representante de los trabajadores en el IESS

La designación del representante de los trabajadores en el Consejo Directivo del IESS no se ha dado porque la Superintendencia de Bancos no ha ratificado la habilidad de Ramiro García Falconí como principal y Ramiro Beltrán como alterno. Explicó Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, al manifestar que algunos sectores han querido manchar el proceso.
Dijo que de 16 organizaciones reconocidas, 10 votaron por García Falconí y en tanto no hay nada que discutir. Ante esto, la Super de Bancos lo que tiene que hacer es revisar la habilidad legal y quienes tienen el respaldo mayoritario para proceder a posesionar a quien corresponde.
«El respaldo legalmente, tanto cuantitativa como cualitativamente, lo tienen García y Beltrán», afirmó al decir que ambos deben ser posesionados máximo hasta mañana. PMB
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Nacionales
La Fiscal Diana Salazar cumple seis años en el cargo: ‘No solo peleamos contra el delito, sino contra grandes billeteras’

Asumió el cargo de Fiscal General del Estado en 2019 y hoy sería su último día de funciones . Pero el Consejo de Participación Ciudadana no ha elegido a su reemplazo. Así que Diana Salazar Méndez tiene dos opciones: quedarse hasta que haya un reemplazo, lo que podría tomar meses o años, o dejar al mando de la institución al fiscal subrogante Wilson Toainga . Hoy debe comunicar su decisión. Vistazo reproduce a continuación una entrevista en exclusiva que se publicó en su edición de marzo.
La fiscal general Diana Salazar explica los alcances de tres casos emblemáticos que investigó durante sus seis años de gestión al frente de esa entidad. Se refiere a los expedientes Sobornos, Las Torres y Defensor del Pueblo . Su período al frente de esa institución termina en abril: ella anticipa que habrá una transición ordenada . Y en tono personal, relata el costo que pagó su familia por su trabajo, pero también la bendición de ver a la llegada de su niña Julia Victoria . Por sus dos hijas, el esfuerzo realizado valió la pena.
El ocho de abril de 2019 se posesionaba ante el Pleno de la Asamblea Nacional la flamante fiscal general del Estado. Para entonces Diana Salazar Méndez aún no cumplió 38 años de edad. Tres años antes, en 2016, como fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Salazar había investigado la trama de corrupción detrás de la cúpula del fútbol. Luego dirigió la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Este abril termina el período para el cual fue elegida. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha debido enfrentar en su gestión?
Sin duda, han sido muchas las decisiones difíciles a lo largo de mi gestión. La primera y más trascendental fue asumir el cargo de fiscal general. Presentarme al concurso significó una decisión de gran magnitud, pues implicaba asumir una enorme responsabilidad con el país, con mi familia y conmigo misma.
Ya en funciones, cada decisión ha conllevado un alto grado de responsabilidad, pues en el ámbito penal se trata de la libertad de las personas. Siempre insistimos en que la Fiscalía debe intervenir lo mínimo indispensable, ya que no estamos para resolver todos los conflictos, sino para actuar cuando la ley lo exige. No hay una decisión fácil en este trabajo. Incluso cuando se logra una sentencia, la Fiscalía no «gana». Quitarle la libertad a un ser humano no es motivo de celebración. Si bien detrás de cada persona sentenciada hay un delito, también hay una familia, y ningún hogar educa a sus hijos con la intención de que se conviertan en delincuentes. Sin embargo, cuando llevamos adelante un proceso, lo hacemos por el bienestar de la sociedad. Y cuando enfrentamos críticas o ataques, somos conscientes de que, aunque la justicia prevalezca, para algunas familias el dolor seguirá ahí.
¿Qué casos le marcaron?
Me gustaría referirme a tres casos específicos que marcaron mi gestión, porque tienen un punto en común: los implicados eran considerados símbolos de la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos; los casos Sobornos, las Torres y Defensor del Pueblo.
Procesar a un ex Presidente de la República, a un Contralor General y a un Defensor del Pueblo –ambos en funciones– por cohecho, delincuencia organizada y abuso sexual, respectivamente, fueron grandes desafíos.
El primer reto fue asimilar, en lo personal, la magnitud de los delitos que se habían cometido. Es impactante enfrentarse a la realidad de que quienes estaban llamados a velar por el bienestar de la población y la institucionalidad del Estado, en realidad, solo protegían sus propios intereses. Luego vino otro punto crítico: la reacción de los procesados. Para evitar la justicia y conservar su poder, desplegaron campañas mediáticas agresivas, invirtiendo recursos para desprestigiar el trabajo de la Fiscalía y sembrar dudas en la opinión pública. Para refutar la investigación, recurrieron a ataques personales y una guerra psicológica para debilitarnos. En el caso del Defensor del Pueblo la situación fue más compleja por la naturaleza del delito. El contenido de las audiencias y de las pruebas no podía hacerse público; el sentenciado ha tratado de instalar la idea de que su caso fue una persecución, aunque tiene una condena.
En los casos Sobornos y Las Torres, la impunidad los cobija; a pesar de las sentencias, los principales responsables están en libertad.
Usted tuvo la valentía de investigar casos de corrupción que involucraron al poder. Reveló los tentáculos de la mafia enquistados en el Estado. Ninguno de sus antecesores llegó tan lejos. ¿Qué atributos tuvo que expuso tanta podredumbre?
Es difícil hablar de una misma, pero puedo hablar de lo que he visto las personas que conforman mi equipo: la búsqueda de la verdad sobre todas las cosas, el trabajo incansable por un país mejor y libre de delincuencia; el valor para luchar contra la impunidad de gente que se ha creído intocable por tanto tiempo. He visto la frustración en sus rostros, cuando después de jornadas incansables se han encontrado con infamias en las redes sociales, cuando se menosprecia el trabajo de los servidores públicos, porque nosotros no cobramos cientos de miles de dólares y no somos afamados “abogados”, entonces tenemos que aguantar insultos en silencio. Pero también he visto rostros de satisfacción, porque saben que lo hacemos por nuestras familias, y eso no tiene precio. No somos un equipo inmenso, sino pocos los que estamos todo el tiempo trabajando, peleando no solo contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico, sino contra grandes billeteras, lo hacemos seguros de que tenemos la verdad procesal de nuestro lado.
Cuando supo del contenido del celular del narcolavador Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Latacunga, ¿sospechaba los niveles de conexiones que destaparía?
Cuando empezamos cualquier caso, nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero estábamos hablando de un personaje grande en la historia del narcotráfico del país, entonces sabíamos que sería una investigación compleja.
¿Cree que haya otros Noreros operando en la sombra?
No me asombraría.

¿Este cargo de fiscal ha sido demasiado corto o demasiado largo para usted, tomando en cuenta que lo asumió siendo muy joven?
A veces pienso que seis años son demasiados para ser fiscal general, es un puesto muy demandante. El Derecho Penal no se detiene, no hay noches, no hay fines de semana, no hay feriados, los plazos siempre están corriendo, entonces es desgastante. Sin embargo –y por otro lado–, parece que fue ayer que asumimos el reto y queda tanto por hacer que parecería que seis años han sido cortos. Como lo dije frente a la Asamblea Nacional, sé que la deuda es grande y quedan cosas por hacer en el ámbito del acceso a la justicia. Entonces, con satisfacción puedo decir que cuando se entrega todo, el tiempo es el justo.
¿Hay algo de lo que se arrepienta en estos años, desde que asumió como fiscal?
Seguramente hay cosas que se pudieron hacer mejor, pero esa perspectiva nos da la experiencia de haber tomado las decisiones que tomamos con la experiencia que teníamos en ese momento. Por eso no soy una persona de arrepentirme, creo más en aprender las lecciones.
Cuando se cumpla su período, usted ¿se quedará en funciones prorrogadas mientras se designe su sucesor? O ¿dejará un fiscal encargado mientras se designa al titular?
Al concluir el período para el cual fui elegida, mi actuar se regirá por el marco legal y el respeto a la institucionalidad. Más allá de asegurar la estabilidad y la continuidad del trabajo en la Fiscalía, considero fundamental que la transición se desarrolle de manera ordenada y conforme a la normativa. Tomaré la decisión que garantice el adecuado funcionamiento del Sistema y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
¿Qué desafíos debe cumplir el Fiscal que le suceda?
En su momento, Metástasis fue una radiografía. Plaga y Purga fueron los efectos de esa radiografía. También tenemos casos como Independencia Judicial, Pantalla y otros. Le hemos mostrado al país cómo el narcotráfico y la política le han metido la mano a la justicia; el desafío está en no dejar que se vuelvan realidad los sueños de impunidad de todos esos grupos que se creen intocables.
¿Qué consejo le daría a su sucesor?
A la persona que venga, que actúe con sabiduría, es lo único que le deseo, porque se necesita conocimiento y prudencia para actuar en todos los momentos.
¿Quién debe temerle a Diana Salazar?
Nadie. Son los delincuentes quienes le tienen miedo a la acción de la justicia, cuando hay quienes nos convertimos en un instrumento para que funcione en bien de la sociedad.
Si hoy pudiera hablar con Diana Salazar, la niña, la joven que entró a estudiar Derecho porque creyó en la Ley y en la Justicia. ¿Qué consejo le daría?
Que siga, que nada la detenga. Que cada noche en vela, cada madrugada, cada sacrificio valdrán la pena. Que soñar y, sobre todo, trabajar por esos sueños, tendrá sus recompensas. Me gusta mirar con cariño a esa niña, a esa jovencita que fui y decirle “mira dónde estamos, mira cómo llegamos”, porque hay algo que valoro y es la paz de poder dormir tranquila todas las noches. A eso le llamo éxito.
¿Cómo se ve en cinco años? ¿En diez?
En paz. Viendo crecer a mis hijas, disfrutando de mi familia.
¿Qué precio personal pagó usted por ejercer el cargo de fiscal general?
El tiempo que dejé de dedicarle a mi hija, pero sé que ella entiende, porque es una niña muy inteligente, que lo hice por el bien de todos. Hay días, todavía, que siento que he expuesto a mi familia, que me pregunto si todo esto vale la pena, pero es en ese mismo cansancio en el que me respondo que por supuesto que sí, porque serán mis hijas quienes vean el fruto de todo lo que estamos haciendo.
¿La vida le gratificó con la oportunidad de recomponer su hogar, en respuesta al sacrificio que usted hizo al entregar su profesionalismo y juventud al país?
Como creyente, sé que el plan de Dios es perfecto y que Julia Victoria llegó en el momento correcto a completar nuestro hogar, y somos nosotros los agradecidos con esa bendición.
¿Qué país espera para sus hijas?
El país por el que trabajamos todas las mamás y todos los papás del Ecuador, porque, todos los días, millones de personas nos despertamos ilusionadas a trabajar por dejarles lo mejor a nuestras pequeñas y pequeños. Esas semillas no caen en tierra infértil, si perdemos la esperanza todo está perdido, entonces, hay que mantener la fe de que mientras cada uno de nosotros haga lo correcto, estaremos en el camino adecuado.
¿Qué les dice a esas mujeres que ven en usted a un ejemplo y una inspiración de lucha por la verdad y la Ley?
Primero, debo agradecerles a todas esas personas que han sido generosas conmigo, he recibido siempre una palabra de aliento y respaldo: ¡Muchísimas gracias! Después, les diría que la lucha por la verdad y la justicia no es fácil, pero es necesaria. Ser mujer en espacios de poder y toma de decisiones implica enfrentar desafíos adicionales, desde cuestionamientos hasta ataques personales, pero también nos da la oportunidad de demostrar que la integridad y la determinación pueden marcar la diferencia. A quienes me ven como un ejemplo, les diría que no hay un solo camino para abrirse paso. La clave está en prepararnos, en mantenernos firmes en nuestros principios y en no permitir que el miedo o las dificultades marquen nuestros destinos. La verdad y la justicia requieren valentía y fortaleza interna, y cada una de nosotras tenemos la capacidad de contribuir a construir un país más justo. Fuente: Primicias
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Fiscal Diana Salazar puede seguir en funciones de forma prorrogada hasta que se nombre a su sucesor

Un pronunciamiento jurídico emitido por la Procuraduría General del Estado (PGE), el 26 de febrero de 2025, es la base jurídica para la prorrogación de funciones de la fiscal Diana Salazar. La funcionaria puede seguir en el cargo de manera indefinida, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) nombre a su reemplazo.
«La Fiscal General del Estado en su calidad de servidora de la Función Judicial nombrada para un determinado período, puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada», se lee en el pronunciamiento de la PGE, al absolver una consulta realizada por la propia Salazar.
Según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el período del Fiscal General del Estado es de seis años. Es decir, el 8 de abril de 2025 Salazar debería dejar la entidad. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha avanzado en nombrar a su reemplazo.
Por tal motivo, y ante el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General, Salazar podría continuar en el cargo hasta que ese concurso se concrete. La decisión final depende de ella. Por el momento, la Fiscal General no se ha pronunciado sobre su decisión de continuar o no en ese puesto.
El retaso en el CPCCS
Con el nombramiento de Fiscal General pendiente, el CPCCS lidia con sus propios problemas. En enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a Eduardo Franco, Augusto Verduga y Yadira Saltos, exvocales correístas del CPCCS.
Dos de esos lugares fueron asumidos por Piedad Cuarán y Gonzalo Albán. Sin embargo, la séptima vocalía todavía está en disputa entre David Rosero y Oscar Ayerve. La Asamblea Nacional debe definir quién se posesiona y para esto elevó una consulta a la Procuraduría.
Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó a PRIMICIAS que mientras no se solucione ese problema, el concurso para seleccionar Fiscal no avanzará, ya que al tener un Consejo incompleto se podría configurar algún tipo de nulidad posterior. Fuente: Primicias
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¿Qué pasa con los bienes de alias ‘Fito’, estimados en más de 23 millones de dólares?

Su nombre volvió a ser noticia, por cuenta del anuncio de la justicia estadounidense, según el cual José Adolfo Macías Villamar, ‘Fito’, es requerido por cargos internacionales de drogas y de tráfico de armas. El líder de Los Choneros vive en la clandestinidad desde enero de 2024, cuando escapó de la cárcel. ¿Qué pasa con sus bienes, estimados en más de 23 millones de dólares?
‘Fito’ tiene mente fría y calculadora, según un perfilamiento criminal realizado cuando estaba en prisión. Él habría mantenido dos figuras clave a cargo de sus finanzas, según informes de inteligencia financiera.
Su esposa, Mariela Peñarrieta, es profesional en enfermería y enfrentó un proceso judicial por el delito de supuesto lavado de activos. El proceso, iniciado en 2020, identificaba en sus cuentas depósitos superiores a dos millones de dólares entre 2013 y 2019, además de dos empresas y siete inmuebles sin justificación. A fines de ese año, un fallo judicial declaró la inocencia de todos los implicados en esa investigación. Tanto en 2014 como en 2017, ella concursó para ocupar el puesto de enfermera 3, en el Hospital General de Manta.

Un proceso judicial en marcha
Hay una segunda figura clave, a quien investigaciones vinculan con las finanzas de ‘Fito’. Fue detenida a multas de mayo de 2024, en el contexto de la operación Gran Fénix 29. En este operativo, 30 supuestos miembros de Los Choneros Fatales que operaban en El Empalme fueron vinculados con el posible delito de delincuencia organizada.
En el grupo se encuentra Verónica Briones, de 31 años. Según el acta de la audiencia de formulación de cargos, esta facción tiene como líder a ‘Mongolo’. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, el grupo habría cometido delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, sicariatos, secuestros y extorsiones, según el expediente judicial. La teoría fiscal se basa en 15 eventos de violencia registrados en ese período.
La defensa de Briones insistió en su inocencia e intentó apelar la medida de prisión preventiva. En su argumento, el único elemento que la vincula es haber vendido cemento a una persona que está vinculada al entramado. Su actividad, según su abogado defensor, se relaciona con la venta de insumos de ferretería.
En registros abiertos de la Superintendencia de Compañías, Briones aparece como gerente general de una empresa dedicada a la comercialización de productos de ferretería, tanto en el hogar como en la industria. Su nombramiento está registrado en 2022. Además, consta como socia: aportó un capital de siete mil dólares para la constitución de la compañía, que aparece registrada como proveedora de bienes y servicios al Estado.
El proceso judicial derivado de la operación Gran Fénix 29 ha tenido retrasos. La audiencia de juicio ha sido permanentemente dilatada, por las defensas de los más de 30 vinculados. Expertos consultados señalan que sería una estrategia para lograr la caducidad de la prisión preventiva, que se ejecutaría al cumplirse un año del operativo en mayo.

Los cargos contra ‘Fito’
Macías Villamar es requerido por la justicia estadounidense por cargos de internacionales de drogas y de tráfico de armas.
Los cargos fueron anunciados por el Fiscal de los Estados Unidos para el distrito Este de Nueva York, John Durham; el administrador de la oficina de la DEA, Derek Maltz; y otras autoridades responsables de la política de seguridad en este país.
Según la acusación formal, entre 2020 y 2025, Fito controló las rutas de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Centro y Norteamérica. La actividad ilegal se realizó en asocio con el cartel mexicano de Sinaloa.
Una investigación especial, realizada por la policía ecuatoriana, que rastreó los bienes del círculo cercano de ‘Fito’ detectó recursos en manos de testaferros, relacionados con la creación de empresas de fachada, en ámbitos tan diversos como el transporte, la venta de material de construcción, la compra de inmuebles, vehículos y la operación de negocios varios.
El origen de los fondos sería ilícito, según esa línea investigativa, la cual establece que proviene del narcotráfico, microtráfico, sicariato y cobro de extorsiones.
Según el requerimiento de la justicia estadounidense, si se prueba la culpabilidad de Fito él podría enfrentar una sentencia mínima de 10 años. La máxima pena sería prisión de por vida. El perfilamiento criminal de ‘Fito’, realizado mientras se encontraba privado de la libertad, establece que no reconocía haber cometido delitos.
El siete de febrero de 2024, el departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que había sancionado a ‘Fito’ y al grupo narcodelictivo Los Choneros. Esta medida sanciona a los bienes en ese país, o que estén en posesión de personas de esa nacionalidad.
Tras la fuga de ‘Fito’, el bloque de seguridad ha realizado al menos dos allanamientos a casas ubicadas en zonas exclusivas de Manta, y que estarían relacionadas con esa estructura. En julio de 2024 se identificaron seis viviendas, cuyo valor se estimó en un millón de dólares, cada una. Fuente: Vistazo
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