Nacionales
Presidente Guillermo Lasso podría incluir enmiendas constitucionales en su propuesta de consulta popular
Luego de que la Corte Constitucional (CC) archivó la iniciativa popular planteada por un colectivo ciudadano para reformar parcialmente la Constitución y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el presidente de la República podría plantear que sus atribuciones pasen a otras funciones del Estado.
El presidente Guillermo Lasso ha manifestado que impulsará una iniciativa de consulta popular “sí o sí” en este año, aunque de manera general ha mencionado que incluirá temas relacionados con políticas económicas para ejecutar su plan de gobierno, el CPCCS y la dolarización.
Este año se realizaría la consulta popular, anunció el presidente Guillermo Lasso
La Corte Constitucional en varios de sus fallos explicitó los mecanismos para, por ejemplo, proceder con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana.
En la sentencia 3-RC-19 del 1 de agosto de 2019, en donde se pedía un control de constitucionalidad para eliminar al CPCCS de la estructura del Estado, la Corte sentenció: “La propuesta de modificación constitucional para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y el consecuente traslado de su atribución de designación de autoridades a la Asamblea Nacional, deberá ser tramitada por el mecanismo de reforma parcial previsto en el artículo 442 de la Constitución”.
Este artículo establece que esta iniciativa -que puede ser planteada por el presidente de la República o por solicitud de la ciudadanía con el 1 % de firmas de los ciudadanos inscritos en el registro electoral- deberá ser tramitado por la Asamblea en dos debates. El segundo se realizará 90 días del primero, y de ser aprobado, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes.
Una iniciativa con esas características la impulsó el Comité por la Institucionalización Democrática, presidida por Pablo Dávila, exvocal del CPCCS-transitorio y otros actores sociales. Se cumplió con el trámite formal, tanto en la CC como en la calificación de más de 300.000 en el Consejo Nacional Electoral (CNE); pero no logró alcanzar los 91 votos para ser aprobado por la Legislatura.
El miércoles pasado, los jueces de la Corte, en un auto de seguimiento a la sentencia con la que calificó las preguntas del colectivo, con las que pretendía suprimir el CPCCS, transformar la Asamblea Nacional en bicameral y darle autonomía a la Fiscalía de la Función Judicial, declaró que se cumplieron las fases del artículo 442 y archivó el pedido.
Los temas de la consulta popular que se analizan en Carondelet, según el legislador de CREO Juan Fernando Flores, se conocerían la próxima semana, mediante un mensaje que dirigirá el mandatario para “anunciar cuál es la línea que va a seguir el Ecuador, que explicarán hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer y cómo esperamos que el pueblo respalde esa propuesta”, dijo.
El constitucionalista André Benavides explica que el jefe de Estado puede consultar varios temas, con la limitante relacionada con derechos humanos y garantías jurisdiccionales.
CIDH admite a trámite denuncia de exconjeros de Participación Ciudadana
Recordó que la Corte ha determinado cuáles son los temas que requieren una reforma parcial a la Constitución que no podrán ser parte de una reforma, como es la eliminación del CPCCS y la transformación de la Asamblea en un órgano bicameral.
Sin embargo, si plantea trasladar las funciones del CPCCS a la Asamblea, podría utilizar la vía de la enmienda constitucional, como parte de su consulta.
“La consulta es el género, y tiene el plebiscito, en la cual se pueden hacer preguntas amplias y generales como ‘si está de acuerdo con las peleas de gallos o con las corridas de toros’. En un referéndum puede hacer dos cosas: pedir un pronunciamiento sobre leyes que no han sido aprobadas por la Asamblea; y lo segundo, reformar a través de una enmienda la Constitución”, detalló Benavides.
Esta enmienda puede darse por tres procedimientos, por solicitud del presidente de la República, la iniciativa en la Asamblea y la iniciativa popular.
“En este caso, el presidente está facultado para enmendar la constitución y lo puede incluir en la consulta en su tipología de referéndum. Y puede tranquilamente presentar una propuesta de enmienda dentro de la consulta”, precisó Benavides.
La enmienda no debe pasar por el trámite legislativo, sino que se aplica directamente al soberano. Siendo así puede consultar vía enmienda a la Carta Política “trasladar las funciones de designación autoridades a la Asamblea”, indicó.
La Constitución le asigna al CPCCS en su artículo 208 doce atribuciones. Entre estas designar por concursos públicos de méritos y oposición y por ternas remitidas por el Ejecutivo a trece autoridades del Estado.
En la coyuntura actual, el Consejo se encuentra organizando cinco concursos para elegir, entre estos, al nuevo contralor del Estado, a cuatro consejeros (dos principales y suplentes) del CNE, al defensor Público.
Esto ha generado una polarización al interior del organismo, por el que están divididos cuatro consejeros con los que se toman las decisiones; y otros tres vocales que denuncian irregularidades en los procedimientos como para la aprobación de reglamentos.
Lasso asegura que respetarán la independencia del Consejo en realizar estos procesos, pero que tampoco van “a ser ingenuos”.
“No somos mancos y tenemos cabeza para pensar. Hay que estar atentos de los concursos, para evitar que fuerzas políticas nombren autoridades de control para beneficio de ellos y no para el interés público. Estamos atentos a los procesos, y el Gobierno no meterá la mano, pero tampoco vamos a ser ingenuos”, recalcó en una entrevista con Diario EL UNIVERSO.
Esteban Ron, catedrático y jurista, indicó que la Constitución le faculta al mandatario a realizar consultas sobre cualquier tema de interés público, es decir, sobre cualquier asunto que se pueda “tratar democráticamente”. Y coincide en que no se puede consultar sobre derechos humanos.
Advierte sobre los escenarios que enfrenta el Gobierno para que su iniciativa sea considerada. Como que las preguntas y sus anexos están “bien elaborados” y que se precise qué normativas se reformarán si se propone retirar las competencias al CPCCS, por ejemplo.
“El actuar de la Corte Constitucional es lo más técnico que ha habido en el Ecuador, y no va a ser política como en el 2018 (consulta popular de Lenín Moreno), por lo que dudo mucho que esta Corte dé paso a una consulta de tanta trascendencia si hay textos mal elaborados. La Corte va a ser el primer filtro que enfrentarán”.
Por otra parte, está el cumplimiento de los plazos y cumplir con el ofrecimiento de realizar esta consulta, de lo contrario ello podría afectar la “capitalización política” del mandatario.
A criterio de Ron, en tanto Lasso expida el decreto de la consulta, este se remita a la Corte para el control constitucional, y el Consejo Electoral convoque, y se realicen las elecciones, pasarían unos 115 días. Por lo que este año no habría consulta.
“Esto influiría en la capitalización política del presidente, que la obtuvo con el plan de vacunación contra el COVID-19. Pero al ofrecer una consulta este año y si pierde tiempo, pierde credibilidad”, afirma.
A ello se suma el conflicto dado por la inconformidad de agricultores y campesinos y otros grupos sociales, la posición de la Asamblea, cuestionamientos al presupuesto del 2020 que preocupa a universidades, gobiernos locales… En esencia, “el éxito del plan 9/10 se dispersa y mientras más se demore en anunciar su propuesta y lo que se va a preguntar, más rápido perderá credibilidad”, opina Ron.
Al menos diez procesos de consulta popular y referéndum se realizaron en los últimos 14 años
En los últimos catorce años se han realizado cinco procesos eleccionarios nacionales, entre consultas populares y referéndum; y cinco consultas locales sobre definición de límites y temas ambientales.
Desde el 2007, el expresidente Rafael Correa promovió cuatro consultas nacionales como para instalar la Asamblea Constituyente; en el 2008 para aprobar la Constitución de Montecristi; en el 2011 las diez preguntas sobre la reforma judicial; en el 2017, la relacionada con el “pacto ético” para prohibir que los funcionarios tengan recursos en paraísos fiscales.
Las locales para definición de límites fueron las consultas en la Manga del Cura, las Golondrinas y La Concordia.
En el 2018, el exmandatario Lenín Moreno realizó la consulta popular y referéndum con la que creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Esta última bordeó los $ 48,2 millones. (I) Fuente: El Universo
En términos sencillo, los «aranceles recíprocos» implican que “si nos aplican aranceles, nosotros les aplicamos los mismos aranceles”, resumió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 4 de marzo en su primer discurso ante las cámaras legislativas de ese país.
Esta es una medida que EE.UU. ha aplicado a 49 países y a todo el bloque de la Unión Europea. La base mínima, es decir la de menor impacto, se fijó en 10 por ciento. Esa es la carga arancelaria que tendrán Ecuador, al igual que el resto de países sobre el Pacífico: Colombia, Perú y Chile.
Francisco Briones, economista y ex Director del Servicio de Rentas Internas, explica que esto se trata de la aplicación de una misma carga tributaria a los productos procedentes de los países incluidos en el listado.
Si bien pareciera normal la aplicación de estas cargas en los intercambios comerciales, en el caso de Estados Unidos no es así. Este país abrió su economía con la reducción, en su momento, de los aranceles para los productos que importa desde otros destinos. Pero estos «aranceles recíprocos» aparecen justamente porque, según el Gobierno de EE.UU., los países que le venden a ellos no han hecho lo mismo.
Por ejemplo, en el caso de China, uno de los objetivos dialécticos del Presidente Trump al cuestionar los intercambios comerciales, le asignaron una carga del 34%. Por el contrario, señalan desde la Casa Blanca, China tiene una carga arancelaria promedio hacia EE.UU. del 67%.
¿Cuál es la afectación para Ecuador?
Uno de los problemas históricos del Ecuador ha sido mantener un arancel promedio elevado, que en el caso de EE.UU. sería del 11% (desde la Casa Blanca hablan del 12%). Mientras EE.UU., por el contrario, cargaba un arancel menor: en productos agrícolas, del 5,10 por ciento; y en otros productos, alrededor del 4,70 por ciento.
¿Qué significa esto? Que Ecuador cobra más aranceles a la llegada de productos de EE.UU que los que le cobran a Ecuador por enviar los suyos. Hablamos de productos claves para la economía ecuatoriana, entre esos el camarón, que representó más de 1.500 millones de dólares en exportaciones a ese país en 2024; también banano y plátano, con más de 600 millones; y cacao y elaborados, con un poco más de 500 millones.
Briones indica que esto apenas es el anuncio de algo que se necesita conocer con mayor profundidad.
Agrega que si bien esto enciende las alertas al comercio internacional del Ecuador, porque generaría un impacto, «vale la pena considerar que es una política que no aplica solo al Ecuador sino a otros países. Preliminarmente, es un trato igualitario».
Nacionales
Alias Fito podría enfrentar cadena perpetua tras acusación en EE.UU.: esto revela la investigación contra el cabecilla
Desde hoy, el criminal prófugo José Adolfo “Fito” Macías Villamar es requerido por la justicia estadounidense, según informó la embajada de Estados Unidos. Podría enfrentar cadena perpetua por cargos internacionales de drogas narcotráfico y tráfico de armas
Los cargos fueron anunciados la mañana de este miércoles 2 de abril por el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, John Durham; el administrador de la oficina de la DEA, Derek Maltz; y otras autoridades responsables de la política de seguridad en este país.
No obstante, el comunicado aclaró que alias Fito “no se encuentra en custodia de los Estados Unidos”.
“El acusado fue un despiadado líder y prolífico traficante de drogas para una organización criminal violenta”, señala el documento oficial que sustenta la acusación.
El informe también indica que Macías Villamar encabezó la red de Los Choneros, responsable de múltiples crímenes, así como del tráfico de armas y drogas.
“Cantidades potencialmente letales de cocaína fueron llevadas a los Estados Unidos, que fue el destino principal para la gran mayoría de los embarques de droga de Los Choneros”, detalló el fiscal Durham, quien destacó los esfuerzos conjuntos de las agencias de su país en la investigación.
Según la acusación formal, entre 2020 y 2025, Fito controló las rutas de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Centro y Norteamérica. La actividad ilegal se realizó en asocio con el cartel mexicano de Sinaloa.
“Bajo la dirección de Macías Villamar, Los Choneros cometieron actos violentos en contra de políticos ecuatorianos, fiscales, jueces y civiles”.
De acuerdo a lo revelado en la investigación, la organización criminal obtenía armamento traficado desde Estados Unidos. Fito habría empleado a intermediarios para comprar armas, componentes y municiones en territorio estadounidense, las cuales eran ingresadas a Ecuador en pequeñas cantidades.
Los Choneros usaron sicarios para cometer sus crímenes. Estos asesinos a sueldo usaron regularmente armas de corte militar, como rifles de asalto AK 47 y granadas para perpetrar la violencia.
De ser hallado culpable, Fito enfrentaría una pena mínima de 10 años de prisión, con la posibilidad de cadena perpetua como condena máxima.
La orden de la justicia estadounidense en contra de Fito establece que se debe asegurar su arresto, extradición o expulsión.
“La acusación formal contra Macías Villamar marca un golpe significativo contra las redes violentas que inundan nuestras comunidades con cantidades de droga, como cocaína. Es un mensaje claro de que nadie que cometa estos crímenes estará fuera del alcance de la justicia. Este caso en particular refleja esfuerzos incansables de la DEA, junto con nuestros socios en Estados Unidos y en Ecuador”, señaló el administrador de la DEA, Derek Maltz.
Recompensa de USD 1 millón por Fito
Tras la fuga del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, en enero de 2024, Ecuador enfrentó una ola de atentados que llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declarar la ‘guerra’ al crimen organizado y situar al país bajo un estado de ‘conflicto armado interno’.
Macías Villamar cumplía una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato cuando escapó de la Cárcel Regional de Guayaquil el 7 de enero de 2024.
Desde entonces, las autoridades han intensificado los operativos para dar con su paradero. Una de las últimas medidas adoptadas fue la oferta de una recompensa de un millón de dólares por información que facilite su captura.
Además, ‘Fito’ ha sido incluido en la lista de los más buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que emitió una alerta roja para su detención. Esta notificación ha sido difundida en 194 países con el objetivo de localizarlo y proceder a su arresto. Fuente: Vistazo
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York comunicó que acusó a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el cabecilla prófugo de Los Choneros, en una corte de Brooklyn, Estados Unidos, de narcotráfico y contrabando de armas.
“La acusación formal de José Adolfo Macías Villamar representa un golpe significativo contra las redes violentas que inundan nuestras comunidades con drogas peligrosas como la cocaína; un mensaje claro de que nadie que impulse este comercio letal está fuera del alcance de la justicia», declaró un administrador de la DEA.
Noticia en desarrollo. Fuente: Ecuavisa
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