Palanda, Zamora Chinchipe.- En un medio radial de Palanda, un grupo de ciudadanos que emprendieron la defensa del derecho fundamental a la salud y ante la preocupante falta de capacidad de respuesta en emergencias médicas que afecta a los cantones de Palanda y Chinchipe, el Comité Cívico del Cantón Palanda expresa su rotundo rechazo a la intención de trasladar la ambulancia IVECO Alfa 22 al cantón vecino. Esta medida, impulsada por la directora Distrital de Salud, Magíster Beatriz Morales Cosíos, carece de fundamento técnico y contraviene lo expresado en el Memorando Nro. MSP-CZ72025-4100-M, emitido por el propio Coordinador Zonal de Salud, Manuel José Procel González, en el que se reconoce que dicho vehículo no es apto para las condiciones viales actuales entre Palanda y Chinchipe.

El Comité Cívico de Palanda ha resuelto lo siguiente:

Rechazo categórico al traslado de la ambulancia asignada hace menos de un año al Subcentro de Salud de Palanda, ya que su presencia es esencial para la atención de emergencias en la localidad.

Denuncia pública sobre las declaraciones de la directora Distrital de Salud, quien ha minimizado la necesidad urgente de contar con ambulancias suficientes en Palanda, desconociendo la realidad de constantes emergencias en este sector. La insuficiencia de unidades ha obligado incluso al Cuerpo de Bomberos a emplear sus propios vehículos en casos críticos.

Exigencia de una gestión eficiente y equitativa en el fortalecimiento de las capacidades de salud en ambos cantones. En lugar de despojar a una comunidad de un recurso esencial, se debe trabajar en soluciones estructurales, como la dotación de ambulancias adicionales, personal médico suficiente, insumos y equipamiento adecuado.

Alerta y declaratoria de resistencia ciudadana en caso de que no se atiendan estas exigencias. La ciudadanía se ampara en el Artículo 98 de la Constitución de la República, que faculta el derecho a la resistencia frente a decisiones que vulneren derechos fundamentales. Asimismo, se responsabiliza a la Directora Distrital de Salud por cualquier daño que pudiera sufrir la ambulancia en caso de ejecutarse su traslado.

Exigimos una pronta y pública respuesta del Coordinador Zonal de Salud, Manuel José Procel González, ante este justo reclamo ciudadano. La vida y la salud de nuestros habitantes no pueden verse comprometidas por decisiones arbitrarias e inconsultas.

En el espacio de entrevista «Frente a Frente», la concejal del cantón Zamora, Ximena Montaño, expuso las principales acciones de fiscalización que se han impulsado desde el Concejo Municipal, con especial énfasis en las irregularidades detectadas en la construcción del Mercado Municipal de Zamora y otras obras dentro del cantón.

La edil destacó que, gracias a las constantes gestiones de fiscalización, actualmente la Contraloría General del Estado está realizando una auditoría sobre la ejecución de esta obra. Aunque inicialmente se había anunciado que el proceso sería conducido por personal de la sede central en Quito, finalmente se asignó a un equipo técnico local. No obstante, la concejal reiteró su confianza en los profesionales que lideran esta auditoría y la importancia de esperar los resultados oficiales.

Uno de los puntos críticos que ha generado inquietud en la comunidad es el presupuesto destinado a la obra. Según lo expuesto por Montaño, el proyecto inicial contaba con una inversión de USD 1.600.000 provenientes de fondos no reembolsables; sin embargo, con contratos complementarios y otras modificaciones, el costo final ascendió a aproximadamente USD 4.000.000. Aunque la infraestructura es visualmente atractiva, la edil subrayó que presenta deficiencias en su ejecución, las cuales serán determinadas con mayor precisión por la auditoría en curso.

Entre las principales irregularidades mencionadas se encuentran la inadecuada selección de materiales de construcción, problemas con las gradas eléctricas y la falta de medidas adecuadas para mitigar el intenso calor en el área de comidas ubicada en el tercer piso del mercado.

Asimismo, se han recibido numerosas denuncias ciudadanas sobre las baldosas inapropiadas en los pisos, lo que ha generado incidentes y caídas entre los usuarios.

Además de la auditoría en el Mercado Municipal, la concejal Montaño mencionó que existen otras obras públicas que han sido objeto de fiscalización, entre ellas el sistema de alcantarillado en los barrio de la parroquia Guadalupe. Varias obras presentan problemas de ejecución, como en el barrio El Progreso, donde un proyecto de baterías sanitarias no está funcionando adecuadamente. Situaciones similares se han identificado en Guaguayme Alto y San Antonio, donde las obras, a pesar de haber sido mencionadas en rendiciones de cuentas, aún no han sido entregadas o puestas en funcionamiento.

Respecto al alcantarillado en Guaguayme Alto, Montaño señaló que la obra fue recibida, pero no estuvo operativa debido a problemas con el lote de terreno donde se ubica la planta de tratamiento. Inicialmente, la construcción se realizó sin haber legalizado el terreno, lo que generó complicaciones posteriores. Actualmente, se espera que la ciudadanía se conecte al sistema para evaluar su funcionamiento real.

En el caso de las baterías sanitarias inspeccionadas, se constató que muchas han sido convertidas en bodegas o incluso en gallineros, lo que evidencia la falta de planificación en estos proyectos. También se han detectado problemas en la planta de tratamiento de aguas residuales de Timbara, la cual, según la edil, lleva años sin recibir mantenimiento. En 2023, se solicitó la asignación de recursos para su reactivación, pero hasta la fecha no se han realizado las intervenciones necesarias.

Otro caso preocupante es la planta de Santa Elena, la cual enfrenta dificultades debido a la falta de abastecimiento de agua, impidiendo su correcto funcionamiento. Estas situaciones reflejan una falta de mantenimiento y seguimiento en varias infraestructuras clave para la comunidad.

La concejal Montaño enfatizó que el abandono en el cantón Zamora es evidente y preocupante. «Es lamentable en realidad que Zamora esté totalmente abandonada, que esté en el olvido. Tenemos carencia de infraestructura básica. No solo le hablo de lo que es prácticamente la zona urbana o el cantón en sí, sino las parroquias. Estoy hablando de todo el cantón», expresó.

Montaño destacó que la falta de mantenimiento en la infraestructura urbana, especialmente en la vialidad, impide el desarrollo del turismo y afecta la calidad de vida de los ciudadanos. «Si no tenemos una infraestructura con buen mantenimiento, una infraestructura adecuada, si no mantenemos la vialidad que nos corresponde de manera adecuada, ¿Cómo podemos atraer el turismo? Es lamentable esa situación», sostuvo.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de repotenciar las plantas de agua potable y de tratamiento de aguas residuales en sectores como La Alvernia y San Rafael. «Son infraestructuras que sí nos preocupan», afirmó.

Sobre proyectos futuros, mencionó que el alcalde anunció una reunión en Quito el 2 de abril para tratar el tema del alcantarillado de Zamora. «Creo que sería una obra magnífica. Yo sé que no se la va a cumplir dentro de los dos años, pero sería importante que se consigan los rubros, por lo menos iniciar con una fase», señaló. Sin embargo, reconoció que este tipo de obras suelen generar molestias temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura básica del cantón.

En cuanto al presupuesto municipal, Montaño informó que para el año 2024 se aprobó un presupuesto de 13 millones de dólares, una cifra que fluctúa año a año en la planificación municipal. La edil explicó que recientemente se aprobó la liquidación de este presupuesto, proceso en el que ella misma hizo observaciones. Destacó que la liquidación fue aprobada con voto dirimente, evidenciando la falta de ejecución presupuestaria.

Según Montaño, el presupuesto del 2024 presenta un superávit de seis millones de dólares, lo que significa que estos recursos no se han invertido en obras públicas. Aclaró que, aunque se mencionó que parte de estos fondos se destinarán a pagos pendientes, la realidad es que la ejecución presupuestaria fue mínima. De los 13 millones de dólares aprobados, siete millones trescientos mil dólares se destinaron a gasto corriente, mientras que seis millones quedaron sin ejecutar.

Finalmente, subrayó que la administración actual ha mostrado serias deficiencias en la planificación y ejecución de obras públicas. Mientras algunos proyectos permanecen inconclusos o sin mantenimiento, se han destinado considerables recursos a festividades y eventos. La edil hizo un llamado a la optimización del presupuesto y a una mejor planificación para garantizar que las obras realmente beneficien a la ciudadanía.

A través de un boletín de prensa, la Fiscalía General del Estado informa en su página de la red social Facebook, que Robert Raúl R. O. ha sido sentenciado a la pena máxima agravada de veintinueve años y cuatro meses de privación de libertad por el delito de violación. El Tribunal de Garantías Penales, tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, determinó la responsabilidad penal del acusado y aplicó las agravantes establecidas en la normativa vigente.

Detalles del caso

Las investigaciones determinaron que el hecho ocurrió la madrugada del 15 de diciembre de 2019, cuando el procesado violentó sexualmente a su sobrina de 14 años. De acuerdo con la exposición fiscal, el acusado solicitó a su hermana, madre de la víctima, que sus sobrinas de 14 y 5 años pasaran la noche en su residencia. Durante la madrugada, ingresó al dormitorio donde se encontraban las menores y, tras amenazas, perpetró la agresión sexual contra la adolescente, quien posteriormente quedó embarazada como resultado del abuso.

El caso fue denunciado por el Gremio de Mujeres de Zamora Chinchipe, lo que permitió que la Fiscalía iniciara las diligencias investigativas y gestionara la reubicación de la víctima en una casa de acogida para garantizar su seguridad.

Elementos probatorios y sentencia

Durante la audiencia de juicio, el Tribunal consideró como pruebas principales los testimonios de la víctima y peritos en psicología, medicina legal y trabajo social, así como informes de reconocimiento del lugar de los hechos. Además de la pena privativa de libertad, se impuso el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados y una indemnización de 5.000 dólares a favor de la víctima. También se dispuso que la adolescente reciba atención psicológica por el tiempo que sea necesario en una institución pública.

Base jurídica de la sentencia

La condena fue dictada en virtud del artículo 171, inciso primero, numeral 2, y la circunstancia del inciso segundo, numerales 2 y 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se aplicaron las agravantes contempladas en el artículo 48, numerales 4 y 5, debido a la relación de parentesco entre la víctima y el agresor y a las consecuencias del delito.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia sexual y ratifica su labor en la investigación y judicialización de estos delitos para garantizar justicia y protección a las víctimas. Fuente foto referencial: Google