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Opinión

¿Qué hacer para designar jueces independientes?

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Santiago Basabe / Politólogo, investigador de FLACSO Ecuador, analista político y Director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip).

No hay respuestas únicas. Desde algunos sectores, casi de forma dogmática, se señala que la intervención de las legislaturas afecta negativamente a la designación de jueces autónomos y que allí está el germen del problema.

Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que dicha aseveración es solo parcialmente cierta. Uruguay, por ejemplo, recurre a la Asamblea General para conformar su corte suprema y la independencia judicial de ese país suele ser de las más altas del mundo. Algo similar ocurre en Costa Rica. La Asamblea Legislativa tiene un papel clave en la designación de la máxima instancia de justicia y, a la par, la evaluación de la autonomía judicial del país de la “pura vida” sigue presentando resultados favorables.

Si bien se podría argumentar que se trata de dos casos excepcionales, el solo hecho que estén presentes permite matizar la influencia de los procedimientos normativos señalando que las reglas importan, pero no se puede depender solamente de ellas para mejorar los rendimientos de las instituciones democráticas.

Otro elemento fundamental para tomar en cuenta cuando se trata de seleccionar jueces que no vayan al vaivén de la correlación de fuerzas políticas tiene que ver con su formación profesional.

Aunque no hay suficiente evidencia empírica disponible, existen fuertes indicios que correlacionan a jueces con mayores conocimientos y menores niveles de dependencia. Dicho en otras palabras, cuando los jueces designados presentan un mayor bagaje de destrezas para el ejercicio de la judicatura, las probabilidades de que sean sumisos y dóciles ante influencias externas, tenderían a decrecer. En sentido contrario, si los jueces carecen de una capacitación suficiente para los cargos, las probabilidades de que sean manipulados, en general por quiénes los promueven, serían mayores.

Quién llega a ser juez sin tener los méritos, sabe bien su situación. En público podrá decir cualquier cosa, pero internamente conoce que, si de su propia formación profesional dependería, jamás habría llegado a tal cargo.

Cuando se trata de jueces de las más altas cortes, este razonamiento se vuelve más notorio. Como es natural, en este escenario el juez tiene que “pagar el favor” a quien lo apoyó para la designación. Esa retribución no es necesariamente económica, sino que puede ser también en términos de fidelidad. Dicha fidelidad consiste en tomar las decisiones judiciales que al actor político le interesen. Una orden de prisión preventiva, una sentencia en determinada dirección, una acción de protección. Para retribuir el cargo entregado, el juez siempre estará dispuesto.

De su lado, los políticos intentan afianzar la fidelidad del juez incapaz ofreciéndole, más allá de la judicatura, la suficiente impunidad en casos de corrupción judicial que se pudieran generar en aquellos procesos judiciales en los que no tienen intereses específicos. Bajo esa lógica de intercambios funcionó, por ejemplo, la Corte Constitucional que estuvo en funciones hasta 2018. En lo que el poder político le interesaba, ahí estaban para cumplir. En lo que al poder político le era indiferente, jueces y asesores estaban en la libertad de poner tarifas. Muchas fortunas se hicieron de esa forma y ninguna de ellas ha sido perseguida judicialmente.

Todo lo señalado no quiere decir que cuando un juez es designado en base a su formación profesional, se eliminan las posibilidades de que se torne recadero del poder político. Evidentemente que no. Simplemente se señala que en esos casos el juez, conocedor de sus capacidades, teme menos dejar el cargo ante presiones de orden político pues tiene las destrezas para ubicarse en otros espacios laborales. La seguridad que da el sentirse competente es lo que marcaría prioritariamente este tipo de comportamiento.

Lo problemático de este rompecabezas es que los candidatos a jueces con buena formación profesional son escasos. Esto no sucede porque no existan abogados con dichas características sino porque, en general, se encuentran en el libre ejercicio profesional y no tienen mayores incentivos para orientarse hacia la función pública. Conseguir personas que dejen de lado ingresos económicos mayores a un sueldo fijo mensual y que además acepten asumir una carga de trabajo muy superior a la que tienen en sus despachos privados, no es sencillo. Simple y llanamente, es un problema de mercado laboral.

Esta dificultad ahonda la idea de que, si bien es importante establecer reglas claras para la selección y designación de jueces, no es suficiente.

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Opinión

La sociedad de rodillas

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El Ecuador, pequeño reflejo de la realidad del mundo, está de rodillas frente a la combinación letal entre capitalismo dogmático religioso y una fuerza armada irregular, violenta. Nos llegó de pronto el veneno de lo que hoy se reconoce como “anarcocapitalismo” o capitalismo salvaje, sin tener el contrapeso de una sociedad – antídoto. Combatida la razón crítica, calificada a veces de manera distorsionada, como colonialista, queda un “lumpen” colocado en todos los pisos y estratos de la masa. El único valor que mueve sus instintos, es el del dinero, fuere por necesidad real de supervivencia, por necesidad de falso estatus materialista, por amenaza y coerción o por la patología de la acumulación.

Los individuos biológicos constituyen ahora una masa, que sienten y nada más; nadan en las pasiones y emociones trágicas y placenteras, una de ellas, comprar. Rezan plegarias automáticas a nombre de un dios secuestrado y acomodado a sus conveniencias: bendicen la mercancía y a los zombis, considerándolos entes iguales. Rinden culto a su cuerpo, su secreta deidad ritualizada. Estrujan todo lo que fue la esencia del proyecto “humanista” y humanitario. Destruyen el lenguaje racional y reflexivo para la creación y la conciencia crítica; acaban con el mito metafísico – filosófico, el ritmo cósmico, el amor y la capacidad de maravillarse del mundo.

Nadie quiere pensar la hondura del problema que nos está desgarrando: todo es un basural de opinión vacía. Las redes y los medios incentivan las emociones, siguiendo libretos internacionales, que escogen los tópicos de miedo, la pasión y la violencia. Dominan mediante la técnica de la repetición.

El capitalismo, sistema global económico, operado por los estados nacionales, crea las condiciones para la formación de elites, que contrapesa sus afanes de dominación y explotación, con el límite, para no destruir lo que necesitan: la sociedad y la masa consumidora. Los países tienen por lo general elites algo ilustradas. Ecuador no tiene nada, no se los ve. Los otros, los intelectuales, están silenciosos, como asistiendo a un entierro.

Es tan barroca decadente esta coyuntura (ojalá sea coyuntura), que baña todo el mito o utopía de la democracia. Todo es una puesta en escena curtida, putrefacta, llena de imágenes publicitarias horribles, con cartelitos de medio pelo. ¿Y los actores? Mejor no hablar de los actores. Fuente: El Telégrafo

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Opinión

Identidad política: Un imperativo para toda organización

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El concepto de identidad política se refiere a la forma en que los ciudadanos se identifican con una organización política, partido o ideología. Tiene que ver con el conjunto de creencias, valores, símbolos y narrativas que las personas asocian con una corriente política, por lo que es influenciada por factores como la cultura, la historia, experiencias personales e interacciones sociales. Dicho concepto también hace referencia a cómo los partidos comunican este conjunto de elementos a sus electores.

En el Ecuador, la caída de los partidos tradicionales durante las últimas décadas, demostró la desconexión de estos con las necesidades cambiantes de una sociedad más informada y exigente. La falta de renovación de narrativas, el incremento de la corrupción, el incumplimiento de promesas, unido a la volatilidad de la militancia, la aparición de figuras independientes y el crecimiento de movimientos alternativos, alejaron a las organizaciones de la ciudadanía.

Si bien el desgaste de los partidos tradicionales permitió al surgimiento de nuevas fuerzas que prometieron cambios estructurales, estas tampoco lograron sostenerse en el tiempo, producto de estructuras caudillistas, la mala administración del poder, una corrupción marcada, así como por la confrontación permanente de la cual el país no ha podido salir. Ello ha profundizando la falta de confianza ciudadana en las organizaciones políticas.

Este escenario evidencia la necesidad de fortalecer la identidad política de los partidos como un pilar fundamental para la estabilidad democrática en el mediano plazo. Este proceso no solo permite a los participantes entender el tipo de partido y los valores que éste representa, sino que también establece un vínculo emocional y racional con ellos.

Con un escenario electoral a las puestas, es crucial que los partidos se enfoquen en desarrollar procesos y estrategias que les permitan diseñar su identidad y garantizar su relevancia en el ámbito político, para lo cual deben tomar en cuenta algunos elementos centrales.

En primer lugar, desarrollar una narrativa clara y coherente que responda a las demandas de la sociedad, pero que se mantenga fiel a sus valores fundamentales. Un segundo punto es trabajar en la adaptación de los mensajes, sin perder de vista sus principios básicos. Para ello, será necesario el diálogo y retroalimentación permanente.

Otro aspecto a tomar en cuenta son las conexiones reales con las bases sociales, pero no solo en época electoral, sino de manera constante. Ello fortalecerá la identificación con el partido y sus causas. Finalmente, la adopción de estrategias creativas que les permita a las organizaciones comunicar su mensaje, evitando caer en discursos vacíos o técnicos, logrando así una conexión con el electorado.

De cara a las elecciones del 2025, es crucial el fortalecimiento de la identidad de las organizaciones políticas a fin de revitalizar el sistema democrático del país. La toma de medidas al interior de estas es fundamental para retomar la confianza ciudadana y posicionarse como actores legítimos para el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador. Fuente: El Telégrafo

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Opinión

Ecuador a oscuras: una tragedia anunciada

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Gustavo Izurieta

Guayaquil, Ecuador

Pocas situaciones son más desconcertantes que estar a oscuras, no solo porque faltan las luces o la señal de datos móviles, sino por la incertidumbre absoluta de no saber si mañana será igual o peor. En Ecuador, los apagones son más que simples cortes de electricidad. Son un símbolo de la incapacidad de planificar, de prever, de proyectar el futuro.

Este caos afecta lo más básico. ¿Cómo trabajar si no puedes ni garantizar la luz de tu oficina? ¿Cómo estudiar, emprender, producir si no hay ninguna certeza sobre el suministro eléctrico?

Lastimosamente, los políticos ecuatorianos se aferran al estatismo con uñas y dientes, negándose a aceptar que ese modelo ya no funciona. La reciente Ley “No Más Apagones” es solo una muestra más de lo desconectados que están de la realidad de los ciudadanos. Es como poner una curita en una fractura expuesta. La demanda eléctrica sigue en aumento y el Estado no tiene ni los recursos ni la capacidad para sostener el sistema.

Para nadie es un secreto que el Ecuador está quebrado. No solo en términos económicos, sino en cuanto a ideas y soluciones. La inversión extranjera, que podría contribuir notablemente a resolver esta crisis, no va a llegar mientras el sector eléctrico esté atrapado en las garras de la regulación estatal.

¿Quién va a querer invertir en un país donde la corrupción y los intereses políticos bloquean el progreso? En este contexto, la única solución a corto plazo es que (literalmente) llueva y que se reduzca el consumo. Es realmente patético que en pleno siglo XXI, un país entero dependa del capricho del clima.

Es fundamental comprender que el problema de fondo radica en un modelo de desarrollo estatista que se impuso desde la dictadura militar de Rodríguez Lara en los años 70. El Plan Integral de Transformación y Desarrollo del Gobierno Nacionalista Revolucionario dictó la intervención estatal en todos los sectores de la economía, marcando el inicio de esta debacle.

Sectores como el petróleo y la electricidad fueron declarados «estratégicos» y, por ende, monopolizados por el Estado (los políticos y los funcionarios). La transición a la democracia en 1979 no cambió este esquema, y cada gobierno posterior lo ha perpetuado o incluso agravado.

Es penoso que organizaciones políticas como el Partido Social(ista) Cristiano hayan sido, en muchos casos, los principales opositores a cualquier reforma estructural en beneficio de los ciudadanos. Ejemplos sobran, como la resistencia de León Febres-Cordero a las reformas del sistema previsional propuestas durante la administración de Sixto Durán-Ballén.

Así, la supuesta derecha ecuatoriana ha frenado cualquier intento de liberar la economía del país, en alianza (durante muchas ocasiones) con la izquierda jurásica.

La única excepción real ha sido la dolarización, adoptada en el año 2000 no por visión o planificación, sino porque el país había tocado fondo. La dolarización fue un salvavidas lanzado en el último segundo, y aún hoy seguimos aferrados a él, pero sin saber nadar. Desde entonces, no se ha hecho ninguna reforma profunda para aprovechar los beneficios de la dolarización.

Este sistema ha sido administrado por marxistas y keynesianos que lo consideran un mal necesario, cuando debería ser el pilar de un modelo de crecimiento basado en la libertad económica.

El panorama es desolador. Si no fuera por la traición de Lenin Moreno al prófugo sin visa americana, ya estaríamos utilizando una «moneda electrónica» devaluada. Un camino de servidumbre al estilo venezolano. Lamentablemente, parece que el país necesita tocar fondo antes de reaccionar. Quizá, si nos quedamos sin electricidad durante meses, cuando la oscuridad sea total y la economía se detenga por completo, entonces (y solo entonces) los ecuatorianos exigirán un cambio real.

Tal vez, por la fuerza de los hechos, se deroguen las nefastas leyes estatistas que nos han condenado al fracaso.

La solución a mediano y largo plazo es simple. Necesitamos abrir el sector eléctrico a la inversión privada, eliminar las regulaciones que impiden la competencia y permitir que el mercado funcione libremente. Donde hay competencia, hay eficiencia. Donde el Estado monopoliza, hay escasez. Es urgente acabar con este modelo de desarrollo estatista y establecer un sistema basado en la libertad y la protección de los derechos de propiedad. Solo así, Ecuador podrá salir de la oscuridad, literal y figurativamente. Fuente: La República

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