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El crimen organizado tiene millonarios contratos con el Estado ecuatoriano

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Al menos 12 organizaciones criminales tienen contratos con el Estado de Ecuador, entre ellas Los Chone Killers, Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales, revela una investigación del medio digital Connectas, con el apoyo de Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.

La empresa pública que genera luz eléctrica para los ecuatorianos, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), contrató para la seguridad de sus instalaciones a Agusegpro Cia. Ltda., una empresa del expolicía Héctor Pesántez Sangurima, quien cayó preso en un gran operativo que desarticuló a una facción de la mafia albanesa en Ecuador y España.

Mientras agentes antinarcóticos seguían las actividades de esa organización, Agusegpro obtuvo grandes contratos de seguridad no solo con Celec sino con otras instituciones del Estado.

La falta de articulación entre autoridades de control se repite en otros casos. Connectas detectó 97 contratos públicos, que suman USD 13,5 millones, que desde 2010 fueron otorgados a 24 proveedores vinculados a los llamados enemigos del Estado por pertenecer al crimen organizado.

De esas contrataciones, 31 fueron adjudicadas mientras los beneficiarios estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Estos contratos sumaron USD 6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores. En otros casos, los proveedores acumularon contratos y, sólo después, las autoridades se dieron cuenta de que tenían lazos con el crimen organizado.

Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y luego consiguieron las adjudicaciones.

En los últimos meses, los casos Metástasis, Plaga y Purga han dado cuenta de la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y la Función Judicial para ser declarados inocentes y para mantener sus actividades lejos del radar de las autoridades.

La mayoría de esos contratos se realizó con gobiernos autónomos descentralizados, principalmente con municipios.

Una investigación anterior de Ecuavisa y Connectas, detalló cómo los narcotraficantes buscan hacerse pasar por empresarios exitosos y blindar sus actividades delictivas a través de pantallas formales en los sectores de seguridad, transporte pesado y construcción.

Se identificaron 44 empresas activas ligadas a bandas narco delictivas, mayoritariamente ubicadas en Guayas, Manabí, Esmeraldas.

La presente investigación amplió la búsqueda y se centró en los negocios con el Estado. Se partió de una lista de más de 600 personas mencionadas en planes y operativos del Bloque de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía y la Fiscalía.

Esta nómina se cruzó con información de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se encontraron 449 contribuyentes, entre sociedades y personas naturales, ligadas a las bandas.

De esta lista salieron los contratistas del Estado. Sin embargo, podrían ser más los contratos vinculados con las mafias, pues existe opacidad en los contratos de emergencia.

El grupo delincuencial que más contratos ha alcanzado es la facción de los Chone Killers liderada por Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, con USD 4,2 millones.

Le siguen el grupo de Leandro Norero Tigua, alias ‘El Patrón’, con USD 3,1 millones, y la mafia albanesa, con USD 2,4 millones.

Si bien en Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos, varios expertos consultados coinciden en que este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos.

Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe) ni con la Fiscalía General del Estado ni con el SRI, pese a que una reforma legal aprobada en febrero de 2024 así le obliga.

Mientras los buscan, los contratan
Aun cuando la inteligencia policial siga los pasos de personas vinculadas al crimen organizado, los negocios de estos en contratos pagados con fondos públicos pueden continuar debido a la desconexión entre las autoridades de control.

El 8 de agosto de 2020, las autoridades holandesas encontraron 1,1 toneladas de cocaína en un contenedor que llegó a Rotterdam, desde Guayaquil.

Las investigaciones señalaron que el cargamento pertenecía a la mafia albanesa y que 11 personas estaban detrás de las operaciones, entre ellas, el albanés Dritan Gjika y el expolicía ecuatoriano Héctor Pesántez Sangurima.

Agentes policiales siguieron esta estructura criminal entre 2021 y 2024. En ese lapso, una empresa familiar dirigida por Pesántez, Agusegpro, obtuvo contratos de seguridad con Celec, la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud, por un total de USD 2,4 millones.

Pesántez y otros miembros de la agrupación fueron detenidos en el operativo Pampa, en febrero de 2024. El juez no dictó prisión preventiva contra Pesántez porque este presentó un documento que le certificó una discapacidad del 45%.

BID aprueba crédito de USD 150 millones para prevención de delitos de crimen organizado
Semanas después, el 26 de abril, él y tres de sus familiares cercanos se deshicieron de las acciones de Agusegpro. Ahora, el socio mayoritario es uno de sus cuñados.

Mientras tanto, Agusegpro sigue operando. Uno de los contratos que le otorgó Celec tenía dos años de plazo, hasta mediados de 2025.

Esposa de alias ‘Fito’, entre los proveedores
No es el único proveedor de esta empresa pública que las autoridades han vinculado al crimen organizado.

La esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, proveyó de botellones de agua a Celec. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez fue procesada por delincuencia organizada en 2017 y por enriquecimiento privado injustificado en 2020.

En ambos casos obtuvo resoluciones favorables. Ella y su empresa Queenwater S. A. suministraron agua a Celec en 20 ocasiones por USD 13.000 entre 2019 y 2023.

Mariela Peñarrieta, la esposa de ‘Fito’ a la que la justicia benefició dos veces
Algunas ventas se hicieron cuando su situación jurídica no estaba solucionada. Connectas solicitó una entrevista a Celec para tratar sobre estos contratos.

La institución respondió por escrito que en abril de 2023 implementaron un sistema antisobornos y que desde entonces no han identificado contratos relacionados con grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos de los contratos detectados en esta investigación se dieron el 12 de junio de 2023.

Connectas envió solicitudes de información a todas las personas y empresas mencionadas en esta investigación, pero ninguno ha respondido hasta el momento.

El objetivo: Lavar dinero
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala una falta de articulación entre la Uafe, el Sercop, el SRI y el sistema financiero como la gran tarea pendiente. Según Alarcón, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.

“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
De su parte, las entidades públicas contratantes no vigilan el origen de los recursos de los oferentes porque no es parte de sus competencias, advierte una experta en contratación pública con experiencia en municipios de Guayas.

“No hay ninguna alerta que te impida contratar con una empresa de fondos dudosos. No le puedes descalificar porque renuncie al anticipo, o porque tenga su último impuesto a la renta en cero. Si le descalificas por eso podrían presentar un reclamo en el Sercop porque les estás afectando el derecho a la participación”, dice. Fuente: Primicias

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Más de un millón de ecuatorianos planean emigrar, según informe de la OIM

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Un estudio de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) reveló que 1,2 millones de ecuatorianos tienen la intención de dejar el país.

La encuesta, realizada en 13 ciudades entre marzo y abril de 2024, analizó las dinámicas migratorias de la población ecuatoriana y de extranjeros residentes.

El informe destaca que la mayoría de quienes desean migrar tienen entre 18 y 39 años. Un 20 % de jóvenes bachilleres de entre 18 y 29 años, equivalente a 370.000 personas, manifestó su interés por salir del país. En este grupo, las mujeres lideran las intenciones de emigrar.

Aunque el 73 % de los potenciales migrantes tiene empleo, un 36,7 % considera que sus trabajos son precarios, con ingresos inferiores al salario básico de USD 460 o sin estabilidad laboral.

Estados Unidos es el destino preferido, elegido por el 52,8 % de los encuestados, lo que representa a cerca de medio millón de personas. Le siguen España (18,3 %), Alemania, Francia e Italia (8,3 %), otros países sudamericanos (8,3 %) y Canadá (6,1 %).

El 64 % busca mejores oportunidades laborales, mientras que otros desean reunirse con sus familias, acceder a estudios, mejorar su calidad de vida o escapar de la inseguridad y la violencia.

Además de la búsqueda de empleo, el informe señala que la violencia y la falta de seguridad en Ecuador son factores clave para quienes desean emigrar.

Los encuestados temen enfrentar mayores desafíos relacionados con la crisis económica y la falta de empleo si no logran salir del país.

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Daniel Noboa cumple un año en el poder: ¿Cuáles son los aciertos y fracasos de su administración?

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Incertidumbre, desesperanza e improvisación son las palabras más frecuentes que utilizan analistas políticos para describir al Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien cumple un año liderando el Ecuador. Ha sido un tiempo en el que la crisis energética colapsó y problemas como la inseguridad siguen palpables. Como aspectos positivos, los expertos destacan la intervención militar en las cárceles y la continuidad de la política en turismo.

Noboa asumió el poder el pasado 23 de noviembre del 2023, luego de ganar las elecciones anticipadas que se produjeron tras la declaración de la muerte cruzada por parte de Guillermo Lasso. Noboa, quien inició su carrera política como asambleísta, se lanzó a una campaña por Carondelet con bajos puntos de aceptación en las encuestas, pero su destacada participación en el debate y su interacción en redes sociales lo ayudó a subir de manera vertiginosa.

El joven empresario triunfó con el 51.83% de los votos frente a la candidata correísta Luisa González, q​​​ue se quedó con un 48.17% en la segunda vuelta. Tanto en la campaña como en sus primeros meses al frente de la Presidencia, Noboa se presentó como un político que promovía la unidad no se encasillaba en ningún extremo: ni en los anti ni en los ísmos.

Una vez que llegó al poder formó un pacto en la Asamblea con el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), lo que le permitió la aprobación de cinco leyes de carácter urgente en tan solo cuatro meses. Sin embargo, la historia cambió tras la irrupción de la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas. La alianza terminó y empezó una disputa con el Legislativo y otros actores políticos.

“Hoy tenemos un presidente diferente, totalmente anticorreísta, ha radicalizado su puesta en escena. De hecho, dijo que puede ser el peor enemigo”, recuerda la consultora política, Grace Jiménez.

Actualmente, el mandatario mantiene disputas con Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, Jan Topic y la empresa de su familia Telconet, entre otros personajes. Un capítulo aparente es la pelea con la vicepresidenta Verónica Abad, a quien envió como Embajadora a Israel y Turquía; aunque luego el Ministerio del Trabajo la despojó de su puesto con una sanción de 150 días.

En cuanto a seguridad, Noboa mostró una nueva forma de contener el avance de los grupos criminales cuando declaró conflicto armado interno y pasó a llamar a las bandas delictivas como terroristas. Así mismo, los militares intervinieron las cárceles del país. Estas medidas se tomaron después del asalto en vivo a la cadena TC Televisión, lo cual causó consternación nacional.

Teniendo en cuenta este panorama, Noboa también impulsó una consulta popular con 11 preguntas, en su mayoría relacionadas a la lucha contra el crimen. Finalmente, ganó en nueve de sus propuestas y perdió en el trabajo por horas y arbitraje internacional.

Asimismo, aumentó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12% a 15% y eliminó parte del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, algo que en Gobiernos pasados era casi impensable, puesto que estas medidas habían provocado paros nacionales por parte de los colectivos sociales e indígenas.

Por otro lado, la economía del país sigue inestable sobre todo por la crisis energética que deja pérdidas de 12 millones de dólares por cada hora sin luz, según gremios empresariales. Noboa ha dicho que los apagones terminarán en diciembre, pero nuevamente hay incertidumbre sobre esa promesa.

Esta falta de certeza, entre otros aspectos, han hecho que la popularidad del presidente baje notablemente. Una reciente encuesta de la empresa Comunicaliza muestra que el jefe de Estado ha caído seis puntos en la intención del voto, pero sigue en primer lugar con 27,5%, seguido de la correísta Luisa González con el 26,7%.

Con este panorama, tres analistas políticos evalúan los aspectos positivos y negativos del año de Gobierno de Daniel Noboa.

Lea también: Masacre en la Penitenciaría del Litoral: la intervención militar en las cárceles, una medida insuficiente

$!Daniel Noboa cumple un año en el poder en medio del avance del narco, apagones, bajo crecimiento económico.

ACIERTOS

1. Militarización en cárceles y calles: los expertos coinciden en que se mantiene un relativo control en los reclusorios del país, aunque hace una semana hubo un nuevo brote de violencia en la Penitenciaría del Litoral, que dejó al menos 17 reos asesinados.

“Muchos dirán que hay denuncias sobre violaciones y maltratos en materia de Derechos Humanos, pero al menos hay una diferencia con respecto a años pasados, cuando veíamos matanzas voraces. Las decisiones que se han tomado han surtido algún tipo de efecto”, comenta Caroline Ávila, catedrática y doctora en comunicación.

Por su parte, el politólogo Santiago Basabe menciona que hay una mayor presencia policial y militar en áreas conflictivas, “lo cual no necesariamente implica que el riesgo y el delito se hayan reducido, pero sí es positivo y quizás eso explique por qué el gobierno mantiene una popularidad alta, a pesar de todas las dificultades”.

2. Turismo: teniendo en cuenta las múltiples críticas que ha recibido esta cartera de Estado, la analista Caroline Ávila destaca se han impulsado acciones positivas como refrescar la marca país y posicionarla a nivel internacional en eventos como la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2024, en la que Ecuador ganó como mejor stand para mostrar los atractivos para visitar el país.

De igual manera, la Cumbre Iberoamericana realizada en Cuenca fue un fracaso a nivel político por la ausencia de presidentes latinoamericanos, “pero la ciudad se benefició con el movimiento turístico”, apunta Ávila.

3. Gestión financiera: en mayo pasado, el directorio del FMI aprobó para Ecuador un programa de crédito a 48 meses, con un monto total de 4.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones fueron desembolsados de inmediato. Además, el gobierno ecuatoriano evalúa un nuevo crédito de resiliencia.

“Teniendo en cuenta los riesgos que implica tener un acuerdo con el FMI, esta gestión ha hecho que tengamos algo de liquidez y se ha podido pagar a los GAD o las deudas históricas que tenía el IESS con Solca”, resalta Caroline Ávila.

“Esta forma de comunicación poco conocida está alejada de la realidad de la gente, pero de alguna forma entretienen, logra ser tendencia a pesar de que no solventa los problemas del país”, apunta la analista Grace Jiménez.

Lea también: Cifra de niños rescatados en calles de Ecuador se duplica: víctimas de explotación y alquiler

$!La política turística y la intervención militar como medida inicial de contención de la criminalidad son destacadas por los expertos.

DESACIERTOS

1. Inseguridad: a inicios de noviembre, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que la tasa de homicidios se ha reducido en un 17,6% en comparación con el año pasado. Sin embargo, otros delitos siguen en aumento. De acuerdo a un reporte de Ecuavisa, hasta septiembre de este año, se contabilizan 2.108 secuestros y 10.781 extorsiones en todo el país.

Asimismo, los continuos estados de excepción no han detenido el avance de los grupos criminales. Por ejemplo, en Durán solo en el mes de septiembre se contabilizaron alrededor de 71 personas acribilladas. Este cantón guayasense sigue siendo el más violento del país.

Las intervenciones focalizadas del bloque de seguridad también han sido de alguna manera contraproducentes, puesto que los terroristas han empezado a desplazarse a otras ciudades más tranquilas como Quito, según explicó el experto en seguridad, Mario Pazmiño, a Vistazo en octubre pasado.

Así mismo, los analistas critican que, por el momento, las preguntas de la Consulta Popular, que le costó al Estado unos 60 millones de dólares, no han tenido un efecto significativo en la lucha contra el crimen organizado.

2. Relaciones Internacionales: este tema parece se una de las mayores debilidades del Gobierno de Noboa. Inició en enero de este año desatando la furia del Kremlin, cuando anunció que intercambiará con Estados Unidos “chatarra” de origen ruso, por armamento de última generación.

Luego, vino la intervención a la Embajada de México en Quito, lo cual causó el rechazo de casi todos los países del mundo. Mientras en junio, Noboa lanzó polémicas declaraciones contra varios presidentes de la región como Gustavo Petro al que llamó “snob izquierdista” en entrevista con The New Yorker.

Esta debilidad también se evidenció en la Cumbre Iberoamericana en Cuenca, ya que ningún presidente de la región llegó a la cita. Esto teniendo en cuenta que en días previos, el Ministerio del Trabajo sancionó a la vicepresidenta Verónica Abad, lo cual encendió alarmas de organismos internacionales sobre el riesgo de la democracia en el país.

3. Retroceso en materia de derechos: la catedrática Caroline Ávila menciona que en este año evidencia “una capacidad de persecución y atropellamiento de herramientas legales” por parte del presidente. Por ejemplo, al sumario administrativo que se le impuso a la vicepresidenta con tal de que no asuma la Presidencia.

Asimismo, en el control en las cárceles, la experta recuerda que “hay reportes de violaciones a los derechos de los privados de la libertad” y el Gobierno en vez de establecer una ruta de verdadero control, “se ha enfocado en ideas demagógicas”.

$!Masacre en Manta: múltiples muertos y heridos tras ataque en una fiesta.

4. Empleo joven: Si bien el Gobierno recientemente impulsó el programa ‘Jóvenes en acción’ para que unos 80.000 jóvenes accedan a un trabajo de tres meses y asegura haber entregado más de 100 mil becas; todavía hay chicos que prefieren salir del Ecuador en busca de mejores oportunidades.

La Encuesta de Intenciones y Dinámicas Migratorias en Ecuador, realizada por la OIM, estima que 1,2 millones de ecuatorianos tiene la intención de migrar al extranjero. De esta estimación, el 57,3% son hombres, en su mayoría con nivel de instrucción secundario (bachillerato). Así también, se destaca que cerca 370.000 jóvenes de entre 18 y 29 años quieren migrar al exterior.

5. Falta de gestión pública: El analista político Santiago Basabe evidencia falta de gestión pública en todos los sectores, especialmente en el tema energético y social.

“Creo que es un gobierno relativamente intrascendente con pocas ejecutorias de fondo, con algunos chispazos en la política económica, pensando en los subsidios y el aumento del IVA; pero en términos generales es más bien un gobierno discreto”, describe el experto.

6. Crisis energética: la consultora política Grace Jiménez recuerda que todos los problemas que tiene Noboa son heredados, “pero él tiene la responsabilidad de gestionar las crisis”, lo cual no ha ocurrido de manera eficiente en el tema energético.

“No se reaccionó a tiempo y tampoco se planteó un plan de acciones urgentes a mediano y largo plazo”, apunta Jiménez. Y es que Noboa empezó su mandato en medio de apagones y desde el 2023 se venía alertando de las condiciones climáticas que afectarían al país.

Sin embargo, a inicios del 2024 hubo una primera ronda de apagones, causados según el presidente por el ocultamiento de información por parte de la entonces ministra Andrea Arrobo. Luego, se dijo que no habría cortes de luz, pero desde septiembre han vuelto los apagones de hasta 14 horas. Fuente: Vistazo

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Lluvias intensas se reportan al norte de la Amazonía, cerca de Coca Codo Sinclair

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que se presentan lluvias intensas con tormentas al norte de la Amazonía (Orellana, Sucumbíos y Napo) y la cordillera oriental, que inciden en menor medida en la Sierra. Continuarán en las próximas horas.

«Es posible que las lluvias se intensifiquen nuevamente desde horas de la tarde y noche», señala el reporte. Según el mapa satelital que publicó la entidad, las precipitaciones se reportan cerca de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Entre el 18 y 22 de noviembre, se prevén precipitaciones de variable intensidad con tormentas en estribación de cordillera de la Amazonía, norte de la Sierra y zonas puntuales del centro y sur de la región, acotó el Inamhi.

No se reportan lluvias cerca las hidroeléctricas Sopladora y Mazar, ubicadas entre las provincias de Cañar, Azuay Morona Santiago.

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