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“Denuncian presunta irregularidad en la designación de la Contraloría en Zamora Ch.” Diego Esparza

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Diego Esparza, asambleísta por Zamora Chinchipe, denunció presuntas irregularidades en la designación de Pablo Barrazueta como director provincial de la Contraloría General del Estado (CGE) en Zamora Chinchipe, por un posible conflicto de intereses, deudas de pensiones alimenticias y otras denuncias en contra del funcionario. La documentación fue presentada a la fiscal General Diana Salazar y al Contralor Carlos Riofrío.

La configuración del conflicto de intereses radica porque Barrazueta se desempeñaba como abogado defensor del asambleísta Salvador Quishpe, en uno de los procesos judiciales en su contra producto de informes de Contraloría por su gestión como prefecto provincial. En total, las glosas en firme suman un perjuicio al Estado por más de USD 174 mil. Esparza manifestó su preocupación debido a que la nueva autoridad de la Contraloría tiene acceso a información privilegiada y podría usarla en favor de los procesados, quienes fueron sus clientes.

El legislador zamorano expuso que, en la declaración juramentada del 1 noviembre de 2021, Barrazueta afirmó que no adeudaba más dos pensiones alimenticias. La prensa local publicó el 05 de noviembre que el Sistema Único de Pensiones Alimenticias registraba un total de 112 pensiones alimenticias pendientes del funcionario, con una deuda superior a los USD 38 mil. “El Código Penal sanciona al falso testimonio en declaraciones patrimoniales juramentadas con pena privativa de libertad de uno a tres años. He pedido a la Fiscalía que se investigue”, explicó el parlamentario.

Sumadas a estas preocupaciones, Diego Esparza explicó que el nuevo director provincial de la Contraloría en Zamora Chinchipe ostenta una serie de procesos judiciales acusado de solicitar coimas cuando se desempeñaba como funcionario del Servicio de Aduanas; una demanda a la Universidad Nacional de Loja y casos de tránsito.

“Si bien corresponde a la justicia sancionar, rechazo que la Contraloría designe este tipo de autoridades. Para esta dignidad se debió elegir a los mejores perfiles profesionales y éticos. Esto solo provoca que el ciudadano sienta indefensión de parte de la institución a cargo de proteger sus recursos”, dijo el asambleísta del Partido Socialista.

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«Premian a Lundin Gold por liderazgo en sostenibilidad minera»

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Juan José Herrera, líder del equipo de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, empresa canadiense operadora de la mina de oro subterránea a gran escala Fruta del Norte, ubicada en Zamora Chinchipe, recibió el galardón “Visionarios de la Sostenibilidad”, durante la Cumbre de Sostenibilidad ESG 2025, organizada por Grupo EKOS. Esta distinción destaca el enfoque estratégico de la Compañía en el desarrollo de una minería responsable que se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El reconocimiento fue entregado a Juan José Herrera, director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, quien lidera la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad de la Compañía. “Este es un reconocimiento al trabajo de todo un equipo comprometido con hacer las cosas bien y generar valor compartido. Fruta del Norte es un modelo en la excelencia operacional que fomenta el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Zamora Chinchipe y el Ecuador. En Lundin Gold la sostenibilidad es un eje central de nuestra cultura organizacional que transparenta nuestra gestión con una visión de largo plazo”.
A lo largo de esta década en el país, Lundin Gold ha demostrado que la minería industrial bien hecha se fundamenta en el Trabajo con Seguridad, Cuidado del Ambiente y Respeto, los tres principios fundamentales de la Compañía.
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Ejército asesta nuevo golpe a la minería ilegal en Zamora Chinchipe

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A través de una publicación oficial en su página institucional, el Ejército Ecuatoriano informó sobre la ejecución de un nuevo operativo militar en contra de la minería ilegal en la provincia de Zamora Chinchipe, específicamente en los cantones de Yacuambi y Yantzaza.

Estas acciones forman parte de una estrategia interinstitucional que involucra a las Fuerzas Armadas en coordinación con otras entidades del Estado, con el objetivo de contrarrestar los crecientes impactos legales, sociales y ambientales derivados de la extracción ilegal de minerales en esta zona del país.

Durante la operación, el personal militar procedió al decomiso de maquinaria y equipos utilizados para actividades extractivas no autorizadas, entre ellos:
• 2 excavadoras
• 3 motores de succión
• 2 clasificadoras tipo Z
• 2 motores de luz

Las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes para el desarrollo de los respectivos trámites legales, conforme lo establece la normativa vigente en materia de delitos ambientales y minería ilegal.

El Ejército Ecuatoriano reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y la protección de los recursos naturales, especialmente en territorios altamente vulnerables como Zamora Chinchipe, donde la minería ilegal representa una amenaza creciente para los ecosistemas, las fuentes hídricas y las comunidades locales.

Estas operaciones también buscan reforzar el principio constitucional de sostenibilidad ambiental y garantizar que los recursos naturales sean aprovechados bajo condiciones legales, técnicas y con responsabilidad social.

Las instituciones involucradas hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de actividades ilícitas, y exhortan a las autoridades competentes a mantener un seguimiento riguroso de los casos detectados, con el fin de evitar que estos hechos queden en la impunidad.

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«La crisis silenciosa en Zamora Chinchipe»

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Por Alcibar Lupercio

«Es tiempo de atender urgencias»: este no es un eslogan, es el grito firme de una provincia que siente cómo se le desmorona el suelo bajo los pies mientras sus autoridades se entretienen en la superficie con solo discursos, inauguraciones simbólicas y fotos para redes sociales.

Vivimos una etapa crítica en Zamora Chinchipe, donde la fragilidad de las vías rurales, los puentes en riesgos y la erosión de terrenos privados no son simples efectos colaterales, sino la consecuencia directa de una minería descontrolada y consentida por la omisión de quienes deberían ejercer control. ¿Dónde están las acciones de las autoridades, MAATE, ARCERNNR, Asambleístas, prefecta, Gobernadora, Alcaldes y Juntas Parroquiales? Dónde están los que en campaña dijeron que defenderían a su pueblo. El silencio cómplice de muchas autoridades no solo erosiona los caminos, sino también la confianza ciudadana.

Estamos normalizando la informalidad y la destrucción ambiental y con ello la condena al abandono a las comunidades. ¿Cómo se explica que un proyecto de construcción de asfaltado en la vía La Saquea – Guaguayme Bajo o la vía La Saquea – Guadalupe esté en riesgo por la cercanía de actividades mineras al río Yacuambi? estos son solo dos ejemplos pequeños. ¿Qué sentido tiene invertir millones de dólares en infraestructura si se permite, por omisión o negligencia, que se destruya importantes obras?

A esto se suma el incremento alarmante de la inseguridad, no solo en Yantzaza, también es en la provincia. La criminalidad se instala en nuestras calles y y vías, mientras muchos funcionarios se limitan a emitir condolencias en redes sociales. Felicito a la alcaldesa de Yantzaza por romper ese patrón de pasividad y liderar con valentía, pero su ejemplo no basta. Esta batalla exige una respuesta articulada, decidida y colectiva.

No podemos seguir esperando una tragedia mayor para reaccionar. El abandono de nuestras vías, la creciente violencia no son simples quejas: son las urgencias reales del pueblo. Que no se diga que las autoridades no fueron advertidas. Que no se diga que no hubo voces que con respeto y firmeza exigimos actuar a tiempo.

Si se sigue priorizando los eventos sociales, las pugnas políticas y los intereses personales, la historia no perdonará a quienes teniendo el poder de actuar, eligieron la indiferencia. La hora de despertar es ahora. Y este llamado lo hacemos como ciudadanos, no desde el odio, sino desde el compromiso con el futuro de nuestros hijos y de esta tierra amazónica que clama por justicia y dignidad.

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