Varias razones sustentan la negativa a convocar, en este momento, a una Asamblea Constituyente. Entre las más importantes están las de naturaleza económica. Describo algunas.

En primer lugar, si se llega a proponer un proceso de esa envergadura, los agentes económicos tomarán recaudos antes de emprender en nuevas actividades. Dicho posicionamiento resulta plenamente comprensible pues, frente a posibles cambios en las reglas de juego básicas que orientan las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, lo más prudente es ser cauto.

Así, hasta que no se conozcan las líneas matrices de la nueva estructura económica del país, el inmovilismo será la tónica entre oferentes y demandantes. La aversión al riesgo entrará a jugar un papel clave, más aún si se considera que estamos en un país en el que predecir el comportamiento de los actores políticos se ha vuelto cada vez más difícil. Literalmente, entraremos en un limbo económico por mucho tiempo.

Bajo un escenario de incertidumbre como el señalado, el desempleo, una de las principales problemáticas del país, difícilmente descenderá. Dado que los nuevos términos de la contratación serán desconocidos por un buen tiempo, la decisión que generará menores costes a los empleadores será esperar.

Esa espera, que implica también contratiempos de otro orden al sector productivo, será preferible a tomar una decisión que luego pueda comprometer las finanzas de la empresa, sobre todo de la más pequeña. Al fin y al cabo, quienes tienen mayor músculo económico siempre podrán capear de mejor forma los avatares de la vida política nacional.

De otro lado, para los que tienen recursos frescos, una Asamblea Constituyente también los colocará en una disyuntiva. Ahí, siguiendo la línea más conservadora del juego económico, muchos preferirán colocar sus harinas a buen recaudo. Algunos fondos, los más grandes, irán a distintos espacios financieros internacionales mientras que los que tienen menos ceros acudirán a depósitos a plazo dentro del país. Ganar algo de intereses mientras pasa el vendaval de la política siempre será una buena opción. Sin embargo, la mediana tranquilidad de unos irá a costa de quienes tienen la tarea de colocar esos recursos en la economía nacional. Ahí la banca nacional podría afrontar dificultades frente a una (mayor) contracción en la demanda de créditos.

Al ambiente anotado hay que agregar las secuelas en el orden internacional. Maximizadores de beneficios como son los organismos multilaterales de crédito, ante un evento de la trascendencia de una nueva carta constitucional, aguardarán antes de tomar decisiones que comprometan sus recursos. El historial del país en ese tipo de espacios no se ha caracterizado por el cumplimiento de la palabra ofrecida y eso seguramente será un aditamento para que las posibilidades de financiamiento externo entren en stand by por algunos meses. Meses que pueden convertirse en años si se considera que de cada arista del sistema económico que se vaya a discutir en la Asamblea Constituyente pueden derivarse largas y tediosas disquisiciones que, como ya se ha visto, en muchas ocasiones no llegan a ningún punto de acuerdo.

A todo lo dicho hay que agregar que no se avizora una agenda económica sostenida y sostenible que marque el modelo que se pretendería impregnar en la nueva Constitución. Hay reformas sueltas que han sido identificadas desde varios sectores, desde luego, pero no hay una elaboración orgánica del país económico que se quiere. Sin un libreto claramente establecido, una Asamblea Constituyente, en lo económico, puede terminar como una gran colección de demandas puntuales de diferentes actores y grupos de presión. Ya tenemos esa triste experiencia con el larguísimo articulado de Montecristi. No valdría la pena volver a caer en un error de ese tipo.

Los cambios en materia económica son necesarios, necesarísimos, pero quizás bajo las condiciones actuales del país, la opción más prudente está en reformas parciales a la Constitución, algo que se puede hacer con menores costes políticos y menor incertidumbre para los agentes productivos. Fuente: Primicias 

Introducción: La deuda pública del Ecuador ha sido, en las últimas décadas, uno de los temas más debatidos en el ámbito económico, político y social del país. Su evolución refleja no sólo la dinámica de la economía nacional, sino también las decisiones de política fiscal adoptadas por distintos gobiernos en momentos de crisis o de bonanza. Hablar de la deuda pública puede sonar complejo o incluso preocupante, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el presente y el futuro. Como país, hemos enfrentado momentos difíciles, pero también hemos demostrado una enorme capacidad de resiliencia y voluntad de cambio. La deuda pública no es sólo un tema de cifras o decisiones técnicas; es una realidad que influye en el bienestar de todos, en la salud, la educación y las oportunidades de progreso. Este artículo busca explicar de forma clara qué es la deuda pública, cifras reales de la deuda desde 202O hasta 2024, cómo nos afecta y, sobre todo, qué caminos podemos tomar como sociedad para construir un futuro más justo, sostenible y lleno de posibilidades para todos los ecuatorianos.

¿Qué es la deuda pública ecuatoriana?

La deuda pública ecuatoriana es el conjunto de obligaciones financieras que el Estado asume para cubrir sus gastos cuando los ingresos no son suficientes. Es decir, cuando el gobierno necesita recursos para financiar obras, programas sociales o enfrentar crisis, recurre a préstamos tanto internos como externos.

Esta deuda no es mala en sí misma. De hecho, puede ser una herramienta útil para impulsar el desarrollo si se usa de manera responsable. Sin embargo, cuando el endeudamiento crece sin control, se convierte en una carga para el país, pues una parte importante del presupuesto nacional debe destinarse al pago de intereses y amortizaciones, en lugar de invertirse en salud, educación, empleo o infraestructura.

Cifras reales de la deuda desde 2020 hasta 2024

La deuda pública ecuatoriana se divide en dos componentes principales: deuda externa, que representa aproximadamente el 78,5% del total y la deuda interna, que constituye el 21,5% restante. Las cifras pueden carecer de exactitud, debido a que algunos gobiernos cambiaron la forma de cálculo de la deuda. Las cifras, son estas:

Al finalizar el gobierno de Jamil Mahuad Witt el 21 de enero de 2000, la deuda pública de Ecuador ascendía aproximadamente a 12.800 millones de dólares.

Al finalizar el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano el 15 de enero de 2003, la deuda externa pública de Ecuador se situaba en aproximadamente 11.388 millones de dólares.

Al finalizar el gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa el 20 de abril de 2005, la deuda pública total de Ecuador (sumando deuda externa e interna) se situaba en aproximadamente 14.536 dólares.

Al concluir el gobierno de Alfredo Palacio González el 15 de enero de 2007, la deuda pública total de Ecuador ascendía a aproximadamente 13.494 millones de dólares.

Al concluir el gobierno de Rafael Correa Delgado el 24 de mayo de 2017, la deuda pública total de Ecuador se estimaba en aproximadamente 40.461 millones de dólares.

Al concluir el gobierno de Lenín Moreno Garcés el 24 de mayo de 2021, la deuda pública de Ecuador presentaba 62.350 millones de dólares.

Al concluir el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza el 23 de noviembre de 2023, la deuda pública total de Ecuador se situaba en aproximadamente 79.316 millones de dólares.

Hasta diciembre de 2024, bajo la administración del presidente Daniel Noboa Azin, la deuda pública total de Ecuador se estima en aproximadamente 82.940 millones de dólares.

Para calcular la deuda pública per cápita (por persona), dividimos el monto total de la deuda pública, para el número de habitantes del Ecuador: Deuda 82.940 millones USD÷18,29 millones de personas ≈ 4.534 USD. Esto significa que, en promedio, cada ecuatoriano tenemos una carga de deuda pública de alrededor de 4.534 dólares.

En conclusión, existieron dos periodos de gobierno donde la deuda pública creció con mayor énfasis: el primero fue del 2007-2017 (hasta el 24 de mayo) en la presidencia de Rafael Correa Delgado, donde la deuda creció de 13.494 millones de dólares a 40.461 millones de dólares, existiendo un incremento aproximado de  26.937 millones de dólares en 10 años de gobierno; deuda que fue invertida en carreteras, hidroelectricas, hospitales, Ecu 911, UPC, instituciones educativas,  educación, salud, seguridad ciudadana, generación de empleo, disminución de la pobreza e igualdad social.

Y el segundo  del 2017 (desde el 24 de mayo) hasta diciembre de 2024 en las presidencias de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, donde la deuda creció de 40.461 millones de dólares  a 82.940 millones de dólares, existiendo un incremento aproximado de  42.479 millones de dólares, en 8 años de gobierno,  un aumento muy superior al del gobierno de Rafael Correa en sus 10 años de mandato, con la diferencia que en estos últimos 8 años (2017-2024)  ha crecido la desigualdad social, la pobreza, la inseguridad, el desempleo, los impuestos (IVA), el  costo de combustible, la  migración y hemos tenido apagones. Ha decrecido la obra pública, el presupuesto para educación y salud, entre otros.

¿Cómo nos afecta? 

El elevado nivel de endeudamiento limita la capacidad del Estado para invertir en áreas clave como salud, educación e infraestructura. Además, la necesidad de cumplir con los pagos de deuda reduce el espacio fiscal disponible para programas sociales, afectando directamente el bienestar de la población. Esto puede traducirse en hospitales con menos insumos, escuelas con menos presupuesto, menos inversión en generación de empleo o en obras necesarias para nuestras comunidades. Además, el peso de esa deuda lo terminamos asumiendo todos, especialmente los sectores más vulnerables.

¿Qué podemos hacer como sociedad? 

El camino hacia un futuro más justo y sostenible empieza por exigir una gestión responsable y transparente de la deuda. Es vital que los recursos que se obtienen a través del endeudamiento se inviertan en proyectos que beneficien directamente a la población y generen desarrollo a largo plazo. Como ciudadanos, podemos contribuir manteniéndonos informados (¿Recuerdan las jake news-noticias falas de los expresidente Moreno y Lasso, cuando afirmaban que al pais le habían robado 70 mil millones de dólares?) informacion que fue desmentida por el propio banco interamericano de desarrollo y otras entidades internacionales), participando activamente en la vida democrática y apoyando políticas públicas que promuevan la equidad, la eficiencia del gasto y la lucha contra la corrupción.

El Ecuador tiene la capacidad y el talento para salir adelante. Si trabajamos juntos por un país donde las decisiones económicas estén al servicio de la gente, no de intereses particulares, podemos construir una nación con oportunidades reales para todos.  

Fuente: Datosmacro.com y Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador

Me dirijo con profundo respeto, pero también con absoluta firmeza, a todas las autoridades de la provincia de Zamora Chinchipe: presidentes y vocales de juntas parroquiales, concejales, alcaldes, Prefectura, Gobernación, MAATE, ARCOM, y a los representantes legislativos que tienen el deber de actuar más allá del discurso.

Hoy, la minería mal ejecutada no solo erosiona el suelo: está socavando la confianza ciudadana y destruyendo la infraestructura vial que con esfuerzo ha levantado el Estado. Casos como el de la vía rural que conecta el Puente del Amor en Yantzaza con La Floresta, Playas de Cuye y Zumbi, en Centinela del Cóndor, no pueden seguir ignorándose. En La Floresta, por ejemplo, ya se ha perdido un tramo de aproximadamente 80 metros de la mesa vial, y todo apunta a la actividad minera irresponsable desarrollada en las orillas del río.

Debo ser claro: no estamos en contra de la minería, reconocemos que dinamiza la economía y genera empleo. Pero no puede permitirse que, bajo ese argumento, se justifique la destrucción de caminos, puentes y obras que han sido financiadas con recursos públicos. Lo responsable es promover una minería técnica, legal, regulada y respetuosa de la vida comunitaria y del entorno.

Es preocupante la inacción de muchas autoridades. El silencio frente a esta problemática —incluido el de la Prefectura que debe velar por lo que le corresponde defender, también el de los legisladores— resulta inaceptable. No basta con aparecer en movilizaciones donde los ciudadanos con justo derecho reclaman y ustedes dan sus pronunciamientos en redes sociales. Se requiere acción coordinada y sostenida: campañas de concientización para los mineros, capacitaciones técnicas, normativas claras y un seguimiento riguroso a los impactos que se generan.

La lista de puentes que está en riesgo es larga: el viaducto sobre el río Zamora que da acceso a Zumbi, el puente de Panguintza camino a La Hueca, el de Chamico, los tramos en riesgo en la vía asfaltada entre La Saquea y Guadalupe, sector de Cartagena, La Saquea – Guaguayme Bajo… Estos puntos críticos no pueden esperar más.

Nos estamos jugando el futuro de nuestros nietos. Lo que hoy no se protege, mañana costará millones o será irrecuperable. El Estado no puede continuar asumiendo los costos de los daños provocados por prácticas irresponsables. Si no hay una respuesta inmediata, muchos nos preguntaremos: ¿acaso el silencio y la inacción tienen un cálculo político?

Hago un llamado, tanto a las autoridades como a los mineros, para que actuemos con visión de futuro, responsabilidad ética y compromiso con el bienestar colectivo. La ciudadanía ya no tolera la complicidad pasiva ni las promesas vacías.

La minería puede ser compatible con el desarrollo, pero solo si se ejecuta con responsabilidad y justicia ambiental y social. Señoras y señores autoridades: el silencio también es una forma de ser cómplices. La historia juzgará nuestra indiferencia.

Por Alcibar Lupercio