Tras el ataque armado, registrado el 25 de diciembre de 2024, en el terreno donde se construye la megacárcel de Santa Elena, Luis Zaldumbide, director nacional del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), detalló que el ataque no paraliza las obras.

A la obra que se levanta en Santa Elena supuestamente llegaron 30 personas fuertemente armadas que usaban uniforme militar y se movían en vehículos con supuestos logos de las Fuerzas Armadas. Los terroristas habrían llegado al lugar y quitaron las pertenencias a todos los trabajadores de la obra.

Además, habrían secuestrado a un ingeniero de la obra, un técnico hidrosanitario y dos guardias de seguridad que más tarde fueron puestos en libertad. El ataque deja un trabajador muerto y un militar herido. Finalmente, habrían detonado explosivos en el sitio.

Zaldumbide detalla que este hecho es parte de: “una alianza de grupos criminales y sectores políticos que, en lugar de rechazar estos actos, los utilizan para frenar el avance del gobierno en su función de devolver la paz y la seguridad a los ecuatorianos”, dijo.

También enfatiza que los trabajos continúan en el sitio, pues buscan la construcción de un mejor sistema penitenciario.

El hecho es investigado para identificar a los responsables y sancionarlos.

El interés del cantón  Sucre por ser la sede de una cárcel de máxima seguridad, que iba a construirse en Archidona (Napo), trajo a la escena otros proyectos como la escuela de seguridad penitenciaria, que fue cerrada y la promesa de una prisión modelo para mujeres que nunca se concretó.

Solo está operativo el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Bahía de Caráquez. Las cuatro cárceles que se ubican en Manabí, una de las provincias más conflictivas de Ecuador, y bajo estado de excepción, están diferenciadas porque tienen el sello de la organización narcodelictiva Los Choneros.

Los Choneros controlan todos los procesos delictivos en las cárceles de Manabí
De hecho, la fuerza pública ha reconocido que todos los procesos delictivos dentro de las prisiones de Manabí y la mayoría de los que se cometen en las calles son coordinados por esta agrupación.

Más allá de la construcción de un penal, la población, expertos y funcionarios se cuestionan la evidente ausencia de la rehabilitación social dentro de estos centros, ya que no hay cifras que avalen cuántos presos han logrado reinsertarse en la sociedad.

“Salen más preparados para el robo, porque no existe en sí una rehabilitación social, son de libre albedrío, se manejan por códigos internos y no existe la mano del Estado”, opina el perito en Criminología, Luis Lara.

En esto coincide Lenin Barreto, asambleísta por Manabí Distrito 1 y oriundo de Sucre, quien asegura que el Gobierno “necesita centros de rehabilitación, no lugares donde los delincuentes saquen maestrías y hasta doctorados. El objetivo es que el ciudadano se rehabilite y se inserte a la sociedad”.

PRIMICIAS hace un mapeo sobre la localización de Sucre y la situación compleja que ha llevado a este cantón a ubicarse como uno de los más conflictivos de la provincia.

La solicitud ‘inesperada’
Fue el pasado 16 de diciembre de 2024 cuando el alcalde Carlos Mendoza envió una solicitud de implementación de un proyecto de infraestructura (cárcel) al ministro de Gobierno, José De La Gasca.

En el documento se muestra el interés de la municipalidad manabita de acoger la construcción del proyecto penitenciario de “gran escala” presupuestado en USD 52 millones.

Sucedió luego de que el gobierno de Daniel Noboa anunció que la obra de una cárcel de máxima seguridad, inicialmente planificada en Archidona (Napo), será ejecutada en un nuevo punto de Salinas, provincia de Santa Elena.

Para el alcalde Mendoza, el proyecto puede “contribuir significativamente al fortalecimiento del sistema penitenciario nacional y generará un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de nuestra localidad”.

Además, hay la disposición para colaborar con los trámites administrativos, permisos y cualquier gestión necesaria que permita viabilizar el proyecto. PRIMICIAS buscó hablar con el alcalde del cantón, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, el concejal Luigi Rivero dijo que no tienen ningún tipo de información y en lo “personal no estoy de acuerdo. Creo que lo primero que se debe hacer es socializar con la comunidad, actores civiles, nosotros como Concejo tampoco tenemos ninguna solicitud”.

El funcionario dice no estar de acuerdo a que se construya un proyecto de tal magnitud, porque Sucre es un cantón “con vocación turística y nosotros ya tenemos una cárcel”.

Se refiere al Centro de Rehabilitación Social de Bahía de Caráquez, ubicado en la entrada principal del cantón y que fue construida hace más siete décadas. Incluso hace años viene la propuesta de reubicar este centro carcelario.

Bahía de Caráquez, cabecera cantonal de Sucre, en Manabí.PRIMICIAS
Desde su construcción ha pasado por una serie de cambios, pues sufrió daños durante el fenómeno de El Niño del 1997-1998. También en los terremotos de 1998 y 2016.

En esta prisión, que está controlada por Los Choneros, hay al menos 200 presos. El concejal considera que a más de la mano de obra local, que puede generar un proyecto en las fases de ejecución, hay que pensar en los costos sociales y ambientales.

Para el asambleísta Barreto, es un “despropósito motivar al Gobierno Nacional que mire a Sucre como un espacio para que se construya una cárcel”.

Según Lara, las cárceles deben ser ubicados en cualquier parte del país, de acuerdo a un estudio técnico, y si es viable se debe de ejecutar, pero el experto recuerda que “primero el Ministerio de Gobierno debe de socializar con la comunidad, porque se piensa que habrá delincuencia”.

Agrega que no es solo “de oponerse por oponerse”, ya que hay que “escuchar las razones” por las que la comunidad no quiere cárceles en sus territorios.

Finalmente, Lara piensa que es necesario construir cárceles en Ecuador para aislar a los delincuentes y evitar el hacinamiento.

Escuela penitenciaria, cerrada
A inicios de 2013 se celebraba que Ecuador tenía una Escuela de Formación Penitenciaria, ubicada en Bahía de Caráquez (Sucre).

Dicha infraestructura tenía 1.447,52 metros cuadrados de construcción, lo que permitía contar con una zona de residencia con capacidad para 100 personas, un auditorio, área de capacitación para unos 150 estudiantes y un espacio para oficinas administrativas y capacitadores, así como para comedores internos.

El proyecto fue posible luego de la firma de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Francia y Ecuador en 2011.

La formación consistía en abordar temas como derechos humanos, seguridad, derecho procesal, tratamiento penitenciario, con ejes en vínculos familiares, educación, cultura y salud, administración y gerencia.

Sin embargo, pasaron los años y para el terremoto del 16 de abril de 2016, se la ocupó para contingencia hospitalaria y la Escuela nunca más volvió a funcionar. En la actualidad, la infraestructura es utilizada por militares que brindan seguridad en el cantón norte.

Para inicio de 2022, en medio de una crisis sin precedentes en el sistema carcelario, se anunció que  Ecuador recibiría USD 2,5 millones en el marco de un programa de la Unión Europea (UE) para una escuela penitenciaria.

Los recursos también permitirían mejorar el sistema informático de las cárceles, capacitaciones y asesoramiento. Hasta la actualidad, el proyecto de la escuela no se ha concretado y tampoco se supo en qué parte del país iba a ser ubicado.

Cárcel ‘modelo’ de mujeres
Otro proyecto pendiente es el ofrecimiento que construir en Bahía de Caráquez una cárcel de Mujeres. Del proyecto se habló a finales de 2021, durante el gobierno de Guillermo Lasso, uno de los años más crítico de la crisis carcelaria en el país.

El Gobierno anunció un préstamo de USD 45 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el proyecto, denominado Programa de Equidad para el Acceso a la Justicia y Rehabilitación, está contemplado la construcción y equipamiento de dos nuevos Centros de Adolescentes Infractores (CAI), uno en Machala (El Oro) y otro en Esmeraldas.

Y también la construcción del Centro de Rehabilitación Social en Bahía de Caráquez para 150 Mujeres Madres, que estaría ubicado junto al de varones.

El proyecto del CRS incluye un programa de rehabilitación y está valorado en al menos USD 10 millones. Debía estar construido en 2024, pero aún no se ha logrado.

Manabí cuenta con cuatro cárceles: al centro sur El Rodeo, Tomás Larrea (mujeres) y Jipijapa y, al centro norte, Bahía de Caráquez.

Territorio conflictivo con deficientes servicios
Sucre es uno de los 22 cantones de Manabí, ubicado al centro norte de la provincia, con una población de 62.841, según el Censo de Población y Vivienda 2022.

En la actualidad es un territorio conflictivo, situándose como el tercer distrito con mayor concentración de violencia criminal solo por detrás de Manta y Portoviejo.

Los registros de violencia se deben a que es territorio con acceso al mar, por lo que existe una pugna entre las organizaciones como Los Lobos y Los Choneros, para el tráfico de drogas.

Según los registros de la Policía Nacional, el Distrito Sucre, que también comprende el cantón de San Vicente, del 10 de enero al 20 de diciembre de 2024, registra 48 muertes violentas. En ese mismo periodo, pero de 2023, hubo 65 asesinatos, es decir, hay una diferencia de 17 crímenes menos.

Sin embargo, a pesar de esta reducción, no ha logrado salir del tercer puesto como el más violento de la provincia. Esto obedecería a la pugna por las acciones del narcotráfico.

A más de los rastros de violencia, este cantón también sufre las consecuencias de la indiferencia del gobierno local y nacional, ya que menos del 60% tiene acceso al agua por la red pública.

En esta zona hay poblados que durante meses no tienen acceso al agua por tubería y han optado por abastecerse mediante tanqueros.

La solución para esta problemática es un proyecto para la construcción de una planta de tratamiento valorado al menos USD 16 millones.

Pero esa solo es una de las odiseas ante la falta de mantenimiento en la obra pública, porque la productiva Bahía de Caráquez, cabecera cantonal de Sucre, ciudad que se destruyó en un 74%, según cifras oficiales, nunca volvió a levantarse después del terremoto de 2016. Fuente: Primicias