Nacionales
Noboa crea comité para combatir la minería ilegal en Ecuador
El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 435, que establece nuevas medidas para enfrentar la actividad ilícita relacionada con los recursos mineros. La iniciativa fue revelada el 23 de octubre de 2024 y da luz verde a la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero.
Este nuevo comité, de carácter permanente, será el encargado de coordinar acciones entre diversas instituciones para evaluar riesgos y oportunidades en el sector. Además, se le otorgan competencias específicas para combatir actividades ilegales que amenazan el desarrollo minero responsable en Ecuador.
El Decreto también ordena la actualización del catastro minero del país, tarea que involucra al Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero, entre otras entidades. Esta actualización buscará integrar un registro detallado de concesiones, autorizaciones y permisos, facilitando así el control y la supervisión de las actividades mineras.
El nuevo comité estará compuesto por representantes de varios ministerios, incluyendo Gobierno, Defensa, Interior, Transporte y Obras Públicas, Energía y Minas, Ambiente, y el Servicio de Rentas Internas, así como de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Otros organismos, como la Aduana y el Centro de Inteligencia Estratégica, tendrán voz sin derecho a voto.
Los plazos son claros: el comité deberá aprobar la metodología para la evaluación de riesgos en un periodo de dos meses desde la entrada en vigor del decreto. También se le encomienda la elaboración de un Plan de Acción Estratégico para mitigar los riesgos identificados en el sector.
La Presidencia ha enfatizado la necesidad de que las instituciones trabajen de manera coordinada para erradicar la minería ilegal, especialmente aquellas operaciones que se llevan a cabo sin los títulos o permisos adecuados, tanto por ciudadanos ecuatorianos como extranjeros.
Nacionales
Legislador Héctor Balladares Denuncia Desvío de Fondos Amazónicos
El legislador Héctor Balladares, representante de la provincia de Zamora Chinchipe, denunció públicamente en una rueda de prensa realizada en las afueras de la Asamblea Nacional, un grave desvío de fondos destinados al desarrollo de la Amazonía ecuatoriana. Según el legislador, gobiernos anteriores han incumplido la Ley Especial Amazónica, perjudicando a las comunidades de la región.
Un Informe Alarma Sobre la Situación
Balladares presentó un informe final de fiscalización, aprobado el 16 de octubre, donde se detallan las irregularidades en la distribución de los fondos amazónicos. La investigación, llevada a cabo por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Centralización, Competencias y Organización Territorial, reveló que gobiernos de Moreno, Lasso y Novoa habrían eludido la ley, privando a la Amazonía de aproximadamente 1.500 millones de dólares en los últimos cinco años.
Fondos Desviados y Consecuencias
Los fondos desviados corresponden principalmente a dos fuentes:
- Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico: Este fondo, destinado directamente a los gobiernos autónomos descentralizados, ha sido perjudicado en alrededor de 1.000 millones de dólares debido a una interpretación errónea de la ley por parte de los gobiernos anteriores.
- Fondo Común: Alimentado por regalías mineras y utilidades de empresas estratégicas, este fondo ha sido despojado de aproximadamente 500 millones de dólares que debían ser destinados al desarrollo de la Amazonía.
Las consecuencias de este desvío son evidentes en la situación actual de la región amazónica, que enfrenta graves problemas como la falta de inversión en infraestructura, salud, educación y el deterioro ambiental. La minería ilegal, la deforestación y la contaminación son solo algunos de los problemas que afectan a esta región.
La Lucha Continúa
El legislador Balladares destacó la importancia de la creación de una comisión ocasional en la Asamblea Nacional para investigar a fondo este caso y exigir el cumplimiento de la Ley Especial Amazónica. Además, resaltó la necesidad de que los gobiernos se comprometan a entregar los recursos que por ley corresponden a la Amazonía.
Nacionales
Esto es lo que sabe del polémico contrato con Energyquil, de 192 megavatios, cuestionado por el presidente
La situación de la planta privada de generación termoeléctrica, Energyquil, ubicada en la parroquia Chongón, en Guayaquil —que podría generar 192 megavatios— despierta interrogantes en medio del complicado escenario de cortes de luz.
Esta potencia, por ejemplo, equivale casi al doble de lo que está generando la barcaza alquilada a la empresa turca Karpowership.
Ecuador soporta apagones programados desde el 23 de septiembre de 2024, por el alto déficit de generación eléctrica, en medio de la grave sequía que golpea a la región.
¿Por qué los cortes de luz subieron a 14 horas una semana después de anunciar un recorte de horarios?
En este contexto, volvieron las interrogante sobre lo que ocurre con el contrato de concesión firmado, el 10 de noviembre de 2023, entre el Ministerio de Energía y la empresa Energyquil, dueña de esa planta en Chongón.
Es decir, fue firmado a 13 días del cambio de Gobierno entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa, en medio de un período de apagones que habían comenzado un mes antes.
Con este contrato, estaba previsto que la planta entre en operación «en unos pocos meses y dote de 192 megavatios al sistema nacional, vendiendo la energía con una tarifa de ocho centavos», explica Fernando Santos, quien era ministro de Energía cuando se firmó el contrato.
Según Santos, tras la firma, se requería que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) nombre a un administrador del contrato, con lo que Energyquil podría comprar turbinas, «que era lo único que hacía falta a la planta de generación para comenzar a operar», agrega.
El exministro asegura que la planta cuenta con instalaciones clave, como las líneas de transmisión, e incluso permisos ambientales, pero «las turbinas eran viejas, de más de 30 años, y ya se habían vendido, por eso el contrato establecía que la empresa, con su inversión propia, compre nuevas turbinas».
Noboa insinúa problemas de corrupción en Energyquil
Tras casi un año de la firma del contrato de concesión en el gobierno de Lasso, Energyquil no ha comenzado a generar esos 192 megavatios.
Y ya el presidente Daniel Noboa ha adelantado que descarta contar con la generación de esa planta termoeléctrica. Pero ¿por qué?
Durante una entrevista el 27 de octubre, en el canal incautado TC, el periodista Rafael Cuesta consultó a Noboa, por qué no ha entrado en operación esa central, si ya existe un contrato firmado.
«A mí se me hace que no por gusto se tira abajo un proyecto de esa naturaleza», dijo Cuesta, a lo que Noboa respondió:
«No lo hemos tirado abajo. Lo que pasa es que no nos hemos involucrado en un proyecto que creemos que puede tener muchos problemas, problemas que están, en este momento, en Fiscalía».
Y cuando Cuesta repreguntó: «¿son problemas de corrupción?»
Noboa respondió: «Correcto, con altos cuestionamientos… Hay pitos en los que no me quiero meter, que la justicia se encargue. Y estamos buscando otras opciones mejores».
PRIMICIAS pidió una versión sobre el contrato al Ministerio de Energía y a Marcela Portaluppi, gerente de Energyquil, quien respondió que enviaría un comunicado, pero hasta el cierre de este reportaje -la tarde del 29 de octubre- no lo hizo.
Contraloría encontró irregularidades
PRIMICIAS consultó a la Fiscalía si existe alguna investigación que involucre a la empresa, ya que en el portal público de información no consta denuncia alguna, pero también estamos a la espera de una respuesta.
Lo que sí empaña al proceso es un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), emitido en agosto de 2024, que concluyó que hubo una irregularidad en el proceso de concesión.
Tras el cambio de Gobierno, fue la entonces ministra de Energía de Noboa, Andrea Arrobo, quien pidió que la Contraloría realice una auditoría.
Según la Contraloría, para que el Ministerio de Energía otorgara el título habilitante a Energyquil para vender energía al sistema nacional, la empresa privada debía contar con todo el equipamiento necesario.
Sin embargo, el Ministerio habría otorgado el título habilitante a Energyquil para un período de 20 años, cuando la planta no tenía instaladas las cuatro turbinas de 48 megavatios cada una, para alcanzar los 192 megavatios establecidos en el contrato.
La empresa tampoco presentó copias certificadas que aseguren que habría comprado ya el equipo, dice el informe de la Contraloría.
La entidad de control detalla que el acuerdo MERNNR-VEER-2020-0006-AM establece que los requisitos para otorgar ese título habilitante son:
«El listado de los bienes que conforman la infraestructura; y, copia certificada de la documentación que respalde la propiedad del equipamiento de la central de generación, incluidos la subestación línea de interconexión, equipo eléctrico y de medición comercial y cualquier otro equipo que sea indispensable para el funcionamiento de la central».
De ahí que la Contraloría observó que se dio «la suscripción de un contrato de concesión con una empresa que no disponía del equipo indispensable para el funcionamiento de la central termoeléctrica, sin que exista la disponibilidad de 192 MW … así como, incidió en el cargo fijo de 13,45 USD por KW/mes para 20 años».
La recomendación de la Contraloría al Ministerio fue que: «previo a la regularización de la infraestructura de generación, se verifique la existencia del equipo indispensable para su funcionamiento, así como, la presentación de los requisitos mínimos».
Además, dispuso que realice un seguimiento, «a fin de establecer un cargo fijo acorde a la infraestructura disponible, para que éstas aporten a la demanda energética y disminuyan el riesgo de déficit de energía del país».
Según el exministro Santos, Contraloría está haciendo una interpretación errónea del acuerdo e insiste en que no se requería que la planta tenga instaladas las turbinas. «Había el compromiso de, con su inversión privada, comprar las turbinas, no había ningún perjuicio de dinero para el Estado», dijo.
Lío legal dejó sin turbinas a Energyquil
¿Por qué Energyquil no contaba con las turbinas, piezas claves para generar energía, al momento de la firma del contrato?
El problema se origina en un lío legal que retrasó la compra de esta planta de generación y el terreno en el que están los equipos termoeléctricos.
Las instalaciones y el terreno fueron, desde 1992, propiedad de Electroquil, empresa privada que dotó de energía al sistema durante los años noventa y la primera década del 2000, cuando Ecuador también sufría de constantes apagones.
En 2018, una recién creada empresa, Energyquil, comenzó un proceso para comprar las instalaciones de Electroquil. El precio pactado para la venta fue de USD 17, 8 millones.
Las empresas firmaron, en diciembre de 2018, un compromiso de compra-venta de las instalaciones y el terreno, con lo que Energyquil hizo un pago inicial de USD 3,5 millones a Electroquil.
El saldo debía pagarse cuando se firmara el contrato de venta definitivo, en un plazo de cuatro meses.
Pero el proceso de compra se alargó, debido a que Energyquil no cumplió con los plazos de pago establecidos para el saldo restante.
Electroquil otorgó varias prórrogas a Energyquil, pero en mayo de 2021, anunció a Energyquil que no se firmaría el contrato definitivo de venta y que se quedarían con los USD 3,5 millones que recibieron de pago inicial.
«La idea era, como ocurre usualmente en los contratos de promesa de venta, que la retención del anticipo sirviera para compensar al promitente vendedor por las oportunidades que iba a perder al no poder vender sus bienes entre el momento en que suscribió la promesa y el momento en que el contrato de venta quedara frustrado», dijo Electroquil.
Y, en ese período, debido a los retrasos de Energyquil, Electroquil terminó vendiendo las turbinas a otra empresa, Proenergy. Por eso, la planta hoy no tiene turbinas.
Al poco tiempo del anuncio de esa decisión, uno de los accionistas minoritarios de la misma Electroquil, Luis Bravo, puso una demanda judicial en contra de Electroquil, pidiendo que se declare nulo el compromiso de compraventa.
El accionista pidió en su demanda que Electroquil devuelva lo que le pagó Energyquil, con intereses.
Bravo aseveraba que el compromiso de compra venta debía celebrarse mediante escritura pública, y que eso no habría ocurrido. Para noviembre de 2022, un juez dio la razón a Bravo y declaró nulo el contrato de compromiso de compra venta.
Según un informe de auditoría externa de Energyquil, en mayo de 2023 las partes llegaron a un acuerdo, con lo que esta empresa ya incluye entre sus activos la planta que, en el pasado fue de Electroquil.
En las instalaciones de esta planta de generación, en Chongón, hay un letrero en el que se lee el nombre de la empresa Energyquil. Fuente: Primicias
Nacionales
USD 454 millones ha contratado el Gobierno para afrontar la crisis eléctrica, una barcaza ya está en operación
Ante la crisis eléctrica que atraviesa Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa ha posicionado que las cosas se solucionarán o al menos mejorarán con las contrataciones que lleva adelante. El Gobierno ha impulsado dos rondas de contrataciones de emergencia, con las cuales espera superar la crisis.
«Ya tenemos más de 434 megavatios recuperados, asimismo más de USD 700 millones en inversión para nueva generación, que va a comenzar a entrar desde noviembre hasta abril del próximo año», dijo el presidente Daniel Noboa, en la entrevista del 27 de octubre de 2024.
Con 14 horas diarias de cortes de luz desde la semana pasada, el Gobierno busca apurar las primeras contrataciones que impulsó a través de la empresa pública Celec, desde junio de 2024. De esa primera ronda, ya se adjudicaron cuatro contratos, pero solo uno ha llegado ya a operar: la barcaza de la turca Karpowership. Estos contratos suman USD 353 millones.
De la segunda ronda de contrataciones, apenas un contrato estaría adjudicado, por USD 104 millones para la generación de 260 MW. Los otros están todavía en proceso de revisión de las ofertas.
La primera ronda de contrataciones
Con el inicio de los cortes de luz, el Gobierno declaró la emergencia en junio y comenzó una primera ronda de contrataciones para hacer frente a la crisis eléctrica. Estas fueron encabezadas por el entonces ministro de Energía encargado, Roberto Luque.
Los cuatro contratos firmados de esta primera ronda suman USD 353 millones para la generación de 341 MW, pero sólo uno está ya en operación.
Se trata de la primera contratación en ser adjudicada: la barcaza turca Emre Bey, por USD 114 millones. Esta barcaza está operando desde el 17 de septiembre, y debe generar 100 MW, aunque ha tenido problemas puntuales en algunos días.
Los dos siguientes contratos fueron adjudicados a la estadounidense Progen Industries, con sede en Florida. Estos dos procesos fueron para la adquisición de motores, que deben generar una potencia de 150 MW entre ambos.
Pero ninguno ha llegado al país aún. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, aseguró que Progen ha pedido una prórroga por afectaciones sufridas por el huracán Milton, que golpeó Florida hace unas semanas, y por la huelga de los trabajadores portuarios en Estados Unidos, que duró unos cinco días a inicios de octubre. Pero ella no habría aceptado dicho pedido.
Ambos contratos suman USD 149 millones, y se firmaron el 2 de agosto de 2024. El primero (Quevedo) tiene un plazo de entrega de 95 días que se cumplen este 5 de noviembre, fecha hasta la cual deberían ya estar aquí los motores. El segundo contrato (Salitral), en cambio, tiene un plazo de 120 días, que se cumplen el 30 de noviembre.
Para apurar su traslado, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de movilizarlos en el avión Hércules que Estados Unidos donó a Ecuador en marzo de 2024. Sin embargo, no ha dado más detalles sobre cómo sería esta movilización, cuándo se concretaría, y cuándo comenzarían a operar los motores.
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Además, luego de la llegada de los motores, falta su instalación, que no está contemplada en el contrato y que depende enteramente de Celec.
El cuarto y último contrato de esta ronda es para la generación de 91 MW en Esmeraldas, adjudicado a Austral Technical Management. Ese contrato se firmó el pasado 9 de agosto, y dichos generadores deberán entrar en operación hasta el 26 de diciembre de 2024, aunque el Gobierno ofreció que entren en noviembre.
La segunda ronda de contratación
La segunda declaratoria de emergencia para contrataciones se lanzó en septiembre, e incluía una serie de procesos, incluida la contratación de una segunda barcaza de generación eléctrica. Originalmente, se lanzaron ocho procesos, para conseguir 838 MW.
Pero los planes fueron cambiando la transición del Ministerio de Energía entre Antonio Goncalves e Inés Manzano. Incluso la contratación de la segunda barcaza fue descartada. El presidente Noboa no explicó las razones por las que se desechó esa alternativa, aunque se quejó de que tras las críticas que recibió esa contratación, ahora haya «viudas de las barcazas».
En vez de la barcaza, el Gobierno optó por comprar y alquilar motores. Según un boletín enviado por la Secretaría de Comunicación el 22 de octubre pasado, son siete procesos de contratación los que se llevarán adelante en esta segunda ronda, para conseguir 719 MW.
Es decir que varios procesos de los originalmente presentados en el tiempo de Goncalves, aparte del de la barcaza, fueron modificados y algunos incluso relanzados, lo que significa que probablemente fueron declarados desiertos (esto pasó en el caso de los procesos Santa Elena II y IV).
En el Sercop no consta información sobre la firma de contratos de ninguno de estos siete procesos todavía. Aunque según los planes del Gobierno, dos de ellos ya comenzarían a operar en diciembre, con 300 MW.
El primero, para el alquiler de soluciones de generación termoeléctrica terrestre con capacidad de hasta 260 MW, en Pascuales, fue ya adjudicado hace pocos días, por USD 104 millones, a un consorcio entre las empresas Servicios de Ingeniería y Montaje Worlding S.A. y Projects and Industrial Products LLC. El contrato todavía no se ha hecho público.
Este proceso tiene un plazo de 650 días (un año y nueve meses). Según los términos de referencia, la primera fase, de movilización, montaje y balance de planta, deberá ser de dos meses después de la firma del contrato, es decir que los motores alquilados deberían estar funcionando entre finales de diciembre y enero.
El segundo contrato que, según el Gobierno, comenzaría a operar desde diciembre es el de alquiler de generación eléctrica por 40 MW para Termogas Machala. Sobre este contrato, no se ha informado si ya fue adjudicado y a quién.
Aparte, hay cinco contratos que entrarían a operar desde el primer cuatrimestre de 2024. Dos de ellos (Manta y Santa Elena) tenían plazos de entrega de ofertas hasta septiembre, sin embarco Celec no ha informado si ya fueron adjudicados. Los otros dos tres (Santa Elena II y IV, y Durán) tenían, en cambio, fechas para octubre, que también ya se cumplieron. Fuente: Primicias
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