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Cuestionan la reducción de asignaciones presupuestarias para la niñez y adolescencia

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La Comisión de la Niñez y Adolescencia recibió a representantes de instituciones del Estado, para analizar la Proforma Presupuestaria 2024, en materia de primera infancia, niñez y adolescencia y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025.

Olga Núñez, subsecretaria de Finanzas, informó que se han asignado 642 millones de dólares a las instituciones del área social; sin embargo, reconoció que existe una reducción en el presupuesto para el 2024, en el área social. Justificó esta decisión por la relevancia que ha dado el Gobierno Nacional a la seguridad, hacia donde se destinan rubros del presupuesto nacional.

Sin embargo, dijo que hay la posibilidad de mejorar la ejecución del presupuesto y las asignaciones. Los legisladores Arturo Ugsha y Pierina Correa reclamaron que el Gobierno gaste 60 millones de dólares en una consulta popular y pague puntualmente la deuda externa, cuando esos rubros pueden atender las necesidades de los ecuatorianos.

Por su parte, María José Pinto, secretaria técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, indicó que el país estaría enfrentando consecuencias graves en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, debido a la desatención por falta del presupuesto, lo que incrementaría los niveles de enfermedades y pobreza.

No obstante, aseguró que trabajan para encontrar formas que cubran el presupuesto faltante y que, al momento, ha conseguido un 30 % con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados. “Estamos seguros que mejorarán las asignaciones que nos corresponde, con el mecanismo de presupuestos por resultados”, afirmó.

El subsecretario de Planificación, Gustavo Cuesta habló sobre el Plan Anual de Desarrollo y el Plan Anual de Inversiones enfocados a niños, niñas y adolescentes, en los que se articulan otras instancias de gobierno, como AME, CONGOPE, CONAGOPARE para la construcción de políticas públicas en educación, salud y servicios sociales.

La presidenta de la comisión, Pierina Correa cuestionó que en el informe presentado por el Ministerio de Educación no existan rubros para la adquisición de uniformes, útiles escolares, entre otros beneficios para los estudiantes de escasos recursos económicos.

Uno de los rubros de mayor relevancia presentados por el Ministerio de Educación, es el destinado al proyecto de reducción de la brecha digital en el sistema nacional de educación. De igual manera, el proyecto Reestructuración Integral de Infraestructura Educativa que cuenta con un presupuesto de más de 55 millones de dólares, rubro considerado en el Plan Anual de Inversiones 2024.

Pierina Correa insistió en que está ausente la intervención social. En este aspecto, el delegado del Ministerio de Educación, mencionó algunos de los programas que se encuentran en el plan, como son las aulas hospitalarias, instituciones educativas a distancia para las personas en movilidad, con discapacidad, deportistas, entre otros, para que puedan culminar su bachillerato.

El vicepresidente de la comisión, Samuel Celleri, por su lado, preguntó sobre la estrategia que tiene el Ministerio de Educación para la recategorización de los docentes, la deserción escolar, la falta de regularización del porte de armas y la falta de acceso a escuelas por falta de transporte en zonas de difícil acceso.

Marco Ortiz indicó que al momento se están tomando las medidas respectivas para dar la solución. 9.1 millones de dólares estarían destinados para brindar el acceso a la comunidad educativa y al soporte para la reinserción escolar. En relación a la seguridad, expresó que existe un plan piloto denominado Escuelas Seguras, en el que se reconocen 220 unidades en peligro y se articuló con la Policía Comunitaria, MIES y tenientes políticos. “Ahora el objetivo es que sean comunidades seguras, en las que se trabajará de forma integral”, agregó.

Harold Burbano, viceministro de Inclusión Social, dio a conocer las estrategias para enfrentar el recorte presupuestario del MIES. Se refirió a convenios firmados con los gobiernos autónomos descentralizados, los que darán sostenibilidad a los servicios de la institución.

Asimismo, indicó que trabajarán conjuntamente con el CONAGOPARE para atender especialmente a niños de 0 a 3 años. “La gestión de protección especial es otro programa, cuyo fin es dar acogida tanto a niños como adolescentes. Aquí cuenta la atención a personas en estado de calle y mendicidad”, añadió.

Por otro lado, manifestó que existe un nuevo proyecto que busca ofrecer herramientas para emprendimientos, y que, en lugar de gestionar los bonos de desarrollo humano, cuya ejecución representa la mayor parte del presupuesto asignado, es decir, 1.300 millones de dólares, y no resuelven la pobreza del sector, se entregarán 60 mil créditos de desarrollo humano y se impulsarán las asociaciones para emprendimientos. Recordó que 653 mil usuarios reciben el Bono de Desarrollo Humano.

En cuanto a los bonos para las víctimas indirectas de femicidio, el viceministro dijo que se han entregado 473. Sobre los bonos por la pandemia, indicó que por una sola vez se entregaron y que, los afectados, deben recibir asistencia en salud mental.

Finalmente, sostuvo que el MIES requiere 238 millones de dólares para atender a la población vulnerable del país, pero que ese déficit deben solucionarlo trabajando de manera articulada con los gobiernos autónomos descentralizados. (I)

Fuente: Ecuadorenvivo

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El FMI sugiere reducir subsidios a los combustibles, ¿cuáles son los motivos?

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de un aumento acelerado de la deuda pública en las economías del mundo, en medio de la guerra de aranceles que emprendió el pasado 2 de abril de 2025 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De ahí que en su último informe Monitor Fiscal, el FMI sugiere a los países implementar medidas para afrontar los riesgos como: menor disponibilidad de ingresos, más restricción de préstamos y aumento de las tasas de interés.

Entre las medidas, el Fondo recomienda a los países reducir gastos que consideran ineficientes, como los subsidios a los combustibles fósiles, como gasolinas y diésel.

Según el informe del FMI, presentado este 23 de abril de 2025, el gasto en este tipo de subsidios supera el 1,5% del PIB en los mercados emergentes y los países de bajos ingresos y supera incluso el gasto social destinado a los hogares pobres.

Ecuador está en el grupo que el FMI cataloga como «economías emergentes».

En el caso de Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa preveía gastar USD 1.506 millones en subsidiar el diésel en 2024; esto es alrededor de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador.

Así, el FMI se enfoca en los subsidios en medio de un escenario de elevado incremento de la deuda en los países.

Vitor Gaspar, director del departamento de asuntos fiscales del FMI, dijo que el organismo proyecta que la deuda pública mundial aumentará 2,8 puntos porcentuales en 2025; esto es más del doble de las estimaciones previas.

Según Gaspar, la guerra arancelaria elevará los niveles de deuda por encima del 95% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en este 2025.

«Es probable que esta tendencia al alza continúe, con una deuda pública cercana al 100% del PIB para finales de la década, superando los niveles de la pandemia», agregó.

¿Por qué el FMI recomienda reducir subsidios?
Gaspar considera que en un escenario de alta incertidumbre y menos acceso a financiamiento como el actual, es urgente que los países «pongan la casa en orden», ya que tendrán más dificultades para encontrar préstamos.

Era Dabla-Norris directora adjunta del departamento de asuntos fiscales del FMI, agregó que es clave que en este escenario los gobiernos reduzcan el gasto en los subsidios a los combustibles, pues son ineficientes, ya que no beneficiarían siempre directamente a la población más vulnerable.

«Reformar esto traería enormes beneficios a las economías», añadió la vocera.

El informe Fiscal Monitor del FMI menciona que reducir o eliminar subsidios de este tipo traería a los países beneficios como: fortalecimiento de las finanzas públicas, eliminación de distorsiones de precios, mayor promoción de fuentes eficientes de energía y atracción de inversiones en tecnologías eficientes de energía.

No obstante, Dabla-Norris reconoció que estas medidas son más exitosas cuando se toman de manera gradual. Y agregó que si se eliminan, los gobiernos deberían tomar medidas de compensación, como transferencias de dinero directas para la población más vulnerable.

Otra recomendación del Fondo en este aspecto es que los gobiernos comuniquen de manera eficiente los cambios que se implementarán y los beneficios que dejarían a la población.

Como parte del programa de financiamiento que Ecuador tiene con el FMI, el Gobierno de Daniel Noboa tiene el desafío de reducir el déficit de recursos en el Presupuesto del Estado en 2025.

Pero todavía no está claro cómo lo hará. En 2024, el Gobierno descartó que presentará una nueva reforma tributaria en 2025 para aumentar los ingresos en el Presupuesto.

De ahí que los mercados esperan que el Gobierno tome medidas en torno a reducir el gasto en subsidio del diésel.

El Estado ecuatoriano todavía subsidia parcialmente las gasolinas Extra y Ecopaís, pues desde junio de 2024 se implementó un sistema de bandas de precios que varían según lo que ocurra en el mercado internacional, pero con topes máximos. Si el precio internacional de los combustibles sube, en Ecuador el alza es de un máximo del 5% y si cae el máximo a reducirse en el país es del 10%.

Cuando el precio sube por encima del tope de la banda, el Estado subsidia el precio excedente.

Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), considera que en medio de la caída de los precios del petróleo por la guerra arancelaria, el Gobierno podría tomar nuevas medidas en subsidios.

Con los bajos precios del petróleo, los combustibles importados son más baratos para Ecuador.

«En mayo, el subsidio a la gasolina Extra, por ejemplo, debería ser casi cero. Es el momento ideal para liberar su precio», dijo.

El crecimiento de  la deuda preocupa
¿Pero por qué el Fondo prevé más endeudamiento e insta a los países a tomar medidas que pueden traer tensión social, como revisar subsidios a los combustibles?

Según el organismo, 2025 es un año de incertidumbre y riesgos muy altos, con escenarios incluso más graves que los que dejó la pandemia de Covid-19.

El Fondo advierte que los niveles de deuda podrían aumentar debido a que el alza de aranceles podría llevar a los países a una caída en su producción y a tener menos ingresos en sus presupuestos.

Además, el FMI menciona que la creciente incertidumbre geoeconómica podría incrementar la demanda de deuda, especialmente para gasto en seguridad.

En ese contexto, una mayor demanda de financiamiento en todo el mundo impulsará a que los costos; es decir, los intereses que se cobren, sean más altos.

Y esto perjudicará, sobre todo a los países considerados emergentes y de bajos ingresos, que son los que suelen tener que pagar tasas de interés más altas por endeudarse y que ya tienen un monto alto de endeudamiento, dijo Era Dabla-Norris, directora adjunta del departamento de asuntos fiscales del FMI.

Dabla-Norris advirtió que un encarecimiento del endeudamiento podría limitar el gasto esencial de los gobiernos en programas sociales e inversión pública.

«La reducción de la ayuda exterior, debido al cambio de prioridades entre las economías avanzadas, dificulta el financiamiento para los países de bajos ingresos», agregó. Fuente: Primicias

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Interpol detiene en Panamá a dos implicados en la trama Sinohydro: esto se descubrió sobre el esquema de sobornos

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Este miércoles 23 de abril de 2025, la Policía Nacional del Ecuador y la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Panamá, logró la detención de María Auxiliadora Patiño Herdoíza y Xavier Macías Carmigniani, para que comparezcan en el proceso penal instaurado en su contra por el delito de cohecho, en el marco del caso Sinohydro.

El Ministerio del Interior, liderado por John Reimberg, proporcionó detalles sobre las acciones ejecutadas y el proceso de extradición de los involucrados.

Sobornos caso Sinohydro

Esta causa investiga una presunta red de corrupción vinculada al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, que habría operado entre los años 2009 y 2018.

Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Patiño y Macías figuran entre los procesados por su posible participación en un esquema de sobornos relacionados con la adjudicación de contratos de dicho proyecto, «infringiendo las normativas de contratación pública y los principios de transparencia».

La red de corrupción habría movido alrededor de 76 millones de dólares en coimas (aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra), que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.

En este caso estarían implicados exfuncionarios públicos y empresarios extranjeros.

Además, el Ministerio del Interior acotó que, en el ámbito judicial, se ha determinado que María Auxiliadora Patiño Herdoíza fue accionista de NOVATEX entre 2008 y 2013, mientras que Xavier Macías Carmigniani fue accionista y representante legal de GINEPRI S.A. en el mismo período.

Al momento, las autoridades competentes continúan con el trámite de extradición, a fin de garantizar el debido proceso judicial en el Ecuador.

Por último, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Ecuador reafirmaron su compromiso con la lucha contra la impunidad y el combate a la delincuencia organizada transnacional. Fuente: Vistazo

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¿Quién es alias ‘Comandante’, el cabecilla de los R7 que ordenó la masacre en la gallera de Manabí?

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La declaración de uno de los detenidos tras la masacre ocurrida la noche del jueves 17 de abril en una gallera de El Carmen, en Manabí, reveló que la orden provino de alias ‘Comandante’, cabecilla de los R7, una organización que opera en las cárceles de Ecuador.

Así lo identificó Victor V., de 33 años, quien integra ese grupo en el que es conocido con el alias de ‘Guanábana’ y a quien la Policía considera un «objetivo de intermedio valor», cuya captura se anunció en sus redes sociales al día siguiente de la masacre.

Frente al juez, Víctor V. identificó a alias ‘Comandante’ con el nombre de Franklin Veintimilla y contó que ese apodo se debe al cargo de comandante que ocupa en la estructura criminal de la organización R7, un grupo que nació de dos integrantes de los Choneros y que ganó espacios en los centros penitenciarios a partir de 2020, tras la muerte de Jorge Luis Zambrano alias ‘Rasquiña’.

«Me llamó el señor Franklin Veintimilla y me dijo que me quedara en un puesto, y después me dijo que ya me vaya de ahí; luego que espere, que me van a llevar unos bultos, que los guarde eso hasta que ellos fueran a verlos, y uno sin tener conocimiento de qué era».Víctor V., alias ‘Guanábana’.

Con “los bultos” se refería a pistolas, fusiles, cartuchos, alimentadoras, guantes tácticos, chompas pixeladas y chalecos antibalas con la leyenda “Ejército Ecuatoriano” que la Policía encontró en el domicilio donde Víctor V. fue detenido, en el recinto La Bramadora, a 25 minutos de la gallera La Fortaleza, donde ocurrió la masacre.

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“El día jueves, como a las 18:30 me llamó y me dijo que por favor me mueva a un sitio, que él me avisaba”, confesó alias Guanábana al referirse a “comandante”. A la Policía le había dicho antes que “la ejecución del hecho violento había sido encargada por Veintimilla”.

El prontuario de alias ‘Comandante’
Franklin Veintimilla T., de 32 años, de ocupación “ayudante” y nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas, no cumple sentencias por delitos en su contra, según los registros de la función judicial. Ahí solo constan cuatro procesos relacionados con demandas de alimentos y causas archivadas.

Entre estas últimas hay una por violación en 2013, que se archivó porque la víctima no acudió a presentar su testimonio ante la cámara de Gessell, como había dispuesto el juez, mientras que una demanda de paternidad no prosiguió por la abstención de la ofendida; en otra, en cambio, el proceso llegó hasta la fijación de la pensión alimenticia.

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En la revisión de estas causas se evidencia el paso de alias ‘Comandante’ por zonas del cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, en el oriente ecuatoriano. Uno de los procesos fue tramitado por la Unidad Judicial Multicompetente de esa ciudad.

Franklin Veintimilla, sin embargo, sí registra denuncias en su contra. Todas se presentaron en Santo Domingo de los Tsáchilas. Según los reportes de la Fiscalía, alias ‘Comandante’ tiene cuatro denuncias, principalmente por extorsión e intimidación, en el periodo 2015-2024.

El 13 de abril de 2015, Nelson B. lo denunció por intimidación en la Fiscalía de Soluciones Rápidas de Santo Domingo y al año siguiente, en mayo de 2016, Kléber B. lo acusó de extorsión en la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano en ese mismo cantón.

Además de Veintimilla, en esta última denuncia también consta como procesado, César P., el único contra quien se formuló cargos en vista de que alias ‘Comandante’ no fue localizado por la Policía, pues en la denuncia solo se lo mencionó como “sospechoso no reconocido”.

En este caso de extorsión, César P. admitió su participación en el delito luego de que los agentes investigadores presentaron los audios como prueba, y se sometió al procedimiento abreviado para que el juez le dictara una pena menor, por lo que fue sentenciado a cuatro meses de prisión.

Una tercera denuncia por extorsión se presentó contra Veintimilla en junio de 2023 en la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano de Santo Domingo. En ella también constan otros sospechosos identificados con los alias de ‘Cotorra’ y ‘Pallaroso’.

La cuarta denuncia, por el delito de extorsión, la presentó Patricia Y. contra alias ‘Comandante’ en enero de 2024. No obstante, en esta queja, al igual que en las tres anteriores, Franklin Veintimilla no fue procesado.

Con una función de cabecilla en la estructura criminal de los R7, Veintimilla “estaría tomando control del sector correspondiente a Puerto Limón”, según el testimonio de Víctor V., alias ‘Guanábana’, quien aseguró que “el traslado de las armas utilizadas en la masacre habría sido realizado al domicilio donde habitaban los ciudadanos Carlos M. y Diego M.».

Los tres, Víctor V. y los hermanos Carlos y Diego M., además de María Q., fueron detenidos por la masacre en La Fortaleza. Actualmente guardan prisión en La Roca y en el penal femenino de Guayaquil. Fuente: Primicias

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