La educación universitaria incide de forma trascendental en el desarrollo de la sociedad y tiene una tarea fundamental que es la generación de conocimiento nuevo, pertinente y que ayude a resolver los grandes problemas que enfrenta la humanidad, a más de formar profesionales con alta calidad humana y rigurosidad académica para servir a la sociedad. Para hacer efectivos estos postulados, los asambleístas constituyentes junto al pueblo ecuatoriano tuvieron la visión de consagrar en la Constitución del 2008, en su Art. 28 la gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel de educación superior.

Una de las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso Mendoza en 2021 y de Daniel Noboa Azín en 2023 fue garantizar el libre acceso a la Universidad pública a los bachilleres Ecuatorianos para que estudien la carrea de su preferencia. Sin embargo, lejos de cumplir su oferta de campaña, recortaron el presupuesto a las universidades públicas y escuelas politécnicas del país, poniendo en riesgo su estabilidad financiera y afectando la  contratación de personal, la admisión de estudiantes y la operatividad de las 31 universidades públicas que existen en el país.   

Los recortes del presupuesto a la Educación superior, van en sentido contrario de  los ofrecimientos de garantizar el libre acceso a la Universidad pública a todos los bachilleres, ya que  en el Ecuador se gradúan cada año aproximadamente 350.000 bachilleres y las Universidades sólo tiene capacidad para recibir al 29% de los bachilleres, es decir sólo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la Universidad. Para cumplirles la palabra a los bachilleres de garantizar el libre ingreso a la Universidad pública,  se requiere incrementar el presupuesto para educación superior para construir nuevas Universidades, ampliar la infraestructura de las existentes y contratar más Docentes, con ello se lograría incrementar la oferta de cupos.

En el ecuador hay 31 universidades públicas, 14 están en la costa, 15 en la sierra y dos en la amazonia. La Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, establece en la DÉCIMA PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA…que en un plazo máximo de dos años, a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial (21 de mayo de 2018), realizará los trámites constitucionales y legales correspondientes, para la creación y funcionamiento de universidades públicas autónomas en cada una de las provincias amazónicas, priorizando la de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La decisión política de crear Universidades en estas provincias amazónicas, ayudaría muchísimo a su desarrollo, porque la academia es parte sustancial en el progreso de los pueblos; pero también ahorraría a los padres de familia los altos costos por concepto de alimentación, transporte y vivienda, cuando tenemos que enviar a nuestros hijos a otros lugares del País para que se profesionalicen.

Los bachilleres ecuatorianos siguen acariciando el sueño de  poder ingresar a la Universidad pública para hacer realidad el sueño de profesionalizarse y posteriormente servir a su gente; para que ese sueño se haga realidad, nuestros gobernantes deben cumplir sus ofertas de campaña asignando el presupuesto necesario para que la educación superior incremente la oferta de cupos para la juventud de nuestro país. La palabra agua no es la que calma la sed, lo que calma la sed es el agua; los ofrecimientos (palabras) no incrementan los cupos para el ingreso a la educación superior, lo que resuelven el problema que 7 de cada 10 estudiantes no puedan estudiar en la Universidad es la decisión política de poner el “billete” suficiente y necesario para incrementar la oferta de cupos y garantizar el ingreso a la Universidad de nuestra juventud.

Por Alcibar Lupercio, periodista

El debate presidencial del domingo 23 de marzo no ofreció respuestas a las principales inquietudes de los ecuatorianos, especialmente a los indecisos, quienes siguen sin una alternativa clara para el 13 de abril. En lugar de presentar propuestas sólidas y viables para enfrentar la crisis económica, la inseguridad y la corrupción, los candidatos de la Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN) se enfrascaron en ataques personales y en una retórica vacía que solo refuerza la polarización política del país.

Los seguidores de ambas candidaturas celebran una victoria inexistente, pues en los debates no hay ganadores, solo oportunidades de esclarecer propuestas. Sin embargo, lo que se vio fue un guion impuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que facilitó el intercambio de insultos en lugar de un diálogo constructivo. Esto refuerza la percepción de que, sin importar quién gane, el Ecuador continuará dividido, con un gobierno que gobernará con revanchismo y no con una agenda de unidad y desarrollo.

Es preocupante que los verdaderos desafíos del país –la seguridad, la educación, la salud, la infraestructura y la generación de empleo– fueran opacados por la demagogia. La ciudadanía esperaba escuchar soluciones concretas, pero lo que recibió fue un espectáculo político que solo sirvió para inflar los egos de los candidatos y sus simpatizantes.

Si existieran opciones realmente nuevas, los ecuatorianos probablemente las considerarían sin dudarlo. En esta elección, se dejó pasar la oportunidad de apostar por liderazgos distintos, como Andrea González Nader o Henry Cucalón, quienes, con todos sus defectos, al menos representaban un intento de renovación en la política ecuatoriana. Ahora, el país se encuentra en la disyuntiva de elegir entre “el cáncer y la diabetes”, una metáfora cruel pero acertada de la realidad política actual.

Más allá del resultado del 13 de abril, esta elección debe servir de lección para el futuro. Ecuador no necesita más fanatismo ni líderes que ataquen a quienes piensan diferente. Necesita un gobierno que combata la corrupción, la pobreza, el desempleo y, sobre todo, la narcopolítica y la inseguridad que han secuestrado la vida de los ciudadanos. Un gobierno que convoque a la unidad y al desarrollo, no a la división y al odio.

Si el país no cambia su forma de elegir, si los ecuatorianos siguen apostando por el populismo, el revanchismo y las mismas élites políticas de siempre, el destino del Ecuador será el mismo de los últimos años: crisis tras crisis, sin esperanza de recuperación.

La tarea para el futuro es clara: construir desde la sociedad una alternativa real, con líderes que tengan el compromiso de cambiar la historia del Ecuador, sin servirse del poder ni de los recursos del Estado. Es momento de dejar atrás la política del enfrentamiento y construir una verdadera Unidad Cívica Nacional que priorice al país por encima de los intereses partidistas.

El Ecuador no puede darse el lujo de seguir en este ciclo interminable de decepción y crisis. Es hora de pensar con responsabilidad en las próximas elecciones, para no seguir lamentando el presente.

La mayor parte de países en el mundo tienen catálogos de umbrales, mal llamada “tabla de drog@s” y el continente americano  no es la excepción, al menos 10 países la tienen (Estados Unidos, Canadá, México, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Chile, Jamaica y Perú, entre otros). Los catálogos de umbrales fueron establecidos a nivel internacional por la ONU, con el objetivo de proporcionar lineamientos para los países en cuanto a las sanciones aplicables a diferentes tipos de delitos relacionados con las drog@s. Su función no es regular el consumo de sustancias, sino establecer la diferencia entre expendedores y consumidores.

Los catálogos de umbrales en el Ecuador fueron implementados en 2013 por el CONSEP, a través de la Resolución 001-CO-2013 (hoy a cargo del Ministerio de Gobierno). El objetivo apuntaba  a diferenciar a los consumidores de los traficantes de drog@s, evitando que los consumidores sean castigados con prisión. Los catálogos de umbrales no permiten el libre porte drog@s, así sea de un gramo, todos pueden ser detenidos y puestos a órdenes de la autoridad. El gran problema de eliminarla es que todos los que sean encontrados con drog@ deben recibir la pena establecida en el COIP, sin diferenciación entre consumidores  y expendedores. Citemos un ejemplo: a una persona le encuentran con 11.000 gramos de marihuana, a otra con 3.000 gramos, a otra con 200 gramos y finalmente a un joven le encuentran con 2 gramos. En este ejemplo, la tabla de diferenciación de umbrales faculta al fiscal determinar si es un consumidor o un micro traficante; el consumidor será derivado a los programas de atención médica, ya que se trata de un problema de salud pública (Art. 364 de la constitución del Ecuador). Si es considerado expendedor le imponen la pena establecida en el art. 220 del COIP, que establece con pena privativa de libertad de la siguiente manera: a) mínima escala, de uno a tres años; b) mediana escala, de tres a cinco años c) alta escala, de cinco a siete años y d) gran escala, de diez a trece años, es decir una sanción proporcional en función de la cantidad de drog@ que le encontraron en posesión.

La consecuencia de eliminar los catálogos de umbrales puede generar muchos más consumidores presos y empeorar su conducta convirtiéndose en carne de cañón de las bandas de narcotr@fico, a más de la sobrepoblación de las cárceles, pero de ninguna manera su eliminación disminuiría el consumo. Una de las ofertas de campana del presidente Daniel Noboa fue eliminar la “tabla de drog@s” y en su segundo día como gobernante (24 de noviembre de 2023), grabó un video en TikTok para sus redes sociales con un anuncio: «El día de hoy la dichosa tabla de drogas se va», rasgó unos papeles en cuatro partes simulando romper la polémica «tabla de drog@s» y los echó al aire y mediante el Decreto Ejecutivo 28, dispuso al Ministerio del Interior la derogación de la Resolución Nro. 001 CONSEP-CD- 2013. Es verdad que la “tabla de drog@s” se fue? Para nada, según Ernesto Pazmiño, ex defensor público, aseguró que la “tabla” no ha sido eliminada de manera efectiva y que, contrariamente a lo que el gobierno intenta hacer creer a la ciudadanía, la “tabla de Drog@s” sigue siendo una herramienta vigente para la aplicación de penas en el sistema judicial. Según Pazmiño, la “tabla” no debe interpretarse como un reglamento para el consumo, como parece insinuar el gobierno, sino como un instrumento que permite diferenciar y clasificar a los consumidores de drog@s, los expendedores y los narcotrafic@ntes, con el fin de asignar penas proporcionales y diferenciadas, evitando que se aplique el mismo castigo.

Para reducir drásticamente el consumo de drog@s en adolescentes y  jóvenes, es importante la aplicación de una legislación que sancione a los “negociantes de sustancias ilícitas” y que evite criminalizar a los consumidores;  además, que los padres asumamos el gran reto de valorar a nuestros hijos y fortalecer su autoestima e inspirarlos a practicar una vida saludable con actividades deportivas, utilizando como estrategia el ungüento del amor, la savia de la disciplina y el perfume del ejemplo y finalmente que los Gobiernos (central y seccionales)  implementen  políticas públicas que  aporten a un entorno saludable, con actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales, para que nuestra juventud aproveche adecuadamente su tiempo libre y fortalezca sus habilidades emocionales y sociales.

Link de consulta sobre el tema:

https://www.facebook.com/watch/?v=1157399838197980

https://youtu.be/zUY7KDjYsPU