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Nacionales

Jorge Glas consigue un octavo diferimiento del llamado a juicio por la corrupción en la reconstrucción de Manabí

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La investigación es por peculado y apunta a nueve personas. La Fiscalía intenta demostrar el mal manejo de los fondos públicos asignados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016.

En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la fiscal Diana Salazar presentará el dictamen de acusación del caso. Y, con base en los indicios recopilados en la instrucción fiscal, el juez Julio Inga resolverá cuantos de los nueve procesados irán a juicio.

Dentro de la lista de investigados sobresalen los nombre de Jorge Glas, exvicepresidente de la República, Walter Solís, exministro de Obras Públicas, y Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción.

La instalación de esta audiencia ha sido reiteradamente accidentada por las defensas, desde mayo de 2024. Para el 3 de diciembre de 2024, Inga había convocado al octavo intento de inicio de esta diligencia.

Sin embargo, esta vez, nuevamente hubo inconvenientes. Ni Glas ni su abogada, Vanessa Pullas, se presentaron a la audiencia, que había sido convocada para realizarse de manera presencial. Glas está preso en la Cárcel de Máxima Seguridad La Roca, en Guayaquil, desde abril de 2024.

En la víspera de instalación, la tarde del 2 de diciembre, Glas presentó un escrito solicitando un nuevo diferimiento, ya que su abogada estaría internada en una casa de salud privada de Santo Domingo de los Tsáchilas para lo que presentó un certificado médico asociado a una insuficiencia renal.

La fiscal Salazar se opuso al diferimiento. Hizo notar que el certificado presentado por Glas es una copia simple, no procede de una entidad de salud pública ni está avalado. Por lo que consideró que se trata de una nueva maniobra de dilación.

Por esta razón, Salazar solicitó que la defensa de Glas sea asumida por Diego Jaya, abogado de la Defensoría Pública. Esta petición fue respaldada por la Procuraduría y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), como acusadores particulares.

Ante esta situación, Inga indicó que el certificado médico emitido por un ente privado no cumple con la normativa y no es suficiente para ejecutar un nuevo diferimiento. Por lo que acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso que Jaya represente al exvicepresidente.

Sin embargo, Jaya contestó que no estaba preparado para asumir la defensa de Glas y pidió un tiempo prudencial para prepararse y empaparse del caso. De esta manera, Inga resolvió un octavo diferimiento de la audiencia y la convocó para el 11 de diciembre de 2024, a las 08:00. Fuente: Primicias

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Ataque en la construcción de cárcel en Santa Elena no impedirá el avance del proyecto

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Tras el ataque armado, registrado el 25 de diciembre de 2024, en el terreno donde se construye la megacárcel de Santa Elena, Luis Zaldumbide, director nacional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), detalló que el ataque no paraliza las obras.

A la obra que se levanta en Santa Elena supuestamente llegaron 30 personas fuertemente armadas que usaban uniforme militar y se movían en vehículos con supuestos logos de las Fuerzas Armadas. Los terroristas habrían llegado al lugar y quitaron las pertenencias a todos los trabajadores de la obra.

Además, habrían secuestrado a un ingeniero de la obra, un técnico hidrosanitario y dos guardias de seguridad que más tarde fueron puestos en libertad. El ataque deja un trabajador muerto y un militar herido. Finalmente, habrían detonado explosivos en el sitio.

Zaldumbide detalla que este hecho es parte de: “una alianza de grupos criminales y sectores políticos que, en lugar de rechazar estos actos, los utilizan para frenar el avance del gobierno en su función de devolver la paz y la seguridad a los ecuatorianos”, dijo.

También enfatiza que los trabajos continúan en el sitio, pues buscan la construcción de un mejor sistema penitenciario.

El hecho es investigado para identificar a los responsables y sancionarlos.

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Ministro de Defensa: ‘No encubriré a nadie, los responsables tendrán que pagar’

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Este jueves 26 de diciembre de 2024, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, abordó el caso de los niños desaparecidos en Guayaquil durante una entrevista en Radio Centro. En su declaración, explicó las circunstancias que rodearon la aprehensión de los menores en el sector de Las Malvinas por parte de una patrulla militar.

Según Loffredo, la patrulla, integrada por 16 militares, regresaba de escoltar un camión de la Aduana cuando observó a un grupo de personas presuntamente robando a una mujer cerca de un centro comercial. Durante la intervención, detuvieron a tres sospechosos, y un ciudadano entregó al cuarto involucrado. Posteriormente, los menores fueron dejados en libertad cerca de Taura, ya que la patrulla se dirigía hacia esa zona.

El Ministro expresó su preocupación por el intento de desacreditar a las Fuerzas Armadas. “Se está tratando de posicionar la idea de que los militares son unos locos que capturan niños. Las acciones de la patrulla no justifican que los menores estén desaparecidos, y se está investigando para esclarecer los hechos”, afirmó.

Compromiso y transparencia
Ante los cuestionamientos sobre los nombres de los 16 militares bajo custodia, Loffredo aseguró que la Fiscalía cuenta con esta información desde el inicio del proceso y que los involucrados ya rindieron sus declaraciones. “Yo soy ministro de Defensa desde hace un año, pero soy padre desde hace 30. No voy a encubrir a nadie. Los responsables tendrán que pagar por sus errores, pero también defiendo que no se culpe a quienes no han cometido ninguna falta”, subrayó.

El caso continúa bajo investigación, y la Fiscalía lleva adelante las diligencias correspondientes para determinar el paradero de los niños y esclarecer las responsabilidades.

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La jueza Nubia Vera tira al piso la sanción del Ministerio del Trabajo contra Verónica Abad

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La jueza Nubia Vera, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, concedió la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad y la habilitó para retomar sus funciones.

Con ello, queda anulada la sanción administrativa impuesta por el Ministerio del Trabajo, con la que Abad fue suspendida de su cargo por 150 días, sin remuneración por «abandono injustificado del puesto de trabajo».

Vera también dispuso al Ministerio del Trabajo dejar sin efecto la sanción administrativa de manera inmediata. Además, como medida de reparación, la ministra Ivonne Núñez deberá pedir disculpas públicas a Verónica Abad, mediante un mensaje a la Nación, en el término de 72 horas a partir de este lunes 23.

La decisión se conoció en la audiencia programada para las 11:00 del lunes, 23 de diciembre. En ella únicamente se leyó la sentencia, pues las partes finalizaron sus intervenciones en la diligencia del 18 de diciembre.

La magistrada señaló que el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2024-175 excluye de la aplicación de las normativas a los servidores que pertenezcan a las carreras de Función Judicial, Diplomática del Servicio Exterior y carrera sanitaria. Desde diciembre de 2023, Abad se desempeñó como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Israel, según lo decretado por el presidente Daniel Noboa.

También detalló otras contradicciones, inobservancias e inclumplimientos de las leyes.

Aunque esta no es una decisión inapelable, sí es de aplicación inmediata. Es decir, que ambas partes pueden presentar impugnaciones a la resolución, pero, mientras se resuelve, Abad podrá ejercer nuevamente las funciones que Daniel Noboa le designe, como Vicepresidenta. Además, podría reemplazarlo cuando él tome licencia para la campaña electoral.

Abad fue sancionada por incumplir una disposición de traslado

El Ministerio del Trabajo sostuvo que Abad incumplió una disposición directa. Ella debía presentarse en la Embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre de 2024, pero lo hizo el 9 de ese mismo mes.

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