Me dirijo con profundo respeto, pero también con absoluta firmeza, a todas las autoridades de la provincia de Zamora Chinchipe: presidentes y vocales de juntas parroquiales, concejales, alcaldes, Prefectura, Gobernación, MAATE, ARCOM, y a los representantes legislativos que tienen el deber de actuar más allá del discurso.

Hoy, la minería mal ejecutada no solo erosiona el suelo: está socavando la confianza ciudadana y destruyendo la infraestructura vial que con esfuerzo ha levantado el Estado. Casos como el de la vía rural que conecta el Puente del Amor en Yantzaza con La Floresta, Playas de Cuye y Zumbi, en Centinela del Cóndor, no pueden seguir ignorándose. En La Floresta, por ejemplo, ya se ha perdido un tramo de aproximadamente 80 metros de la mesa vial, y todo apunta a la actividad minera irresponsable desarrollada en las orillas del río.

Debo ser claro: no estamos en contra de la minería, reconocemos que dinamiza la economía y genera empleo. Pero no puede permitirse que, bajo ese argumento, se justifique la destrucción de caminos, puentes y obras que han sido financiadas con recursos públicos. Lo responsable es promover una minería técnica, legal, regulada y respetuosa de la vida comunitaria y del entorno.

Es preocupante la inacción de muchas autoridades. El silencio frente a esta problemática —incluido el de la Prefectura que debe velar por lo que le corresponde defender, también el de los legisladores— resulta inaceptable. No basta con aparecer en movilizaciones donde los ciudadanos con justo derecho reclaman y ustedes dan sus pronunciamientos en redes sociales. Se requiere acción coordinada y sostenida: campañas de concientización para los mineros, capacitaciones técnicas, normativas claras y un seguimiento riguroso a los impactos que se generan.

La lista de puentes que está en riesgo es larga: el viaducto sobre el río Zamora que da acceso a Zumbi, el puente de Panguintza camino a La Hueca, el de Chamico, los tramos en riesgo en la vía asfaltada entre La Saquea y Guadalupe, sector de Cartagena, La Saquea – Guaguayme Bajo… Estos puntos críticos no pueden esperar más.

Nos estamos jugando el futuro de nuestros nietos. Lo que hoy no se protege, mañana costará millones o será irrecuperable. El Estado no puede continuar asumiendo los costos de los daños provocados por prácticas irresponsables. Si no hay una respuesta inmediata, muchos nos preguntaremos: ¿acaso el silencio y la inacción tienen un cálculo político?

Hago un llamado, tanto a las autoridades como a los mineros, para que actuemos con visión de futuro, responsabilidad ética y compromiso con el bienestar colectivo. La ciudadanía ya no tolera la complicidad pasiva ni las promesas vacías.

La minería puede ser compatible con el desarrollo, pero solo si se ejecuta con responsabilidad y justicia ambiental y social. Señoras y señores autoridades: el silencio también es una forma de ser cómplices. La historia juzgará nuestra indiferencia.

Por Alcibar Lupercio

La Empresa Pública Municipal de Movilidad (EMMOV), con sede en el cantón Centinela del Cóndor, atraviesa una de las peores crisis desde su fundación 11 de diciembre de 2014. Esta empresa, pionera en servicios de matriculación y revisión técnica vehicular en la provincia de Zamora Chinchipe, enfrenta actualmente un escenario de inestabilidad institucional, incertidumbre financiera y posible desaparición debido a la falta de gestión efectiva por parte de sus actuales autoridades.

Una investigación realizada por el medio de comunicación diario El Amazónico revela que el presidente de la Mancomunidad, quien también ejerce como alcalde del cantón, ha estado ausente en la coordinación técnica y estratégica de la empresa. Según testimonios de servidores públicos que solicitaron anonimato, el presidente ha visitado la institución únicamente en dos ocasiones desde que asumió su cargo, (2 años) sin mantener un canal de diálogo constante ni establecer mecanismos de atención ciudadana, como lo hacían administraciones anteriores, por ejemplo; en el periodo de Fredy Armijos, la atención era un día a la semana, en el tiempo de José Jaramillo Calva la atención era los días martes, y cuando había comisión su atención lo asumía inmediato, dicen. Ahora es ausente en todo momento.

Uno de los factores que ha contribuido a la parálisis institucional es la falta de gestión ante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), lo que ha impedido que la EMMOV retome la prestación de servicios desde octubre de 2024 hasta la presente fecha. A pesar de que otros centros de revisión en Zamora y Yantzaza ya han sido habilitados, la EMMOV continúa sin operar, afectando a centenares de usuarios que incluso han pagado por servicios que no han sido ejecutados. Esto ha generado una cadena de reclamos que incluyen solicitudes de reembolso, creando un ambiente de desconfianza en la ciudadanía.

Los funcionarios expresan su preocupación por la escasa voluntad del actual gerente, Leonardo Mendoza Armijos, y del jefe administrativo Galo Castillo —ambos oriundos de Loja—, quienes, según denuncias internas, se limitan a cumplir horarios sin mostrar interés genuino por la sostenibilidad de la institución. A esto se suma una reciente notificación de despido intempestivo a una servidora pública, acción que, según el marco legal, debería estar respaldada por sentencia judicial.

Históricamente, la EMMOV fue reconocida por su eficiencia, calidad de atención y por brindar cobertura no solo a los seis cantones que integran actualmente la mancomunidad (Centinela del Cóndor, Palanda, Chinchipe, Yacuambi, Nangaritza y Paquisha), sino también a usuarios de otras provincias como Loja y Morona Santiago. En su mejor momento, la empresa llegó a contar con oficinas técnicas en varios cantones y un personal de más de 30 servidores, debidamente seleccionados mediante concurso público.

La situación actual evidencia un retroceso administrativo, financiero y técnico. Desde el despido de siete funcionarios al inicio de la nueva administración —bajo el argumento de reducir gastos por supuestos “sueldos dorados”—, la plantilla fue reestructurada y luego reincorporada, sin una justificación clara. A pesar de que la empresa aún sobrevive gracias a remanentes financieros, estos fondos se están agotando, y los gastos corrientes comienzan a ser insostenibles.

Los trabajadores solicitan la intervención inmediata de la Contraloría General del Estado para que se auditen las acciones administrativas y se transparenten los procesos que han llevado a esta crisis institucional. Además, demandan que se retome el proceso de legalización ante la ANT y se cumplan los requisitos técnicos necesarios para restablecer los servicios a la ciudadanía.

Frente a la incertidumbre y la falta de respuestas claras por parte de la presidencia de la Mancomunidad y de la gerencia de la EMMOV, los funcionarios advierten que la empresa corre el riesgo de desaparecer si no se toman decisiones oportunas y responsables en el corto plazo.

Este medio invitó al alcalde Segundo Sarango Mazache para una entrevista y conocer su versión pero no fue posible.

Las persistentes lluvias que afectan a varios cantones de la provincia de Zamora Chinchipe, especialmente a Chinchipe, continúan generando serias dificultades en la movilidad de las comunidades rurales, siendo la parroquia San Andrés uno de los sectores más críticos. Ciudadanos y transportistas reportan que las vías se encuentran prácticamente intransitables, lo que pone en riesgo la integridad de las personas y limita severamente las actividades productivas, comercio y de transporte en la zona.

En temporada invernal, este tipo de fenómenos se repite con regularidad en la región amazónica; sin embargo, los usuarios de la vía manifiestan que los trabajos de mantenimiento ejecutados no responden a estándares técnicos adecuados. Según relatan, en lugar de realizar un lastrado estructural con material resistente y un sistema de drenaje apropiado (canales de evacuación, cunetas y desagües), las intervenciones consisten únicamente en remover la misma capa de tierra y poco contenido de lastre, generando lodo cuando llueve. Esto provoca que los vehículos, especialmente los que no son 4×4, patinen o queden atrapados, incrementando el riesgo de accidentes. Ayer, se reportó que un vehículo estuvo a punto de volcarse por estas condiciones adversas.

La vía a San Andrés, parroquia ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de Zumba, se interrumpe constantemente debido a derrumbes y deslizamientos de tierra. Si bien el Gobierno Provincial ha destinado maquinaria para despejar la vía, el avance en la limpieza de los derrumbes ha sido insuficiente frente a la magnitud del daño.

Los habitantes de San Andrés, parroquia reconocida por su alta producción de leche y sus derivados, trucha y por sus paisajes naturales únicos, ruta de acceso al Parque Nacional Yacuri, han solicitado que se declare en emergencia la vialidad rural del sector, debido al impacto directo que esto representa en su economía local y en su conectividad territorial. Con una altitud de 1.843 msnm y una población aproximada de 500 habitantes, San Andrés celebra su aniversario de parroquialización el 11 de marzo de cada año, pero hoy, sus necesidades requieren atención urgente.

Desde las comunidades afectadas, se exige una planificación técnica seria que priorice un mantenimiento vial rural de calidad, con materiales adecuados, drenajes y maquinaria operativa, a fin de evitar que cada temporada invernal se traduzca en aislamiento, riesgos y pérdida de productividad.

Las vías deben ser habilitadas con visión estructural y no con soluciones temporales. La emergencia en la vialidad rural de San Andrés y de todo el cantón Chinchipe no puede seguir siendo postergada, manifiestan.