El programa La Tertulia Jurídica contó con la participación del abogado Maxwell Andrés Camacho Balseca, quien abordó el tema “El derecho a la defensa del procesado en casos mediáticos”, durante su intervención, Camacho Balseca explicó que los procesos penales de alta exposición pública enfrentan un desafío adicional: la construcción de una percepción social de culpabilidad antes de que exista una decisión judicial definitiva. A su criterio, la expansión de las redes sociales y la difusión inmediata de información han provocado que una investigación penal pueda convertirse rápidamente en titulares, tendencias y debates públicos.

Una trayectoria vinculada al litigio penal
Maxwell Andrés Camacho señaló que es magíster en Derecho Penal y cuenta además con formación en Derecho Financiero y de Seguridad en España, así como estudios en la Universidad Andina Simón Bolívar.

En su trayectoria profesional mencionó su experiencia como abogado litigante y en libre ejercicio, además de su paso por la Fiscalía General del Estado, específicamente en FEDOTI 9. También indicó haber ejercido en unidades judiciales penales y de familia, así como durante más de 17 años en un estudio jurídico. Su experiencia incluye asesoría a instituciones públicas y privadas y participación en procesos relacionados con juzgamiento, seguridad, derecho bursátil, investigaciones previas y etapas preparatorias y de juzgamiento.

El proceso penal no debe convertirse en un espectáculo
Al referirse a la mediatización de los procesos judiciales, Camacho recordó una reflexión atribuida a Francesco Carnelutti, relacionada con la necesidad de no confundir un proceso penal con un espectáculo destinado a generar emociones.

El jurista sostuvo que esta reflexión mantiene vigencia en la actualidad, especialmente en un contexto marcado por las transmisiones en tiempo real, TikTok, Instagram, X y otras plataformas digitales. Según explicó, un proceso penal puede abandonar rápidamente el ámbito estrictamente judicial y transformarse en un fenómeno comunicacional incluso antes de que concluya la investigación o exista una sentencia.

Camacho enfatizó que esta situación puede generar una especie de “subproceso comunicacional”, en el que tanto la acusación como la defensa buscan posicionar sus respectivas versiones ante la opinión pública. Esto puede generar presión y afectar la percepción sobre la situación jurídica de una persona procesada.

Diferenciar investigación, acusación y condena
Uno de los puntos centrales de la exposición fue la necesidad de diferenciar conceptos que, según el abogado, suelen confundirse en el ámbito comunicacional: sospecha, aprehensión, procesamiento, acusación y condena.

Camacho recordó que la formulación de cargos constituye una imputación contra una persona, pero no equivale a una declaración de culpabilidad. Por ello, sostuvo que la cobertura periodística debe evitar presentar como hechos comprobados aquellas hipótesis que todavía se encuentran sometidas a investigación y valoración judicial.

En este contexto, señaló que el derecho a la defensa no implica desconocer los derechos de las víctimas ni impedir que los medios informen sobre asuntos de interés público. Por el contrario, implica exigir que la responsabilidad penal sea determinada mediante un proceso válido, con investigación objetiva, acusación sustentada, posibilidad efectiva de contradicción y una decisión judicial debidamente motivada.

“Un caso puede volverse mediático, pero sus garantías constitucionales no pueden volverse opcionales”, sostuvo durante la exposición. La “criminología mediática” y la construcción de una culpabilidad anticipada

Otro de los conceptos abordados fue el de criminología mediática, relacionado por el expositor con los planteamientos de Eugenio Raúl Zaffaroni.

Camacho explicó que la ciudadanía construye buena parte de su percepción sobre el delito y sus presuntos responsables a partir de las noticias, imágenes, palabras y explicaciones que recibe diariamente. El riesgo, señaló, aparece cuando la información deja de presentar un hecho que debe ser investigado y comienza a construir una identidad pública de culpabilidad mediante estereotipos, información incompleta o contenidos descontextualizados.

En este escenario, una persona puede llegar a ser percibida socialmente como culpable mucho antes de que un tribunal determine su responsabilidad, generándose una especie de “juicio de opinión” paralelo al proceso judicial.

Presunción de inocencia y límites al poder punitivo
El abogado también destacó la importancia de la presunción de inocencia como una garantía frente al poder punitivo del Estado. Según la exposición, esta garantía exige que una persona sea tratada como inocente mientras su responsabilidad no haya sido desvirtuada mediante prueba lícita y una sentencia.

En ese sentido, aclaró que la presunción de inocencia no significa que el Estado deba permanecer inactivo. La Fiscalía puede investigar, solicitar medidas y formular una acusación cuando existan fundamentos; sin embargo, no debería anticipar comunicacionalmente un resultado que todavía debe ser demostrado dentro del proceso penal.

La importancia de una defensa técnica de confianza
Durante la exposición también se abordó el derecho de una persona procesada a contar con una defensa técnica de su confianza. Camacho sostuvo que el vínculo entre abogado y defendido resulta fundamental para garantizar una adecuada estrategia de defensa.

Asimismo, señaló que una persona puede cambiar de abogado y que esta posibilidad debe ejercerse bajo parámetros de buena fe y lealtad procesal, sin que la defensa pueda ser descalificada simplemente por ejercer los derechos que corresponden al procesado. También destacó garantías como el derecho a guardar silencio y la prohibición de autoincriminación.

Información pública, libertad de expresión y derecho a la honra
El expositor también se refirió al papel de los medios de comunicación y a la necesidad de equilibrar el derecho ciudadano a conocer asuntos de interés público con la protección de derechos individuales.

En particular, mencionó la protección de la honra, imagen, intimidad y datos personales, señalando que existen circunstancias concretas en las que la publicidad de determinada información puede estar limitada por el ordenamiento jurídico.

Finalmente, Camacho insistió en que la publicidad de los procesos puede contribuir al control democrático y a la fiscalización del sistema de justicia, pero advirtió que el problema surge cuando informar se transforma en una atribución anticipada de culpabilidad, cuando hipótesis son presentadas como hechos comprobados o cuando fragmentos de un expediente son difundidos sin su debido contexto.

Un debate vigente para la justicia y el periodismo
La participación de Maxwell Andrés Camacho en La Tertulia Jurídica planteó así un debate de especial relevancia para el sistema de justicia y para los medios de comunicación: cómo garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada sin convertir la exposición mediática de un proceso penal en una sentencia anticipada.

El eje de su intervención fue la necesidad de preservar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, aun cuando un caso alcance altos niveles de exposición pública. En su análisis, la responsabilidad penal debe determinarse dentro de los mecanismos establecidos por la justicia y con base en la prueba actuada en el proceso, no en la presión, percepción o narrativa construida en redes sociales y medios de comunicación.

Se ha vuelto común escuchar música a todo volumen desde vehículos a cualquier hora del día o de la noche. Se ha normalizado consumir alcohol en la vía pública, dejando basura, botellas, orina en espacios que pertenecen a todos. Se ha vuelto habitual soportar el ruido ensordecedor de ciertas motocicletas y las explosiones de fuegos artificiales lanzados sin considerar a quienes sufren sus consecuencias.

Pero que algo sea frecuente no significa que sea correcto. Detrás de cada estruendo provocado por un cohete o por sistemas de sonido excesivos, hay niños que despiertan asustados, personas con autismo que sufren crisis sensoriales, adultos mayores que experimentan angustia, enfermos que no pueden descansar, estudiantes que no logran concentrarse y animales que viven momentos de verdadero terror.

Los fuegos artificiales no solo producen ruido. También provocan lesiones, contaminación del aire, incendios y graves afectaciones emocionales y físicas. Miles de mascotas huyen desesperadas, se extravían o sufren accidentes por el miedo. Las aves abandonan sus nidos y la fauna silvestre ve alterada en su comportamiento natural. Lo que para algunos dura unos segundos de diversión, para otros representa horas o días de sufrimiento.

La verdadera alegría no necesita causar dolor a nadie. Las celebraciones religiosas, culturales, deportivas, políticas o sociales deben desarrollarse dentro de un marco de respeto, empatía y convivencia. La libertad de celebrar termina donde comienza el derecho de los demás a la tranquilidad, la salud y la seguridad.

Por ello, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades competentes y a la Municipalidad de Zamora para que impulsen e implementen ordenanzas que regulen de manera efectiva la contaminación acústica, el uso de fuegos artificiales y todas aquellas actividades que afectan la calidad de vida de la población y el bienestar animal.

Zamora, como capital de la provincia de Zamora Chinchipe, debe convertirse en un ejemplo de orden, cultura ciudadana y convivencia pacífica. Y hacemos también un llamado a cada ciudadano, institución, organización y dirigentes: antes de encender un parlante, acelerar una motocicleta innecesariamente o lanzar un cohete al cielo, piensen en quienes los rodean.

La empatía es la capacidad de entender que no vivimos solos. Una sociedad verdaderamente desarrollada no es la que hace más ruido, sino la que demuestra más respeto.

Construyamos una Zamora donde la alegría de unos no signifique sufrimiento para otros; una Zamora donde el respeto, la consideración y la convivencia sean más fuertes que el ruido.

Porque el bienestar colectivo comienza cuando entendemos que nuestros derechos nunca pueden estar por encima de la tranquilidad, la salud y la dignidad de los demás.

Por: Alonzo Cueva Rojas

Las declaraciones del ministro del Interior son una alerta grave. Exigir que alcaldes y prefectos se alineen con el pensamiento oficial es una postura antidemocrática y una muestra de totalitarismo. Una responsabilidad elemental es coordinar acciones por el progreso del país, pero otra actitud muy distinta es intentar anular la diversidad de opinión y la libertad política.

El gobierno central y las autoridades locales (GAD) tienen la obligación de unirse para dar respuestas reales a la población. Esta cooperación técnica e institucional debe enfocarse en áreas urgentes, sin importar banderas partidistas, como: Coordinar planes firmes para devolver la tranquilidad a los territorios, garantizar escuelas dignas, atención médica y medicinas, proteger a los sectores vulnerables y erradicar la pobreza, entre otros.

Ecuador es un país diverso, intercultural y plurinacional, marcado por diferencias geográficas, culturales y generacionales. Cualquier gobernante debe estar listo para ejercer su función dentro de esa diversidad. Querer imponer un pensamiento único es una aberración política que jamás dará resultados positivos. La alienación no es la solución; el camino seguirá siendo el ejercicio democrático del poder.

Detrás del discurso de la alineación opera un crudo condicionamiento. Es un secreto a voces que a los alcaldes y prefectos con altas opciones de reelección se les presiona con una consigna clara: o se postulan con el partido de gobierno, o les congelan los fondos y les arman problemas legales usando de forma selectiva a la justicia.

A esto se suma la proscripción de líderes sociales y la eliminación de organizaciones políticas de oposición. Al dejar a los líderes legítimos sin casillero electoral, el régimen les cierra el camino. Ante este atropello, muchas autoridades terminan claudicando, disimulando su sumisión por temor a perder su libertad o poner en riesgo a sus familias.

Gobernar mediante el miedo y anular a los rivales destruye la libertad de todo el pueblo ecuatoriano.