“Nos trataron como presos, como si tuviéramos armas de fuego”, dice un muchacho con la respiración agitada a las afueras de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en el Centro de Lima. Son las seis de la tarde del domingo, y es uno de los primeros estudiantes liberados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El día anterior por la mañana, un contingente policial irrumpió violentamente con tanquetas, bombas lacrimógenas y un helicóptero en el campus de la decana de América, que desde el jueves se había convertido -tras la toma de grupos estudiantiles- en el refugio de decenas de ciudadanos de las regiones de la sierra sur que han venido a la capital a marchar en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

Sin la presencia de la Defensoría del Pueblo ni de la Fiscalía, los agentes policiales redujeron a alrededor de 200 personas, entre los que se encontraban adultos mayores y quechuahablantes. Como ha podido constatarse en diversos videos, hubo un alto grado de ferocidad en la intervención a pesar de que no hubo oposición de parte de los manifestantes. Los pusieron contra el suelo, amedrentándolos; tumbaron puertas, revisaron sus pertenencias, requisaron donaciones de víveres e incluso los tildaron de “terroristas”. Luego los alzaron en peso y horas después los trasladaron a los calabozos de la Dirincri.

Como consta en el acta de intervención, la Policía justifica el operativo debido a una denuncia penal del apoderado judicial de la UNMSM, Abelardo Rojas Palomino, quien expuso que los marchistas habrían agredido al personal de seguridad de la universidad para robarles chalecos, aparatos electrónicos y demás implementos de seguridad. La noche del viernes, doce horas antes del operativo, la Oficina General de Imagen Institucional de la universidad emitió un comunicado narrando estos sucesos.

Diversos abogados, activistas de Derechos Humanos y congresistas de bancadas de izquierda alertaron de que no les permitieron ingresar a la Ciudad Universitaria durante la intervención para vigilar la integridad de los detenidos. Incluso la abogada del Instituto de Defensa Legal, Cruz Silva del Carpio, denunció haber sido agredida por las fuerzas del orden. “Me golpearon en la pierna derecha. Esta es una irregularidad abierta, es injusto”, reclamó. Algunos académicos han comparado este operativo policial con el 21 de mayo de 1991, cuando el expresidente Alberto Fujimori ordenó el ingreso de las Fuerzas Armadas a las universidades San Marcos y La Cantuta con el objetivo de acabar con los elementos subversivos que habían “ideologizado” a estas dos casas de estudio.

En el acta policial figura que se detuvieron a 192 personas por usurpación agravada, delito contra el patrimonio y robo agravado y, además, cuatro personas fueron intervenidas por terrorismo. Estos cuatro son residentes de la ciudad universitaria de San Marcos. Para la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, se debió contar con la presencia de la Fiscalía durante el operativo. “En un Estado de Emergencia se deben garantizar los derechos humanos”, expuso.

En la otra acerca, sin embargo, diversos políticos de la derecha celebraron y respaldaron la acción de la Policía. “La democracia no puede ser débil. La insania subversiva y la delincuencia no pueden someter al Estado de Derecho y la ley”, dijo Maricarmen Alva, expresidenta del Congreso. Ernesto Bustamente, de Fuerza Popular, fue más agresivo al punto de acusar de terroristas a los manifestantes: “Da gusto ver que la Policía arrió el trapo negro y blanco que izaron los terroristas refugiados en San Marcos. Ahora falta incautar y quemar las banderas bolivianas que ondean en sus marchas pacíficas. Luego habrá que patearlos hasta Puno y Bolivia”.

Los abogados de los detenidos interpusieron un habeas corpus, esa garantía constitucional para defender el derecho a la libertad. Y fueron liberados al final de la tarde del domingo lentamente, uno tras otro hasta 191. Solo quedó un detenido porque tenía una requisitoria. “Han violado todos nuestros derechos. Han golpeado a nuestros hermanos de provincia. Nos han humillado. Los policías nos decían: ¿ustedes conocen a Abimael? ¿Saben quién es?”, denunció un estudiante en alusión a Abimael Guzmán, fundador y máximo líder de la organización terrorista Sendero Luminoso. Los manifestantes que fueron saliendo libres aseguraron que no les devolvieron su Documento Nacional de Identidad.

Mientras tanto las protestas continúan en el sur. En Arequipa, en el distrito La Joya, un grupo de manifestantes atacó este domingo una comisaría con piedras y pirotécnicos, y tomó a un policía de rehén. Le habían rociado gasolina. Pero finalmente fue liberado a las 21.30 horas gracias a la intervención de un sacerdote. Habría sido a cambio de la liberación de cinco detenidos. Se han registrado 12 heridos, tres de ellos de bala, entre los manifestantes. Fuente: El País.

En la Casa Blanca, Joe Biden prometía este viernes utilizar su poder como presidente de Estados Unidos para proteger el derecho de las mujeres al aborto. Solo unas calles más allá Claire, una estudiante de 20 años, se sumaba a otras miles de personas en la Marcha por la Vida hacia el Capitolio y el Tribunal Supremo para reclamar más restricciones contra la libertad de interrupción del embarazo. “Nuestra lucha no ha terminado. Es más importante que nunca”, aseguraba convencida tras sus gafas redondas. Su grupo de amigas asentía.

Este domingo se han cumplido 50 años de la sentencia Roe contra Wade, que en 1973 legalizó el derecho al aborto en todo el territorio estadounidense. Y el primero de esos aniversarios en que aquella decisión del Tribunal Supremo ya no protege esa libertad. Los jueces de la corte más alta de Estados Unidos dictaminaron en junio pasado que aquella opinión había sido errónea. La decisión de permitir o prohibir el aborto, y en qué circunstancias, pasaba a depender de cada uno de los estados. Algo que ha aumentado las ya de por sí profundas divisiones en el país, desatado una avalancha de legislaciones de uno y otro signo y fomentado que partidarios y oponentes se atrincheren en sus posturas.

“El Supremo acertó con Roe hace 50 años. Fue una decisión equilibrada con un amplio apoyo nacional que la mayoría de los estadounidenses han seguido respaldando durante los últimos 50 años. Y fue un principio constitucional mantenido por jueces nombrados por presidentes tanto demócratas como republicanos”, apuntaba Biden en su proclamación sobre el aniversario. “Voy a seguir apelando al Congreso para que apruebe medidas que conviertan la protección [del derecho al aborto] en ley de una vez por todas. Hasta entonces, seguiré utilizando mi poder presidencial para proteger a las mujeres y a las familias de las consecuencias de la decisión Dobbs”.

Biden hacía referencia al dictamen del Supremo de junio, que decidió sobre una demanda presentada en Misisipi, Dobbs contra la Jackson Women’s Health Organization, una clínica de salud reproductiva que ofrecía interrupciones de la gestación.

Aquella decisión no causó sorpresa: un primer borrador ya se había publicado dos meses antes, en una filtración sin precedentes en el Supremo y cuya autoría aún se desconoce. Pero sí generó numerosas protestas. La mayor parte de los estadounidenses, según las encuestas, es partidario de mantener este derecho. Un sondeo del Pew Center revelaba el año pasado que un 62% de los adultos residentes en el país considera que el aborto debe ser legal, por un 36% que considera que debe ilegalizarse en todas o la mayor parte de las circunstancias.

La furia desencadenada entre gran parte del electorado femenino tuvo consecuencias políticas: como bloque, las mujeres se inclinaron a favor del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato en noviembre. Este partido logró resultados mejores de lo esperado. Afianzó su control del Senado y solo perdió la Cámara de Representantes, actualmente en manos republicanas, por un puñado de escaños.

Pero tras aquella sentencia, una docena de estados donde gobierna el Partido Republicano ha aprobado legislación que restringe de manera casi absoluta el derecho al aborto. Es el caso de Alabama, Arkansas, Idaho, Oklahoma o Virginia Occidental, entre otros. En algunas instancias, esas medidas están pendientes de revisiones judiciales.

En otros estados, simplemente no hay acceso al derecho al aborto de ninguna manera. En el caso de Wisconsin, debido a la incertidumbre legal que rodea a la situación de los médicos que lo practiquen. En Dakota del Norte, la única clínica que lo ejercía se trasladó a otro estado.

Pero el dictamen del Supremo también generó una contrarreacción. Estados como California, Vermont o Michigan votaron en las elecciones de medio mandato de noviembre en favor de blindar los derechos reproductivos de las mujeres en sus jurisdicciones. Kentucky, y unos meses antes Kansas, rechazaron propuestas de ley que hubieran inscrito en las Constituciones locales la prohibición del aborto. Este mes, el Tribunal Supremo de Carolina del Sur anulaba una ley estatal que vetaba el aborto en embarazos de más de seis semanas, argumentando que esa prohibición infringía el derecho a la intimidad.

“Numerosos estados han aprobado vetos casi absolutos contra el aborto que contemplan excepciones muy limitadas, o han prohibido ese procedimiento desde muy pronto en la gestación. Los tribunales han anulado algunas de esas prohibiciones, lo que ha traído consigo un panorama legal caótico que es perjudicial para las clínicas que intentan ofrecer cuidados a las pacientes y a las pacientes que intentan recibirlos”, apuntan en un informe publicado la semana pasada Elizabeth Nash e Isabel Guarnieri, del Instituto Guttmacher, defensor de los derechos reproductivos.

Ante la incertidumbre, algunos estados, como Nueva York, se han apresurado a dar facilidades para que las mujeres residentes en otros estados donde el derecho está amenazado o vetado puedan abortar en sus territorios.

Pero las organizaciones defensoras de este derecho matizan que para muchas mujeres esa no es una solución viable. Los traslados y la estancia les suponen un coste que no se pueden permitir.

“Se está negando a millones de personas el derecho a la autonomía de su cuerpo y el acceso a cuidados de salud fundamentales. Cuando la gente no tiene acceso al aborto en su estado, se ve forzada a tomar la difícil decisión de recorrer largas distancias para obtenerlo, a practicarse ella misma un aborto o llevar a término un embarazo no deseado”, apuntan Nash y Guarnieri.

Los defensores de los derechos reproductivos en EE UU han tratado de buscar soluciones. Organizaciones como Planned Parenthood han comenzado a poner en marcha, entre otros recursos, clínicas móviles que puedan ofrecer servicios de salud reproductiva en las fronteras con los estados donde es problemático obtenerlos.

Del lado federal, el Gobierno también ha tratado de dar pasos. Desde este mes, la Administración para las Medicinas y los Alimentos (FDA) autoriza que las píldoras para el aborto ―mifepristone y misoprostol, utilizadas en la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo en EE UU― puedan estar disponibles en farmacias. La vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, tiene previsto ofrecer este domingo un discurso en Florida para reiterar que la defensa de los derechos reproductivos es una prioridad de su Gobierno, mientras en varios estados se han convocado actos y marchas de apoyo a este derecho.

Pero, pese a su voluntad reiterada de proteger ese derecho y convertirlo en ley, la Casa Blanca encuentra que su poder para ello es limitado. Una legislación en favor del aborto no tiene ninguna posibilidad de salir adelante en la Cámara de Representantes de mayoría republicana. Y viceversa: un veto nacional o medidas más duras sobre los derechos reproductivos no prosperarían en un Senado controlado por los demócratas.

Aunque ello no disuade a los antiabortistas de intentarlo. Líderes del movimiento como Marjorie Dannelfelser, la presidenta de la organización Susan B Anthony Pro-Life America, aspiran a la implantación de un “estándar mínimo federal” que imponga un límite en torno a las 13 semanas de gestación, tras el cual ya no se podría practicar ningún aborto en ningún estado. Y los estados podrían imponer límites aún más estrictos si lo desean.

Pero, pese a que exige más medidas y sostiene que su meta es lograr la abolición completa del derecho, el propio movimiento antiabortista, exultante aún tras la victoria de junio, no ha logrado ponerse de acuerdo aún sobre cuáles deben ser sus próximos pasos a dar o su estrategia: si buscar medidas federales, centrarse en las legislaciones estatales o conformarse con lo ya obtenido. La marcha del viernes debía servir, según declaraba su organizadora Jeanne Mancini al comienzo de la manifestación, para determinar “dónde debemos centrar nuestros esfuerzos como movimiento al comenzar esta nueva era en nuestra misión para proteger la vida”.

En cualquier caso, el derecho al aborto promete convertirse en uno de los asuntos candentes de las elecciones presidenciales el año próximo. Los antiabortistas ya comienzan a pensar en ello. Cualquier aspirante a la Casa Blanca que perciban como blando en sus posiciones, sostenía Dannelfelser a la agencia AP, “quedará descalificado a nuestros ojos, y si eso ocurre tendrá muy pocas posibilidades de ganar la candidatura”. Fuente: El País

Las élites en Moscú, incluidos economistas y matemáticos, están defendiendo el retorno a la planificación, lo que podría conducir a las expropiaciones masivas

El coro de voces en Rusia que exigen la instauración de la URSS 2.0 incluye ya a los principales economistas y matemáticos del país. En una entrevista concedida a la agencia estatal RIA Novosti para conmemorar el centenario de la creación de la Unión Soviética, el 30 de diciembre de 1922, Ruslan Grinberg reclamó la vuelta a la economía planificada. Sería fácil quitar importancia a ese llamamiento y considerar que no es más que una propuesta delirante si no fuera por la plataforma desde la que se lanzó y por el cargo de quien lo hizo. Grinberg, director del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia (RAN), se esforzó en subrayar que a lo que se refería no era a una economía de guerra centrada en las necesidades militares, sino a “una economía planificada, que no es direccional, sino indicativa. El quid de la cuestión consiste en que el Estado deba empezar por formular las prioridades económicas. Y luego no debe obligar a la industria a producir una cantidad determinada de bienes en un momento dado, sino estimular la producción mediante subvenciones y políticas fiscales y aduaneras”.

Aunque la sugerencia de Grinberg intentaba mantener el equilibrio entre una economía de mercado y una economía planificada, el director del Instituto Central de Matemáticas de la RAN, Albert Bakhtizin, se ha atrevido a ir más allá hace unos días. El concepto de “planificación indicativa” que propone Bakhtizin considera necesario volver a los planes económicos quinquenales (pyatiletka), “una especie de planificación estratégica con una definición clara de los objetivos y un sistema de indicadores que calcularía en concreto qué y cuándo hay que producir y qué se necesita para ello”.

Las propuestas de Grinberg y Bakhtizin pueden parecer muestras de desesperación ante los boicoteos internacionales y los sucesivos paquetes de sanciones económicas. Pero esa es solo una parte de la cuestión. La otra parte es la total derogación ideológica, política y económica de las reformas iniciadas por Mijaíl Gorbachov antes de que cayera la Unión Soviética y continuadas, con otro estilo, en la Rusia de Yeltsin durante los años noventa.

No es extraño que esas regresiones ideológicas, sociales y políticas culminen con la vuelta a la economía soviética. Al fin y al cabo, el carácter burocrático, ineficiente y, en última instancia, inviable de una economía incapaz de satisfacer las necesidades básicas fue una de las principales razones de que se derrumbara el sistema. Pero me gustaría sugerir otro motivo por el que aparecen ahora estas propuestas de abandonar la economía de mercado.

La invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, señaló lo que llamé “la implosión de la historia” y trastocó el orden cronológico del tiempo. Por improbable que parezca, en ese acontecimiento único convergieron diferentes líneas temporales: “La línea del derrumbe soviético hace 30 años; la de la catástrofe de Chernóbil de hace 36 años, que apunta a un futuro indefinido de contaminación medioambiental; la de las dos guerras mundiales; la del genocidio ucranio, y las represiones estalinistas de los años treinta…”. No obstante, la implosión de la historia no se limita a crear caos en la cronología; es comparable al espejo que atraviesa Alicia al entrar en la realidad alternativa de la novela de Lewis Carroll.

La realidad alternativa, relacionada con la guerra que Rusia está librando en Ucrania, se refleja en el lenguaje. Por eso, en la palabrería de Putin, una guerra no es una guerra, sino una operación militar especial (OME), aunque hace poco él mismo se permitió utilizar la palabra prohibida. O, como dice el último chiste en Rusia, el ejército ruso no se retira, sino que emprende “contraavances negativos”.

Además, la realidad alternativa no solo se refleja en el lenguaje, sino también en la percepción pública y las mutaciones del régimen político. Porque, aunque Putin ocupa el poder desde hace 22 años, bien como presidente, bien como primer ministro, su régimen no ha permanecido estático.

Tras la posición ligeramente prooccidental de sus dos primeros mandatos, el putinismo adoptó características de la “era del estancamiento” soviética, que abarcó los gobiernos de Leonid Bréznev (1964-1982), Yuri Andrópov (1982-1984) y Konstantín Chernenko (1984-1985). Las invasiones y ocupaciones relámpago —de Georgia en 2008 y de Ucrania en 2014—, que desembocaron en la anexión rusa de Crimea, contribuyeron a revitalizar a una Rusia apática y en decadencia.

Con la invasión a gran escala de Ucrania, las purgas internas de la sociedad rusa alcanzaron su apogeo: se cerraron los últimos medios de comunicación independientes que quedaban, se endurecieron las leyes sobre “agentes extranjeros”, aplicables a cualquier figura pública crítica con el régimen, y Putin aprobó la “autolimpieza” de la sociedad rusa e hizo duras advertencias a los “traidores” rusos prooccidentales. La fase cuasi estalinista de la mutación había empezado.

Todo lo cual nos lleva a las propuestas actuales de reinstaurar una economía planificada y centralizada. Aunque las pyatiletkas originales se implantaron al principio de la era estalinista (es decir, antes de las purgas), constituyeron una fase de transición desde la Nueva Política Económica (NPE) de Lenin, que dejaba cierto margen a la iniciativa independiente y daba libertad para los agricultores y las pequeñas empresas privadas. En otras palabras, a través del espejo de la guerra de Ucrania estamos viendo que la historia soviética no se repite sino que se rebobina y se reproduce a toda velocidad dentro de la propia Rusia.

El resultado lógico de la adopción de una economía planificada es precisamente lo que supuso la gran ruptura entre la NPE de Lenin y los planes quinquenales de Stalin, es decir, una expropiación masiva. Después de los sangrientos procesos de colectivización que se llevaron a cabo en la Unión Soviética entre 1929 y 1933, después de la “terapia de choque” de la privatización a principios de los años noventa que creó la oligarquía rusa, ahora está a punto de empezar en Rusia una nueva ola violenta de redistribución de la propiedad. De momento, la violencia se dirige hacia el exterior, con la destrucción de las instalaciones energéticas, las infraestructuras civiles y miles de vidas inocentes en Ucrania. (El Parlamento ruso —la Duma— acaba de aprobar una ley que otorga a los soldados rusos la inmunidad por los crímenes cometidos en Ucrania y legaliza los bienes y propiedades robados como “transferencias regaladas” por la población ucrania). Pero, dada la rapidez del retroceso de la repetición histórica en Rusia, no queda mucho para que las apropiaciones violentas empiecen a producirse también en el interior. Si leemos entre líneas el mensaje transmitido por economistas y matemáticos como Grinberg y Bakhtizin, podremos vislumbrar los viejos espectros de la expropiación. Y, tal vez, incluso asomarnos al precipicio de una verdadera guerra civil. Fuente: El País