Rafael Correa arremete contra Noboa

Carlos L. S. V. fue sentenciado –por segunda vez– como autor del delito de violación.

El Tribunal del caso lo condenó a cumplir veinticinco años de reclusión mayor especial, la pena máxima agravada establecida en el anterior Código Penal, vigente hasta agosto de 2014.

Fiscalía demostró que entre el 2014 y 2016, el exdirector y docente de una escuela agredió sexualmente a una niña. El delito inició cuando ella tenía apenas 9 años y se prolongó hasta que cumplió 11.

Durante su alegato, el Fiscal de la causa explicó al Tribunal que Carlos L. S. V. se aprovechó de su doble posición de autoridad dentro del plantel para obligar a la víctima a acudir a su oficina. En ese espacio, proyectaba videos pornográficos para luego violarla.

La investigación fiscal reveló que estos hechos eran presenciados por otra niña –estudiante de la escuela–, quien también fue víctima de violación bajo el mismo modus operandi.

Por este último caso, en diciembre de 2024, Carlos L. S. V. ya fue sentenciado a la pena máxima agravada de veintinueve años y cuatro meses. Derivada de esta causa, en 2023 Fiscalía inició de oficio una nueva investigación que permitió obtener la segunda condena.

Ambas víctimas rindieron sus testimonios anticipados, los cuales se constituyeron en pruebas principales para Fiscalía, al revelar cómo el procesado se valía de su cargo para cometer los abusos en la escuela, ubicada en la parroquia de Zumbi, cantón Centinela del Cóndor.

Según los testimonios de las víctimas, los hechos ocurrieron de dos a tres veces por semana durante dos años.

A estas pruebas se sumaron los testimonios de una perita psicológica que valoró a la víctima, de la médica legista, de la experta que elaboró la pericia de entorno social y del perito que desarrolló el reconocimiento del lugar de los hechos, entre otras.

Además de la pena privativa de la libertad, el Tribunal ordenó el pago de 5.000 dólares a favor de la víctima como medida de reparación integral. Asimismo, dispuso que reciba tratamiento psicológico para superar las secuelas del delito. ́

La sanción en esta causa se dictó por el delito de violación, tipificado en los artículos 512 y 513 del Código Penal anterior, con las agravantes establecidas en el artículo 30.1, numerales 2 y 7 de la misma norma. Fuente: Fiscalía General del Estado

El alcalde del cantón Santiago de Méndez, Freddy Cabrera, ha sido llevado ante la justicia por incumplimiento de sus obligaciones, al no entregar información pública municipal requerida por las concejalas Erika Durán y Sandra Villavicencio. Ambas autoridades, en ejercicio de sus funciones de fiscalización, solicitaron información sobre varios procesos administrativos, entre ellos, la adquisición de repuestos y repotenciación del equipo caminero, así como la organización de las festividades cantonales.

Ante la falta de respuesta del alcalde respecto a los contratos solicitados en septiembre de 2024, las concejalas interpusieron una acción de acceso a la información en su contra. En enero de 2025, el juez multicompetente del cantón Santiago de Méndez, Dr. Fausto Cárdenas, resolvió a favor de las ediles y ordenó la entrega inmediata de la información, además de exhortar a que este tipo de incumplimientos no se repitan en el futuro.

Pese a la resolución judicial, el alcalde Freddy Cabrera, en lugar de acatar la orden, presentó una apelación ante la Corte Provincial mediante el procurador síndico municipal, Dr. Rigoberto Delgado. No obstante, el 28 de marzo de 2025, la Corte Provincial ratificó la sentencia inicial y reafirmó la obligatoriedad de entregar la documentación requerida.

En este contexto, la comunidad y las autoridades locales se mantienen a la expectativa sobre el cumplimiento de la resolución judicial por parte del alcalde, cuyo acatamiento representa un compromiso con la transparencia y la legalidad en la administración municipal. Fuente: Macas News  (transcrito de vídeo)