Augusto Verduga, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y procesado en el caso ‘Ligados’ por presunta asociación ilícita, respondió públicamente a las declaraciones de Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), quien lo acusó de ser “maquiavélico” por supuestamente grabar conversaciones privadas con miembros del correísmo.

La polémica surge luego de que la Fiscalía General del Estado difundiera, hace más de un mes, una serie de chats extraídos del celular de Verduga, en los que se evidenciaría un supuesto intento de la RC por cooptar instituciones del Estado.

González, en entrevista con el programa Primera Plana, calificó los hechos como “maquiavélicos” y sostuvo que las filtraciones revelan “una falta absoluta de transparencia, de honestidad, de lealtad, principios y valores”.

Verduga publicó la noche del lunes 28 de abril un video en redes sociales negando haber grabado conversaciones.

“¡NO! No grabé esas conversaciones, no ordené grabarlas, ni participé en ninguna acción que vulnerara la privacidad de nadie”, aseguró.

El exvocal del CPCCS sostuvo que las pruebas difundidas fueron obtenidas de manera ilegal. “Algunas conversaciones son parcialmente reales, pero totalmente descontextualizadas, otras abiertamente manipuladas de forma selectiva”, denunció.

Verduga también cuestionó el contexto político en el que se desarrolló el proceso judicial y afirmó que se trata de un caso “fabricado a toda prisa en tiempos electorales” con la intención de “fracturar un proyecto político”.

“Es, ni más ni menos, la crónica de una sentencia anunciada”, dijo, al tiempo que lamentó el silencio de sus antiguos compañeros políticos.

“Lo que duele de verdad es que esta sentencia espuria que caerá sobre mí la recibiré sin el respaldo de personas a quienes guardé gran estima y a quienes consideré compañeros en la lucha por un Ecuador más justo”, expresó, refiriéndose implícitamente a la dirigencia de la RC.

Verduga finalizó su declaración asegurando que enfrentará las consecuencias con entereza. “Supongo que para muchos ya soy un fusible quemado. Lo acepto. Pero recibiré ese abandono, como recibiré la sentencia, con la frente en alto y con la dignidad intacta”. Fuente: Vistazo

* China Targets es una colaboración global entre Revista Vistazo y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un medio de investigación sin fines de lucro.

Por Scilla Alecci y periodistas de ICIJ

China ha utilizado notificaciones rojas y otras herramientas para perseguir no solo a delincuentes, sino a empresarios con conexiones políticas, así como a críticos y miembros de minorías religiosas que buscan refugio en el extranjero.

Gao Jianhuan, activista político que afirmó haberse mudado a Vietnam tras presenciar abusos contra los DD.HH. en su provincia natal de Zhejiang, fue acusado por las autoridades chinas de estafar a tres ciudadanos chinos en 2017. A principios de 2023, mientras se dirigía a Ecuador, fue arrestado y retenido en una comisaría de policía de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos (EAU), con base en una notificación roja de Interpol, la policía internacional.

Jianhuan, agente de viajes de 43 años, fue liberado después de que las autoridades chinas no procesaran una solicitud de extradición en su contra, según consta en los registros judiciales de los EAU.

Quince meses después, Gao fue arrestado nuevamente en Benín, con base en la misma notificación roja, mientras Interpol revisaba su petición de que se eliminara su nombre de la base de datos de la organización. Gao permaneció recluido en una celda en Cotonú. Entre tanto, su abogado alegó en los documentos judiciales que “esta detención se prolongó como resultado de una solicitud presentada al margen del procedimiento formal de extradición” por las autoridades chinas.

Gao fue finalmente deportado a China. No logró llegar a Ecuador.

El caso de Gao no es aislado.

En una tarde fría de la primavera de 2021, mientras esperaba una audiencia de extradición en Burdeos, Francia, el empresario H. (nombre protegido) recibió una llamada de un viejo amigo y socio.

Jack Ma estaba en la línea. se sorprendió al recibir noticias de Jack Ma, cofundador de Alibaba, la plataforma de comercio electrónico más importante del planeta, y uno de los hombres más acaudalados de China, según una transcripción de la llamada.

Ma dijo que le llamaba a petición de las autoridades chinas, que pedían su regreso inmediato a China.

Semanas antes, H. había sido arrestado por las autoridades francesas por una notificación roja de Interpol, organización policial internacional. Según los críticos, esta entidad puede ser utilizada por los regímenes autoritarios.

Jack Ma había reaparecido en la escena pública. Desapareció durante tres meses tras dar un discurso en el que criticó a los reguladores financieros chinos. El gobierno canceló la salida a la bolsa de su empresa de tecnología financiera, Ant Group, y forzó su reestructuración.

Las autoridades chinas intentaban que H., ciudadano de Singapur naturalizado y nacido en China, testificara en un tema no relacionado con su notificación roja: un caso de corrupción contra el exviceministro de seguridad pública Sun Lijun, según los registros judiciales obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus socios Radio Francia y Le Monde, bajo la condición de que no se revelara la identidad de H.H. declinó hacer declaraciones; tampoco Ma respondió a las solicitudes de comentarios del ICIJ.

H., empresario de 48 años, era propietario de un viñedo en Burdeos, al oeste de Francia, y aparecía en la prensa de farándula junto a su esposa, Zhao Wei, estrella de cine.

Un mes antes de la llamada de Jack Ma, agentes franceses habían arrestado a H. al descender de un avión privado en el aeropuerto de Burdeos, alegando una notificación roja de Interpol en su contra, a petición de la fiscalía china de la ciudad sureña de Dongguan.

El expediente acusaba a H. de lavado de dinero y complicidad en un escándalo de malversación de fondos que involucra a Tuandai, compañía de préstamos privada en la que H. había invertido. No mencionaba al viceministro, Sun Lijun.

“Están usando el caso Dongguan como pretexto”, le dijo H. al multimillonario Ma. “Si les explico lo que pasó con Sun Lijun, no me perseguirán más. ¿Eso es lo que te aseguraron? No le creo a nadie”.

«Creo que no tienes otra opción», dijo Ma. «Ahora te están dando una oportunidad. Si no regresas, te destruirán». H. dijo que lo pensaría.

Hace una década, el presidente chino, Xi Jinping, pidió a Interpol apoyo para rastrear a quienes denominó ciudadanos corruptos en el extranjero.

Una investigación transfronteriza dirigida por el ICIJ reveló que China ha utilizado notificaciones rojas y otras herramientas para perseguir no solo a delincuentes, sino a empresarios con conexiones políticas como H., así como a críticos y miembros de minorías religiosas que buscan refugio en el extranjero.

Los hallazgos forman parte de la investigación «Objetivos de China» del ICIJ, una colaboración entre 41 medios de comunicación de 30 países que expone los mecanismos de la campaña de represión global del gobierno chino.

La investigación concluyó que el uso indebido de Interpol por parte de China forma parte de un esfuerzo organizado para silenciar a quienes el Partido Comunista considere amenazas para su gobierno, aunque no residan en ese territorio. Las autoridades también utilizan la vigilancia, el hackeo informático, la incautación de activos financieros y la intimidación de los familiares en China, para neutralizar a los críticos.

La investigación se basa en entrevistas con más de 100 objetivos de la represión transnacional de China que ahora viven en 23 países, así como en grabaciones secretas de vídeo y audio de interrogatorios policiales, documentos chinos confidenciales y otras pruebas.

Ted Bromund, especialista en estudios estratégicos y perito en casos legales relacionados con Interpol, afirma que este organismo se convirtió en un elemento central de la campaña de represión. China utiliza las notificaciones rojas como un alfiler en una mariposa, afirmó. «Retienen a alguien, lo inmovilizan para que no pueda escapar».

En una declaración al ICIJ, Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington D. C., afirmó que “el gobierno chino respeta estrictamente el derecho internacional y la soberanía de otros países”. Liu no abordó cuestiones específicas sobre el uso de Interpol por parte de China.El Ministerio de Seguridad Pública de China no respondió a la solicitud de comentarios del ICIJ.

En noviembre de 2014, representantes de las fuerzas policiales internacionales se reunieron en Mónaco para celebrar el centenario de la creación de Interpol. La organización, cuya misión es apoyar a las fuerzas del orden e impulsar la cooperación policial entre sus 196 países miembros.

Meng Hongwei, entonces viceministro de seguridad pública de China, subió al escenario con un mensaje de su gobierno.

La República Popular China se convirtió en miembro de Interpol en 1984, Meng dijo que se había convertido en un «canal importante para que la policía china reciba asistencia en la investigación y cooperación en casos transfronterizos».

Habló de aprovechar “los recursos de Interpol” para cazar terroristas y fugitivos en todo el mundo. Según los críticos, ese régimen designa así a opositores políticos y miembros de la minoría étnica uigur.

Xi Jinping mencionó a la «cooperación policial» en discursos, según el sitio web de una agencia provincial anticorrupción. Dejó clara la prioridad a los funcionarios en una sesión de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, la agencia anticorrupción de China.

El gobierno lanzó dos campañas anticorrupción, conocidas como Fox Hunt y Sky Net, para perseguir a los que describió como funcionarios corruptos prófugos. El Ministerio de Seguridad Pública creó una unidad encargada de la cooperación internacional e incentivó a las comisarías a recurrir a la Interpol.

Los registros revisados ​​por el ICIJ muestran cómo las agencias de seguridad compitieron para mostrar al gobierno el número de casos “resueltos”: objetivos de notificaciones rojas y otros sospechosos repatriados.

Durante dos mandatos consecutivos, un alto funcionario de la policía china fue elegido miembro del comité ejecutivo de Interpol. Meng Hongwei fue nombrado presidente de Interpol en 2016. (Su presidencia terminó menos de dos años después, cuando las autoridades lo detuvieron por cargos de corrupción durante un viaje de regreso a China y lo sentenciaron a 13 años de prisión).

China es el segundo mayor contribuyente de Interpol, una obligación calculada según el peso económico de sus miembros, con un gasto de 13,7 millones de dólares en 2024, por detrás de Estados Unidos, con 19,8 millones. China, que destinó a 11 agentes a la Secretaría General de Interpol en 2023, financia operaciones especiales, incluidas algunas dirigidas al fraude en las telecomunicaciones y al tráfico de armas ilegales.

En los países que han firmado un tratado de extradición con China, la notificación roja puede dar lugar a arresto, extradición y deportación. Estados Unidos no realiza arrestos únicamente por una notificación roja. Otros países sí lo hacen, como Italia, Albania y Francia.

Para 2016, dos años después del discurso de Meng, China se encontraba entre los 10 principales países objeto de nuevas quejas y solicitudes de información por parte de personas con notificaciones rojas, según un informe de la Comisión para el Control de los Archivos de Interpol. También conocida como CCF, la comisión está compuesta por juristas y expertos legales internacionales que vigilan los debidos procesos.

Interpol no cuenta con una fuerza policial propia. Se basa en información policial de democracias y regímenes autocráticos para compilar bases de datos masivas que los países miembros utilizan para compartir información sobre delincuentes buscados y cooperar en delitos transfronterizos como el terrorismo, la trata de personas, los delitos financieros y el narcotráfico.

Hace una década, después de que defensores de los DD.HH. y organizaciones de noticias, incluido ICIJ, expusieron cómo Irán, Rusia y otros regímenes autoritarios hicieron mal uso de Interpol para acorralar a opositores políticos y refugiados, la organización anunció “reformas radicales”.

En 2016, creó el Grupo de trabajo sobre notificaciones y difusión, integrado por abogados, agentes de policía y especialistas que examinan las notificaciones rojas antes de autorizar su publicación en las bases de datos de Interpol. Pero el grupo trabaja con la información disponible y abierta, y con los datos de las autoridades que presentan las solicitudes de notificación. Se basa en la buena fe del gobierno solicitante para garantizar que la información sea precisa y apolítica. Si un objetivo de notificación roja no tiene perfil público, es probable que el grupo de trabajo apruebe una solicitud, dijeron a ICIJ abogados. «Las solicitudes de notificación roja con motivaciones políticas pueden pasar desapercibidas», dijo Charlie Magri, un abogado que trabajó como funcionario jurídico para el organismo de supervisión de la CCF.

La CCF, que se reúne cuatro veces al año, revisa, e incluso puede revocar, las notificaciones de Interpol.

Pero los gobiernos autoritarios, con sistemas jurídicos bajo control político, siguen planteando un problema especial para Interpol, que, según expertos, intenta navegar entre sus reglas con los estados miembros que a su vez brindan apoyo financiero.

La mayoría de los procedimientos de Interpol son secretos, por lo que determinar si una notificación roja tiene motivaciones políticas es difícil, dicen estos defensores.

«Es como una caja negra», dijo Ben Keith, abogado de DD.HH. radicado en Londres que ha representado a ciudadanos chinos, incluidos empresarios buscados por fraude y uigures acusados ​​de terrorismo.

Un portavoz de Interpol dijo en una declaración a ICIJ que la organización «sabe que las notificaciones rojas son herramientas poderosas para la cooperación policial y es consciente de su impacto potencial en las personas involucradas, por lo que tenemos procesos sólidos, y continuamente evaluados y actualizados, para garantizar que nuestros sistemas se utilicen adecuadamente».

ICIJ y los medios aliados hablaron con ocho objetivos de notificación roja de China y revisaron registros de extradición, decisiones confidenciales de la CCF y documentos relativos a un total de casi 50 sospechosos perseguidos a través de Interpol, después de las reformas de 2016.

La mayoría supo que era buscada luego de su detención en un control fronterizo. Entre los objetivos se encontraban empresarios que afirmaban ser buscados por criticar las políticas gubernamentales; defensores de los derechos de los uigures que afirmaron haber sido falsamente acusados ​​de terrorismo; un político de un pequeño pueblo que afirmó haber sido incluido en la lista negra tras exponer la corrupción del Partido Comunista; y tres empresarios que afirmaron que las autoridades los perseguían por ser seguidores del movimiento religioso Falun Gong, prohibido en China. El pretexto más común utilizado por China para obtener una notificación roja es un delito financiero, según los defensores.

“Si alguien acusa a alguien de asesinato, debe haber un cadáver”, dijo Ted Bromund, crítico de Interpol y director de políticas de Pursuit, organización no gubernamental que se opone a la represión transnacional.

En los días posteriores a su arresto en Burdeos, H. recibió un bombardeo de llamadas desde China. Además de Ma, otros dos amigos y tres altos funcionarios de seguridad llamaron con el mismo mensaje: el gobierno chino estaba dispuesto a retirar la notificación roja, desistir de la solicitud de extradición y etirar los cargos de lavado de dinero si aceptaba regresar a China y cooperar en el sonado caso contra el político, según los registros judiciales.

Mientras todavía estaba en la cárcel de Burdeos, H. se enteró de que su familia estaba bajo presión.

«Hablé con su esposa», dijo Wei Fujie, entonces subdirector de la unidad asignada al caso Sun Lijun dirigida por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, en una de las llamadas.

En otra llamada, Erick Tsang, un alto funcionario de Hong Kong y amigo, le dijo a H.: «Siempre usan los mismos dos trucos… El primero es congelar todo tu dinero… el segundo es amenazar a tu familia».

En otra llamada grabada, H. le rogó a Li Jiangzhou, funcionario sancionado por el gobierno de Estados Unidos por su papel en “destripar las libertades” del pueblo de Hong Kong, que liberara a su hermana.

“No, no es una condición”, respondió Li, subdirector de la Oficina para la Protección de la Seguridad Nacional de Hong Kong.

Al final, H. decidió no regresar.

Un mes después de la llamada con Ma, en mayo de 2021, las autoridades chinas solicitaron al gobierno francés la extradición de H.

Las autoridades francesas comenzaron a investigar los méritos de la solicitud de extradición y pronto encontraron problemas.

En su declaración, los abogados explicaron que el único vínculo de H. con Sun, el acusado en el caso de corrupción, databa de un acuerdo comercial no relacionado en 2018. En ese momento, Sun le pidió a H. que invirtiera alrededor de 5 millones de dólares en una empresa de seguridad que contrató a agentes de policía de Hong Kong, acusados ​​de abusar de los manifestantes durante el movimiento prodemocracia en la ciudad, según el comunicado.

En otra llamada, H. le dijo a Tsang, el funcionario de Hong Kong y amigo, que había hecho la inversión porque sentía que no tenía otra opción.

Li y Tsang no respondieron a las solicitudes de comentarios de ICIJ.

En julio de 2021, el Tribunal de Apelación de Burdeos rechazó la solicitud de China de extraditar a H. Unos meses más tarde, CCF aprobó su solicitud de que su nombre —y la notificación roja— se eliminaran de la base de datos de Interpol.

El de H. fue uno de los casi 300 casos en los que la CCF decidió eliminar una notificación roja de sus sistemas ese año, según un análisis del ICIJ de los informes de la CCF. El número de notificaciones rojas publicadas anualmente se ha mantenido igual, pasando de 10.718 en 2014 a 12.260 en 2023. Mientras tanto, las quejas por corrección o eliminación han aumentado al 350 % en la última década, según un análisis del ICIJ de los informes de la CCF.

“La diferencia entre Interpol y otras organizaciones internacionales radica en que sus acciones tienen un impacto inmediato en la vida de las personas”, dijo Keith, el abogado londinense. “Arrestan a alguien, lo meten en la cárcel y punto”.

En 2017, la CCF dejó de publicar información que identificaba a los países responsables del mayor número de quejas sobre notificaciones rojas y otros datos incluidos en las bases de datos de Interpol, argumentando que la información carecía de contexto y era “potencialmente ambigua y podría dar lugar a malas interpretaciones”, dijo la comisión a ICIJ.

“La ausencia de un desglose por país impide identificar patrones de uso indebido por parte de cada país miembro, un paso esencial para abordar los abusos con motivos políticos”, afirmó Charlie Magri, quien revisó las solicitudes de cancelación de notificaciones rojas como asesor jurídico de la secretaría del CCF de 2017 a 2023.

Interpol puede imponer medidas correctivas a los países miembros responsables de abusar de su sistema, incluido un examen riguroso de las solicitudes de notificaciones rojas, así como una suspensión temporal o una exclusión a largo plazo de la red.

Interpol ha declarado haber impuesto medidas correctivas a varios países desde 2012, pero hasta el momento solo ha mencionado a dos: Rusia y Siria.

Después de que el tribunal de Burdeos rechazara la extradición de H., el empresario se vio envuelto en deudas por unos 135 millones de dólares, según los medios chinos.

El gobierno chino ordenó la retirada de todas las películas y series de televisión protagonizadas por su esposa, Zhao. La pareja solicitó el divorcio discretamente. Los intentos de ICIJ por contactar con Zhao fueron infructuosos.

Durante tres años Zhao apenas fue vista en público.

Tras reaparecer en diciembre pasado, Zhao publicó un mensaje en Weibo, la popular red social donde tiene 83 millones de seguidores. Dijo que ya no quería que la relacionaran con su exmarido, H. Fuente: Vistazo

El ministro de Salud Pública de Ecuador, Edgar Lama, indicó este lunes que se han detectado en el país tres nuevos casos de fiebre amarilla, después de que la pasada semana falleciese un primer contagiado por esta enfermedad que la autoridad sanitaria definió como «un caso aislado».

En declaraciones a periodistas tras participar en el inicio de la semana de la vacunación, Lama señaló que en total se han detectado cuatro casos, incluido el fallecido en la amazónica provincia de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú.

Sin embargo, el ministro no detalló los lugares en los que se han registrado estos tres casos adicionales.

El titular de la cartera de Salud Pública explicó que la persona fallecida «tenía muchas más dolencias de salud», e ingresó al centro médico donde se le atendió «con un diagnóstico inicial de dengue porque los síntomas son muy similares en las etapas iniciales de la enfermedad».

«Se ha hecho el cerco epidemiológico con sus familiares, con su círculo de trabajo, todas las personas con las que ha tenido contacto, y al parecer ninguna presenta síntomas. Se les ha hecho el análisis de la enfermedad y ha dado negativo», apuntó.

El Ministerio de Salud Pública había indicado la pasada semana que el «caso aislado» cuyo paciente finalmente falleció era el único que se había detectado hasta el momento en el país después de que se registrasen dos casos en el año 2000, uno en 2012, tres en 2017 y un caso importado de Colombia en 2024.

Desde la semana pasada, el Gobierno ecuatoriano ha incrementado la vigilancia epidemiológica contra la fiebre amarilla en las fronteras tras detectarse brotes de esta enfermedad en algunos países de Latinoamérica.

Lama recomendó a todas las personas vacunarse contra la fiebre amarilla porque es una sola dosis que da inmunidad para toda la vida.

En Ecuador la vacuna contra la fiebre amarilla es parte del esquema de vacunación y su aplicación es gratuita.

En el país andino, la vacuna contra la fiebre amarilla se administró en la región amazónica desde el 2000, y a escala nacional, dentro del esquema regular de vacunación, desde el 2009. Quienes nacieron en estos periodos cuentan con la protección a la enfermedad.

En este contexto, el riesgo de propagación en Ecuador es bajo, y las posibilidades de nuevos casos están principalmente asociadas a personas migrantes no vacunadas provenientes de regiones endémicas, por lo cual se están implementando estrictas medidas sanitarias en frontera.

La fiebre amarilla, una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos, puede afectar tanto a humanos como a primates y, en su fase tóxica, presenta complicaciones graves como fallo hepático, hemorragias e incluso la muerte. Fuente: Vistazo