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En la Brigada donde asesinaron a la subteniente Ati ya había muerto otra oficial

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La muerte de la subteniente Aidita Pamela Ati Gavilánez, registrada el sábado 29 de junio de 2024, ha conmocionado a Ecuador. Sin embargo, no es la única joven oficial del Ejército que ha perdido la vida de forma violenta en la Brigada de Selva 19 Napo, en el Coca, provincia de Orellana.

La muerte de la subteniente María José Morillo se reportó el 20 de abril de 2021. La versión oficial de las Fuerzas Armadas fue que perdió la vida en el río Napo, junto al recinto militar, durante un ejercicio fluvial denominado ‘Espina de pez’ en el curso de Tigres para ascender a teniente, en la Escuela de Selva.

Este ejercicio consiste en ingresar al río con equipamiento completo (mochila, botas y fusil militar). Diez aspirantes flotan y tratan de asegurarse entre ellos con cabos y nudos. Durante el desarrollo de esa actividad, los cursantes se impactaron con una palizada en la que quedaron atrapados, y María José Morillo falleció ahogada.

Los padres de la subteniente Morillo han luchado por más de tres años para que se investigue el contexto y las causas del fallecimiento de su hija, pues sus inquietudes «aún no han sido esclarecidas».

Anomalías en el Caso

Los familiares de la subteniente María José Morillo han denunciado «constantes irregularidades en la investigación». Kathyusca Cando, madre de la joven subteniente, dijo a Teleamazonas que «en esta lucha por el esclarecimiento del fallecimiento de mi hija, he sufrido varias vulneraciones del Ejército porque ha ocultado toda la información de Majito».


La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) ha documentado varios cabos sueltos en este caso:

  1. Notificación inapropiada: No se cumplió con un protocolo apropiado para notificar el fallecimiento a los familiares de la subteniente.
  2. Tardanza en la información: El hecho ocurrió a las 15:30 del 20 de abril de 2021. Una hora y media después, un teniente llamó a la hermana de Kathyusca Cando para avisarle sobre el fallecimiento. A las 20:00, cuatro horas y media después de la muerte, la familia de María José fue recibida en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en el sur de Quito, donde oficialmente fueron informados sobre la muerte de su ser querido.
  3. Motivos no esclarecidos: La familia de la subteniente entregó un documento en la Brigada de Selva N.º 19 Napo para exigir que se esclarezcan los motivos de la muerte. También intentaron entregar el documento en la Escuela de Selva, pero no fue aceptado.
  4. Presión para no presentar denuncia: En la Fiscalía Provincial de Orellana, los familiares intentaron colocar una denuncia penal por el fallecimiento de María José, pero no fue admitida sin la presencia de un abogado. Además, militares presionaban para que no se realice la denuncia penal, asegurando que el Ejército brindaría todo el apoyo y los beneficios pertinentes al hijo y al esposo de María José.
  5. Autopsia y traslado apresurados: A las 10:00 del 21 de abril de 2021, la familia firmó el documento de autorización de autopsia en la Fiscalía de Orellana. A las 11:00, el departamento de Medicina Legal les explicó que la autopsia ya se había realizado. En ese mismo momento, la familia se enteró de que el cuerpo de la joven era movilizado, sin su autorización, a una funeraria donde se le realizó la tanatopraxia. Luego, el cuerpo fue llevado a Quito para el velorio. El 22 de abril de 2021 se realizó el sepelio. Según Inredh, las autoridades militares realizaron acciones para que se entierre a María José de manera rápida y sin que este suceso se difunda a través de más medios de comunicación.

El 22 de abril de 2021, la defensa de la familia de María José Morillo presentó una denuncia penal por el presunto delito de homicidio culposo contra miembros del Ejército ecuatoriano.

La queja judicial fue interpuesta en la Fiscalía 2, especializada en Personas y Garantías del cantón Francisco de Orellana. Sin embargo, el caso no ha pasado de la primera etapa del proceso penal y lleva más de tres años en investigación previa, por lo que no hay procesados por la muerte de la joven oficial.

Los familiares de María José Morillo han peleado por años para que haya «transparencia y respuestas objetivas y claras en la investigación del caso».

Han realizado plantones, participado en marchas y hecho vigilias en Quito y el Coca, junto a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas del Ecuador (Asfadec), para exigir celeridad en las investigaciones.

El 27 de septiembre de 2022, Kathyusca Cando ingresó una queja en el área de control jurídico de la Fiscalía General del Estado, con el fin de que se analice la actuación de la fiscal y el secretario que llevaban el caso de María José, debido a la falta de celeridad y debida diligencia en la investigación del caso.

Según Inredh, la familia de la subteniente María José Morillo ha luchado por años para exigir «investigación con verdad, justicia, memoria digna, reparación integral y garantías de no repetición».

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Cascabel, la mayor mina en la historia de Ecuador, se explotará con respaldo de inversión china

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La minera australiana Solgold, a cargo del proyecto minero Cascabel (en la parroquia Lita, en el cantón imbabureño de Ibarra), que arrancará a inicios de mayo de 2025 con un proceso de producción temprana, finiquitó la venta de una parte de sus acciones a la china Jiangxi Copper Company Limited.

Cascabel es el proyecto insignia de SolGold. Se trata de un yacimiento de pórfido de cobre y oro de clase mundial. Su concesión, de 50 kilómetros cuadrados, se extenderá por 33 años. Se prevé inversiones por USD 4.200 millones y en su etapa de operación, SolGold estima que se generarían más de 1.000 plazas de empleo.

Según dio a conocer la compañía, el 26 de marzo de 2025 se cumplieron las condiciones para la transacción con la que SolGold Canada Inc. vende 157.141.000 acciones ordinarias de SolGold, a un precio de USD 0,115 por acción a Jiangxi Copper (Hong Kong) Investment Company Limited, una filial 100% de propiedad de la china Jiangxi Copper Company Limited.

Hasta antes de esta transacción, Jiangxi Cooper posía 208.616.587 acciones ordinarias de SolGold, lo que representaba el 6,95% del capital social emitido de la compañía. Ahora posee 365.757.587 acciones ordinarias, lo que representa el 12,19% del capital social emitido de la compañía.

Otro detalle de la transacción explica que hasta marzo de 2027, Jiangxi podrá proporcionar a SolGold servicios de consultoría técnica, según sea necesario, previo acuerdo mutuo, en relación con el proyecto Cascabel. Por este apoyo, la china no cobrará a la australiana, salvo acuerdo entre las partes, ninguno de los costos asociados con esta cooperación técnica.

A decir del director Ejecutivo de SolGold, Dan Vujcic, «la inversión fortalece nuestro balance y nos permite evaluar oportunidades interesantes para impulsar la producción en Cascabel (…). El aporte técnico de Jiangxi Copper Company, a su cargo, también contribuirá significativamente en términos de ahorro y agilizará las evaluaciones de Cascabel».

Desde su fundación en 1979, y gracias al crecimiento económico de China, Jiangxi Copper se ha convertido en el mayor productor de cátodos de cobre de ese país.

Con sede en Nanchang, el conglomerado chino ha diversificado su negocio desde la explotación de minerales polimetálicos, como cobre, oro, plata, tierras raras, plomo y zinc, hasta el apoyo comercial, financiero, logístico y técnico. Ha establecido bases mineras en China, Perú, Albania y Afganistán. Fuente: Primicias

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Noboa le dice ‘no’ al servicio militar voluntario: vetó ley apoyada por 122 asambleístas

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Una propuesta que parecía tener luz verde terminó estrellándose contra el escritorio del presidente Daniel Noboa. A pesar de haber sido aprobada por una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional —122 votos a favor—, el proyecto de Ley de Servicio Militar Voluntario, Reservas e Identificación Militar fue vetado en su totalidad por el Ejecutivo el 18 de marzo de 2025.

El presidente alegó que la normativa impulsada por el legislador Pedro Velasco es inconveniente de fondo y forma. Entre los argumentos presentados por el Gobierno, se destaca que el proyecto no establece con claridad cuáles serían los derechos, deberes, obligaciones y limitaciones de quienes ingresen al servicio cívico militar voluntario o pasen a las reservas.

“El texto deja vacíos jurídicos que podrían vulnerar el derecho a la defensa de los ciudadanos”, advirtió el Ejecutivo. Según el veto, no se puede sancionar a una persona sin que esta conozca las reglas del juego ni sin posibilidad de defenderse adecuadamente.

Pero los problemas no terminan ahí. Otro punto crítico señalado por Noboa es que la ley no explica de dónde saldrá el dinero para financiarla. Aunque la Asamblea planteaba que los beneficios se cubrirían con el presupuesto del Ministerio de Defensa, el presidente fue enfático: no se puede imponer una nueva carga económica sin definir claramente la fuente de financiamiento.

“Crear una obligación financiera sin respaldo afecta la ejecución del presupuesto del Estado”, sostuvo el Gobierno.

Así, el Ejecutivo pone freno a una ley que pretendía reestructurar el sistema de servicio militar voluntario, pero que —según Noboa— nació con fallas que podían costarle caro al país.

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Hijo de alias ‘JR’ fue sentenciado a 13 años por lavado de activos junto a otros cinco miembros de su círculo familiar

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El hijo de alias ‘JR’ o ‘Junior‘ fue uno de los seis sentenciados por lavado de activos en el caso conocido como ‘Blanqueo JR’, que involucra al círculo familiar de Junior Roldán Paredes, excabecilla de “Los Choneros” y fundador de la banda criminal “Las Águilas”, fallecido el 6 de mayo de 2023.

Azhael Alexander Roldán fue condenado a 13 años de prisión por su participación en esta red de lavado de activos, de acuerdo con la resolución emitida este lunes 21 de abril por el Tribunal Penal, tras instalarse la audiencia de juicio en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal también dictó la misma pena privativa de libertad para los otros cuatro implicados, entre ellos Jael B. M., Ana. R. A., Marcelo R. A. y Douglas D. Z.

Movimientos millonarios

Los seis sentenciados formarían parte del entorno familiar de alias ‘JR’ y habrían colaborado en el movimiento ilícito de fondos.

Los movimientos económicos injustificados se habrían registrado entre los años 2020 y 2024:

Según la investigación, los involucrados habrían adquirido bienes muebles e inmuebles y constituido personas jurídicas.

Además, se detectó que un alto porcentaje del dinero (50%) de sus cuentas en el sistema financiero nacional, corresponde a depósitos en efectivo, cuya procedencia sería de actividades ilícitas como tráfico de drogas, sicariato y asesinato, ejecutadas por grupos de delincuencia organizada liderados en su momento por alias «JR».

De acuerdo a los Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), también habrían creado una empresa para dar aparente licitud a sus operaciones financieras.

Leidi Tatiana R. H. (exesposa de alias “JR”) habría ingresado 1’823.069,92 dólares al sistema financiero nacional y lavado dinero mediante la empresa VICMARENT S.A.S.

Liseth Carolina H. L. habría ingresado 4’603.409,7 dólares.

Azhael Alexander R. T. (hijo de alias “JR”) habría ingresado 741.548,01 dólares.

Jael Amira B. M. habría participado como administradora de los activos de origen ilícito.

Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A. y Eduard Douglas D. Z. habrían sido beneficiarios y depositantes de grandes cantidades de dinero, usadas en la compra de bienes con pagos en efectivo de origen desconocido. Fuente: Vistazo

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