La Junta Metropolitana de Protección de los Derechos de las Mujeres dictó medidas de protección a favor de la vicepresidenta Verónica Abad, prohibiendo al presidente Daniel Noboa realizar acciones intimidatorias, amenazas o coacción en su contra. Además, se emitió una boleta de auxilio para prevenir cualquier vulneración de sus derechos.

Estas disposiciones fueron emitidas horas antes de que Abad debía viajar a Ankara este viernes 27 de diciembre de 2024. No obstante, la vicepresidenta aún no ha confirmado si cumplirá con la orden, que fue determinada en el Decreto Ejecutivo 490, firmado por Noboa. Este decreto, conocido el mismo día que Abad fue restitución en su cargo, dispone que ella asuma como consejera temporal en la Embajada de Ankara.

Abad se encontraba en Cuenca celebrando la Navidad, y sus abogados han señalado que la Ley Orgánica de Servicio Exterior permite un plazo de hasta 30 días hábiles para el traslado tras ser notificada sobre un viaje oficial.

Además, este viernes 27 de diciembre, se llevará a cabo una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral, en la que se presentarán pruebas y alegatos sobre un caso de presunta violencia política de género, con la exconsejera Diana Jácome como una de las participantes.

La Junta Metropolitana de Protección de los Derechos de las Mujeres, dependencia del Municipio de Quito, se encarga de dictar medidas administrativas para proteger a personas vulnerables ante situaciones de violencia y vulneración de derechos, incluyendo mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, luego de que la jueza Nubia Vera lo acusara de presionarla para negar una acción de protección a la vicepresidenta Verónica Abad.

Según Vera, también habrían participado otros dos funcionarios, quienes incluso le habrían entregado un pendrive con la sentencia que debía emitir.

La investigación previa tiene como objetivo determinar si existe un presunto delito. De encontrarse indicios suficientes, se formularán cargos; caso contrario, el caso será archivado.

Este jueves, Mario Godoy presentó una denuncia en la Fiscalía y una querella por calumnias contra la jueza Vera. Según él, las declaraciones de la jueza son infundadas y dañan su imagen.

El caso de los cuatro niños desaparecidos el 8 de diciembre tras su detención en el sur de Guayaquil deja en evidencia una serie de irregularidades en los procedimientos adoptados tras su captura por parte de personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Una audiencia de habeas corpus, celebrada el 24 de diciembre de 2024 y en la que una jueza elevó la investigación a desaparición forzada, reveló vacíos, faltas y omisiones en el caso, conocido como el de los los cuatro de Las Malvinas.

En sus declaraciones, 16 militares de dos patrullas de la Infantería Aérea afirman que “liberaron” a los menores en la parroquia rural Taura (Naranjal, Guayas), a las afueras de Durán, a más de 40 kilómetros del sitio de la detención. Según las familias, habrían sido golpeados y abandonados de noche y sin ropa.

A pesar de la gravedad del caso, no se ha precisado el lugar exacto donde supuestamente se produjo una “liberación” que además careció de orden judicial expresa.

Tampoco existen registros de un parte militar que informe a superiores sobre las detenciones por el presunto robo a una mujer, la supuesta causa de las detenciones de Ismael y Josué Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años.

Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, quien acompañó a las familias en la audiencia de habeas corpus en el norte de Guayaquil, detalló para PRIMICIAS las irregularidades e interrogantes del caso expuestos en la audiencia:

Billy Navarrete (derecha), director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, acompaña a familiares de cuatro niños desaparecidos a una diligencia de reconocimiento en la morgue de Guayaquil, el 25 de diciembre de 2024, tras el hallazgo de cuatro cuerpos incinerados en Taura (Naranjal, Guayas). Entre los familiares está Luis Arroyo (izquierda), padre de dos de los niños.AFP

1.-Falta de registro oficial de la detención
No existe un parte militar oficial dirigido a un superior informando sobre la detención de los menores la noche del 8 de diciembre (cerca de las 20:00, en el sector de la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil) como lo exige el protocolo en estos casos. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, reconoció este jueves 26 de diciembre en una entrevista en Radio Centro que la patrulla «no notificó al mando superior» en ese momento. Por eso se instaló un Tribunal de Disciplina Militar. Y el ministro habló de “errores en el procedimiento, omisiones, faltas, por las que van a tener que responder” los 16 militares retenidos.

2.-Falta de indicios sobre el supuesto robo
La detención se produjo cuando las patrullas de la FAE, que operan en Durán, volvían de la Aduana, en el sur de Guayaquil, luego de custodiar un camión con contrabando. Los militares señalan en un informe posterior que se percataron de un supuesto robo a una mujer y detuvieron a tres de ocho presuntos implicados. La ciudadanía entregó a un cuarto niño y, según el Ministro de Defensa, esto se observa en un video. Pero el fiscal Christian Fárez señaló en la audiencia que no existen ni testigos, ni versiones, ni un denuncia que apunten a algún «acto ilícito que hayan cometido los niños».

3.-Ausencia de un reporte al ECU-911 o la Dinapen
Las Fuerzas Armadas tampoco reportaron el presunto robo al sistema de emergencias ECU-911, lo cual habría sido el paso inicial en una acción legítima, lo que, según el fiscal, hace parte del “procedimiento obligatorio» para la intervención la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). Tampoco informaron ni entregaron a los menores a la Dinapen, como correspondía, la entidad especializada en casos relacionados con niños y adolescentes.

4.-Se desconoce sitio preciso de la supuesta liberación
Según las declaraciones de representantes de las Fuerzas Armadas en la audiencia, los menores nunca ingresaron a la Ala de Combate 22 de la Base Aérea de Taura. Sin embargo, no se precisó el lugar exacto donde habrían sido abandonados. El abogado de los militares señala que fue en la parroquia rural, a 15 kilómetros de la base militar. En la CDH señalan que el sitio sigue siendo “indefinido”. “Taura es un lugar tremendamente inseguro y extenso. Esta ‘liberación’ tampoco es que permitía a los chicos volver a casa de forma segura, desde una zona rural y oscura a más de 40 kilómetros de su barrio”, dice Navarrete.

5.-Tampoco hubo orden de liberación judicial
La jueza que aceptó el hábeas corpus y declaró la desaparición forzada de los menores también cuestionó la falta de una orden de liberación judicial, algo que debe ser dispuesto por una autoridad civil de justicia, es decir por un juez. Los representantes de las Fuerzas Armadas tampoco pudieron responder a las preguntas de la jueza en este sentido y reconocieron un «mal procedimiento administrativo», que se convirtió en un asunto penal una vez que por eso mismo no se pudo garantizar el derecho a la vida o a la integridad física de los niños.

CDH cuestiona custodia militar de detenidos
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ratificó este 26 de diciembre que los 16 militares involucrados en la desaparición de los cuatro de Las Malvinas están retenidos “bajo custodia militar por oficiales y personal de inteligencia”, a fin de evitar fugas.

El Ministerio de Defensa, que había convocado a una rueda de prensa este jueves 26 de diciembre en la Gobernación del Guayas, para ofrecer información del caso, canceló el evento una hora y media antes de su inicio.

“No sabemos en qué dependencia están. Los detenidos tienen que estar en un lugar de privación de libertad regular y las bases militares no son sitios para mantener privado de la libertad a nadie, incluso para este tipo de funcionarios estatales”, cuestionó Billy Navarrete, de la CDH.

El activista de derechos humanos aseguró que toda esta serie de errores de procedimiento se enmarcan en la figura típica de la desaparición forzada, que incluye la detención arbitraria, la ausencia de información sobre el paradero del detenido y la confabulación para intimidar o atacar al denunciante.

Jueza acepta habeas corpus y declara desaparición forzada de los cuatro menores de Guayaquil
Las familias de los niños han reportado «visitas intimidatorias por parte de la Policía», que incluyen la toma de fotografías a los domicilios y a un vehículo de uno de los padres, denunció el director ejecutivo de la CDH Guayaquil.

“Nada de lo que hayan hecho los niños justifica que estén desaparecidos (…) Los errores que cometieron los 16 miembros de la patrulla no son representativos de las Fuerzas Armadas”

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa. 
En tanto, con el fallo del habeas corpus, la jueza ordenó como parte del mecanismo protección constitucional de derechos la conformación de una comisión multidisciplinaria de cinco miembros, para que investigue de forma independiente los hechos. Esa comisión deberá ser convocada y conformada por la Defensoría del Pueblo.

Cuerpos incinerados en el recinto Casa de Zinc
En tanto, el hallazgo de cuatro cuerpos incinerados se reportó la tarde del martes 24 de diciembre en una zona agreste y de difícil acceso, entre manglares, del recinto Casa de Zinc de Taura, ubicado a unos 16 kilómetros de la Base Aérea.

Unidades fluviales del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional dieron con los “cuerpos destruidos e incinerados de forma premeditada” y algunos de los cuales están incompletos, pues fueron expuestos a los elementos y a los animales, según representantes de la CDH.

Policía halla cadáveres en Taura mientras buscaba a los cuatro menores desaparecidos
En ese estado se descartó por completo la posibilidad de una identificación dactilar de los cadáveres.

El siguiente paso es realizar una pericia antropológica, un cotejamiento de heridas previas, prótesis dentales, fracturas, cirugías y otros rasgos distintivos, por lo que familiares de los niños acudieron este miércoles 25 de diciembre al Laboratorio de Criminalística Ciencias Forenses de Guayaquil.

Los resultados de esta prueba antropológica estarán listos a lo sumo hasta el lunes, 30 de diciembre de 2024. Y si no son concluyentes se deberá proceder con pruebas de ADN que podrían tomar entre 30 y 40 días. Se está buscando acelerar el proceso fuera del país.

De confirmarse que se trata de los menores desaparecidos, el estado de los restos podría implicar una eventual reconfiguración del tipo penal de desaparición forzada a ejecución extrajudicial, según el abogado Abraham Aguirre, del área jurídica de la CDH.

La desaparición forzada, considerada delito de lesa humanidad, está tipificada en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años, la misma pena establecida para la ejecución extrajudicial (artículo 85 del COIP). Fuente: Primicias