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Alto costo y menor volumen de espectro para telefonía trae lento despliegue de redes y menor calidad de servicios, revela GSMA

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Un análisis académico revela que el costo del espectro en Ecuador, está tres veces por encima del costo de la media regional. Mientras en 2010, el costo anual del espectro en Ecuador representaba el 10% de los ingresos recurrentes de los operadores. Para 2019, esa proporción se incrementó al 16%.

Adicionalmente Ecuador ha entregado menor volumen de espectro que sus pares en la región. fines del 2020, Ecuador había asignado alrededor de 280 MHz de espectro para uso móvil, muy por debajo del promedio regional de 400 MHz.

El alto costo, defindido en un gran porcentaje por el Estado, y no por oferta y demanda, y el menor volumen del espectro, han generado efectos negativos tanto en el despliegue de nuevas redes como en la calidad del servicio de telefonía móvil en el país. El análisis fue entregado esta mañana y tarde por la GSMA (Asociación Global del Ecosistema Móvil) que aglutina a los operadores móviles de la región.

El debate sobre los costos se levanta en medio de las negociaciones que ya lleva a cabo el Gobierno con las empresas de servicios móviles para la renovación de los contratos de concesión de espectro que deben concluir en el 2023.

De acerdo con el estudio los costos de renovación de la banda de 1900 MHZ fue 7 veces más alto que la medida en Amérca Latina y los de banda de 900 y 1700 MHZ, fue cinco veces más alta.

El costo total del espectro está formado por pagos iniciales y costos por adelantado (costos financieros directos a los operadores por asignaciones y renovaciones), más las tasas o cargos anuales. En el caso de Ecuador, estos pagos representaron alrededor del 60% del costo total anual del espectro. De ellos, el 70% consistió en los pagos de tasas administrativas por el uso del espectro, dice el estudio.

“En Ecuador, los pagos anuales, en particular las tasas administrativas por uso del espectro, se han vuelto una porción creciente del costo de este recurso. Esta fuerte carga ha reducido la capacidad y los incentivos para invertir de los operadores, perjudicando a los usuarios”, señala Lucas Gallitto, director para América Latina, GSMA.

En cuanto a la calidad de los servicios, el estudio dice que si Ecuador hubiese tenido costos cercanos a los de la media regional, los consumidores habrían podido contar con velocidades de descarga 40% más rápidas en 2020, explica Pau Castells, director de Análisis Económico de GSMA.

El costo ha generado que Ecuador se retrase un año en alcanzar una cobertura del 80% en 4G , en comparación con el promedio regional.

Con base a un estudio más amplio realizado en 64 países, el informe de la GSMA indica que priorizar metas recaudatorias en la gestión del espectro tiene consecuencias negativas en los servicios.

El Gobierno ha incluido en la ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal la posibilidad de que las empresas de telefonía puedan pagar parte del espectro con servicios para sectores remotos. Este tema genera ciertos recelos en asambleístas que más bien proponen cobrarles más a las empesas telefónicas, en vez de facilitarles el pago. En todo caso, sobre el tema, Gallitto explicó que este tipo de acuerdo se han hecho en varios países europeos como por ejemplo en Francia.

Frente a la pregunta de cuándo llegará la tecnología 5G en Ecuador, Gallitto que existen varios factores que pueden hacer despegar la demanda. Un conductor de esta demanda puede ser la existencia de ciudades inteligentes. En todo caso, explicó que este tipo de desarrollos siempre se hallan con las mismas barreras antes mencionadas: el costo del espectro y la porción de espectro disponible. (I) Fuente: Diario El Universo

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Fiscal Diana Salazar puede seguir en funciones de forma prorrogada hasta que se nombre a su sucesor

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Un pronunciamiento jurídico emitido por la Procuraduría General del Estado (PGE), el 26 de febrero de 2025, es la base jurídica para la prorrogación de funciones de la fiscal Diana Salazar. La funcionaria puede seguir en el cargo de manera indefinida, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) nombre a su reemplazo.

«La Fiscal General del Estado en su calidad de servidora de la Función Judicial nombrada para un determinado período, puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada», se lee en el pronunciamiento de la PGE, al absolver una consulta realizada por la propia Salazar.

Según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el período del Fiscal General del Estado es de seis años. Es decir, el 8 de abril de 2025 Salazar debería dejar la entidad. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha avanzado en nombrar a su reemplazo.

Por tal motivo, y ante el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General, Salazar podría continuar en el cargo hasta que ese concurso se concrete. La decisión final depende de ella. Por el momento, la Fiscal General no se ha pronunciado sobre su decisión de continuar o no en ese puesto.

El retaso en el CPCCS
Con el nombramiento de Fiscal General pendiente, el CPCCS lidia con sus propios problemas. En enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a Eduardo Franco, Augusto Verduga y Yadira Saltos, exvocales correístas del CPCCS.

Dos de esos lugares fueron asumidos por Piedad Cuarán y Gonzalo Albán. Sin embargo, la séptima vocalía todavía está en disputa entre David Rosero y Oscar Ayerve. La Asamblea Nacional debe definir quién se posesiona y para esto elevó una consulta a la Procuraduría.

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó a PRIMICIAS que mientras no se solucione ese problema, el concurso para seleccionar Fiscal no avanzará, ya que al tener un Consejo incompleto se podría configurar algún tipo de nulidad posterior. Fuente: Primicias

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¿Qué pasa con los bienes de alias ‘Fito’, estimados en más de 23 millones de dólares?

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Su nombre volvió a ser noticia, por cuenta del anuncio de la justicia estadounidense, según el cual José Adolfo Macías Villamar, ‘Fito’, es requerido por cargos internacionales de drogas y de tráfico de armas. El líder de Los Choneros vive en la clandestinidad desde enero de 2024, cuando escapó de la cárcel. ¿Qué pasa con sus bienes, estimados en más de 23 millones de dólares?

‘Fito’ tiene mente fría y calculadora, según un perfilamiento criminal realizado cuando estaba en prisión. Él habría mantenido dos figuras clave a cargo de sus finanzas, según informes de inteligencia financiera.

Su esposa, Mariela Peñarrieta, es profesional en enfermería y enfrentó un proceso judicial por el delito de supuesto lavado de activos. El proceso, iniciado en 2020, identificaba en sus cuentas depósitos superiores a dos millones de dólares entre 2013 y 2019, además de dos empresas y siete inmuebles sin justificación. A fines de ese año, un fallo judicial declaró la inocencia de todos los implicados en esa investigación. Tanto en 2014 como en 2017, ella concursó para ocupar el puesto de enfermera 3, en el Hospital General de Manta.

La enfermera fue ratificada como gerente de una empresa dedicada a la elaboración de hielo purificado para consumo humano, helados de fruta, o bebidas saborizadas, con sede en Manta. El nombramiento quedó registrado en la Superintendencia de Compañías a mediados de mayo de 2024. Cuatro meses antes, a mediados de enero de 2024, la esposa de ‘Fito’, sus hijos y dos acompañantes fueron retenidos y expulsados de Argentina. Habían intentado fijar su residencia en el sector Country del Golfo, en las afueras de Córdoba.
$!Alias 'Fito' tiene cuidando sus finanzas a dos figuras clave.

Un proceso judicial en marcha

Hay una segunda figura clave, a quien investigaciones vinculan con las finanzas de ‘Fito’. Fue detenida a multas de mayo de 2024, en el contexto de la operación Gran Fénix 29. En este operativo, 30 supuestos miembros de Los Choneros Fatales que operaban en El Empalme fueron vinculados con el posible delito de delincuencia organizada.

En el grupo se encuentra Verónica Briones, de 31 años. Según el acta de la audiencia de formulación de cargos, esta facción tiene como líder a ‘Mongolo’. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, el grupo habría cometido delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, sicariatos, secuestros y extorsiones, según el expediente judicial. La teoría fiscal se basa en 15 eventos de violencia registrados en ese período.

El rol de Briones en la estructura se habría relacionado con la recepción de transferencias económicas por parte de la persona encargada de las finanzas del grupo, también vinculada al proceso, según el expediente. En la investigación, quien ordenaba los pagos se identificaba con el nombre de ‘Cristal’.

La defensa de Briones insistió en su inocencia e intentó apelar la medida de prisión preventiva. En su argumento, el único elemento que la vincula es haber vendido cemento a una persona que está vinculada al entramado. Su actividad, según su abogado defensor, se relaciona con la venta de insumos de ferretería.

En registros abiertos de la Superintendencia de Compañías, Briones aparece como gerente general de una empresa dedicada a la comercialización de productos de ferretería, tanto en el hogar como en la industria. Su nombramiento está registrado en 2022. Además, consta como socia: aportó un capital de siete mil dólares para la constitución de la compañía, que aparece registrada como proveedora de bienes y servicios al Estado.

Briones es odontóloga de profesión. En 2019 concursó para una vacante en el área de su especialidad en el sector público.

El proceso judicial derivado de la operación Gran Fénix 29 ha tenido retrasos. La audiencia de juicio ha sido permanentemente dilatada, por las defensas de los más de 30 vinculados. Expertos consultados señalan que sería una estrategia para lograr la caducidad de la prisión preventiva, que se ejecutaría al cumplirse un año del operativo en mayo.

$!Alias 'Fito' junto a Claudia Garzón, excomisionada de pacificación de las cárceles.

Los cargos contra ‘Fito’

Macías Villamar es requerido por la justicia estadounidense por cargos de internacionales de drogas y de tráfico de armas.

Los cargos fueron anunciados por el Fiscal de los Estados Unidos para el distrito Este de Nueva York, John Durham; el administrador de la oficina de la DEA, Derek Maltz; y otras autoridades responsables de la política de seguridad en este país.

“El acusado fue un despiadado líder y prolífico traficante de drogas para una organización criminal violenta”, señala el documento que sustenta la acusación. Él dirigió la red de Los Choneros, responsable de crímenes y de tráfico de armas y drogas.

Según la acusación formal, entre 2020 y 2025, Fito controló las rutas de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Centro y Norteamérica. La actividad ilegal se realizó en asocio con el cartel mexicano de Sinaloa.

Una investigación especial, realizada por la policía ecuatoriana, que rastreó los bienes del círculo cercano de ‘Fito’ detectó recursos en manos de testaferros, relacionados con la creación de empresas de fachada, en ámbitos tan diversos como el transporte, la venta de material de construcción, la compra de inmuebles, vehículos y la operación de negocios varios.

El origen de los fondos sería ilícito, según esa línea investigativa, la cual establece que proviene del narcotráfico, microtráfico, sicariato y cobro de extorsiones.

Según el requerimiento de la justicia estadounidense, si se prueba la culpabilidad de Fito él podría enfrentar una sentencia mínima de 10 años. La máxima pena sería prisión de por vida. El perfilamiento criminal de ‘Fito’, realizado mientras se encontraba privado de la libertad, establece que no reconocía haber cometido delitos.

El siete de febrero de 2024, el departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que había sancionado a ‘Fito’ y al grupo narcodelictivo Los Choneros. Esta medida sanciona a los bienes en ese país, o que estén en posesión de personas de esa nacionalidad.

Tras la fuga de ‘Fito’, el bloque de seguridad ha realizado al menos dos allanamientos a casas ubicadas en zonas exclusivas de Manta, y que estarían relacionadas con esa estructura. En julio de 2024 se identificaron seis viviendas, cuyo valor se estimó en un millón de dólares, cada una. Fuente: Vistazo

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Erik Prince: «Quiero hacer retroceder al narco para que haya paz y prosperidad aquí»

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Erik Prince ya se encuentra en Ecuador y las autoridades del Gobierno dieron detalles del trabajo del exmilitar en el país. En entrevista a Radio Centro, el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo mencionó que Prince trabajará en uno de los tres niveles de conducción de Defensa Nacional que tiene la nación.

Estos niveles son:

  • Político estratégico
  • Político operacional y
  • Táctico Operacional: Esta será el área donde Erik Prince dará capacitaciones y asesoría al Bloque de Seguridad integrado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

“Hay que tener claro que las decisiones de nivel estratégico político son soberanas del Ecuador las toma el Gobierno del Ecuador”, dijo Loffredo.

El exmilitar se pronunció sobre el trabajo que hará en el país. “Me importa ayudar a Ecuador a estabilizarse y quiero hacer retroceder al narco para que haya paz y prosperidad aquí”, dijo.

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