Este miércoles 29 de enero, la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta decidió suspender las sesiones del pleno previstas para hoy, por motivos de salud.

La bancada legislativa, Acción Democrática (ADN), solicitó un cambio en el orden del día para aprobar una resolución que permitiría reconocer a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela.

Mediante un comunicado emitido por la secretaría general de la Asamblea se informó que de forma oportuna, se informará acerca de la nueva fecha de convocatoria de ambas sesiones.

Sin embargo, la bancada oficialista cuestionó la decisión de la legisladora Cuesta y dijo que “nuevamente, dejan en evidencia quienes están del lado de la dictadura de Maduro, que ha provocado una grave crisis humanitaria, miles de muertes y tanto dolor”.

Además informaron que insistirán en todas las sesiones del Pleno para que se abra la votación de su pedido y que se pueda reconocer a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela.

“Hacemos un llamado a los demás partidos políticos, para no permitir este tipo de atropellos. La Asamblea Nacional debe defender la democracia y la justicia; y no ser indiferente ante la opresión y la violencia que vive Venezuela,” citó el comunicado.

Fuente: Ecuador Envivo

En una nueva edición del programa Vera A Su Manera, Andrés Páez, analista político y figura clave en la política ecuatoriana, compartió su análisis sobre el panorama actual del país, subrayando que los ecuatorianos se enfrentan a un dilema crucial: elegir entre la patria o la mafia. Según Páez, la polarización está en su punto máximo, y los votantes deben decidir entre un gobierno democrático, legítimamente elegido, y los grupos ligados a la corrupción y el crimen organizado, que buscan recuperar el poder para instaurar un régimen autoritario similar al de Venezuela.

Páez, quien a lo largo de su carrera ha sido legislador en cuatro ocasiones y candidato a la vicepresidencia, destacó la importancia de frenar el regreso del correísmo, un movimiento que según él, ha causado estragos al país durante su tiempo en el poder. “La patria está representada por una fuerza democrática que ha demostrado estar alineada con los principios de gobierno moderno, a pesar de su corta permanencia en el poder”, afirmó Páez.

En su análisis, Páez recordó que el correísmo, en su afán por retomar el control, ha buscado desmantelar las instituciones y crear impunidad para los involucrados en casos de corrupción. “Si el correísmo regresa, se quedarán para siempre. Están buscando establecer un sistema de poder perpetuo, similar a dictaduras históricas”, advirtió.

Páez también reflexionó sobre la situación de la inseguridad en el país, señalando que la administración de Rafael Correa debilitó las fuerzas armadas y la policía, lo que ha tenido consecuencias graves para la seguridad de los ecuatorianos. A pesar de los avances en infraestructura, como los hospitales y las hidroeléctricas, las acciones del correísmo no fueron suficientes para garantizar la estabilidad a largo plazo del país.

El analista político hizo un llamado a la ciudadanía a tomar decisiones informadas y a valorar la importancia de los próximos comicios. “Votar por la patria significa apoyar a quienes buscan frenar el regreso de la corrupción y la impunidad”, afirmó, y destacó la necesidad de que el país avance hacia un futuro libre de autoritarismos y grupos criminales.

A lo largo de la entrevista, Páez dejó claro que, aunque existen riesgos con un gobierno liderado por Daniel Noboa, el retorno al poder de las fuerzas correístas representa un peligro aún mayor para el futuro de Ecuador.

Una corte contra el Crimen Organizado de El Salvador sentenció a siete miembros de la pandilla Barrio 18 a penas de 40, 60, 100 y 120 años de prisión por múltiples crímenes, incluyendo un doble asesinato cometido en una cancha de fútbol en San Miguel entre 2013 y 2016.

Entre los condenados, Carlos Hernández recibió la pena más alta, mientras que otros seis pandilleros también fueron sentenciados con largas condenas.

El fallo se enmarca en el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022, una política del gobierno de Nayib Bukele para combatir las pandillas, que permitieron la detención de más de 84.000 personas.

Sin embargo, la Fiscalía no especificó si estos individuos fueron capturados bajo dicho régimen ni si ya estaban en prisión por otros delitos antes del juicio.

A pesar del respaldo popular a esta medida, organizaciones humanitarias denuncian más de 6.400 casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y muertes de prisioneros con signos de violencia.

Mientras la Asamblea Legislativa renueva el estado de excepción, la comunidad internacional observa con preocupación el impacto de esta política en el sistema judicial salvadoreño.