Con miras hacia un 2025 que confirme la transformación de la Alma Máter lojana y su avance en docencia, investigación y vinculación con la sociedad, se presentan nuevos proyectos.

Con el objetivo de seguir en la línea que ha permitido elevar el nivel de educación en la región sur del país, a más de la implementación de las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura Sostenible, la Universidad Nacional de Loja (UNL), entre sus proyectos 2025, propone a la ciudadanía -que siente apego por la institución- donar su impuesto a la renta para con esos recursos brindar oportunidades de becas y maestrías para más jóvenes.

Siguiendo el ejemplo de emblemáticos filántropos lojanos, como: Manuel Carrión Pinzano, Bernardo Valdivieso, Daniel Álvarez Burneo, Pío Jaramillo Alvarado, entre otros nombres que trascendieron en la historia por su visión de una Loja de desarrollo y futuro, el Rector de la UNL lidera la iniciativa e invita a que el dinero de los impuestos se aproveche y se quede en la provincia con el propósito de que sea de utilidad para el desarrollo de su comunidad.

Luego de seis años de gestión al frente de la UNL, su rector, Nikolay Aguirre, cierra este 2024 evaluando el trabajo con el cual se le devolvió la institucionalidad a la Alma Máter lojana, y cómo con una visión y la orientación hacia un modelo de universidad sostenible, se recuperó una institución al borde de desaparecer y que, ahora, transformada, vuelve a liderar la educación superior en Loja y en el país.

Antes de su llegada al Rectorado, hasta 2018, ante la carencia de una normativa básica, la falta de gobernabilidad e institucionalidad amenazaron la continuidad de la UNL; sin embargo, con la elección de un Rector que llegó con un proyecto académico orientado a transformar la universidad bajo el respeto irrestricto a las normas y priorizando el bienestar colectivo, se devolvió la gobernanza institucional respetando las verdaderas competencias de la universidad.

La UNL ahora es un actor clave para el trabajo conjunto con entidades públicas y privadas, generando -en la academia- proyectos desarrollados con base en una investigación orientada a solucionar las problemáticas del entorno. Además, junto a la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Internacional del Ecuador sede Loja, la UNL promueve el proyecto ‘Loja Ciudad Universitaria’, iniciativa para dar un giro a la economía en la provincia.

Con pros y contras en los primeros años del proceso de transformación de la Alma Máter lojana, al poner la institución en orden a través de la eliminación de puestos innecesarios y estableciendo una equiparación laboral, se dejaron atrás limitaciones presupuestarias y administrativas, dando paso al fomento de una convivencia armónica y a tener un equipo institucional más eficiente para la consecución de los objetivos de la universidad.

DATO IMPORTANTE

UNL 2025

• 2 nuevas carreras.
• 3 programas de Ph.D.
• Mayor vinculación social.

Las desapariciones -calificadas judicialmente como forzadas- de Josué, Ismael, Saúl y Steven no constan en las estadísticas de la Fiscalía, que señalan que de enero a noviembre de 2024 se han presentado nueve denuncias por este delito, castigado con prisión de hasta 26 años.

Tampoco consta ahí la denuncia que puso Lorena Roca Magallón el 12 de septiembre de 2024 y que también fue calificada como desaparición forzada, luego de que su hijo Dave Loor Roca y el amigo Juan Santillán Suárez, fueran vistos por última vez cuando dos camionetas de militares los interceptaron en el cantón Ventanas, Los Ríos.

Solo considerando los casos de los cuatro niños de Guayaquil y de los amigos Dave y Juan, las cifras de desaparición forzada llegan a 15 en Ecuador, una cantidad que supera las doce registradas en 2023, pero que a decir de los activistas no refleja la realidad de una problemática que creció en 2024.

«Hay miles de casos de desapariciones año tras año, no podemos aceptar que se vea como común, ni siquiera un caso, no podemos verlo como algo normal”. Lidia Rueda, coordinadora de Asfadec.

Según las cifras de la Fiscalía, desde 2014 hasta noviembre de 2024 se han registrado 146 denuncias por desaparición forzada, de las cuales la mayoría se ha presentado en las provincias de El Oro (39), Guayas (29), Pichincha (16) y Manabí (15).

Casi la mitad de estas 146 denuncias, es decir 67, se encuentran en etapa de indagación previa, fase en la cual la Fiscalía investiga los casos.

Sin embargo, la mayoría, esto es 78, ha sido archivada. En las estadísticas proporcionadas a PRIMICIAS no consta un solo caso que tenga una sentencia en firme o ejecutoriada, solo hay uno con apelación de sentencia.

Los casos en Ecuador
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) recoge las denuncias que se presentan en todo el país, la mayoría considerada como desapariciones involuntarias, un delito que se castiga con prisión de hasta 10 años, pero que puede esconder casos también de desaparición forzada, consideran activistas de derechos humanos.

Billy Navarrete, por ejemplo, muestra una lista de al menos cinco casos reportados por los familiares como desaparición forzada, pero que la Fiscalía ha registrado como involuntaria. Solo en uno de ellos el delito se cambió tras un recurso de hábeas corpus admitido por los jueces.

“Desaparición involuntaria es otro delito en que no se identifica el perpetrador, esa lista es enorme en Ecuador, son miles. Tengo una lista de casos en el litoral, especialmente en Guayas y Los Ríos, que no se han resuelto, han ocurrido en Fiscalía estos meses”, reveló Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil.

Las estadísticas de la Fiscalía confirman que, efectivamente, las desapariciones involuntarias se cuentan por miles. De enero a noviembre de 2024 han recibido 6.407 denuncias, mientras que en todo  2023 la cifra llegó a 7.550 y en 2022 fueron 8.047 casos. En estos tres últimos años, en total, se ha denunciado 22.004 casos de desaparición involuntaria.

Y en esta cantidad tampoco constan sentencias. La gran mayoría de denuncias, 14.528, fue archivada. Hay 7.439 en indagación previa, cuatro llamados a juicio, ocho dictámenes acusatorios.

Las provincias con mayores casos de desapariciones involuntarias son Pichincha (5.467), Guayas (4.738), Manabí (1.082) seguidas de Chimborazo (989), Azuay (963), Los Ríos (908).

En las cifras de este delito consta la denuncia que presentó Dennis Álava Murillo el 27 de noviembre en Babahoyo. En los archivos de la Fiscalía figura como desaparición involuntaria, pero ella asegura -por testimonios de vecinos- que a su hijo Justin Valverde, de 20 años, y su amigo Michael Castañeda, de 17 años, se los llevaron militares en una camioneta blanca doble cabina.

Los fiscales solo le han dicho que están investigando, que tiene que esperar, pero ella insiste cada semana para que el caso de su hijo no quede en la impunidad. En vísperas de Navidad, incluso, viajó a Guayaquil para sumarse a la protesta que organizaron familiares de los cuatro niños de Las Malvinas, cuya muerte se confirmó la tarde del 31 de diciembre de 2024.

Así mismo, el CDH enlista otros casos de desapariciones que constan como involuntarias, pero que consideran como forzadas porque han recopilado versiones y las circunstancias en que sucedieron.

“Me permito mencionar los nombres de otros casos de desaparición forzada, también jóvenes de la provincia de Los Ríos: Oswaldo Mauricio Morales Santana, tiene 23 años, la investigación continúa siendo investigada como desaparición involuntaria”, dijo Fernando Bastias, abogado del CDH.

El jurista agregó más casos. “Justin Álvarez Chávez tiene 17 años, también sigue investigándose por desaparición involuntaria”. Y mencionó ahí la denuncia de Lorena Roca, la única que se cambió a desaparición forzada por decisión judicial.

«Gracias a las acciones judiciales se logró rectificar por desaparición forzada, es el primer caso reconocido por una jueza constitucional, las Fuerzas Armadas vergonzosamente apelaron la decisión, pero se ratificó y ahora está siendo investigado por desaparición forzada”. Fernando Bastias, abogado CDH

¿Qué es la desaparición forzada?
El delito de desaparición forzada se configura cuando la persona pierde su rastro en manos de agentes del Estado y es considerado “tortura a su nivel más alto”, señalan activistas de derechos humanos que piden a la Fiscalía que revise sus procedimientos para que no haya subregistro de denuncias.

“Hacemos un llamado a Fiscalía a corregir ese tipo de prácticas que lo que causan es zozobra, si esto (el caso de los cuatro de Guayaquil) se hubiera investigado como lo que es, desaparición forzada, estuviéramos en otro escenario”, lamentó indignado el abogado de la CDH.

La Fiscalía, entidad a la que PRIMICIAS solicitó una entrevista sobre este tema, no dio una respuesta hasta el cierre de esta publicación. Fuente: Primicias

La bancada de Gobierno en la Asamblea, Acción Democrática Nacional (ADN), reiteró este 31 de diciembre que ni el presidente Daniel Noboa ni sus asambleístas, están obligados a pedir licencia para hacer campaña para las elecciones de febrero próximo.

Los legisladores insisten en que el artículo 93 del Código de la Democracia establece que la licencia es aplicable para las autoridades de elección popular que busquen la reelección inmediata, al mismo cargo.

Pero, en este caso aseguran que los avala una sentencia de la Corte Constitucional (CC) que dice que, en caso de muerte cruzada, no hay reelección, porque se trata de un periodo para completar el anterior. Noboa y los actuales asambleístas llegaron al cargo, tras la muerte cruzada decidida por el expresidente Guillermo Lasso.

En conclusión, según el oficialismo, «es potestad del Presidente decidir si encarga o no la Presidencia durante la campaña», dijo ADN en un comunicado.

Los asambleístas del Gobierno no aclaran, sin embargo, si se acogerán o no a la licencia sin sueldo a la que otras bancadas sí han aplicado. La Asamblea tampoco ha proporcionado, hasta este 31 de diciembre, un listado de los legisladores que serán candidatos y que ya pidieron licencia.

El plazo para solicitar este permiso concluyó el 28 de diciembre, según informó la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz.El oficialismo atribuye a la «desesperación de la vieja política» la supuesta obligatoriedad de que los candidatos que buscan mantenerse en los mismos cargos que ocupan, deben pedir licencia durante la etapa proselitista.

Apunta, especialmente, al correísmo como el más interesado en «afectar al único candidato con opciones de llegar a la Presidencia en una sola vuelta». Fuente: Primicias