Desde el viernes pasado, en la Corte Constitucional (CC) reposa el pedido de Guillermo Lasso para que esa entidad siga el dictamen con el que viabilizó su juicio político. Para el Gobierno, esa es una opción para no llegar a la destitución

El secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, dijo el 11 de mayo del 2023, que la Asamblea fue más allá de sus facultades y actuaron en contra del dictamen de la Corte.

La lectura del Gobierno es que ese control debería hacerse antes del juicio en la Asamblea. “Supongamos que se destituya al Presidente. ¿De qué serviría el seguimiento al dictamen? El problema que generaría es que destituiría a los asambleístas que fueron en contra del dictamen”.

Por eso, el seguimiento debe ser antes de la decisión de la Asamblea, según Ortiz. Agregó que la CC debería evaluar la resolución con la que la Asamblea decidió continuar con la interpelación.

El pedido de Lasso

El 12 de mayo ingresó a la CC un escrito de seis páginas. Una de las inconsistencias que cuestiona Lasso es que los interpelantes no singularizaron ni presentaron las pruebas del peculado. Eso limitó su posibilidad de defenderse.

También habla de que integrantes de la Comisión de Fiscalización ingresaron pruebas de oficio “al margen de las que fueron materia de la acusación política”. Además, cuestiona la introducción de un documento del cual una de las interpelantes dice que es un contrato de Flopec de octubre del 2022.

Lasso se refiere a lo expuesto por Viviana Veloz (correísmo). De acuerdo con el Primer Mandatario, ese es un documento TEMIS con el que se actualizaron las condiciones económicas del contrato de Flopec con Amazonas Tanker Pool, “en el marco de las recomendaciones de la Contraloría”.

Además, el Primer Mandatario señala que se incumplió el procedimiento cuando, para la sesión del martes 9 de mayo, no se incluyó el informe de la Comisión de Fiscalización.

Finalmente, dice que en la resolución del 9 de mayo. En los considerandos constan elementos correspondientes a los cargos 1 y 2 por supuestos delitos de concusión que fueron expresamente excluidos por el Dictamen.

Con todos esos hechos, Lasso pide que la CC “no esquive el ejercicio de sus atribuciones jurídicas, constitucionales y legales y asuma la que le corresponde para dar seguimiento y hacer cumplir su Dictamen”.

Dos visiones sobre el tema

El experto en Derecho, Esteban Ron, dice que una de las facultades de la CC es la verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en sus resoluciones.

En la admisibilidad que emitió la CC se estableció que la Asamblea tome en cuenta la responsabilidad que debe tener en la fiscalización que ha emprendido.

También habló de la prolijidad para que se cumplan plazos y procedimientos. Finalmente, la Asamblea debe limitarse a la causal del peculado.

Ese proceso de revisión, según Ron, solamente inicia con una decisión tomada por el Pleno de la Corte.

Hasta este lunes 15 de mayo del 2023, a las 20:00, no se conoció sobre alguna decisión en ese sentido.

Ron coincide con la interpretación el Secretario Jurídico de la Presidencia sobre la posibilidad de destitución de quienes incumplan el dictamen. Incluso pueden existir sanciones económicas. Sin embargo, lo importante es si esto ocurre antes o después de que el Legislativo resuelva.

La constitucionalista Ximena Ron explica que es limitado lo que puede verificar en este momento la CC. Para ella, el requisito clave es adecuarse a la causal de peculado. Sin embargo, la CC no está en la posibilidad de revisar procedimientos ni plazos.

Una vez que la Asamblea decida y esto sea la destitución, cabe la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad. Con eso, la Corte tiene facultades más amplias para verificar el proceso, incluidos los requisitos y los plazos.

Ambos expertos en Derecho coinciden en que, en caso de que se determine la vulneración del procedimiento, Lasso pudiera recuperar el cargo. Fuente: El Comercio