Por Alcibar Lupercio, periodista.

La reciente firma del contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la culminación del IV Eje Vial representa un avance significativo para la región sur del Ecuador. Se trata de un compromiso largamente esperado por los habitantes de Zamora Chinchipe y Loja, quienes han padecido el aislamiento y la falta de conectividad con el resto del país y con el norte del Perú. Sin embargo, este anuncio, aunque alentador, es solo el primer paso en un proceso que exige celeridad y transparencia.

Este eje vial, de aproximadamente 153 kilómetros, no es un simple proyecto de infraestructura, sino un derecho alcanzado tras la firma del Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú en 1998. Desde entonces, han pasado 27 años sin que se concrete su finalización, evidenciando la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos. Mientras en el lado peruano ya se cuenta con una vía de primer orden, en Ecuador los trabajos han avanzado con lentitud desesperante, quedando el tramo Bellavista-Zumba-La Balsa en condiciones deplorables.

El gobierno de Daniel Noboa ha tomado una decisión acertada al gestionar el financiamiento con el BID por 150 millones de dólares. No obstante, la ejecución de la obra depende ahora del desembolso de estos recursos por parte del Ministerio de Finanzas y su posterior transferencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para los procesos de contratación. En este punto, la vigilancia ciudadana será clave para evitar dilaciones burocráticas y garantizar que el proyecto no quede, una vez más, en el olvido.

Es imperativo que esta obra no se convierta en una promesa electoral más. La población del sur del país, especialmente de los cantones de Palanda y Chinchipe, ha sido testigo de décadas de postergaciones y discursos vacíos. La falta de esta infraestructura no solo limita el desarrollo económico local, sino que también excluye a los ciudadanos de frontera de oportunidades comerciales y productivas que benefician a otras regiones del país.

El Ecuador no puede seguir concentrando sus inversiones en las grandes ciudades mientras las provincias periféricas, como Zamora Chinchipe, quedan relegadas a un segundo plano. Resulta paradójico que esta provincia, hoy considerada la cuarta más importante en aporte económico al Estado debido a la explotación de recursos mineros en Tundayme y Los Encuentros, siga sin recibir la atención que merece en términos de infraestructura vial.

El reto ahora es que este financiamiento se traduzca en una obra concluida y operativa. Si el actual gobierno de Noboa o Luisa, logra finalmente concretar esta carretera, será un hito en la historia del país y en la memoria de los habitantes de esta región. No se trata de un favor ni de una concesión, sino del cumplimiento de una deuda histórica con el sur del Ecuador.

Como periodista en territorio, he sido testigo de las dificultades de movilidad en esta zona. Por ello, insto a la ciudadanía a mantenerse vigilante y exigir la ejecución efectiva de esta obra. Los pueblos del sur del Ecuador no pueden ni deben seguir esperando. La conectividad y el desarrollo no pueden seguir siendo privilegios de pocos.

La educación universitaria incide de forma trascendental en el desarrollo de la sociedad y tiene una tarea fundamental que es la generación de conocimiento nuevo, pertinente y que ayude a resolver los grandes problemas que enfrenta la humanidad, a más de formar profesionales con alta calidad humana y rigurosidad académica para servir a la sociedad. Para hacer efectivos estos postulados, los asambleístas constituyentes junto al pueblo ecuatoriano tuvieron la visión de consagrar en la Constitución del 2008, en su Art. 28 la gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel de educación superior.

Una de las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso Mendoza en 2021 y de Daniel Noboa Azín en 2023 fue garantizar el libre acceso a la Universidad pública a los bachilleres Ecuatorianos para que estudien la carrea de su preferencia. Sin embargo, lejos de cumplir su oferta de campaña, recortaron el presupuesto a las universidades públicas y escuelas politécnicas del país, poniendo en riesgo su estabilidad financiera y afectando la  contratación de personal, la admisión de estudiantes y la operatividad de las 31 universidades públicas que existen en el país.   

Los recortes del presupuesto a la Educación superior, van en sentido contrario de  los ofrecimientos de garantizar el libre acceso a la Universidad pública a todos los bachilleres, ya que  en el Ecuador se gradúan cada año aproximadamente 350.000 bachilleres y las Universidades sólo tiene capacidad para recibir al 29% de los bachilleres, es decir sólo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la Universidad. Para cumplirles la palabra a los bachilleres de garantizar el libre ingreso a la Universidad pública,  se requiere incrementar el presupuesto para educación superior para construir nuevas Universidades, ampliar la infraestructura de las existentes y contratar más Docentes, con ello se lograría incrementar la oferta de cupos.

En el ecuador hay 31 universidades públicas, 14 están en la costa, 15 en la sierra y dos en la amazonia. La Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, establece en la DÉCIMA PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA…que en un plazo máximo de dos años, a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial (21 de mayo de 2018), realizará los trámites constitucionales y legales correspondientes, para la creación y funcionamiento de universidades públicas autónomas en cada una de las provincias amazónicas, priorizando la de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La decisión política de crear Universidades en estas provincias amazónicas, ayudaría muchísimo a su desarrollo, porque la academia es parte sustancial en el progreso de los pueblos; pero también ahorraría a los padres de familia los altos costos por concepto de alimentación, transporte y vivienda, cuando tenemos que enviar a nuestros hijos a otros lugares del País para que se profesionalicen.

Los bachilleres ecuatorianos siguen acariciando el sueño de  poder ingresar a la Universidad pública para hacer realidad el sueño de profesionalizarse y posteriormente servir a su gente; para que ese sueño se haga realidad, nuestros gobernantes deben cumplir sus ofertas de campaña asignando el presupuesto necesario para que la educación superior incremente la oferta de cupos para la juventud de nuestro país. La palabra agua no es la que calma la sed, lo que calma la sed es el agua; los ofrecimientos (palabras) no incrementan los cupos para el ingreso a la educación superior, lo que resuelven el problema que 7 de cada 10 estudiantes no puedan estudiar en la Universidad es la decisión política de poner el “billete” suficiente y necesario para incrementar la oferta de cupos y garantizar el ingreso a la Universidad de nuestra juventud.

Por Alcibar Lupercio, periodista

El debate presidencial del domingo 23 de marzo no ofreció respuestas a las principales inquietudes de los ecuatorianos, especialmente a los indecisos, quienes siguen sin una alternativa clara para el 13 de abril. En lugar de presentar propuestas sólidas y viables para enfrentar la crisis económica, la inseguridad y la corrupción, los candidatos de la Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN) se enfrascaron en ataques personales y en una retórica vacía que solo refuerza la polarización política del país.

Los seguidores de ambas candidaturas celebran una victoria inexistente, pues en los debates no hay ganadores, solo oportunidades de esclarecer propuestas. Sin embargo, lo que se vio fue un guion impuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que facilitó el intercambio de insultos en lugar de un diálogo constructivo. Esto refuerza la percepción de que, sin importar quién gane, el Ecuador continuará dividido, con un gobierno que gobernará con revanchismo y no con una agenda de unidad y desarrollo.

Es preocupante que los verdaderos desafíos del país –la seguridad, la educación, la salud, la infraestructura y la generación de empleo– fueran opacados por la demagogia. La ciudadanía esperaba escuchar soluciones concretas, pero lo que recibió fue un espectáculo político que solo sirvió para inflar los egos de los candidatos y sus simpatizantes.

Si existieran opciones realmente nuevas, los ecuatorianos probablemente las considerarían sin dudarlo. En esta elección, se dejó pasar la oportunidad de apostar por liderazgos distintos, como Andrea González Nader o Henry Cucalón, quienes, con todos sus defectos, al menos representaban un intento de renovación en la política ecuatoriana. Ahora, el país se encuentra en la disyuntiva de elegir entre “el cáncer y la diabetes”, una metáfora cruel pero acertada de la realidad política actual.

Más allá del resultado del 13 de abril, esta elección debe servir de lección para el futuro. Ecuador no necesita más fanatismo ni líderes que ataquen a quienes piensan diferente. Necesita un gobierno que combata la corrupción, la pobreza, el desempleo y, sobre todo, la narcopolítica y la inseguridad que han secuestrado la vida de los ciudadanos. Un gobierno que convoque a la unidad y al desarrollo, no a la división y al odio.

Si el país no cambia su forma de elegir, si los ecuatorianos siguen apostando por el populismo, el revanchismo y las mismas élites políticas de siempre, el destino del Ecuador será el mismo de los últimos años: crisis tras crisis, sin esperanza de recuperación.

La tarea para el futuro es clara: construir desde la sociedad una alternativa real, con líderes que tengan el compromiso de cambiar la historia del Ecuador, sin servirse del poder ni de los recursos del Estado. Es momento de dejar atrás la política del enfrentamiento y construir una verdadera Unidad Cívica Nacional que priorice al país por encima de los intereses partidistas.

El Ecuador no puede darse el lujo de seguir en este ciclo interminable de decepción y crisis. Es hora de pensar con responsabilidad en las próximas elecciones, para no seguir lamentando el presente.