Nacionales
Gasolinera de Zamora Chinchipe habría comprado más de 7 millones de galones de combustible a Copedesa
Después de 69 días de instrucción fiscal, la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió vincular a 10 personas más en el caso Triple A. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, será uno de los nuevos procesados en la causa por presunto almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en provincias fronterizas.
El 21 de febrero de 2025, a las 21:17, el fiscal Carlos Alarcón —que está a cargo del caso Triple A— solicitó que se fije hora y fecha para esa vinculación.
Luego de este pedido, Jairo García, juez de la Unidad Anticorrupción, dio al Ministerio Público un plazo de 48 horas para aclarar si en la nueva lista de personas a vincular había alguna con algún tipo de fuero. Es decir, si son autoridades cuyos casos penales deben ser tratados directamente ante Corte Nacional o Provincial.
Según el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), los alcaldes, como es el caso de Aquiles Alvarez, deben ser procesados ante la Corte Provincial, que sería la del Guayas. Sin embargo, para que esto suceda, el supuesto delito debe relacionarse con sus funciones, lo cual no sucede en el caso Triple A
El alcalde Alvarez no es investigado por nada relacionado con su cargo, sino por su rol como gerente de Copedesa y presidente de CorpAlubri y Ternape Petroleum, antes de ser electo. Estas con las compañías indagadas. Lo que indica que su caso se mantendrá ante la Unidad Judicial Anticorrupción de primer nivel.
El alcalde Alvarez aseguró que no hay elementos para vincularlo, «esto es persecución pura y está demostrado en el proceso», dijo.
Fiscalía apunta a las gasolineras
En la nueva lista de las 10 personas que serán procesadas, además del alcalde Aquiles Alvarez, hay cuatro contadores. Cuando el caso empezó, ya habían sido sindicadas otras tres personas con esta profesión. Presuntamente, trabajaban para las empresas involucradas y conocían de las supuestas irregularidades.
Además, hay cinco empresarios que, según los datos de la Superintendencia de Compañías, son dueños de empresas dedicadas a la comercialización de combustibles (gasolineras).
La Fiscalía argumenta que ha rastreado que Copedesa, una de las empresas relacionadas con el alcalde Alvarez, vendió combustible a varias gasolineras, supuestamente, de manera irregular. Uno de los casos es el de Raúl Arnaldo Zambrano Orellana.
Según el Ministerio Público, este empresario tiene una gasolinera en Zamora Chinchipe, a la que Copedesa habría vendido más de 7 millones de galones de combustible, cuando su capacidad de almacenamiento era para unos 10.000 galones.
También está el caso de Édgar Moisés Flores Torres, quien tiene una gasolinera en Santa Rosa (El Oro). A esta distribuidora, Copedesa le habría entregado 153.400 galones de diese prémium con una factura de USD 326.400 entre enero y septiembre de 2024. Sin embargo, la UAFE solo registra pagos por USD 106.920.
El caso Triple A
El caso Triple A empezó con una denuncia de Nicole Bermúdez, coordinadora de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARC), en Guayas, en julio de 2024.
La funcionaria señaló posibles diferencias en el volumen de combustible despachado por Petroecuador y el facturado por varias estaciones de servicio. Esto se habría evidenciado en un informe del SRI de junio de 2024.
Con base en esa denuncia, la Fiscalía investigó y recabó indicios que apuntan a la existencia de una relación comercial por la venta de diésel entre varias empresas con otras distribuidoras de combustible. La mayoría de estas estaciones se encuentra en zonas fronterizas y con alta actividad minera.
«El diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio», es una de las hipótesis que maneja el Ministerio Público en su investigación.
Por esta razón, inicialmente, cinco personas y cinco empresas fueron procesadas por el presunto delito de almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en zonas fronterizas.
Ahora, el alcalde Aquiles Alvarez se sumará a los procesados, junto a nueve personas más. Aunque, en su primera comparecencia oficial en el caso, a través de su defensa, el político insistió en que es objeto de una persecución. Fuente: Primicias
El Gobierno de Daniel Noboa enfrenta una fuerte presión económica tras la pérdida de dos fuentes clave de financiamiento que sumaban $1.914 millones. La caída de la concesión del campo petrolero Sacha, que debía generar un anticipo de $1.500 millones, y el retraso en la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que posterga el desembolso de $414 millones, han dejado un vacío en las arcas estatales en un momento crítico.
Estos fondos eran esenciales para el flujo de caja gubernamental, especialmente en un contexto de pagos atrasados, emergencias causadas por el invierno y la incertidumbre electoral que complica aún más la situación económica del país.
El FMI pospone desembolso hasta después de las elecciones
El FMI tenía programada una reunión el 15 de marzo para evaluar el cumplimiento de las metas económicas de Ecuador y aprobar el tercer desembolso del acuerdo financiero. Sin embargo, la decisión de aplazar la revisión hasta después de la segunda vuelta electoral, el 13 de abril, ha sumado incertidumbre a la estabilidad económica.
El organismo internacional suele evitar comprometer recursos en contextos de alta volatilidad política. Dependiendo del resultado electoral, la estrategia económica del país podría cambiar drásticamente, razón por la cual el FMI prefiere esperar antes de autorizar nuevos desembolsos.
Esta situación ha impactado negativamente en el riesgo país, que ha escalado hasta los 1.500 puntos. Según Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, la expectativa inicial de una victoria de Noboa en primera vuelta había impulsado la compra de deuda ecuatoriana, reduciendo el riesgo país. Sin embargo, el empate técnico en los comicios ha generado incertidumbre y una reacción negativa en los mercados internacionales.
Fracaso de la concesión de Sacha agrava el déficit fiscal
Otro golpe financiero ha sido la cancelación de la concesión del campo petrolero Sacha, cuyo proceso de licitación no logró concretarse debido a la falta de acuerdos con inversionistas y problemas en la estructuración del modelo de concesión. Esto significa la pérdida de $1.500 millones que el Gobierno contaba como parte de su estrategia para cubrir compromisos inmediatos, incluyendo el pago a proveedores y la gestión de emergencias.
Un panorama económico incierto en plena coyuntura electoral
Ante la falta de estos ingresos clave, el Ministerio de Economía enfrenta un escenario complejo y deberá buscar alternativas para cumplir con sus obligaciones. Entre las opciones están la obtención de financiamiento en mercados internacionales bajo condiciones más costosas o la implementación de ajustes adicionales en el gasto público.
La combinación de incertidumbre política, dificultades fiscales y desconfianza de los inversionistas deja a Ecuador en una de sus situaciones económicas más frágiles en los últimos años. Con el desenlace electoral aún por definirse, el país se encuentra en una encrucijada que determinará su estabilidad financiera en el corto y mediano plazo.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dio paso a la solicitud para la revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por presunto incumplimiento de funciones.
Con tres votos a favor, el pleno del TCE ordenó al Consejo Nacional Electoral entregar los formularios necesarios para la recolección de firmas que podrían llevar a la destitución de Muñoz.
Cabe recordar que Muñoz ya fue sancionado por este mismo motivo por el TCE, que impuso una multa de 9.200 dólares y la obligación de emitir disculpas públicas.
Nacionales
Una tanqueta y decenas de militares desplegados para resguardar a Mayra Salazar durante su salida de prisión
A las 06:45 de la mañana de este viernes se puso en marcha un amplio despliegue de la Fuerza Pública en las inmediaciones del Centro Penitenciario Tungurahua No. 1, en Ambato, para resguardar a Mayra Salazar, quien será liberada tras cumplir 15 meses de condena por su implicación en el caso Metástasis.
El dispositivo de seguridad incluye una tanqueta militar y alrededor de 50 efectivos del Ejército, quienes se movilizaron en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, como la avenida El Cóndor, justo frente al centro penitenciario, y en la zona de la Real Audiencia, mientras se realizaban los trámites para la excarcelación.
En el despliegue también participan unidades de la Policía Nacional, que patrullaron las áreas cercanas al penal. Además, como parte de las medidas de seguridad, se realizó un sobrevuelo con un dron por los alrededores del centro carcelario para mantener una vigilancia aérea constante.
Mayra Salazar, operadora del narco fallecido Leandro Norero que se sometió a un proceso abreviado, debía cancelar una multa económica de 22.860 dólares hasta este jueves 13 de marzo del 2025. Esa era la única diligencia pendiente para cumpliría con todo lo dispuesto en su sentencia, pues ya emitió disculpas públicas que le fueron solicitadas.
Previamente, Leonardo Toledo, abogado de Salazar durante el proceso penal, informó que la excomunicadora de la Corte Provincial del Guayas viajará a otro país apenas salga del reclusorio en Ambato.
La vida de Mayra Salazar cambió por completo el 14 de diciembre del 2023, cuando fue detenida en un operativo simultáneo que dio inicio al caso Metástasis. Su nombre acaparó titulares durante todo el 2024 luego de que la Fiscalía publicó chats de su celular, en los que revelaba información de una estructura criminal para favorecer al narcotraficante fallecido Leandro Norero.
En julio de ese año, Salazar fue sentenciada por el delito de delincuencia organizada a 15 meses de privación de libertad tras acogerse a la figura de procedimiento abreviado y firmar un acuerdo de cooperación eficaz; con lo cual aceptó su autoría en los hechos ilícitos atribuidos por el Ministerio Público. Fuente: Vistazo
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