Un tribunal condenó a cinco años de prisión a Fabricio Colón Pico, considerado como uno de los cabecillas de la banda criminal Los Lobos, por el secuestro del hijo de un narcotraficante, según señaló este miércoles la Fiscalía en un comunicado.

Según las investigaciones fiscales, Colón Pico, quien en octubre ya había recibido otra condena de cinco años por haber intimidado a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, estuvo al mando del secuestro del hijo de un narcotraficante conocido como alias ‘Chugo Porto’, investigado en Estados Unidos y buscado por la Interpol.

El caso se remonta al 9 de julio de 2023, cuando el joven se encontraba en una reunión con cinco amigos en el sector de La Ferroviaria, en el sur de Quito.

Casi a la medianoche, solicitó un taxi a través de una aplicación y cuando salió a esperar al vehículo observó que un automóvil negro sin placas estaba esperando en la calle.

Minutos después, cuatro personas armadas descendieron del vehículo y aunque él intentó refugiarse en la casa de la que salía, los hombres lo sacaron a la fuerza y lo llevaron a un lugar apartado en el sector de Nanegalito, en el noroccidente de la capital.

Los secuestradores, quienes según la Fiscalía estaban bajo el mando de Colón Pico, no solicitaron dinero a la familia, sino parte de un territorio en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde el padre del joven desarrolla negocios ilícitos.

Tres días después del secuestro, los criminales dejaron al joven en un centro comercial en el norte de Quito «con 20 dólares para su movilización», dijo el Ministerio Público.

Los dos hombres también fueron sentenciados como coautores del delito y recibieron la misma pena de cárcel que Colón Pico, a la que se suma una multa de 5.520 dólares que deberá pagar cada una y otra de 3.000 dólares que deberán asumir entre los tres como reparación integral.

Colón Pico guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil, conocida como La Roca, luego que fuera recapturado en abril pasado en las afueras de Quito.

El condenado había sido detenido inicialmente en enero pasado en el marco de esta investigación por secuestro, pero se fugó pocos días después de su primera captura de la cárcel de Riobamba, cuando se habían registrado motines simultáneos en varias prisiones, como parte de un conjunto de eventos violentos vinculados al crimen organizado que incluyó la incursión de sujetos armados en un canal de televisión durante una emisión en directo, que terminó con trece detenidos.

Tras su fuga, permaneció prófugo y en paradero desconocido hasta abril de este año, cuando fue recapturado en una zona rural de las afueras de Quito.

La alerta llegó el 20 de noviembre de 2024. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó al Gobierno de Ecuador que, en las siguientes horas, dos mujeres arribarían al país con una alta suma de dinero, presuntamente, de origen ilícito.

El aviso estadounidense se hizo a las 22:50. 10 minutos antes, desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, había partido el vuelo 211 de la aerolínea Copa, con dirección hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito.

A bordo de ese vuelo estaban las hermanas Martha Alejandra y María Verónica Montenegro Vacas. El avión aterrizó en territorio ecuatoriano a las 00:12 del 22 de noviembre y seis minutos después las pasajeras ya estaban en la plataforma de arribo.

Minutos después, en la zona de arribo internacional, agentes de la Policía abordaron a María Verónica Montenegro. Le pidieron que los acompañe a la sala de migración porque sería objeto de una entrevista y un registro rutinario de equipaje de mano

En ese momento, la actitud de la mujer cambio: se la notó nerviosa y no dejaba de manipular su teléfono celular, según relatan los agentes en el parte policial. Los agentes le pidieron que abriera la maleta, pero Montenegro habría respondido que no podía porque su equipaje tenía cintas de seguridad y solo llevaba objetos personales.

Ante la insistencia de los policías, la mujer accedió a abrir la maleta. En su interior, los uniformados encontraron dos fundas plásticas con una leyenda que decía «bolsa de alta seguridad».

Dentro de estos paquetes, finalmente, los uniformados encontraron 21 fajos de 1.000 billetes de USD 100. En total, María Verónica Montenegro portaba USD 2,1 millones en efectivo.

Control deficiente
La normativa ecuatoriana establece que el control del ingreso de dinero al país —a través de puestos fronterizos terrestres, aéreos y fluviales— está a cargo del Servicio Nacional de Aduana (Senae).

Por esta razón, luego de encontrar el dinero, los policías llamaron al personal de Aduana. Pero, según los uniformados, los agentes aduaneros «mostraron una actitud de indiferencia» ante el hallazgo.

Juntos, policías y aduaneros, contaron el dinero. Los segundos pidieron a Montenegro los documentos de respaldo de la procedencia del dinero porque todo viajero que ingrese a Ecuador con USD 10.000 o más en efectivo, debe presentar un Formulario de Registro Aduanero (FRA).

En ese momento, la mujer llamó a su hermana, Martha Alejandra Montenegro Vacas. Le pidió que volviera al aeropuerto porque las autoridades le estaban pidiendo los documentos de respaldo del dinero, que ella tenía.

Martha Montenegro respondió que estaba en el parqueadero. Entonces, José Daniel Rosas Cuarán —uno de los agentes aduaneros— se ofreció a ir a buscar a la mujer. El sujeto salió a la avenida y se encontró con la segunda mujer, que estaba a bordo de una camioneta blindada, en la que se pretendía transportar los USD 2,1 millones.

Junto a Martha Montenegro estaba Carlos Patricio Lara Vacas, primo de las hermanas involucradas y conductor del vehículo blindado. Los dos ingresaron a las oficinas de Migración de la terminal área para mostrar los supuestos documentos de respaldo.

Los documentos fueron revisados por Rosas Cuarán, Jimmy Quiñónez Perlaza y Christian Zhingre Donoso, los dos últimos también agentes aduaneros. Los tres determinaron que estos papeles eran suficientes para justificar las declaraciones tributarias.

Eran las fotografías de tres documentos en formato PDF:

El primero era el comprobante de un retiro o transferencia bancaria.
El segundo era una declaración de posesión de dinero en efectivo, en el viaje previo entre República Dominicana y Panamá.
El tercero, un documento sobre el traslado de valores en un vehículo blindado.
Las mujeres también poseían un Registro Nacional de Contribuyentes (RCN), equivalente al RUC en República Dominicana, de una empresa que se dedica a la fabricación y venta de barras de oro y de la que supuestamente provenía el dinero.

Pero, esto no fue suficiente para la Policía. De inmediato, los agentes contactaron a la Fiscalía y reportaron la existencia de un delito flagrante, de manera que el Ministerio Público disponga la retención por 12 horas de las hermanas Montenegro, su primo y los tres agentes aduaneros.

Las cámaras delataron a los agentes
A las 09:00 del 21 de noviembre, la fiscal de turno llegó al Aeropuerto Mariscal Sucre. Como primera diligencia investigativa, la funcionaria pidió acceso a las cámaras de video vigilancia del lugar.

Así, la investigadora empezó a observar lo que ocurrió desde las 00:35, hora en la que las hermanas Montenegro llegaron al país. La primera en aparecer en cámaras es Martha Alejandra quien, en el área de escáneres, tomó contactó con Quiñónez Perlaza, uno de los agentes.

Luego de esa conversación, la mujer salió de la Terminal y dejó a su hermana, María Verónica, sola con la maleta de mano que contenía los USD 2,1 millones. Luego sería abordada por la Policía para la revisión del equipaje.

Bryan Steven M. V., otro agente aduanero que estaba de turno esa noche, en cambio, relató a los policías que cuando María Verónica Montenegro ingresó al país no se halló el dinero, ya que, previamente, el agente Zhingre Donoso le habría dicho que «no le haga ningún problema en el momento del control aduanero y le permitan el ingreso al territorio ecuatoriano, sin ser alertada, ni llamada la atención».

Según Bryan Steven M. V., Zhingre le habría dicho que recibió esa instrucción de Aníbal B., otro funcionario aduanero, que ya no estaba laborando en el Aeropuerto Mariscal Sucre, pues había sido transferido al José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil

Con estos indicios, la Fiscalía ordenó la detención de todos los involucrados y, la mañana del viernes 22 de noviembre, formuló cargos por el presunto delito de lavado de activos contra las hermanas Montenegro, su primo y los tres agentes aduaneros.

El juez Víctor Hidalgo dispuso prisión preventiva para las dos mujeres. Para el primo de las involucradas y los agentes aduaneros ordenó presentaciones periódicas. El Senae denunció a los tres agentes y, en calidad de presunta víctima, está pidiendo que se revise esa decisión y que los funcionarios sean encarcelados preventivamente.

¿Financiamiento de protestas?
Tras la captura de las dos mujeres y el decomiso de los USD 2,1 millones, el presidente Daniel Noboa hizo notar, en una publicación en X, como una «coincidencia» que haya llegado esa cantidad de dinero al país, de manera ilegal, en el contexto de movilizaciones sociales.

Sin embargo, en ninguno de los documentos oficiales del caso que reposan en el sistema judicial, ni la Policía Nacional, ni la Fiscalía o el juez se refirieron a la posibilidad de que ese dinero iba a ser utilizado para financiar las protestas.

Además, el Primer Mandatario dijo que ordenó al Ministerio de Finanzas usar esos fondos para la preservación patrimonial del Centro Histórico de Quito.

El 22 de noviembre, el juez Hidalgo ordenó el depósito de los USD 2,1 millones en la cuenta de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar). Esa entidad será el custodio de ese monto, mientras avanza el proceso penal.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el juez dispuso la incautación del dinero, que serán custodiados, resguardados y administrados por Inmobiliar. Esta medida estará vigente hasta que se emita la resolución definitiva del caso.

Solo una vez que haya una sentencia ejecutoriada, es decir, ratificada en primera instancia, apelación y casación, estos fondos serán considerados propiedad del Estado y podrían ser utilizados como el Gobierno decida. Fuente: Primicias

La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, solicitó al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, que se inicie el procedimiento de extradición de Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Marcel Loaiza, procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

La etapa de juicio contra los mencionados, acusados en el marco del caso Metástasis, sobre quienes pesan órdenes de prisión preventiva emitidas entre enero y marzo de este año, se encuentra suspendida debido a su condición de prófugos.

Según informó el Ministerio Público, Salazar ha dispuesto el inicio y seguimiento de las investigaciones previas ordenadas por la Jueza ponente del Tribunal de Juicio del Caso Metástasis.

«La solicitud de extradición se fundamenta en el artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 23 de la Ley de Extradición», agregó la entidad.

Tanto Jordán como Aleaga han asegurado que las acusaciones por parte del Ministerio Público forman parte de una persecución política del Gobierno del presidente Daniel Noboa en su contra.

Sobre la participación de Aleaga, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha explicado que estaba dirigida a «silenciar» a la persona que representaba la principal fuente de revelación de «actividades delictivas» referentes a la trama de corrupción en el sistema judicial y carcelario investigada, es decir, el exasambleísta, Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023.

Con respecto a Jordán, quien tiene una orden de arresto vigente, al igual que Aleaga, el juez de la CNJ, Manuel Cabrera, ha destacado que tenía empresas vinculadas directamente a los bienes del narcotraficante

La Policía Internacional, más conocida como Interpol, que emitió una alerta roja para localizar a Jordán a inicios del 2024 ya que no regresó a Ecuador para enfrentar el proceso, también recoge detalles del caso por el que es requerido.

Describe que el individuo “ponía a disposición de personas involucradas en la comisión delitos, empresas para justificar el movimiento de la economía criminal, derivada de actos ilícitos dentro del proceso por lavado de activos en el cual había sido procesado Leandro Norero (narcotraficante asesinado que fue beneficiado por la trama ilícita)”.

De acuerdo a la Fiscalía, Loaiza, en cambio, administraba propiedades y grandes sumas de dinero de Norero. Era propietario de una joyería en Samborondón y le enviaba artículos de lujo al cabecilla criminal mientras permanecía encarcelado en la cárcel de Cotopaxi. Fuente: Vistazo