El ministro de Agricultura, Danilo Palacios, informó que el Gobierno ha aprobado la importación de 95.000 toneladas de maíz para enfrentar el desabastecimiento de este producto. Según Palacios, el impacto de la escasez comenzará a sentirse a mediados de diciembre, y las primeras entregas de maíz importado llegarán a finales del mismo mes, con un segundo lote previsto para enero.

Sin embargo, el ministro advirtió que el precio del maíz podría incrementarse a partir de abril de 2025 debido a la actual crisis de producción.

Impacto en el sector productivo

La Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal) alertó en septiembre de 2024 sobre la grave situación generada por la falta de maíz, que ha provocado aumentos en su precio, superando los USD 20 por quintal. Esto ha llevado a la reducción o paralización de la producción de aves, cerdos y alimentos balanceados.

El país produjo entre 1,3 y 1,4 millones de toneladas de maíz anualmente, pero en 2024 se estima una cosecha de apenas un millón de toneladas. Esta caída de 300.000 toneladas equivale a una disminución significativa en la producción de alimentos balanceados y, a su vez, a una reducción aproximada de 240.000 toneladas de carne de pollo y cerdo en el mercado ecuatoriano.

La situación sigue siendo crítica, y se espera que las medidas adoptadas mitiguen parcialmente los efectos del desabastecimiento.

Un tribunal condenó a cinco años de prisión a Fabricio Colón Pico, considerado como uno de los cabecillas de la banda criminal Los Lobos, por el secuestro del hijo de un narcotraficante, según señaló este miércoles la Fiscalía en un comunicado.

Según las investigaciones fiscales, Colón Pico, quien en octubre ya había recibido otra condena de cinco años por haber intimidado a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, estuvo al mando del secuestro del hijo de un narcotraficante conocido como alias ‘Chugo Porto’, investigado en Estados Unidos y buscado por la Interpol.

El caso se remonta al 9 de julio de 2023, cuando el joven se encontraba en una reunión con cinco amigos en el sector de La Ferroviaria, en el sur de Quito.

Casi a la medianoche, solicitó un taxi a través de una aplicación y cuando salió a esperar al vehículo observó que un automóvil negro sin placas estaba esperando en la calle.

Minutos después, cuatro personas armadas descendieron del vehículo y aunque él intentó refugiarse en la casa de la que salía, los hombres lo sacaron a la fuerza y lo llevaron a un lugar apartado en el sector de Nanegalito, en el noroccidente de la capital.

Los secuestradores, quienes según la Fiscalía estaban bajo el mando de Colón Pico, no solicitaron dinero a la familia, sino parte de un territorio en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde el padre del joven desarrolla negocios ilícitos.

Tres días después del secuestro, los criminales dejaron al joven en un centro comercial en el norte de Quito «con 20 dólares para su movilización», dijo el Ministerio Público.

Los dos hombres también fueron sentenciados como coautores del delito y recibieron la misma pena de cárcel que Colón Pico, a la que se suma una multa de 5.520 dólares que deberá pagar cada una y otra de 3.000 dólares que deberán asumir entre los tres como reparación integral.

Colón Pico guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil, conocida como La Roca, luego que fuera recapturado en abril pasado en las afueras de Quito.

El condenado había sido detenido inicialmente en enero pasado en el marco de esta investigación por secuestro, pero se fugó pocos días después de su primera captura de la cárcel de Riobamba, cuando se habían registrado motines simultáneos en varias prisiones, como parte de un conjunto de eventos violentos vinculados al crimen organizado que incluyó la incursión de sujetos armados en un canal de televisión durante una emisión en directo, que terminó con trece detenidos.

Tras su fuga, permaneció prófugo y en paradero desconocido hasta abril de este año, cuando fue recapturado en una zona rural de las afueras de Quito.

La alerta llegó el 20 de noviembre de 2024. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó al Gobierno de Ecuador que, en las siguientes horas, dos mujeres arribarían al país con una alta suma de dinero, presuntamente, de origen ilícito.

El aviso estadounidense se hizo a las 22:50. 10 minutos antes, desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, había partido el vuelo 211 de la aerolínea Copa, con dirección hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito.

A bordo de ese vuelo estaban las hermanas Martha Alejandra y María Verónica Montenegro Vacas. El avión aterrizó en territorio ecuatoriano a las 00:12 del 22 de noviembre y seis minutos después las pasajeras ya estaban en la plataforma de arribo.

Minutos después, en la zona de arribo internacional, agentes de la Policía abordaron a María Verónica Montenegro. Le pidieron que los acompañe a la sala de migración porque sería objeto de una entrevista y un registro rutinario de equipaje de mano

En ese momento, la actitud de la mujer cambio: se la notó nerviosa y no dejaba de manipular su teléfono celular, según relatan los agentes en el parte policial. Los agentes le pidieron que abriera la maleta, pero Montenegro habría respondido que no podía porque su equipaje tenía cintas de seguridad y solo llevaba objetos personales.

Ante la insistencia de los policías, la mujer accedió a abrir la maleta. En su interior, los uniformados encontraron dos fundas plásticas con una leyenda que decía «bolsa de alta seguridad».

Dentro de estos paquetes, finalmente, los uniformados encontraron 21 fajos de 1.000 billetes de USD 100. En total, María Verónica Montenegro portaba USD 2,1 millones en efectivo.

Control deficiente
La normativa ecuatoriana establece que el control del ingreso de dinero al país —a través de puestos fronterizos terrestres, aéreos y fluviales— está a cargo del Servicio Nacional de Aduana (Senae).

Por esta razón, luego de encontrar el dinero, los policías llamaron al personal de Aduana. Pero, según los uniformados, los agentes aduaneros «mostraron una actitud de indiferencia» ante el hallazgo.

Juntos, policías y aduaneros, contaron el dinero. Los segundos pidieron a Montenegro los documentos de respaldo de la procedencia del dinero porque todo viajero que ingrese a Ecuador con USD 10.000 o más en efectivo, debe presentar un Formulario de Registro Aduanero (FRA).

En ese momento, la mujer llamó a su hermana, Martha Alejandra Montenegro Vacas. Le pidió que volviera al aeropuerto porque las autoridades le estaban pidiendo los documentos de respaldo del dinero, que ella tenía.

Martha Montenegro respondió que estaba en el parqueadero. Entonces, José Daniel Rosas Cuarán —uno de los agentes aduaneros— se ofreció a ir a buscar a la mujer. El sujeto salió a la avenida y se encontró con la segunda mujer, que estaba a bordo de una camioneta blindada, en la que se pretendía transportar los USD 2,1 millones.

Junto a Martha Montenegro estaba Carlos Patricio Lara Vacas, primo de las hermanas involucradas y conductor del vehículo blindado. Los dos ingresaron a las oficinas de Migración de la terminal área para mostrar los supuestos documentos de respaldo.

Los documentos fueron revisados por Rosas Cuarán, Jimmy Quiñónez Perlaza y Christian Zhingre Donoso, los dos últimos también agentes aduaneros. Los tres determinaron que estos papeles eran suficientes para justificar las declaraciones tributarias.

Eran las fotografías de tres documentos en formato PDF:

El primero era el comprobante de un retiro o transferencia bancaria.
El segundo era una declaración de posesión de dinero en efectivo, en el viaje previo entre República Dominicana y Panamá.
El tercero, un documento sobre el traslado de valores en un vehículo blindado.
Las mujeres también poseían un Registro Nacional de Contribuyentes (RCN), equivalente al RUC en República Dominicana, de una empresa que se dedica a la fabricación y venta de barras de oro y de la que supuestamente provenía el dinero.

Pero, esto no fue suficiente para la Policía. De inmediato, los agentes contactaron a la Fiscalía y reportaron la existencia de un delito flagrante, de manera que el Ministerio Público disponga la retención por 12 horas de las hermanas Montenegro, su primo y los tres agentes aduaneros.

Las cámaras delataron a los agentes
A las 09:00 del 21 de noviembre, la fiscal de turno llegó al Aeropuerto Mariscal Sucre. Como primera diligencia investigativa, la funcionaria pidió acceso a las cámaras de video vigilancia del lugar.

Así, la investigadora empezó a observar lo que ocurrió desde las 00:35, hora en la que las hermanas Montenegro llegaron al país. La primera en aparecer en cámaras es Martha Alejandra quien, en el área de escáneres, tomó contactó con Quiñónez Perlaza, uno de los agentes.

Luego de esa conversación, la mujer salió de la Terminal y dejó a su hermana, María Verónica, sola con la maleta de mano que contenía los USD 2,1 millones. Luego sería abordada por la Policía para la revisión del equipaje.

Bryan Steven M. V., otro agente aduanero que estaba de turno esa noche, en cambio, relató a los policías que cuando María Verónica Montenegro ingresó al país no se halló el dinero, ya que, previamente, el agente Zhingre Donoso le habría dicho que «no le haga ningún problema en el momento del control aduanero y le permitan el ingreso al territorio ecuatoriano, sin ser alertada, ni llamada la atención».

Según Bryan Steven M. V., Zhingre le habría dicho que recibió esa instrucción de Aníbal B., otro funcionario aduanero, que ya no estaba laborando en el Aeropuerto Mariscal Sucre, pues había sido transferido al José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil

Con estos indicios, la Fiscalía ordenó la detención de todos los involucrados y, la mañana del viernes 22 de noviembre, formuló cargos por el presunto delito de lavado de activos contra las hermanas Montenegro, su primo y los tres agentes aduaneros.

El juez Víctor Hidalgo dispuso prisión preventiva para las dos mujeres. Para el primo de las involucradas y los agentes aduaneros ordenó presentaciones periódicas. El Senae denunció a los tres agentes y, en calidad de presunta víctima, está pidiendo que se revise esa decisión y que los funcionarios sean encarcelados preventivamente.

¿Financiamiento de protestas?
Tras la captura de las dos mujeres y el decomiso de los USD 2,1 millones, el presidente Daniel Noboa hizo notar, en una publicación en X, como una «coincidencia» que haya llegado esa cantidad de dinero al país, de manera ilegal, en el contexto de movilizaciones sociales.

Sin embargo, en ninguno de los documentos oficiales del caso que reposan en el sistema judicial, ni la Policía Nacional, ni la Fiscalía o el juez se refirieron a la posibilidad de que ese dinero iba a ser utilizado para financiar las protestas.

Además, el Primer Mandatario dijo que ordenó al Ministerio de Finanzas usar esos fondos para la preservación patrimonial del Centro Histórico de Quito.

El 22 de noviembre, el juez Hidalgo ordenó el depósito de los USD 2,1 millones en la cuenta de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar). Esa entidad será el custodio de ese monto, mientras avanza el proceso penal.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el juez dispuso la incautación del dinero, que serán custodiados, resguardados y administrados por Inmobiliar. Esta medida estará vigente hasta que se emita la resolución definitiva del caso.

Solo una vez que haya una sentencia ejecutoriada, es decir, ratificada en primera instancia, apelación y casación, estos fondos serán considerados propiedad del Estado y podrían ser utilizados como el Gobierno decida. Fuente: Primicias