A través de una publicación oficial en su página institucional, el Ejército Ecuatoriano informó sobre la ejecución de un nuevo operativo militar en contra de la minería ilegal en la provincia de Zamora Chinchipe, específicamente en los cantones de Yacuambi y Yantzaza.

Estas acciones forman parte de una estrategia interinstitucional que involucra a las Fuerzas Armadas en coordinación con otras entidades del Estado, con el objetivo de contrarrestar los crecientes impactos legales, sociales y ambientales derivados de la extracción ilegal de minerales en esta zona del país.

Durante la operación, el personal militar procedió al decomiso de maquinaria y equipos utilizados para actividades extractivas no autorizadas, entre ellos:
• 2 excavadoras
• 3 motores de succión
• 2 clasificadoras tipo Z
• 2 motores de luz

Las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes para el desarrollo de los respectivos trámites legales, conforme lo establece la normativa vigente en materia de delitos ambientales y minería ilegal.

El Ejército Ecuatoriano reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía, la seguridad nacional y la protección de los recursos naturales, especialmente en territorios altamente vulnerables como Zamora Chinchipe, donde la minería ilegal representa una amenaza creciente para los ecosistemas, las fuentes hídricas y las comunidades locales.

Estas operaciones también buscan reforzar el principio constitucional de sostenibilidad ambiental y garantizar que los recursos naturales sean aprovechados bajo condiciones legales, técnicas y con responsabilidad social.

Las instituciones involucradas hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de actividades ilícitas, y exhortan a las autoridades competentes a mantener un seguimiento riguroso de los casos detectados, con el fin de evitar que estos hechos queden en la impunidad.

Por Alcibar Lupercio

«Es tiempo de atender urgencias»: este no es un eslogan, es el grito firme de una provincia que siente cómo se le desmorona el suelo bajo los pies mientras sus autoridades se entretienen en la superficie con solo discursos, inauguraciones simbólicas y fotos para redes sociales.

Vivimos una etapa crítica en Zamora Chinchipe, donde la fragilidad de las vías rurales, los puentes en riesgos y la erosión de terrenos privados no son simples efectos colaterales, sino la consecuencia directa de una minería descontrolada y consentida por la omisión de quienes deberían ejercer control. ¿Dónde están las acciones de las autoridades, MAATE, ARCERNNR, Asambleístas, prefecta, Gobernadora, Alcaldes y Juntas Parroquiales? Dónde están los que en campaña dijeron que defenderían a su pueblo. El silencio cómplice de muchas autoridades no solo erosiona los caminos, sino también la confianza ciudadana.

Estamos normalizando la informalidad y la destrucción ambiental y con ello la condena al abandono a las comunidades. ¿Cómo se explica que un proyecto de construcción de asfaltado en la vía La Saquea – Guaguayme Bajo o la vía La Saquea – Guadalupe esté en riesgo por la cercanía de actividades mineras al río Yacuambi? estos son solo dos ejemplos pequeños. ¿Qué sentido tiene invertir millones de dólares en infraestructura si se permite, por omisión o negligencia, que se destruya importantes obras?

A esto se suma el incremento alarmante de la inseguridad, no solo en Yantzaza, también es en la provincia. La criminalidad se instala en nuestras calles y y vías, mientras muchos funcionarios se limitan a emitir condolencias en redes sociales. Felicito a la alcaldesa de Yantzaza por romper ese patrón de pasividad y liderar con valentía, pero su ejemplo no basta. Esta batalla exige una respuesta articulada, decidida y colectiva.

No podemos seguir esperando una tragedia mayor para reaccionar. El abandono de nuestras vías, la creciente violencia no son simples quejas: son las urgencias reales del pueblo. Que no se diga que las autoridades no fueron advertidas. Que no se diga que no hubo voces que con respeto y firmeza exigimos actuar a tiempo.

Si se sigue priorizando los eventos sociales, las pugnas políticas y los intereses personales, la historia no perdonará a quienes teniendo el poder de actuar, eligieron la indiferencia. La hora de despertar es ahora. Y este llamado lo hacemos como ciudadanos, no desde el odio, sino desde el compromiso con el futuro de nuestros hijos y de esta tierra amazónica que clama por justicia y dignidad.

En una reciente entrevista concedida a un medio de comunicación digital del cantón Yantzaza, TvMás Encuentros, el abogado Hernán Camacho expuso un análisis detallado sobre los efectos legales, sociales y ambientales que la actividad minera ilegal está provocando en el cantón y en la provincia de Zamora Chinchipe.

El jurista fue enfático en señalar que, desde el ámbito legal, los ciudadanos tienen el derecho de presentar denuncias formales ante las autoridades competentes como la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), el Ministerio del Ambiente, la Gobernación de Zamora Chinchipe, entre otros entes. Sin embargo, recalcó que pese a la existencia de mecanismos legales de denuncia, las autoridades correspondientes han demostrado omisión y desinterés frente a los reclamos ciudadanos.

Como ejemplo concreto, Camacho mencionó el caso del señor Minga, quien presentó denuncias desde hace más de un año, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta o acción alguna de las instituciones estatales. Además, lamentó que el afectado haya perdido aproximadamente tres hectáreas de terreno agrícola, dedicadas al cultivo de cacao y plátano, evidenciando así el grave impacto de la minería sobre la propiedad privada y los medios de vida locales.

El abogado subrayó que la Gobernadora Provincial, como representante del Gobierno Nacional en el territorio, tiene la potestad y la responsabilidad de intervenir en estos casos, sobre todo cuando se trata de actividades mineras que, según la ley, son consideradas ilegales. Según explicó, un operativo adecuado para verificar la existencia de permisos ambientales y de concesiones mineras sería suficiente para proceder con la clausura y sanción de las actividades ilegales.

En términos jurídicos, Camacho recordó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 260, establece penas privativas de libertad de entre 19 a 23 años para quienes ejecuten minería ilegal, y que, en caso de producirse daño ambiental, la pena podría incrementarse de 23 a 26 años. De esta manera, enfatizó que los responsables de estas actividades ilícitas, muchas veces inconscientes de la gravedad de sus actos, se exponen a severas sanciones judiciales.

El jurista también abordó mecanismos legales adicionales para proteger los derechos vulnerados, como la presentación de acciones de protección por parte de los moradores afectados, en este caso, los habitantes del barrio La Floresta. Además, señaló que, ante el daño ambiental evidente, cualquier ciudadano tiene la facultad de presentar denuncias correspondientes para solicitar medidas urgentes, como la paralización de maquinaria mediante acciones planteadas ante la Fiscalía General del Estado.

Camacho aclaró que no solo los individuos afectados pueden presentar denuncias, sino también entidades públicas como los municipios. En cuanto al marco normativo vigente, explicó que el catastro minero fue cerrado en 2018, no solo para la minería metálica, sino también para la extracción de materiales de construcción y petróleo, razón por la cual toda actividad minera actual sin título habilitante se considera ilegal.

Respecto a la minería de materiales pétreos, destacó que, aunque esta actividad se rige por ordenanzas municipales, si no existen concesiones o permisos otorgados, también se configura como actividad ilegal. Asimismo, mencionó que la Fiscalía no puede actuar de oficio en estos casos; es imprescindible que exista una denuncia formal por parte de la comunidad afectada.

Finalmente, el abogado Hernán Camacho alertó sobre los severos daños ambientales causados en el sector: la erosión de riberas, la afectación a terrenos productivos, el deterioro de la infraestructura vial —como la importante vía hacia la parroquia Zumbi— y la alteración de los ecosistemas locales. Todo ello, indicó, resultado de actividades mineras ejecutadas de manera irresponsable y sin ningún tipo de reparación ni responsabilidad social por parte de los infractores.

El abogado hizo un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que ejerzan su rol de control y protección de los recursos naturales, cumpliendo de manera frontal y decidida sus obligaciones constitucionales y legales, en defensa de la ciudadanía, el medio ambiente y el desarrollo sustentable de Zamora Chinchipe.