El monopolio de la comida y la reventa extorsiva de alimentos sería la causa principal de la masacre que sacudió la Penitenciaría del Litoral, en el norte de Guayaquil, según testimonios de familiares y la confirmación de fuentes policiales en el sitio.

El pabellón 3, escenario de una nueva matanza, la madrugada de este 12 de noviembre de 2024, alberga a miembros de al menos cuatro bandas criminales, lo que la ha convertido en el epicentro de tensiones crecientes debido a la monopolización de alimentos.

Se trata de un pabellón tradicionalmente dominado por la banda Los Águilas -brazo armado de Los Choneros-, en la que ahora guardan prisión miembros de al menos cuatro grupos criminales.

Mafia-18, Los Duendes y una pandilla en la que identifican como cabecilla a un alias ‘Freddy’ están entre los ocupantes del pabellón 3.

Los violentos enfrentamientos a bala y cuchillo dejaron un saldo preliminar de 15 muertos y 14 heridos en la madrugada, según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

La falta de acceso equitativo a los alimentos había agravado la ya de por sí frágil convivencia entre los internos.

“Los privados de libertad de las alas de abajo del pabellón, al parecer, querían venderles la comida a los de arriba y por eso se originó el amotinamiento”, le explicó a PRIMICIAS una representante del Comité de Familiares por una Vida Digna en las Cárceles.

Otra mujer sostuvo que los reclusos de las alas 3 y 4 están entre los más afectados. Se trata de miembros de Los Duendes y Mafia-18. Algunos privados de libertad habían advertido 48 horas antes, a través de mensajes a sus familias, que se avecinaba una matanza, refirió.

Reclusos mezclados en crisis de alimentos
Desde la militarización de los centros penitenciarios en enero de 2024, las autoridades decidieron eliminar los pabellones exclusivos de un solo grupo delictivo, lo que dio paso a espacios compartidos por diversas facciones.

Todo en medio de una crisis de provisión de alimentos que inició el 1 de junio de 2024, cuando la empresa contratada suspendió el servicio por falta de pagos, lo que de forma progresiva agravó el estado de salud de los reclusos, explicaron organismos como la Defensoría del Pueblo.

Las familias apostadas este martes afuera de la Penitenciaría -a la espera de la identificación de los fallecidos- ponen en entredicho el nuevo servicio de provisión de alimentos y, sobre todo, la «pésima» calidad de un economato en el que depositan dinero para que los reclusos lo consuman en la cárcel.

La mezcla de internos de distintas agrupaciones criminales en un solo pabellón, incluyendo los pabellones 10, 8, 3 y 7, respondería, según las familias, a la necesidad de frenar la propagación de enfermedades como la tuberculosis y la sarna, y de ubicar a nuevos reclusos.

Tras la matanza se suspendieron las visitas en la Penitenciaría, la mañana de este martes.

Una abogada que debía visitar a un preso del pabellón 3 informó que en la vecina Cárcel Regional, donde están las cocinas y se preparan los alimentos para el complejo carcelario del norte de Guayaquil, se garantiza la distribución adecuada de la comida, lo que “no está ocurriendo en la Penitenciaría”, refirió.

El control militar en entredicho
Tras la militarización de las cárceles, el 9 de enero de 2024, las Fuerzas Armadas organizaron una visita para la prensa con el fin de mostrar la forma cómo se estaba garantizando la alimentación ordenada en los pabellones de la Penitenciaría del Litoral.

También señalaron que la extorsión entre privados de libertad se había acabado, lo que en su momento refrendaron los propios presos.

Pero tras 10 meses, esos dos factores surgen como presunta mecha de una violenta balacera que se extendió por dos horas, la madrugada de este martes (a partir de las 03:45) y dejó incluso dos cuerpos descuartizados.

La Armada del Ecuador tiene a cargo el control del complejo de cinco cárceles, con más de 700 efectivos por turno que acampan en el lugar.

Tras la primera masacre carcelaria de 2024, los uniformados del Bloque de Seguridad hallaron a reclusos hasta en los techos del pabellón, se incautaron incluso granadas y siete armas de fuego.

La Fiscalía informó a media mañana que formulará cargos contra nueve privados de libertad por su presunta participación en los asesinatos.

Media hora después del anuncio en X (antes Twitter), la Policía sacó en un bus a una docena de jóvenes que, desde la ventanilla del automotor, saludaron a familiares apostados en los exteriores de la cárcel, trasladados como presuntos testigos y responsables de la masacre. Fuente: Primicias