Nacionales
‘El lavado de activos no solo se da a través del sistema financiero’, dice Roberto Romero, superintendente de Bancos

Lleva poco más de dos meses en el cargo, luego de una polémica en el Consejo de Participación Ciudadana donde el correísmo quería nombrar a otra persona para el cargo. De hecho, ese interés quedó expuesto en el Caso Ligados . Pero finalmente Roberto Romero von Buchwald ganó el concurso y ahora dirige la Superintendencia de Bancos. Dice que no representa ningún interés y que su objetivo es que la entidad funcione de manera técnica.
No solo se encarga de velar por la salud del sistema bancario para que no ocurra un colapso, sino que también es responsable, junto a la UAFE y otras entidades, de combatir el lavado de activos , en un país cada vez más asechado por el crimen organizado .
Según la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca), en 2023 se reportaron 4.700 transacciones inusuales y en el primer semestre de 2024 fueron 2.700. Son los datos más actualizados. Romero von Buchwald dice que monitorean todo eso, pero recuerda que no todo el dinero de actividades ilícitas pasa por el sistema financiero y que tampoco hay que satanizar a los bancos. Asegura que se hace un control exahustivo para detectar posibles delitos y adelanta que ya hay resultados.
Necesitamos ser autónomos, independientes, para poder hacer nuestro trabajo de una manera que no se vea involucrada con temas políticos. Tenemos que trabajar en temas técnicos, dentro de las mejores prácticas internacionales para asegurar la confianza y solidez del sistema financiero . La autonomía financiera también es muy importante: las instituciones financieras pagan cada año una contribución para el funcionamiento de la Superintendencia. Eso permite pagar sueldos, invertir en tecnología. Al no tener estos recursos, podría debilitar la gestión de la institución. Desde hace años, esa contribución va a la Cuenta Única del Tesoro. Entonces, si necesito un presupuesto, tengo que gestionar, justificar, para que la Caja Central del Estado me dé el presupuesto.
¿Eso quiere decir que, hipotéticamente, cualquier gobierno puede decirle que no hay plata para sus proyectos, en la lucha del lavado de activos, por ejemplo?
Es posible, a pesar de que constitucionalmente hablando las leyes nos amparan, pero una forma de limitar la gestión de cualquier institución es limitar sus recursos. Debo mencionar que mi gestión comenzó el 27 de febrero y me encontré con estas debilidades y debo mencionar también que toqué las puertas del Ministerio de Finanzas y, de manera inmediata, nos colaboraron con temas que eran urgentes. Estimo yo que con la debida gestión con el Ministerio de Finanzas y el Gobierno, obtendremos los recursos necesarios para que yo pueda cumplir con lo que planteé en el Consejo de Participación Ciudadana como plan de trabajo.

¿Cuál es el riesgo de un manejo político de la Superintendencia de Bancos?
El riesgo no es solamente que una persona no tenga la capacitación o nivel profesional, que podría provocar errores en la supervisión bancaria, sino que también puede involucrarse con personas que tengan intereses personales. Que haya una persona que se haga de la vista gorda y no controle. En la Superintendencia de Bancos se administra información que está protegida por ley. El sigilo bancario es muy importante porque las instituciones financieras nos proveen estructuras de información que deben ser cuidadas con mucha prolijidad.
¿Cómo controlan y combaten el lavado de activos en los bancos? Entiendo que hay la figura de Oficial de Cumplimiento en cada institución financiera supervisando los movimientos inusuales. ¿Qué información les proporcionamos?
Nos reportan la información que tiene que velar de un análisis de licitud de origen de fondos, porque el lavado de activos inicia en ese punto. Generalmente, todos los recursos de las personas inescrupulosas ingresan a través de depósitos en cuentas de ahorro, depósitos a través de inversiones, depósitos a plazo fijo o incluso aportaciones de accionistas. Porque a través de esto se puede generar créditos en otras actividades lícitas para que entren en la economía del Ecuador y, de esta manera, se vayan lavando estos recursos, es decir, blanqueando.
Por eso es fundamental el trabajo de los oficiales de cumplimiento para que, cuando se observe algo no habitual, hagan una debida diligencia e investiguen, y soliciten información al presunto dueño de estos recursos. Si no es lícito un recurso o hay muchas sospechas, inmediatamente que sea reportado para que entre en acción la UAFE.
¿Entonces, los bancos le reportan a la UAFE, no a la Superintendencia de Bancos?
También nos reportan a nosotros y nosotros adicionalmente tenemos que hacer una investigación profunda. Todo el tiempo recibimos saldos, transacciones, y con diferentes modelos podemos identificar si es que algo se le está escapando al oficial de cumplimiento.
¿En estos dos meses que ha estado en la institución ha detectado algo grave?
Lo primero, hemos encontrado, a través de denuncias y análisis que llevamos a cabo, a 14 instituciones que no tienen autorización para hacer intermediación financiera ni para operar, captando recursos y otorgando créditos. Hemos reportado esto públicamente para que la ciudadanía no se deje engañar y pierda sus recursos o pueda ser extorsionada y tenga que sufrir otro tipo de delitos.
Lo hemos reportado a la UAFE y a la Fiscalía, por supuesto, para que con la fuerza pública se apliquen las medidas correspondientes. Están en análisis otras 14 agrupaciones que, en el momento que tengamos certezas, vamos a reportarlas también.
El segundo frente, efectivamente son los hallazgos en temas que nos llaman muchísimo la atención, pero son delicados y están en una indagación, y no puedo revelar la información.
¿Son transacciones inusuales por lavado de activos?
Sí, pero no podría comentar mayores detalles hasta que no tengamos información que sea publicable. Sabemos que lo que no se comunica no existe, pero hay temas que rebasan el sigilo en este momento. También tenemos que tener en cuenta que hay otras superintendencias más que reportan sobre movimientos sospechosos a la UAFE: Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que supervisa a las cooperativas.
Dijo que no todo el dinero de actividades se lava en el sistema financiero.
Por ejemplo, una de las actividades ilícitas es la minería ilegal. Hoy en día se hacen unas barritas de oro que, dependiendo de la cotización del gramo de oro, pueden costar entre 1 millón y medio de dólares y 2 millones y medio, y eso no entra al sector financiero. Y es más fácil llevarse en una maleta al exterior, llevándose millones de dólares. Entonces, es importante comentar eso, el lavado de activos no solo se da a través del sistema financiero, se piensa que las instituciones financieras son el canal sobre el cual se lleva a cabo esa actividad ilícita y no, no es solamente ese canal, existen otros. Por ejemplo, ‘los chulqueros’: ese recurso, generalmente, a pesar de ser de algunos millones de dólares, no entra nunca al sector financiero formal y está en esta zona gris y oscura donde actúan los chulqueros y empiezan a entregar créditos muy chiquitos.
¿Hay alguna cifra que pueda dimensionar el dinero que se lava en el país?
Esa es información muy delicada y con sigilo, y no podría decir si es exacta, porque este mundo se maneja en un círculo oscuro que no se deja ver fácilmente. Lo que dice la ONU es que el lavado de activos a nivel mundial oscila entre el 2 y el 3 por ciento de todo el producto interno bruto del planeta. Si extrapolamos esa información hacia Ecuador, significaría que más de 2.000 millones de dólares se podrían estar lavando, pero no solamente a través del sector financiero, ojo, también a través de otros mercados y otros mecanismos.
Nacionales
Fiscal Diana Salazar puede seguir en funciones de forma prorrogada hasta que se nombre a su sucesor

Un pronunciamiento jurídico emitido por la Procuraduría General del Estado (PGE), el 26 de febrero de 2025, es la base jurídica para la prorrogación de funciones de la fiscal Diana Salazar. La funcionaria puede seguir en el cargo de manera indefinida, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) nombre a su reemplazo.
«La Fiscal General del Estado en su calidad de servidora de la Función Judicial nombrada para un determinado período, puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada», se lee en el pronunciamiento de la PGE, al absolver una consulta realizada por la propia Salazar.
Según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el período del Fiscal General del Estado es de seis años. Es decir, el 8 de abril de 2025 Salazar debería dejar la entidad. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha avanzado en nombrar a su reemplazo.
Por tal motivo, y ante el pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General, Salazar podría continuar en el cargo hasta que ese concurso se concrete. La decisión final depende de ella. Por el momento, la Fiscal General no se ha pronunciado sobre su decisión de continuar o no en ese puesto.
El retaso en el CPCCS
Con el nombramiento de Fiscal General pendiente, el CPCCS lidia con sus propios problemas. En enero de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a Eduardo Franco, Augusto Verduga y Yadira Saltos, exvocales correístas del CPCCS.
Dos de esos lugares fueron asumidos por Piedad Cuarán y Gonzalo Albán. Sin embargo, la séptima vocalía todavía está en disputa entre David Rosero y Oscar Ayerve. La Asamblea Nacional debe definir quién se posesiona y para esto elevó una consulta a la Procuraduría.
Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó a PRIMICIAS que mientras no se solucione ese problema, el concurso para seleccionar Fiscal no avanzará, ya que al tener un Consejo incompleto se podría configurar algún tipo de nulidad posterior. Fuente: Primicias
Nacionales
¿Qué pasa con los bienes de alias ‘Fito’, estimados en más de 23 millones de dólares?

Su nombre volvió a ser noticia, por cuenta del anuncio de la justicia estadounidense, según el cual José Adolfo Macías Villamar, ‘Fito’, es requerido por cargos internacionales de drogas y de tráfico de armas. El líder de Los Choneros vive en la clandestinidad desde enero de 2024, cuando escapó de la cárcel. ¿Qué pasa con sus bienes, estimados en más de 23 millones de dólares?
‘Fito’ tiene mente fría y calculadora, según un perfilamiento criminal realizado cuando estaba en prisión. Él habría mantenido dos figuras clave a cargo de sus finanzas, según informes de inteligencia financiera.
Su esposa, Mariela Peñarrieta, es profesional en enfermería y enfrentó un proceso judicial por el delito de supuesto lavado de activos. El proceso, iniciado en 2020, identificaba en sus cuentas depósitos superiores a dos millones de dólares entre 2013 y 2019, además de dos empresas y siete inmuebles sin justificación. A fines de ese año, un fallo judicial declaró la inocencia de todos los implicados en esa investigación. Tanto en 2014 como en 2017, ella concursó para ocupar el puesto de enfermera 3, en el Hospital General de Manta.

Un proceso judicial en marcha
Hay una segunda figura clave, a quien investigaciones vinculan con las finanzas de ‘Fito’. Fue detenida a multas de mayo de 2024, en el contexto de la operación Gran Fénix 29. En este operativo, 30 supuestos miembros de Los Choneros Fatales que operaban en El Empalme fueron vinculados con el posible delito de delincuencia organizada.
En el grupo se encuentra Verónica Briones, de 31 años. Según el acta de la audiencia de formulación de cargos, esta facción tiene como líder a ‘Mongolo’. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, el grupo habría cometido delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, sicariatos, secuestros y extorsiones, según el expediente judicial. La teoría fiscal se basa en 15 eventos de violencia registrados en ese período.
La defensa de Briones insistió en su inocencia e intentó apelar la medida de prisión preventiva. En su argumento, el único elemento que la vincula es haber vendido cemento a una persona que está vinculada al entramado. Su actividad, según su abogado defensor, se relaciona con la venta de insumos de ferretería.
En registros abiertos de la Superintendencia de Compañías, Briones aparece como gerente general de una empresa dedicada a la comercialización de productos de ferretería, tanto en el hogar como en la industria. Su nombramiento está registrado en 2022. Además, consta como socia: aportó un capital de siete mil dólares para la constitución de la compañía, que aparece registrada como proveedora de bienes y servicios al Estado.
El proceso judicial derivado de la operación Gran Fénix 29 ha tenido retrasos. La audiencia de juicio ha sido permanentemente dilatada, por las defensas de los más de 30 vinculados. Expertos consultados señalan que sería una estrategia para lograr la caducidad de la prisión preventiva, que se ejecutaría al cumplirse un año del operativo en mayo.

Los cargos contra ‘Fito’
Macías Villamar es requerido por la justicia estadounidense por cargos de internacionales de drogas y de tráfico de armas.
Los cargos fueron anunciados por el Fiscal de los Estados Unidos para el distrito Este de Nueva York, John Durham; el administrador de la oficina de la DEA, Derek Maltz; y otras autoridades responsables de la política de seguridad en este país.
Según la acusación formal, entre 2020 y 2025, Fito controló las rutas de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Centro y Norteamérica. La actividad ilegal se realizó en asocio con el cartel mexicano de Sinaloa.
Una investigación especial, realizada por la policía ecuatoriana, que rastreó los bienes del círculo cercano de ‘Fito’ detectó recursos en manos de testaferros, relacionados con la creación de empresas de fachada, en ámbitos tan diversos como el transporte, la venta de material de construcción, la compra de inmuebles, vehículos y la operación de negocios varios.
El origen de los fondos sería ilícito, según esa línea investigativa, la cual establece que proviene del narcotráfico, microtráfico, sicariato y cobro de extorsiones.
Según el requerimiento de la justicia estadounidense, si se prueba la culpabilidad de Fito él podría enfrentar una sentencia mínima de 10 años. La máxima pena sería prisión de por vida. El perfilamiento criminal de ‘Fito’, realizado mientras se encontraba privado de la libertad, establece que no reconocía haber cometido delitos.
El siete de febrero de 2024, el departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que había sancionado a ‘Fito’ y al grupo narcodelictivo Los Choneros. Esta medida sanciona a los bienes en ese país, o que estén en posesión de personas de esa nacionalidad.
Tras la fuga de ‘Fito’, el bloque de seguridad ha realizado al menos dos allanamientos a casas ubicadas en zonas exclusivas de Manta, y que estarían relacionadas con esa estructura. En julio de 2024 se identificaron seis viviendas, cuyo valor se estimó en un millón de dólares, cada una. Fuente: Vistazo
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Erik Prince: «Quiero hacer retroceder al narco para que haya paz y prosperidad aquí»

Erik Prince ya se encuentra en Ecuador y las autoridades del Gobierno dieron detalles del trabajo del exmilitar en el país. En entrevista a Radio Centro, el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo mencionó que Prince trabajará en uno de los tres niveles de conducción de Defensa Nacional que tiene la nación.
Estos niveles son:
- Político estratégico
- Político operacional y
- Táctico Operacional: Esta será el área donde Erik Prince dará capacitaciones y asesoría al Bloque de Seguridad integrado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
“Hay que tener claro que las decisiones de nivel estratégico político son soberanas del Ecuador las toma el Gobierno del Ecuador”, dijo Loffredo.
El exmilitar se pronunció sobre el trabajo que hará en el país. “Me importa ayudar a Ecuador a estabilizarse y quiero hacer retroceder al narco para que haya paz y prosperidad aquí”, dijo.
Al ser consultado, el ministro Loffredo sobre los comentarios de los sectores que no estarían contentos con el apoyo de Prince, el representante de la cartera de Defensa señaló:
“Los únicos que han dicho eso son nuestros opositores; eso usted no lo ha escuchado de las Fuerzas Armadas. Tal vez de algún exmilitar que trabaja con la oposición”.
Este domingo, 6 de abril de 2025, el Bloque de Seguridad —conformado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional— y el equipo de Erik Prince visitaron el puerto de Guayaquil. Su objetivo fue levantar información para fortalecer las instalaciones portuarias en Ecuador.Esta es una etapa preliminar que se basa en la verificación de protocolos de seguridad, recolección de información, para evaluar la situación de los puertos. Con ello se espera fortalecer la seguridad en las instalaciones portuarias y garantizar el comercio.
Viaje a Estados Unidos
Loffredo informó que en su viaje a Estados Unidos las autoridades señalaron que mantuvieron una reunión con Mario Díaz-Balart, senador de EE. UU. Además, se reunieron con representantes de la Agencia Internacional Antinarcóticos, la Agencia de Control de Fronteras de Estados Unidos y la Secretaría de Defensa de EE. UU. Lofreddo mencionó que se establecieron nuevos acuerdos de seguridad y se priorizaron los acuerdos vigentes.
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