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Asamblea Nacional 2025: esta es la ‘nueva generación’ de jóvenes menores de 30 años

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La nueva Asamblea, elegida el pasado 9 de febrero del 2025, tendrá un número histórico de legisladores jóvenes menores de 30 años. La mayoría cuenta con título de tercer nivel, pero otros aún no han culminado sus carreras universitarias y este será su primer trabajo. Expertos cuestionan la falta de formación política y la desconexión con la realidad del país.

Un análisis efectuado por Jonathan Saraguro, editor del portal Primera Línea, muestra que la nueva Legislatura estará integrada por 20 asambleístas jóvenes, 18 pertenecen al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y dos a la Revolución Ciudadana (RC).

La mayoría posee título de tercer nivel y cuatro tienen una preparación de cuarto nivel. Mientras que seis no registran estudios en la Senescyt, algunos de ellos aún no terminan su carrera y se decantaron por la política.

Es el caso de Dominique Serrano (ADN), de 19 años, lo que lo convierte en el asambleísta más joven que ha ocupado una curul. Él fue elegido por el distrito sur de Quito. En una entrevista publicada en sus redes sociales, comentó que cursaba el primer semestre de Derecho y al mismo tiempo estudiaba Gastronomía, una de sus más grandes pasiones.

En el grupo de quienes ya cuentan con un título universitario, la profesión más común es la abogacía, luego hay un economista, ingeniero civil, licenciado en comunicación, tecnólogo en planificación del transporte, etc.

Para casi todos los jóvenes será su primera vez ejerciendo como asambleístas, a excepción de Valentina Centeno (ADN-27 años), Nathaly Farinango (ADN-25 años) y Jahiren Noriega (RC-27 años), quienes fueron reelegidas. Asimismo, Cristina Jácome (RC-25 años) es asambleísta suplente de Juan Pablo Molina.

En cambio, otras personalidades ya han ocupado cargos públicos como Sade Fritschi (27 años), quien fue ministra de Ambiente de Daniel Noboa, y Camila León (20 años), coordinadora zonal 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Las dos han sido cuestionadas por polémicas declaraciones. Fritschi confundió a la Amazonía con un país y Camila León no supo responder una pregunta sobre un quintil, que es un sistema que divide a la población según sus ingresos o gastos.

$!La nueva generación de la Asamblea.

¿POR QUÉ HAY MÁS JÓVENES Y QUÉ PROPONEN?

El gran número de jóvenes que ocuparán una curul es el resultado de la reforma que se hizo al Código de la Democracia, el cual dispone que las organizaciones políticas incluyan un 25% de jóvenes, entre 18 y 29 años, en sus listas. Un panorama similar se observará en las próximas elecciones seccionales.

El aumento ha sido significativo, ya que en anteriores Legislaturas había entre dos y cinco como máximo. Ahora son 20.

Sin embargo, en redes sociales se ha empezado a cuestionar la preparación de estos nuevos políticos. En entrevistas concedidas a diversos medios digitales durante la campaña electoral, la mayoría planteaba temas para los que ya existen leyes o que son competencia directa del Ejecutivo.

Dominique Serrano (ADN), por ejemplo, mencionó en un video de redes sociales que llegará a la Asamblea porque “es urgente” aplicar la ley de salud mental existente con la finalidad de crear más espacios de apoyo. Pero eso es obligación del Ministerio de Salud.

Lea también: Correísmo o Noboísmo: ¿Quién tomará el control de la nueva Asamblea Nacional 2025?

Promover el empleo, el acceso a la universidad, créditos y velar por las causas justas son otras de las propuestas más recurrentes en este grupo de legisladores jóvenes.

Grace Jiménez, analista política, menciona que el gran problema de la Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN) es que “no tienen un proyecto de país de mediano y a largo plazo” y eso se evidencia en sus legisladores, “que están viendo a la política como marketing y no como un verdadero proyecto que solucione los problemas de la gente”.

Agrega que otro tema de fondo es la crisis de partidos del Ecuador, “porque no existe una formación política adecuada para contar con cuadros orgánicos”.

“No es la edad, es la falta de formación política, la falta de conocimiento de lo público y realidad de lo que está viviendo la gente”, resalta Jiménez.

FALTA DE CONTROL DE LAS ORGANIZACIONES

Por su parte, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), subraya que el nivel de estudios y la edad no es garantía para que haya calidad, probidad y ética en el ejercicio parlamentario.

De hecho, hay exasambleístas que incurrieron en delitos pese a tener una amplia trayectoria o títulos universitarios como, por ejemplo, Daniel Mendoza (delincuencia organizada) y Norma Vallejo (concusión).

Pero más allá de las actuaciones de los asambleístas, Celi indica que es responsabilidad de las organizaciones políticas cumplir con procesos de formación y tener evaluaciones del desempeño de sus legisladores.

Cita, por ejemplo, el caso de la asambleísta Jahiren Noriega (RC), de 27 años, quien entró con un discurso enfocado en los jóvenes, pero “se ha ausentado al menos en el 20% de las votaciones en el Pleno, lo cual debería ser tomado en cuenta por su movimiento político”.

Celi también considera importante que el equipo de trabajo de los legisladores sea profesional y de alto nivel, porque son ellos los que preparan las leyes, propuestas, discursos, etc. Actualmente, para ser asesor solo se necesita tener un título universitario o experiencia, la cual se puede acreditar de cualquier manera porque la norma es muy amplia.

“Los legisladores contratan a cualquier persona y desafortunadamente no existen concursos públicos de designación de personal parlamentario que permita que los mejores cuadros accedan a asesorar a los legisladores. Actualmente, los 4 miembros de un despacho son elegidos por el propio asambleísta”.

En todo caso, habrá que esperar que se posesione la nueva Asamblea para conocer la calidad de propuestas y debate de esta generación joven, que podría darle un toque distinto a la legislatura o retroceder a las mismas prácticas de siempre. Fuente: Vistazo

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Fiscal Diana Salazar puede seguir en funciones de forma prorrogada hasta que se nombre a su sucesor

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Un pronunciamiento jurídico emitido por la Procuraduría General del Estado (PGE), el 26 de febrero de 2025, es la base jurídica para la prorrogación de funciones de la fiscal Diana Salazar. La funcionaria puede seguir en el cargo de manera indefinida, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) nombre a su reemplazo.

«La Fiscal General del Estado en su calidad de servidora de la Función Judicial nombrada para un determinado período, puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada», se lee en el pronunciamiento de la PGE, al absolver una consulta realizada por la propia Salazar.

Según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el período del Fiscal General del Estado es de seis años. Es decir, el 8 de abril de 2025 Salazar debería dejar la entidad. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha avanzado en nombrar a su reemplazo.

Por tal motivo, y ante el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General, Salazar podría continuar en el cargo hasta que ese concurso se concrete. La decisión final depende de ella. Por el momento, la Fiscal General no se ha pronunciado sobre su decisión de continuar o no en ese puesto.

El retaso en el CPCCS
Con el nombramiento de Fiscal General pendiente, el CPCCS lidia con sus propios problemas. En enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a Eduardo Franco, Augusto Verduga y Yadira Saltos, exvocales correístas del CPCCS.

Dos de esos lugares fueron asumidos por Piedad Cuarán y Gonzalo Albán. Sin embargo, la séptima vocalía todavía está en disputa entre David Rosero y Oscar Ayerve. La Asamblea Nacional debe definir quién se posesiona y para esto elevó una consulta a la Procuraduría.

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó a PRIMICIAS que mientras no se solucione ese problema, el concurso para seleccionar Fiscal no avanzará, ya que al tener un Consejo incompleto se podría configurar algún tipo de nulidad posterior. Fuente: Primicias

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¿Qué pasa con los bienes de alias ‘Fito’, estimados en más de 23 millones de dólares?

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Su nombre volvió a ser noticia, por cuenta del anuncio de la justicia estadounidense, según el cual José Adolfo Macías Villamar, ‘Fito’, es requerido por cargos internacionales de drogas y de tráfico de armas. El líder de Los Choneros vive en la clandestinidad desde enero de 2024, cuando escapó de la cárcel. ¿Qué pasa con sus bienes, estimados en más de 23 millones de dólares?

‘Fito’ tiene mente fría y calculadora, según un perfilamiento criminal realizado cuando estaba en prisión. Él habría mantenido dos figuras clave a cargo de sus finanzas, según informes de inteligencia financiera.

Su esposa, Mariela Peñarrieta, es profesional en enfermería y enfrentó un proceso judicial por el delito de supuesto lavado de activos. El proceso, iniciado en 2020, identificaba en sus cuentas depósitos superiores a dos millones de dólares entre 2013 y 2019, además de dos empresas y siete inmuebles sin justificación. A fines de ese año, un fallo judicial declaró la inocencia de todos los implicados en esa investigación. Tanto en 2014 como en 2017, ella concursó para ocupar el puesto de enfermera 3, en el Hospital General de Manta.

La enfermera fue ratificada como gerente de una empresa dedicada a la elaboración de hielo purificado para consumo humano, helados de fruta, o bebidas saborizadas, con sede en Manta. El nombramiento quedó registrado en la Superintendencia de Compañías a mediados de mayo de 2024. Cuatro meses antes, a mediados de enero de 2024, la esposa de ‘Fito’, sus hijos y dos acompañantes fueron retenidos y expulsados de Argentina. Habían intentado fijar su residencia en el sector Country del Golfo, en las afueras de Córdoba.
$!Alias 'Fito' tiene cuidando sus finanzas a dos figuras clave.

Un proceso judicial en marcha

Hay una segunda figura clave, a quien investigaciones vinculan con las finanzas de ‘Fito’. Fue detenida a multas de mayo de 2024, en el contexto de la operación Gran Fénix 29. En este operativo, 30 supuestos miembros de Los Choneros Fatales que operaban en El Empalme fueron vinculados con el posible delito de delincuencia organizada.

En el grupo se encuentra Verónica Briones, de 31 años. Según el acta de la audiencia de formulación de cargos, esta facción tiene como líder a ‘Mongolo’. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, el grupo habría cometido delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, sicariatos, secuestros y extorsiones, según el expediente judicial. La teoría fiscal se basa en 15 eventos de violencia registrados en ese período.

El rol de Briones en la estructura se habría relacionado con la recepción de transferencias económicas por parte de la persona encargada de las finanzas del grupo, también vinculada al proceso, según el expediente. En la investigación, quien ordenaba los pagos se identificaba con el nombre de ‘Cristal’.

La defensa de Briones insistió en su inocencia e intentó apelar la medida de prisión preventiva. En su argumento, el único elemento que la vincula es haber vendido cemento a una persona que está vinculada al entramado. Su actividad, según su abogado defensor, se relaciona con la venta de insumos de ferretería.

En registros abiertos de la Superintendencia de Compañías, Briones aparece como gerente general de una empresa dedicada a la comercialización de productos de ferretería, tanto en el hogar como en la industria. Su nombramiento está registrado en 2022. Además, consta como socia: aportó un capital de siete mil dólares para la constitución de la compañía, que aparece registrada como proveedora de bienes y servicios al Estado.

Briones es odontóloga de profesión. En 2019 concursó para una vacante en el área de su especialidad en el sector público.

El proceso judicial derivado de la operación Gran Fénix 29 ha tenido retrasos. La audiencia de juicio ha sido permanentemente dilatada, por las defensas de los más de 30 vinculados. Expertos consultados señalan que sería una estrategia para lograr la caducidad de la prisión preventiva, que se ejecutaría al cumplirse un año del operativo en mayo.

$!Alias 'Fito' junto a Claudia Garzón, excomisionada de pacificación de las cárceles.

Los cargos contra ‘Fito’

Macías Villamar es requerido por la justicia estadounidense por cargos de internacionales de drogas y de tráfico de armas.

Los cargos fueron anunciados por el Fiscal de los Estados Unidos para el distrito Este de Nueva York, John Durham; el administrador de la oficina de la DEA, Derek Maltz; y otras autoridades responsables de la política de seguridad en este país.

“El acusado fue un despiadado líder y prolífico traficante de drogas para una organización criminal violenta”, señala el documento que sustenta la acusación. Él dirigió la red de Los Choneros, responsable de crímenes y de tráfico de armas y drogas.

Según la acusación formal, entre 2020 y 2025, Fito controló las rutas de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Centro y Norteamérica. La actividad ilegal se realizó en asocio con el cartel mexicano de Sinaloa.

Una investigación especial, realizada por la policía ecuatoriana, que rastreó los bienes del círculo cercano de ‘Fito’ detectó recursos en manos de testaferros, relacionados con la creación de empresas de fachada, en ámbitos tan diversos como el transporte, la venta de material de construcción, la compra de inmuebles, vehículos y la operación de negocios varios.

El origen de los fondos sería ilícito, según esa línea investigativa, la cual establece que proviene del narcotráfico, microtráfico, sicariato y cobro de extorsiones.

Según el requerimiento de la justicia estadounidense, si se prueba la culpabilidad de Fito él podría enfrentar una sentencia mínima de 10 años. La máxima pena sería prisión de por vida. El perfilamiento criminal de ‘Fito’, realizado mientras se encontraba privado de la libertad, establece que no reconocía haber cometido delitos.

El siete de febrero de 2024, el departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que había sancionado a ‘Fito’ y al grupo narcodelictivo Los Choneros. Esta medida sanciona a los bienes en ese país, o que estén en posesión de personas de esa nacionalidad.

Tras la fuga de ‘Fito’, el bloque de seguridad ha realizado al menos dos allanamientos a casas ubicadas en zonas exclusivas de Manta, y que estarían relacionadas con esa estructura. En julio de 2024 se identificaron seis viviendas, cuyo valor se estimó en un millón de dólares, cada una. Fuente: Vistazo

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Erik Prince: «Quiero hacer retroceder al narco para que haya paz y prosperidad aquí»

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Erik Prince ya se encuentra en Ecuador y las autoridades del Gobierno dieron detalles del trabajo del exmilitar en el país. En entrevista a Radio Centro, el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo mencionó que Prince trabajará en uno de los tres niveles de conducción de Defensa Nacional que tiene la nación.

Estos niveles son:

  • Político estratégico
  • Político operacional y
  • Táctico Operacional: Esta será el área donde Erik Prince dará capacitaciones y asesoría al Bloque de Seguridad integrado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

“Hay que tener claro que las decisiones de nivel estratégico político son soberanas del Ecuador las toma el Gobierno del Ecuador”, dijo Loffredo.

El exmilitar se pronunció sobre el trabajo que hará en el país. “Me importa ayudar a Ecuador a estabilizarse y quiero hacer retroceder al narco para que haya paz y prosperidad aquí”, dijo.

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