Nacionales
¿Continuará Diana Salazar? El período de la Fiscal General termina en medio de definiciones en casos clave

En poco más de una semana, el 8 de abril de 2025, la fiscal general Diana Salazar cumplirá seis años en funciones. La funcionaria tiene que dejar el influyente cargo, pero todavía no hay luces sobre quién la reemplazará.
Salazar acaba de reintegrarse al Ministerio Público, pues a finales de 2024, la funcionaria dio a luz a su segunda hija e hizo uso del tiempo legal de licencia por maternidad. Ahora, en su regreso, tiene que evaluar y decidir sobre su prórroga.
Según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el período del Fiscal General del Estado es de seis años. Es decir, el 8 de abril de 2025 Salazar debería dejar la entidad. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha avanzado en nombrar a su reemplazo.
El propio COFJ, en el artículo 283, estipula que Salazar puede prorrogarse hasta la designación de su reemplazo, por lo que ella podrá decidir si quedarse hasta que se dé esa designación o retirarse una vez cumplido su período legal.
En una reciente entrevista con revista Vistazo, la funcionaria no respondió directamente si se quedará o no el cargo luego del 8 de abril. Sin embargo, aseguró que su objetivo es asegurar la estabilidad y la continuidad del trabajo de la Fiscalía y de que la transición se lleve a cabo de manera ordenada.
Si la fiscal Salazar decide no continuar en el cargo, debería asumir Wilson Toainga, quien ha sido el fiscal subrogante durante los seis años. Sin embargo, el COFJ también indica que esa subrogación solo puede ser por ausencia temporal.
El rol del CPCCS
Ante estos escenarios, toma relevancia en el futuro de la Fiscalía General el rol del CPCCS, ya que es la entidad que nombra este cargo.
Incluso, hay un antecedente. En 2018, Carlos Baca Mancheno, exfiscal General, fue cesado por la Asamblea Nacional y Thania Moreno, quien era la subrogante, fue suspendida por la Judicatura.
Ante este vacío de autoridad, el CPCCS -en esa época transitorio y presidido por Julio César Trujillo- nombró a Paúl Pérez Reina como fiscal General encargado, hasta que finalizó el nombramiento de Diana Salazar.
Sin embargo, el CPCCS actual lidia con sus propios problemas. En enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a Eduardo Franco, Augusto Verduga y Yadira Saltos, exvocales correístas del CPCCS.
Dos de esos lugares fueron asumidos por Piedad Cuarán y Gonzalo Albán. Sin embargo, la séptima vocalía todavía está en disputa entre David Rosero y Oscar Ayerve. La Asamblea Nacional debe definir quién se posesiona y para esto elevó una consulta a la Procuraduría.
Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó a PRIMICIAS que mientras no se solucione ese problema, el concurso para seleccionar Fiscal no avanzará, ya que al tener un Consejo incompleto se podría configurar algún tipo de nulidad posterior.
Los casos emblemáticos de Salazar
1.-
Caso Sobornos
Proceso por cohecho
Hechos: En este caso, la Fiscalía de Diana Salazar comprobó la existencia de una estructura de corrupción que operó de manera paralela a la Presidencia de la República de Rafael Correa (foto). Esta estructura cobro sobornos a empresarios a cambio de la adjudicación de obras públicas y usó ese dinero para el financiamiento de actividades político electorales. 20 personas, incluyendo a Correa, Jorge Glas y otros exfuncionarios correístas de alto perfil, fueron sentenciados a ocho años de prisión.
Caso Las Torres
Proceso por delincuencia organizada
Hechos: Dentro de este proceso, el Ministerio Público evidenció que en la Contraloría General del Estado y en Petroecuador funcionaba una red de corrupción que cobraba coimas a cambio del desvanecimiento de glosas y agilizar pagos a proveedores petroleros. Pablo Celi (foto), excontralor General; y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, fueron sentenciados a 13 años de cárcel. También fueron condenados otros nueve exfuncionarios y empresarios.
Casos Diezmos
Procesos por concusión
Hechos: Durante la gestión de Diana Salazar, la Fiscalía ha iniciado varios casos denominados Diezmos. Se trata de procesos contra autoridades de elección popular -sobre todo asambleístas- que exigieron pagos ilegales a sus colaboradores a cambio de puestos de trabajo y estabilidad laboral. Por estos procesos han sido sentenciadas María Alejandra Vicuña (foto), Noma Vallejo y Karina Arteaga, tres exlegisladoras de Alianza PAIS, así como la exasambleísta lojana Nivea Vélez. También está siendo procesada Bella Jiménez, exasambleísta por la Izquierda Democrática.
Caso Hospítal de Pedernales
Proceso por delincuencia organizada
Hechos: Durante la pandemia por el Covid-19, la Fiscalía impulsó este caso por un desfalco al Estado por parte de un consorcio privado que recibió USD 8 millones de anticipo para construir el Hospital de Pedernales, pero que, en ligar de edificar la obra, desvío ese dinero. El exasambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza (foto), fue sentenciado, al igual que Edmundo Tamayo, exdirector del Secob. Mientras que el exlegislador Eliseo Azuero se mantiene prófugo. hasta la actualidad y no ha sido juzgado.
Caso Metástasis
Proceso por delincuencia organizada
Hechos: Tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero, a finales de 2023, la Fiscalía destapó el caso Metástasis. Con base en los chats encontrados en los equipos de Norero, Salazar desenredó una estructura de corrupción judicial en la que trabajaban abogados, empresarios, policías y políticos con el objetivo de lograr impunidad para Norero. 32 personas fueron sentenciadas, incluyendo a Wilman Terán (exjuez Nacional y expresidente de la Judicatura) y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.
Caso Purga
Proceso por delincuencia organizada
Hechos: Una de las sentenciadas en el caso Metástasis fue Mayra Salazar, supuesta operadora de Norero y relacionista pública de la Corte del Guayas. Tras su captura, la mujer colaboró con la Fiscalía y permitió desmantelar una estructura de corrupción que comandaba Pablo Muentes (foto), exasambleísta por el Partido Social Cristiano, y que manejaba la justicia en esa provincia. En total 10 personas fueron sentenciadas por delincuencia organizada.
Caso Independencia Judicial
Proceso por obstrucción a la justicia
Hechos: En este caso, la Fiscalía procesó a 11 exfuncionarios de la Judicatura quienes suspendieron y destituyeron, de manera ilegal, a Walter Macías, exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El objetivo, según la acusación, era separar a Macías del conocimiento del caso Vocales, una causa por tráfico de influencias en la que era procesada Ruth Barreno (foto), exvocal de la Judicatura y también vinculada a Independencia Judicial. Wilman Terán, Barreno y nueve más fueron condenados.
Durante los seis años en el cargo, la fiscal Diana Salazar ha enfocado sus esfuerzos en casos de corrupción y de la infiltración del narcotráfico en la política y en la justicia. Estos son los procesos más destacados:
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Al momento, y ante los escenarios de la continuidad o no de Salazar, están en juego varios casos clave en etapas definitorias.
Por ejemplo, está pendiente el juicio del caso Plaga, que también se desprendió del caso Metástasis. Además, los llamados a juicio del caso Reconstrucción de Manabí, que involucra a Jorge Glas, y del caso Sinohydro, que incluye al expresidente Lenín Moreno. Fuente: Primicias
Nacionales
Estados Unidos impone ‘aranceles recíprocos’ a varios países, entre esos Ecuador

En términos sencillo, los «aranceles recíprocos» implican que “si nos aplican aranceles, nosotros les aplicamos los mismos aranceles”, resumió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 4 de marzo en su primer discurso ante las cámaras legislativas de ese país.
Esta es una medida que EE.UU. ha aplicado a 49 países y a todo el bloque de la Unión Europea. La base mínima, es decir la de menor impacto, se fijó en 10 por ciento. Esa es la carga arancelaria que tendrán Ecuador, al igual que el resto de países sobre el Pacífico: Colombia, Perú y Chile.
Francisco Briones, economista y ex Director del Servicio de Rentas Internas, explica que esto se trata de la aplicación de una misma carga tributaria a los productos procedentes de los países incluidos en el listado.

Si bien pareciera normal la aplicación de estas cargas en los intercambios comerciales, en el caso de Estados Unidos no es así. Este país abrió su economía con la reducción, en su momento, de los aranceles para los productos que importa desde otros destinos. Pero estos «aranceles recíprocos» aparecen justamente porque, según el Gobierno de EE.UU., los países que le venden a ellos no han hecho lo mismo.

Por ejemplo, en el caso de China, uno de los objetivos dialécticos del Presidente Trump al cuestionar los intercambios comerciales, le asignaron una carga del 34%. Por el contrario, señalan desde la Casa Blanca, China tiene una carga arancelaria promedio hacia EE.UU. del 67%.
¿Cuál es la afectación para Ecuador?
Uno de los problemas históricos del Ecuador ha sido mantener un arancel promedio elevado, que en el caso de EE.UU. sería del 11% (desde la Casa Blanca hablan del 12%). Mientras EE.UU., por el contrario, cargaba un arancel menor: en productos agrícolas, del 5,10 por ciento; y en otros productos, alrededor del 4,70 por ciento.
¿Qué significa esto? Que Ecuador cobra más aranceles a la llegada de productos de EE.UU que los que le cobran a Ecuador por enviar los suyos. Hablamos de productos claves para la economía ecuatoriana, entre esos el camarón, que representó más de 1.500 millones de dólares en exportaciones a ese país en 2024; también banano y plátano, con más de 600 millones; y cacao y elaborados, con un poco más de 500 millones.

Briones indica que esto apenas es el anuncio de algo que se necesita conocer con mayor profundidad.
Agrega que si bien esto enciende las alertas al comercio internacional del Ecuador, porque generaría un impacto, «vale la pena considerar que es una política que no aplica solo al Ecuador sino a otros países. Preliminarmente, es un trato igualitario».
Nacionales
Alias Fito podría enfrentar cadena perpetua tras acusación en EE.UU.: esto revela la investigación contra el cabecilla

Desde hoy, el criminal prófugo José Adolfo “Fito” Macías Villamar es requerido por la justicia estadounidense, según informó la embajada de Estados Unidos. Podría enfrentar cadena perpetua por cargos internacionales de drogas narcotráfico y tráfico de armas
Los cargos fueron anunciados la mañana de este miércoles 2 de abril por el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, John Durham; el administrador de la oficina de la DEA, Derek Maltz; y otras autoridades responsables de la política de seguridad en este país.
No obstante, el comunicado aclaró que alias Fito “no se encuentra en custodia de los Estados Unidos”.
“El acusado fue un despiadado líder y prolífico traficante de drogas para una organización criminal violenta”, señala el documento oficial que sustenta la acusación.
El informe también indica que Macías Villamar encabezó la red de Los Choneros, responsable de múltiples crímenes, así como del tráfico de armas y drogas.
“Cantidades potencialmente letales de cocaína fueron llevadas a los Estados Unidos, que fue el destino principal para la gran mayoría de los embarques de droga de Los Choneros”, detalló el fiscal Durham, quien destacó los esfuerzos conjuntos de las agencias de su país en la investigación.
Según la acusación formal, entre 2020 y 2025, Fito controló las rutas de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Centro y Norteamérica. La actividad ilegal se realizó en asocio con el cartel mexicano de Sinaloa.
“Bajo la dirección de Macías Villamar, Los Choneros cometieron actos violentos en contra de políticos ecuatorianos, fiscales, jueces y civiles”.
De acuerdo a lo revelado en la investigación, la organización criminal obtenía armamento traficado desde Estados Unidos. Fito habría empleado a intermediarios para comprar armas, componentes y municiones en territorio estadounidense, las cuales eran ingresadas a Ecuador en pequeñas cantidades.
Los Choneros usaron sicarios para cometer sus crímenes. Estos asesinos a sueldo usaron regularmente armas de corte militar, como rifles de asalto AK 47 y granadas para perpetrar la violencia.
De ser hallado culpable, Fito enfrentaría una pena mínima de 10 años de prisión, con la posibilidad de cadena perpetua como condena máxima.
La orden de la justicia estadounidense en contra de Fito establece que se debe asegurar su arresto, extradición o expulsión.
“La acusación formal contra Macías Villamar marca un golpe significativo contra las redes violentas que inundan nuestras comunidades con cantidades de droga, como cocaína. Es un mensaje claro de que nadie que cometa estos crímenes estará fuera del alcance de la justicia. Este caso en particular refleja esfuerzos incansables de la DEA, junto con nuestros socios en Estados Unidos y en Ecuador”, señaló el administrador de la DEA, Derek Maltz.
Recompensa de USD 1 millón por Fito
Tras la fuga del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, en enero de 2024, Ecuador enfrentó una ola de atentados que llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declarar la ‘guerra’ al crimen organizado y situar al país bajo un estado de ‘conflicto armado interno’.
Macías Villamar cumplía una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato cuando escapó de la Cárcel Regional de Guayaquil el 7 de enero de 2024.
Desde entonces, las autoridades han intensificado los operativos para dar con su paradero. Una de las últimas medidas adoptadas fue la oferta de una recompensa de un millón de dólares por información que facilite su captura.
Además, ‘Fito’ ha sido incluido en la lista de los más buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que emitió una alerta roja para su detención. Esta notificación ha sido difundida en 194 países con el objetivo de localizarlo y proceder a su arresto. Fuente: Vistazo
Nacionales
Un fiscal de Estados Unidos acusa a alias Fito de narcotráfico y contrabando de armas

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York comunicó que acusó a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el cabecilla prófugo de Los Choneros, en una corte de Brooklyn, Estados Unidos, de narcotráfico y contrabando de armas.
“La acusación formal de José Adolfo Macías Villamar representa un golpe significativo contra las redes violentas que inundan nuestras comunidades con drogas peligrosas como la cocaína; un mensaje claro de que nadie que impulse este comercio letal está fuera del alcance de la justicia», declaró un administrador de la DEA.
Noticia en desarrollo. Fuente: Ecuavisa
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