Nacionales
La Corte Constitucional ‘hala las orejas’ a las autoridades de seguridad y ahora supervisará sus tareas
La Corte Constitucional (CC) dio un golpe sobre la mesa. Después de que el presidente Daniel Noboa mantuviera al país en estado de excepción los dos primeros meses del año, los magistrados ordenaron la creación de una «comisión interinstitucional» para ejecutar acciones contra la inseguridad.
En su último dictamen, la Corte exige al Ejecutivo que, si decide declarar nuevos estados de excepción, estará obligado a justificar que ya «ha implementado las medidas disponibles en el régimen ordinario y demostrar que aquellas que no están disponibles y son necesarias, no responden a su inacción o negligencia, sino que se encuentran en proceso ‘de ejecución'».
Con el documento, los magistrados declararon inconstitucional la recurrente excusa del conflicto armado interno para decretar el estado de excepción en siete provincias y tres cantones. Porque el decreto «devela que el Presidente de la República no ha justificado de manera adecuada la necesidad de la declaratoria del estado de excepción».
Pero permitieron que la medida se mantenga bajo el argumento de la conmoción interna provocada. De todas formas, los jueces enfatizan la ausencia de políticas de Estado y planes de seguridad que fijen directrices claras frente a las amenazas y daños a la convivencia pacífica de la ciudadanía.
Por eso, todas las instituciones a las que la Corte ya ha exhortado a actuar en sus dictámenes previos, deberán formar parte de esta nueva comisión interinstitucional obligatoria, con delegados propios:
Por la Función Ejecutiva: la Presidencia, los ministerios del Interior, de Defensa, de Inclusión Económica, de Economía, el Servicio Penintenciario (SNAI), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Por la Función Legislativa: un representante de cada bancada y un delegado de la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Por la Función Judicial: Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado.
Por la Función de Transparencia: Defensoría del Pueblo.
Pero los jueces constitucionales no van a dejar la actuación de estas autoridades a su voluntad. Esta comisión sesionará en las instalaciones de la misma Corte, que actuará como facilitadora. Las sesiones serán obligatorias cada dos meses, sin contar las convocatorias extraordinarias que puedan existir.
En cada sesión, los delegados de estas instituciones deberán presentar sus avances y propuestas, así como obstáculos y problemas de implementación. Y discutirán los informes presentados, así como las medidas a ejecutar de forma coordinada, «siempre con información de sustento».
Y para que nadie se rezague, los magistrados determinaron que, en la primera sesión que convoque la Corte, la comisión «deberá elaborar un cronograma de trabajo con actividades claras y concretas que implementará cada institución para alcanzar el objetivo de desarrollar e implementar herramientas para afrontar el problema estructural desde el régimen constitucional ordinario».
Es decir, sin recurrir al régimen extraordinario que son los estados de excepción.
Pero, ¿por qué? La respuesta de la Corte es sencilla, porque «es claro que la Función Ejecutiva dispone de un amplio aparataje para llevar a cabo sus deberes constitucionales y legales para brindar seguridad a sus ciudadanos de manera ordinaria».
En este dictamen 1-25-EE/25, del 21 de febrero, los jueces también establecieron el «seguimiento y evaluación de los esfuerzos de las autoridades para transitar al régimen constitucional ordinario y contar con herramientas para responder al problema estructural de la violencia y crimen organizado».
Para esto la Corte abrió de manera inmediata la fase de seguimiento de su dictamen, durante el cual podrá modular, eliminar o dictaminar nuevas medidas o mecanismos de seguimiento.
La terquedad de los gobernantes
En este dictamen, la Corte Constitucional recuerda que, pese a todas sus advertencias, los gobernantes insisten en recurrir a los estados de excepción. Sucedió en 2021, 2022, 2023 y continuó en 2024, cuando Ecuador vivió en un estado de excepción permanente, con 10 decretos de Daniel Noboa.
Por eso, los jueces recalcan que en todos sus dictámenes previos, el organismo «ya le ha recordado al presidente, en múltiples ocasiones, que los problemas estructurales como el incremento de la criminalidad deben tratarse con medidas estructurales y que, para ello, no se debe abusar de los estados de excepción”.
«La Corte Constitucional ha identificado que la recurrencia de los estados de excepción pone en evidencia la carencia de políticas de Estado y planes de seguridad».
¿Dónde queda el Consejo de Seguridad?
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) es la máxima entidad del país en la materia y tiene como función asesorar al Presidente de la República sobre las políticas, planes y estrategias de Estado, y sobre sus procedimientos.
Así mismo, debe recomendar la adopción de medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes y del Estado.
Este Consejo está conformado, en teoría, por 14 altos funcionarios del área, que incluyen a las máximas autoridades de cuatro funciones del Estado o sus delegados: el Primer Mandatario, los presidentes de la Asamblea, Judicatura, Corte Nacional de Justicia y Función de Transparencia.
A ellos se suman los titulares de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Inteligencia Estratégica (CIES), y Atención a Privados de Libertad (SNAI). Y los comandantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Es decir, casi las mismas autoridades a las que la Corte Constitucional acaba de reprender en su último dictamen. Sin embargo, como la CC no puede evaluar las actuaciones del Cosepe, tuvo que crear una comisión paralela, a la que pueda obligar a sesionar y presentar acciones, así como avances de gestión.
Por eso los magistrados explican que «ante la falta de capacidad, voluntad política y coordinación de estas instituciones, esta Corte se ve en la necesidad de adoptar, como medida para evitar la desnaturalización del estado de excepción, la creación de un “mecanismo técnico para superar los problemas estructurales de violencia y crimen organizado”. Fuente: Primicias
En términos sencillo, los «aranceles recíprocos» implican que “si nos aplican aranceles, nosotros les aplicamos los mismos aranceles”, resumió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 4 de marzo en su primer discurso ante las cámaras legislativas de ese país.
Esta es una medida que EE.UU. ha aplicado a 49 países y a todo el bloque de la Unión Europea. La base mínima, es decir la de menor impacto, se fijó en 10 por ciento. Esa es la carga arancelaria que tendrán Ecuador, al igual que el resto de países sobre el Pacífico: Colombia, Perú y Chile.
Francisco Briones, economista y ex Director del Servicio de Rentas Internas, explica que esto se trata de la aplicación de una misma carga tributaria a los productos procedentes de los países incluidos en el listado.
Si bien pareciera normal la aplicación de estas cargas en los intercambios comerciales, en el caso de Estados Unidos no es así. Este país abrió su economía con la reducción, en su momento, de los aranceles para los productos que importa desde otros destinos. Pero estos «aranceles recíprocos» aparecen justamente porque, según el Gobierno de EE.UU., los países que le venden a ellos no han hecho lo mismo.
Por ejemplo, en el caso de China, uno de los objetivos dialécticos del Presidente Trump al cuestionar los intercambios comerciales, le asignaron una carga del 34%. Por el contrario, señalan desde la Casa Blanca, China tiene una carga arancelaria promedio hacia EE.UU. del 67%.
¿Cuál es la afectación para Ecuador?
Uno de los problemas históricos del Ecuador ha sido mantener un arancel promedio elevado, que en el caso de EE.UU. sería del 11% (desde la Casa Blanca hablan del 12%). Mientras EE.UU., por el contrario, cargaba un arancel menor: en productos agrícolas, del 5,10 por ciento; y en otros productos, alrededor del 4,70 por ciento.
¿Qué significa esto? Que Ecuador cobra más aranceles a la llegada de productos de EE.UU que los que le cobran a Ecuador por enviar los suyos. Hablamos de productos claves para la economía ecuatoriana, entre esos el camarón, que representó más de 1.500 millones de dólares en exportaciones a ese país en 2024; también banano y plátano, con más de 600 millones; y cacao y elaborados, con un poco más de 500 millones.
Briones indica que esto apenas es el anuncio de algo que se necesita conocer con mayor profundidad.
Agrega que si bien esto enciende las alertas al comercio internacional del Ecuador, porque generaría un impacto, «vale la pena considerar que es una política que no aplica solo al Ecuador sino a otros países. Preliminarmente, es un trato igualitario».
Nacionales
Alias Fito podría enfrentar cadena perpetua tras acusación en EE.UU.: esto revela la investigación contra el cabecilla
Desde hoy, el criminal prófugo José Adolfo “Fito” Macías Villamar es requerido por la justicia estadounidense, según informó la embajada de Estados Unidos. Podría enfrentar cadena perpetua por cargos internacionales de drogas narcotráfico y tráfico de armas
Los cargos fueron anunciados la mañana de este miércoles 2 de abril por el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, John Durham; el administrador de la oficina de la DEA, Derek Maltz; y otras autoridades responsables de la política de seguridad en este país.
No obstante, el comunicado aclaró que alias Fito “no se encuentra en custodia de los Estados Unidos”.
“El acusado fue un despiadado líder y prolífico traficante de drogas para una organización criminal violenta”, señala el documento oficial que sustenta la acusación.
El informe también indica que Macías Villamar encabezó la red de Los Choneros, responsable de múltiples crímenes, así como del tráfico de armas y drogas.
“Cantidades potencialmente letales de cocaína fueron llevadas a los Estados Unidos, que fue el destino principal para la gran mayoría de los embarques de droga de Los Choneros”, detalló el fiscal Durham, quien destacó los esfuerzos conjuntos de las agencias de su país en la investigación.
Según la acusación formal, entre 2020 y 2025, Fito controló las rutas de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Centro y Norteamérica. La actividad ilegal se realizó en asocio con el cartel mexicano de Sinaloa.
“Bajo la dirección de Macías Villamar, Los Choneros cometieron actos violentos en contra de políticos ecuatorianos, fiscales, jueces y civiles”.
De acuerdo a lo revelado en la investigación, la organización criminal obtenía armamento traficado desde Estados Unidos. Fito habría empleado a intermediarios para comprar armas, componentes y municiones en territorio estadounidense, las cuales eran ingresadas a Ecuador en pequeñas cantidades.
Los Choneros usaron sicarios para cometer sus crímenes. Estos asesinos a sueldo usaron regularmente armas de corte militar, como rifles de asalto AK 47 y granadas para perpetrar la violencia.
De ser hallado culpable, Fito enfrentaría una pena mínima de 10 años de prisión, con la posibilidad de cadena perpetua como condena máxima.
La orden de la justicia estadounidense en contra de Fito establece que se debe asegurar su arresto, extradición o expulsión.
“La acusación formal contra Macías Villamar marca un golpe significativo contra las redes violentas que inundan nuestras comunidades con cantidades de droga, como cocaína. Es un mensaje claro de que nadie que cometa estos crímenes estará fuera del alcance de la justicia. Este caso en particular refleja esfuerzos incansables de la DEA, junto con nuestros socios en Estados Unidos y en Ecuador”, señaló el administrador de la DEA, Derek Maltz.
Recompensa de USD 1 millón por Fito
Tras la fuga del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, en enero de 2024, Ecuador enfrentó una ola de atentados que llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declarar la ‘guerra’ al crimen organizado y situar al país bajo un estado de ‘conflicto armado interno’.
Macías Villamar cumplía una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato cuando escapó de la Cárcel Regional de Guayaquil el 7 de enero de 2024.
Desde entonces, las autoridades han intensificado los operativos para dar con su paradero. Una de las últimas medidas adoptadas fue la oferta de una recompensa de un millón de dólares por información que facilite su captura.
Además, ‘Fito’ ha sido incluido en la lista de los más buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que emitió una alerta roja para su detención. Esta notificación ha sido difundida en 194 países con el objetivo de localizarlo y proceder a su arresto. Fuente: Vistazo
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York comunicó que acusó a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el cabecilla prófugo de Los Choneros, en una corte de Brooklyn, Estados Unidos, de narcotráfico y contrabando de armas.
“La acusación formal de José Adolfo Macías Villamar representa un golpe significativo contra las redes violentas que inundan nuestras comunidades con drogas peligrosas como la cocaína; un mensaje claro de que nadie que impulse este comercio letal está fuera del alcance de la justicia», declaró un administrador de la DEA.
Noticia en desarrollo. Fuente: Ecuavisa
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